Comunicado del PDPR - EPR

AL PUEBLO DE MEXICO
A NUESTROS HERMANOS CAMPESINOS E INDIGENAS
A LOS JORNALEROS AGRICOLAS
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!


La situación desde hace varias décadas del abandono, descapitalización y desolación que vive el campo mexicano es producto del carácter dependiente del desarrollo capitalista que en esencia privilegia por todos los medios legales e ilegales la defensa y protección de los intereses del capital monopolista nacional y trasnacional. Privilegiando la protección de la propiedad privada de la tierra en detrimento de la propiedad ejidal y comunal que tienen un carácter social, espoleando el resurgimiento del neolatifundismo, de monopolios de la agroexportación y agroindustria del extranjero.

Con las políticas neoliberales hacia el campo que gobiernos priistas y panistas en complicidad con oportunistas de izquierda y toda laya, han impuesto violentamente; los programas de “desarrollo y capitalización” del agro; la modificación al artículo 27 Constitucional y de la ley agraria están en función de la expoliación legalizada de la tierra comunal y ejidal para el usufructo de la burguesía nacional e internacional, como consecuencia se condena a mujeres y hombres del campo a vivir en la miseria y en una interminable precariedad, obligándolos al destierro forzado por hambre, base material de la migración y la expatriación forzada, en donde nuestros hermanos migrantes en tierras estadounidenses viven como animales y son los parias del imperialismo.

Es aberrante que en pleno siglo XXI existan formas neoporfiristas de enganchar a jornaleros agrícolas llevándolos al norte y occidente del país a los centros de la agro exportación (al corte), en donde son sometidos toda la familia a mecanismos de sobreexplotación y esclavización moderna, en donde la tienda de raya vuelve a cobrar vida.

Resultan demagógicas e hipócritas las declaraciones del gobierno mexicano y sus instituciones gubernamentales de la supuesta reactivación del campo mexicano, porque las principales inversiones no están dirigidas a la producción agropecuaria, sino a la explotación de la tierra, las aguas, la biodiversidad y el subsuelo por el capital monopolista transnacional, que ha conducido a la pérdida de la soberanía alimentaria al dejar de ser autosuficientes en la producción de alimentos, profundizándose cada vez más la dependencia alimentaria, haciendo que las crisis alimentarias sean más recurrentes y profundas.

El rezago agrario existe en México por dos razones, por la burocracia y corrupción inherente al sistema, por venganza gubernamental y consigna política, sobre todo para los miles de campesinos que con dignidad recuperaron la tierra; el rezago en los núcleos agrarios ocasiona intencionalmente desánimo, frustración y división para facilitar el despojo legalizado que ha significado la reforma al artículo 27 Constitucional, la modificación de la ley agraria y la imposición violenta del PROCEDE-FANAR.

El PROCEDE-FANAR fue concebido para despojar al comunero y al ejidatario de su parcela convirtiendo la tierra en una mercancía más y facilitar su acaparamiento en unas cuantas manos, proceso que se está dando en todo el país donde empresas monopolistas como la Bimbo, Sabritas, Barcel, Gamesa, Cocacola, Pepsicola, Lala, Maseca, Minsa, Cemex, Corona, Pulsar… la Monsanto, entre otras más de origen extranjeras están concentrando y monopolizando grandes extensiones de tierra que hoy pretenden destinarlas a la producción de biocombustibles y forrajes para el consumo internacional, constituyendo un crimen de lesa humanidad, porque de manera sutil y premeditada se comete un genocidio, al negarle al ser humano alimentos para su subsistencia y reproducción como especie.

La otra cara de la misma política neoliberal es exterminar el régimen de bienes comunales y ejidal, porque la tenencia de la tierra es primordialmente colectiva y sus formas organizativas comunitarias representan un obstáculo para las ambiciones capitalistas. Dicha tenencia y explotación de la tierra están a punto de ser exterminadas, sin embargo, donde prevalecen en algunos lugares son meras figuras decorativas que sirven a intereses caciquiles y terratenientes, pero también, donde hay conciencia de clase se persiste en una permanente resistencia política y se mantiene la lucha no sólo por su defensa, sino también son parte de las diferentes expresiones de lucha y organización de nuestro pueblo contra los responsables del desastre que vive el campo y el país.

En el nombre del desarrollo el gobierno facilita el despojo a los núcleos agrarios para dar concesiones de explotación minera a oligarcas nacionales y fundamentalmente a monopolios extranjeros que saquean irracional e interminablemente nuestros recursos y riquezas naturales, al contaminar indiscriminadamente todo el entorno concentrando a los desterrados en aldeas estratégicas independientemente del eufemismo que utilicen para encubrirlas, como es el caso de las “ciudades rurales” en Chiapas, el despojo se encubre con la reubicación de núcleos poblacionales por habitar en “zonas de alto riesgo”.

