Organizaciones Civiles denuncian la falta de compromiso del Jefe de Gobierno con los derechos humanos en el caso de la Supervía Poniente

El pasado 11 de febrero el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presentó la respuesta a la recomendación 1/2011 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en torno al proyecto de la Supervía Poniente. Una vez conocido su contenido las organizaciones civiles rechazamos enérgicamente la postura del gobierno de la ciudad.

La recomendación acreditó que este megaproyecto genera múltiples violaciones a los derechos humanos de quienes habitamos la Ciudad de México. Esta recomendación deriva del mandato constitucional que faculta a la CDHDF a investigar violaciones a derechos humanos y, en su caso, hacer cualquier recomendación que estime pertinente para lograr una reparación integral de los daños.

En este sentido, el documento de respuesta signado por el jefe de gobierno cuestiona las premisas de investigación y las conclusiones del ombudsman capitalino. Sin estar facultado legalmente para ello, su respuesta pretende argumentar que no hay violaciones a los derechos humanos. Esencialmente se desconoce la labor institucional de la CDHDF, se rechazan las violaciones a los derechos humanos y se pretende formular una “aceptación parcial” que lleva implícito el rechazo al sentido de la recomendación y manifiesta la no aceptación del punto recomendatorio central.

Al respecto queremos señalar que la recomendación emitida por la CDHDF fue realizada en el marco de su competencia y estuvo precedida de una investigación amplia y exhaustiva que le permitió acreditar fehacientemente y de manera incuestionable las violaciones de derechos humanos. El documento de respuesta se caracteriza por expresar una serie de vaguedades e inconsistencias argumentativas y de justificaciones legales que supuestamente demuestran que no hubo violaciones a los derechos humanos.

La contestación del jefe de gobierno representa una descalificación institucional al órgano público de protección a los derechos humanos en la ciudad y una vulneración del estado democrático y de derecho. El hecho de no reconocer la investigación y pretender aceptar algunos puntos recomendatorios hace patente una actitud del gobierno de la ciudad por la que, desconociendo las violaciones probadas, simularía aceptar las recomendaciones. En suma, pretende hacer pasar como una concesión y como gestos de buena voluntad lo que es una obligación política y legal.

Con lo anterior se pretende confundir a la opinión pública presentando una imagen garante de los derechos humanos y de la democracia en la ciudad cuando lo cierto es que el rechazo a la suspensión de la obra representa una vulneración del derecho a la participación y la consulta pública. En materia de protección ambiental el mecanismo de consulta pública se basa en un esquema de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno y pretende brindar elementos de valoración a las autoridades para el otorgamiento de las autorizaciones. En este sentido, toda consulta debe ser realizada de manera amplia, plural e informada previamente a cualquier autorización e inicio de proyecto.

Realizar la consulta de manera posterior a una autorización y con una obra iniciada deviene ineficaz. En este caso, realizar la consulta sin aceptar la suspensión de la obra representa una simulación y un acto que pretende legitimar una acción gubernamental ya decidida y caracterizada por su ilegalidad y extremo autoritarismo.
Esgrimir que existen actos jurídicos consumados y obligaciones contraídas para no suspender la obra y al mismo tiempo anunciar la realización de la consulta, resulta un contrasentido, pues si el resultado es desfavorable a los intereses gubernamentales se volverá a aducir la existencia de compromisos previamente contraídos con las empresas. El argumento de afectación a la seguridad jurídica es falaz ya que la vulneración no deriva de la recomendación sino del actuar ilegal del gobierno de la ciudad que generó actos jurídicos con vicios de origen y por tanto anulables.

La respuesta contradice el discurso democrático del gobierno de la ciudad y los compromisos adquiridos por el Gobierno del Distrito Federal en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad.


Organizaciones y colectivos firmantes

Alarbo
Alconsumidor
Alternativas y Capacidades
Bicitekas
CEMDA
Central Unitaria de Trabajadores
Centro de Estudios Ecuménicos
Centro de Orientación y Asesoría Pueblos Indígenas
Colectivo Casa Sin Puertas
Congreso Popular, Social y Ciudadano del DF
Congreso Social hacia un nuevo Constituyente-DF.
Coordinadora Metropolitana de Movimientos Populares
El Poder del Consumidor
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos
Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular
Greenpeace México
INCIDE Social
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría
Nodo de Derechos Humanos
Organización Social Patria Nueva
Servicios y Asesoría para la Paz
Union de Colonias Populares
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
"Todos los derechos para todas y todos"
Conformada por 70 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana:
Centro Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Indígenas, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, Comité de Defensa de las Libertades Indígenas, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental, Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Reflexión y Acción Laboral, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Comisión Intercongregacional Justicia Paz y Vida, Comité de Derechos Humanos Ajusco, Comité Cerezo, Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Taller Universitario de Derechos Humanos, Promoción y Defensa de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana León, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Comisión de Derechos Humanos La voz de los sin voz, Comité de Derechos Humanos Sembrador de la Esperanza, Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos Miguel Hidalgo, Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Asociación