En las sierras madre Oriental, occidental y del sur; en la sierra sur, en la selva, en las montañas del norte de Chiapas; y en otras partes del país como en la sierra sur de Oaxaca, en Jalisco, en el centro y sur de Veracruz, en la sierra de Guerrero,… se asiste a un nuevo proceso de acumulación originaria del capital para facilitar la explotación minera y petrolera. Proceso que está estrechamente ligado a la profundización y agudización de la crisis estructural del capitalismo internacional.

Este 10 de abril recordamos el artero asesinato del General Emiliano Zapata a manos de los constitucionalistas, cuyos descendientes hoy detentan el poder a través del PRI y el PAN, que sólo pueden gobernar con el puntal de los cuerpos policiacos y militares, que componen el aparato coercitivo del Estado mexicano. La lucha revolucionaria del ejército del sur pretendió ser mediatizada con la promulgación del Artículo 27 Constitucional, que obligaba al estado a entregar un patrimonio de por vida a los campesinos pobres. Sin embargo las luchas campesinas han persistido a lo largo y ancho del país y de la historia por conquistar plenamente las demandas que le dan origen.

Las luchas campesinas e indígenas en México nunca han sido ajenas o separadas del conjunto del movimiento popular, ni tampoco deben estar por encima de los demás sectores para erigirse falsamente como sujeto social único de transformación.

Las luchas campesinas e indígenas deben contribuir al proceso de transformación nacional, se trata de liberar a todo el país de la explotación y opresión capitalista que emancipe al pueblo, y no la parcelación de la liberación de pequeños islotes que sólo llevan a la fragmentación del proceso revolucionario, a limitación y mediatización con demandas economicistas, sujetas a las relaciones de producción capitalista, que sólo preservan la prolongación de la dictadura del capital.

La lucha sólo dentro del marco por proyectos productivos, de programas asistencialistas y gubernamentales, la imposición de formas organizativas para la producción fragmentada atomizan y empantanan el desarrollo del movimiento y limitan el papel histórico revolucionario del campesino e indígena, evitando la unidad estratégica entre el campesino y el obrero porque estos programas son diseñados bajo una estrategia de Guerra de Baja Intensidad para pretender mantenernos sumisos, oprimidos, explotados y divididos. Ningún proyecto gubernamental nos sacará de la pobreza y la miseria. Sólo amansará los ánimos de lucha de algunos despolitizados.

¡HERMANAS Y HERMANOS DEL CAMPO!

Los militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario y los combatientes del Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) saludamos la persistencia de todos aquellos que se mantienen en pie de lucha resistiendo combativamente las embestidas neoliberales y neoporfirianas enarbolando las genuinas banderas del General Zapata.

Por este conducto solicitamos a todas organizaciones campesinas e indígenas, a las autoridades de bienes comunales y ejidales, que incluyan en sus pliegos petitorios la exigencia de la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos por este gobierno criminal y antipopular, desde el 25 de mayo de 2007. Tenemos que cerrar filas para exigir la presentación de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy, exigir juicio y castigo a los responsables de estos abominables crímenes de Estado, para desterrar los crímenes de lesa humanidad y nunca más exista un desaparecido por motivos políticos o sociales.

A los desterrados de sus tierras y a los expatriados de sus comunidades por hambre les pedimos con sinceridad que no abandonen sus tierras y el país, hagamos juntos de cada injusticia una bandera única de lucha para exigir fin al rezago agrario y un nuevo reparto de tierras; enfrentemos juntos el despojo legalizado, ¡Quédense en su tierra y juntos hagamos la revolución!

Todas las expresiones y formas de lucha son importantes y necesarias, pero es tiempo de despojarnos de falsas modestias y el complejo de “siervo” para poder llegar a concretar la unidad de todo el pueblo, eso es lo más importante de la lucha en estos momentos.


¡TODOS CONTRA EL DESPOJO LEGALIZADO A TRAVES DEL FANAR!
¡POR EL FIN DEL REZAGO AGRARIO Y POR UN NUEVO REPARTO AGRARIO!
¡POR EL RESPETO Y LA DEFENSA DEL REGIMEN COMUNAL Y EJIDAL!
¡A ORGANIZAR Y GENERALIZAR LA LUCHA CONTRA EL SAQUEO, DEPREDACION Y EXPOLIACION DE NUESTROS RECURSOS Y RIQUEZAS NATURALES!


¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITE CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR


Año 47.
República mexicana, a 7 de abril de 2011.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado del Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos

Al Pueblo Mexicano,
Hermanos, Hermanas:


Debes amar el tiempo de los intentos,
Debes amar la hora que nunca brilla y si no,
No pretendas tocar lo cierto, sólo el amor engendra la maravilla
Sólo el amor consigue encender lo muerto.
Silvio Rodríguez.


Tiempos muy malos son éstos en que más de siete millones de jóvenes mexicanos ni estudian ni trabajan, convertidos en carne de cañón excedente que se disputan entre sí los diferentes cárteles del narcotráfico, incluyendo al glorioso ejército mexicano y a la marina nacional.

Futuro incierto y frustrante para millones de jóvenes que con estudios o no, son lanzados al subempleo, al autoempleo de sobrevivencia, a la búsqueda de trabajo en otros países o, con las ilusiones muertas, a enrolarse en algún cártel del narcotráfico.

Tiempos muy malos son éstos en que miles de jóvenes han muerto en una narcoguerra por el reacomodo de las plazas en la que los vencedores son uno o dos cárteles.

Cabezas sin sus dueños y cuerpos colgantes de los puentes. Otros, deshechos en ácido, aquellos asfixiados o quemados. La gran mayoría entre los 16 y 25 años. El horror se instaló en nuestra vida diaria. Lo peor es que pretendan hacernos creer que todos esos muchachos y muchachas eran malos y por tanto, de alguna manera, merecían ese fin. Ah, y los asesinados en los retenes militares fue porque no obedecieron la orden de pararse, por tanto, que se atengan a las consecuencias.

Tiempos de rápido y furioso en que los gobiernos de Estados Unidos y México apoyaron con armamento al cártel de Sinaloa ya que el Chapo Guzmán financió las campañas de Fox y Calderón.

Por eso les urge unificar la verdad a través de los medios de desinformación cómplices, principalmente las televisoras. Lo que no se apegue a la verdad única del gobierno, será apología del crimen.

Para los empresarios del caos y el salvajismo, éstos son tiempos de hacer negocios, legales o ilegales, mientras produzcan súper ganancias, todo se vale: desmantelar PEMEX para poder subrogar y concesionar el saqueo. Tráfico de personas. Neo esclavismo en plantaciones de droga propiedad de los narco políticos y narco militares.

Tiempos de miseria en el campo gracias al Tratado de Libre Comercio que, junto con la privatización del ejido y de las tierras comunales, el nulo apoyo al pequeño productor agrícola, la eliminación o inutilidad de los precios de garantía obligan a miles de campesinos a malbaratar sus tierras y emigrar huyendo de la hambruna.

La gran mayoría de los alimentos que nos venden son importados porque, según los empresarios de todo, resulta más barato traerlos del extranjero que producirlos aquí. El desempleo, la miseria y el abandono del improductivo campo mexicano es otra ganancia porque así pueden comprar tierras baratas y dedicarlas a cultivos más redituables, incluyendo mariguana, amapola y quizá en el futuro, coca, al fin que ellos si tienen acceso a los financiamientos bancarios y a la tecnología.

Tiempos de reforma laboral para que los dueños de todo, los saqueadores de siempre, nos expriman aún más a los que solo tenemos nuestro trabajo, que cada vez nos lo pagan más barato.

Ellos, los ricos asociados al capital extranjero, y el mal gobierno, ya saben que no podrán seguir así por mucho tiempo y por eso se preparan comprando armamento, contratando miles de jóvenes como soldados, marinos, policías federales o como orejas en los movimientos populares porque dicen que usan la “inteligencia”. Se preparan fortaleciendo aún más a uno o dos cárteles. Se preparan permitiendo que los gringos operen aquí. Se preparan con sus ensayos de guerra asimétrica. Se preparan eliminado selectivamente a quienes consideran peligrosos para el sistema establecido. Se preparan fortaleciendo a los grupos de ultraderecha armada como el Yunque y a otros que son sus incondicionales, grupos paramilitares y de choque.

Se preparan modificando el marco legal para que una nueva guerra sucia, con intervención de la CIA, el Mossad y los Kaibiles sea “válida”.

No podemos esperar soluciones del narcogobierno porque él es parte del problema.

Un país donde se pueda vivir tranquilo no nos lo van a mandar desde arriba, al contrario, los de arriba son lo que se apropiaron ya del país, para ellos son las ganancias millonarias, para nosotros las migajas de Oportunidades. Ellos ponen un México de fantasía en la televisión, nosotros ponemos los muertos.

Para la inmensa mayoría de los mexicanos, éstos son tiempos de organizarnos y movilizarnos en cada centro de trabajo, en cada colonia, en cada pueblo, en cada escuela, ante cada injusticia.

El México con empleos y salarios dignos, con campo productivo (de alimentos para el mercado interno), con industria nacional activa, el México de los que soñamos, lo tenemos que construir nosotros, desde abajo y desde ahora.

Levantemos nuestras voces, organicémonos, preparémonos activamente para las diferentes formas de lucha. No abandonemos nuestros sueños. Con la organización y la moral de los de abajo derrotaremos la impunidad.

¡RESISTIREMOS Y SEREMOS MILLONES!

¡GLOBALICEMOS LA SOLIDARIDAD Y LA FRATERNIDAD ENTRE LOS PUEBLOS!

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS.
(MRLCB).


República Mexicana a 6 de abril 2011.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Desaparición forzada de Alicia de los Ríos: crimen de Estado que persiste.

Difusión Cencos México D.F., 5 de abril de 2011

El día de hoy se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición para que se abra contra el Estado mexicano el caso de Alicia de los Ríos Merino, víctima de desaparición forzada. A partir de su detención, el 5 de enero de 1978, el Estado ha incurrido en graves violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en agravio de Alicia de los Ríos, originaria de San José Bachíniva, Chihuahua, y militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

La petición fue presentada por Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos, Martha, Irma, Irene y Gilberto de los Ríos Merino, hermanas y hermano de la hoy desaparecida, el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez, la Fundación Diego Lucero y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La desaparición forzada de Alicia de los Ríos ocurrió en una época caracterizada por el empleo recurrente de la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como mecanismos para garantizar la seguridad del régimen contra grupos insurgentes armados, opositores políticos, integrantes de movimientos sociales e incluso personas ajenas al desarrollo de actividades políticas.

Alicia de los Ríos Merino fue detenida en la colonia Nueva Vallejo, en la ciudad de México, por agentes de la entonces División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, luego de un enfrentamiento a tiros en el que resultaron muertas tres personas. A pesar de que existen testimonios sobre la participación de agentes estatales, el Estado mexicano ha negado sistemáticamente cualquier información que permita esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y reparar el daño.

Debido a la ineficiencia de los recursos legales para la localización de las personas detenidas, los familiares buscaron alternativas para dar con el paradero de la señora Alicia. A los dos días de la detención, Martha de los Ríos se entrevistó en la ciudad de México con el Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, a quien le planteó la detención de Alicia y su preocupación por la suerte que podía haber corrido. El Secretario ordenó que la trasladaran a un anfiteatro a fin de que identificara el cuerpo de Alicia. Martha no reconoció a su hermana, a pesar de que los cuerpos que le enseñaron eran de las personas que habían sido asesinadas en el enfrentamiento donde fue detenida Alicia de los Ríos.

La Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció por primera vez, por parte de un órgano estatal, la sistemática violación a los derechos humanos durante el pasado reciente en México como parte de una política de Estado. Para cumplir la recomendación fue creada, en 2001, la Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado (Femospp). El 24 de junio de 2002 la familia de los Ríos Merino y el Centro Prodh interpusieron una denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo esta instancia caracterizó los hechos denunciados como presuntamente constitutivos del delito de privación ilegal de la libertad pese a que ya existía la tipificación del delito de desaparición forzada en la legislación federal.

Con el cierre de la Femospp, la denuncia penal del 24 de junio de 2002, con el número PGR/FEMOSPP/030/2002, pasó a la Coordinación General de Investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), con el número SIEDF/CGI/503/2007. Ésta continúa en etapa de investigación luego de cinco años. Es decir, a nueve años el expediente abierto se encuentra todavía en integración; la autoridad ministerial se ha abstenido de consignar la investigación al poder judicial y no ha iniciado las diligencias conducentes a la determinación del paradero de Alicia de los Ríos Merino.

El Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU (GTDFI) afirma en las Observaciones preliminares de su reciente visita a México que durante su reunión con la PGR, ésta no aportó "información específica respecto de las líneas de investigación, los avances sustantivos en las indagatorias, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente".

Desde el cierre de la Femospp, en noviembre de 2006, ha habido un silencio constante de las instancias gubernamentales que alienta la impunidad. Este silencio fue roto recientemente pero sólo para cuestionar las observaciones realizadas por el GTDFI; de esta manera el Estado mexicano ha manifestado una vez más la falta de disposición para reconocer su responsabilidad respecto de las desapariciones forzadas del pasado y del presente.

A los crímenes de Estado cometidos en el pasado se agregan nuevos casos de desapariciones forzadas ocurridas en los últimos años. El GTDFI ha constatado que este aumento del número de casos es indicio de deterioro en la situación de desaparición forzada en México; ha señalado también que mientras no se realice una investigación adecuada y completa de los casos de desaparición no es posible aceptar que todos esos hechos hayan sido "realizados exclusivamente por grupos del crimen organizado o descartar que no exista participación directa o al menos tolerancia o aquiescencia de funcionarios públicos".

Desde la detención de Alicia de los Ríos han pasado 33 años sin resultados concretos. Alcanzar verdad, justicia y reparación en su caso es una exigencia de quienes hemos presentado la petición. El Estado mexicano debe reconocer su responsabilidad; por esta razón a través de la campaña Siguen desapareciendo (http://siguendesapareciendo.org) solicitaremos que se restablezca una instancia para la investigación de los delitos y la creación de una comisión de esclarecimiento histórico capaz de sentar las bases para el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado y por las múltiples violaciones a estos mismos derechos, en el marco de la actual estrategia para el combate a la delincuencia organizada.

Familia de los Ríos Merino
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez
Fundación Diego Lucero
Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos"Hasta Encontrarlos"


Conferencia de prensa



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Indígenas violadas por soldados exigen al Estado cumplir sentencia de la CIDH

Conferencia en el Centro Pro para informar sobre el desacato oficial al fallo de la CIDH en el caso de la violación por militares de las indígenas guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo. Las acompaña el obispo Raúl Vera. Foto Jesús Villaseca


Ya no quiero ver a los soldados en mi comunidad ni en mi casa, dice Inés

Piden al gobierno que retire solicitud de interpretación al fallo del organismo internacional


Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 8 de abril de 2011, p. 19

Siete meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara sentencia contra el Estado mexicano por la violación por militares de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo e Inés Fernández, las instituciones del país han demostrado su total falta de voluntad política para cumplirla.

Denunció lo anterior la propia Inés, acompañada por activistas de organizaciones sociales y derechos humanos, quienes exigieron que el gobierno retire su solicitud de interpretación a la sentencia, ya que ésta implica un cuestionamiento a la misma y una muestra de que sigue respaldando al Ejército a pesar de sus abusos.

En conferencia de prensa, Fernández reiteró su exigencia de que las autoridades cumplan de forma íntegra la sentencia de la CIDH, luego de que terminara sin mayores avances una mesa de negociación que las organizaciones civiles iniciaron el pasado 15 de marzo con representantes de la Secretaría de Gobernación.

“Tuve que venir hasta la casa del gobierno federal para pedirle que cumpla con su obligación y que no se lleve 10 años en hacerlo, sino que sea lo antes posible. No quiero ver a los guachos (soldados) en mi comunidad ni en mi casa; lo que necesitamos son obras, médicos, escuelas, y que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos”, señaló.

Fue necesario recurrir a la justicia interamericana “porque las autoridades del país sólo cumplen con sus amigos, no con el pueblo”, en vista de lo cual –dijo– insistirá en el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH, con la ayuda y acompañamiento de las organizaciones solidarias con su causa.

Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), coincidió en exigir el cumplimiento expedito de la sentencia; consideró que si las amenazas contra los activistas de dicho grupo no han cesado, es porque se han empeñado en decir la verdad sobre la situación de derechos humanos en el país.

Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, exigió que el gobierno mexicano retire la solicitud de interpretación a la sentencia de la CIDH, pues significa un grave cuestionamiento a dicho organismo y una suerte de espaldarazo al Ejército, a pesar de sus crímenes de lesa humanidad.

Raúl Vera, obispo de Saltillo, hizo un reconocimiento al valor de ambas mujeres al denunciar a las fuerzas armadas, y lo contrastó con “el cinismo, la irresponsabilidad y la corrupción” tanto de las autoridades como de los grupos criminales.

Por todo lo anterior, los participantes en el acto exigieron el cumplimiento inmediato e íntegro de la resolución de la CIDH en el caso de Inés y Valentina, pero también en otros que ya han sido juzgados por dicho organismo en contra del Estado mexicano, como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el del Campo Algodonero (en Juárez) y el de Rosendo Radilla.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Riesgo de represión policial contra tseltales adherentes a La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 8 de abril de 2011

Acción Urgente

Riesgo de represión policial contra tseltales adherentes a La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón

En peligro la integridad física, psicológica y la vida de las y los indígenas tseltales adherentes de La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón.

Este Centro de Derechos Humanos tiene conocimiento que el día de hoy, aproximadamente a las 6:00 hrs., los y las adherentes a La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón recuperaron de manera pacífica la caseta de cobro al centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul y otras instalaciones construidas por los y las adherentes para proyectos colectivos, mismos que habían sido tomadas el 2 de febrero por el grupo oficialista bajo la protección y el plan ejecutado por el gobierno del estado de Chiapas.

Este Centro de Derechos Humanos cuenta con información que la recuperación de la caseta fue de manera pacífica. Posteriormente el gobierno de Chiapas ha realizado movimientos policiales en la región, que controlan el crucero de Agua Azul, y otros lugares cercanos. Según información recibida alrededor de las 16:14 horas el crucero de Agua Azul fue bloqueado por cerca de 200 elementos de Policía Estatal Preventiva (PEP). Al pasar las horas el número de efectivos policiacos se ha ido incrementando en la zona. Así mismo se cuenta con información que en el tramo carretero Ocosingo-Palenque hay un constante movimiento policiaco hacia Agua Azul, además de que en la región hay presencia militar.

Las y los adherentes de la Otra Campaña, han manifestado su temor a ser reprimidos por las fuerzas policiales y militares que se encuentran en actitud intimidatoria y de constante hostigamiento.

Por lo anterior, este Centro de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por el riesgo a la seguridad, a la integridad personal, libertad personal y a la vida, de los y las adherentes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón y de la población de esa región, ya que el gobierno del estado de Chiapas, puede realizar actos de represión, lo que derivaría en violaciones a los Derechos Humanos, cuyos derechos están contemplados en diversos instrumentos internacionales que el Estado mexicano se comprometió a respetar ante la comunidad internacional.

Ante la gravedad de los hechos exhortamos a la comunidad nacional e internacional a exigir a las autoridades del gobierno mexicano:

1.- Se garantice la integridad física y psicológica, la libertad personal y la vida, de las y los adherentes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas.

2.- El retiro inmediato de los elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército mexicano, en la región de Agua Azul, ubicado en el territorio del Pueblo tseltal del ejido San Sebastián Bachajón.

3.- Se respete los derechos que se encuentran en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, demandadas por las y los indígenas tseltales adherentes de La Otra Campaña del Ejido San Sebastián Bachajón.

Envíe sus llamamientos a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, México DF
Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55) 5277.2376
Correo: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. Piso, Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc,
C.P. 06600 México D.F.
Fax: (52.55) 50933414
Correo: secretario@segob.gob.mx, contacto@segob.gob.mx

Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 61 88088 ? + 52 961 6188056
Extensión 21120. 21122
Correo: secparticular@chiapas.gob.mx

Dr. Noé Castañón León
Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 2do Piso
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Conmutador: + 52 (961) 61 2-90-47, 61 8-74-60
Extensión: 20003
Correo: secretario@secgobierno.chiapas.gob.mx

Enviar copia a:

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Calle Brasil 14, Barrio Méxicanos,
29240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Tel: 967 6787395, 967 6787396, Fax: 967 6783548
Correo: accionurgente@frayba.org.mx


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Ultimátum de la corte interamericana en caso de mineros de Pasta de Conchos

Da de plazo hasta el 15 para que las autoridades presenten observaciones

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Viernes 8 de abril de 2011, p. 19

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó revisar el caso de los trabajadores que quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos desde febrero de 2006, y dio al gobierno mexicano como plazo para presentar observaciones hasta el 15 de abril, informó el senador panista Ricardo García Cervantes.

La organización Familia Pasta de Conchos notificó lo anterior al legislador, presidente del capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), quien desde hace meses ha insistido en que el Presidente de la República reciba y atienda a los familiares de los mineros fallecidos.

En entrevista, García Cervantes manifestó que “hay una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, pero desgraciadamente no puedo informar de un gran avance, ya que el ritmo que lleva es demasiado lento. Afortunadamente, se sigue valorando la posibilidad de que el Estado mexicano inicie acciones para restablecer las condiciones no sólo de acceso para el rescate de los cuerpos de los trabajadores, sino de una atención integral”.

Sin embargo –subrayó–, “el tiempo comienza a agotarse, el plazo que tiene el Estado mexicano para responder el informe es el día 15 de este mes, y a partir de ahí empiezan a correr plazos que pudieran suspenderse si en el ámbito interno se realizan gestiones y se toman las decisiones que corresponden a la autoridad”.

Destacó: “Me queda claro que el subsecretario de Gobernación, Juan Carlos Gutiérrez, está haciendo un esfuerzo, pero la respuesta ya no está en su ámbito. La voluntad política tienen que expresarla el secretario de Gobernación o el propio Presidente de la República”.

García Cervantes manifestó que el caso llegó a la CIDH porque “a nivel local no ha habido ni el interés ni la voluntad para atender y resolver este problema. No es nada vergonzoso ni denigrante para un Estado que se recurra a las instancias internacionales, pero sí es una señal de que las locales no resuelven”.

El senador del blanquiazul abundó que “si para el próximo 15 de abril la Secretaría de Gobernación no responde favorablemente a la cita que los familiares de los mineros solicitaron con el presidente Felipe Calderón, entonces un grupo de senadores intentaremos hacer una gestión directa con él”.

Por su parte, Carlos Rodríguez, integrante del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), afirmó que el anuncio de la CIDH es de gran importancia, porque significa la eventual llegada del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha emitido cinco sentencias en contra del Estado mexicano.

“Los argumentos del gobierno se han acabado, y está a un paso de hacer el ridículo a escala internacional. Anteayer, La Jornada dio a conocer que Francia buscó en un radio de 10 mil kilómetros cuadrados los cadáveres del avión accidentado en 2009 frente a las costas de Brasil, y los encontró. Es increíble que México siga sosteniendo que buscar a los mineros es peligroso, cuando sabe que los restos están en un espacio mucho menor, y ya no hay problemas con el gas metano”, dijo.

Con información de Fernando Camacho


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) por Presos Bachajón

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Nuevas informaciones


El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido nuevas informaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre la liberación los Sres. Pedro García Álvaro (quien presenta discapacidad mental), Miguel Álvaro Deara, Pedro Hernández López, Miguel López Deara y Pedro López Gómez, y de la preocupación existente por la continuación de la detención y los actos de hostigamiento en contra del Sr. Jerónimo Guzmán Méndez, acusado de los delitos de homicidio calificado, atentados contra la paz y la integridad corporal1, y contra patrimonio del estado y daños; del Sr. Domingo Pérez Álvaro, por los delitos de homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz y la integridad corporal, y contra patrimonio del estado y daños; y de los Sres. Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez, y del menorMariano Demeza Silvano (de 17 años de edad) acusados de los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal, y contra el patrimonio del estado y daños. Todas estas personas son ejidatarios de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, Estado de Chiapas (ver más adelante los antecedentes de la situación).


De acuerdo con las informaciones, el 2 de marzo de 2011, fue liberado el Sr. Pedro García Álvaro, quien inicialmente había sido acusado de los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal, y contra el patrimonio del estado y daños. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) se desistió de la acción penal en su contra e igualmente de la acción penal existente contra los Sres. Miguel Álvaro Deara, Pedro Hernández López, Miguel López Deara y Pedro López Gómez, quienes fueron liberados unos días después.


Sin embargo se ha informado que el menor Mariano Demeza Silvano permanece aún en detención en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Villa Crisol, en el municipio de Berriozábal, debido a que la PGJE fijó una fianza de 22.000 (veintidós mil) pesos mexicanos (unos mil trescientos Euros) suma que los familiares del menor no pueden pagar por no tener los recursos económicos suficientes.


Se ha denunciado además que, el 1 de abril de 2011, los cuatro adultos detenidos, los Sres. Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez, que se encuentran en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS No. 17), municipio de Catazajá, denunciaron que son víctimas de actos de hostigamiento y amenazas de parte el Alcaide del mencionado centro de detención, incluso con enviarlos a una celda de castigo. Se teme que las amenazas y los actos de hostigamiento se deban a las acciones de solidaridad que se están realizando a favor de los detenidos, en particular la campaña “5 Días de Acción Mundial por los 5 de Bachajón” realizada entre el 1° y el 5 de abril de 2011. Se ha denunciado también que los ejidatarios aún detenidos son forzados a realizar trabajos denigrantes por el hecho de negarse a pagar la cuota al autogobierno del centro de detención y por defender su derecho a un trato digno dentro el centro.


El Secretariado Internacional de la OMCT condena nuevamente todas las violaciones de los derechos humanos aquí denunciadas, en particular la ausencia del respeto del debido proceso, del derecho a la presunción de inocencia y de una debida protección judicial, en contra de todos los ejidatarios detenidos en febrero de 2011, y en particular, del menor de edad Mariano Demeza Silvano y de los Sres. Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez, aún detenidos e inculpados.


La OMCT manifiesta también su preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de las mencionadas personas, y urge a las más altas autoridades estatales y federales a que garanticen las mismas. Por otra parte, la OMCT urge a las autoridades de poner en libertad al menor Mariano Demeza Silvano, que sigue retenido aún, habiendo siendo acusado de los mismos delitos de los cuales fueron acusados los cinco ejidatarios que ya fueron puestos en libertad. La OMCT recuerda a las autoridades mexicanas el deber de cumplir con sus obligaciones en virtud de derechos fundamentales a nivel internacional y regional. En este caso en particular, exhorta a las autoridades competentes a obrar de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño.


Antecedentes y contexto de la situación


La OMCT había denunciado anteriormente la detención arbitraria y la violación del debido proceso y de las garantías judiciales de 117 ejidatarios de San Sebastián Bachajón detenidos el 3 de febrero de 2011, en particular de los 10 ejidatarios que fueron dejados en detención, y las alegaciones de amenazas y hostigamiento por parte de la policía estatal y por miembros de la procuración judicial2. Se había denunciado entre otras cosas que las declaraciones jurídicas que acusaban a los 10 ejidatarios eran confusas y enrarecidas, y que los acusados de los delitos de homicidio no se encontraban en el lugar de los hechos ocurridos el 2 de febrero 2011 y por los que fueron acusados3.


La OMCT había recibido informaciones sobre un conflicto existente entre los ejidatarios adherentes a La Otra Campaña y el gobierno del estado de Chiapas en torno a la administración y el aprovechamiento de los recursos naturales de tierras, que se encuentra, según alegaciones de los ejidatarios, dentro del territorio de su ejido. El 6 de febrero de 2011, el gobierno de Chiapas anunció el inicio de una mesa de diálogo, en el cual los ejidatarios adherentes a La Otra Campaña se han negado a participar.


Acción solicitada


Favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:


i. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del joven Mariano Demeza Silvano y de los Sres. Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez;

ii. Ordenar la liberación inmediata del joven Mariano Demeza Silvano, y de los Sres. Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez, en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos ó, en caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;

iii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba denunciados, en particular acerca a la detención arbitraria masiva, a las violaciones de las garantías judiciales, a las alegaciones de hostigamiento y amenazas infligidas a los 117 ejidatarios, y en particular de quienes aún permanecen detenidos, el joven Mariano Demeza Silvano y los Sres. Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez, y que el resultado de la investigación se haga público con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

iv. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno al homicidio del Sr. Marcos García Moreno y de la agresión contra el Sr. Tomás Pérez Deara, y que el resultado de la investigación se haga público con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

v. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones internacionales y regionales de Derechos Humanos, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de Costa Rica”).


Direcciones


Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. FAX: + 52 55 527 72 376 + 52 55 27 89 11 13, E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16, Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. FAX: + 41 22 748 07 08 E-mail: mission.mexico@ties.itu.int

Licenciado Juan José Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, Fax: +52 961 61 88088 + 52 961 6188056 Extensión 21120. 21122 E-mail: secparticular@chiapas.gob.mx

Dr. Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 2do Piso Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Conmutador: + 52 (961) 61 2-90-47, 61 8-74-60 Extensión: 20003. E-mail: secretario@secgobierno.chiapas.gob.mx

Dr. Juan Gabriel Coutiño Gómez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas Tribunal Superior de Justicia del Estado. Edificio A, 2do. Piso Libramiento Norte Oriente No. 2100, Fraccionamiento El Bosque CP 29047, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Teléfono:+ 52 (961) 61-6-53-54, 61-653-55 Fax: + 52 (961) 61-6-53-50
E-mail: cdominguezb@poderjudicialchiapas.gob.mx

Licenciado Víctor Adolfo Vera Morales, Juzgado del Ramo Penal de Playas de Catazajá, Km 2.5, carretera Catazajá – Palenque, Catazajá, Chiapas. Anexo al CERSS No. 17, C.P. 29980 Catazajá, Chiapas Fax: + 52 (916) 3660011

Licenciado José Francisco Blake Mora, Secretaría de Gobernación. Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P.06600, MEXICO. Fax: + 52 55 5093 3414
E-mail: secretario@segob.gob.mx

Licenciando Jesús Zamora Castro, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación E-mail:secretario@segob.gob.mx
Procurador General de la República. E-mail: ofproc@pgr.gob.mx

Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
E-mail: correo@cndh.org.mx

Dr. José Antonio Guevara, Titular de la Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. Paseo de la Reforma 99 P.H. Col. Tabacalera. Del. Cuauhtémoc, México.
E-mail: jguevara@segob.gob.mx

Licenciado Mauricio E. Montes de Oca Durán, Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. E-mail:mmontesdeoca@segob.gob.mx

Sr. Guillermo I. Ortíz Mayagoitia, Presidente del Consejo de la Judicatura,
E-mail: presidencia@cjf.gob.mx


Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.


Ginebra, 6 de abril de 2011


Agradecemos que nos informen acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado en su respuesta.




1 Según las informaciones, el 2 de febrero de 2011 falleció el Sr. Marcos Moreno García y resultó herido el Sr. Tomás Pérez Deara, en medio de enfrentamientos entre ejidatarios afiliados a los priístas e indígenas tseltales adherentes a “La Otra Campaña”, en el marco de la disputa por el control del centro ecoturístico “Cascadas de Agua Azul”.

2 Ver llamado urgente OMCT caso MEX 110211.CC/ MEX 110211, emitido el 11 de febrero de 2011.

3 Ver llamado urgente OMCT caso MEX 110211.1.CC/ MEX 110211.1, emitido el 18 de febrero de 2011.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!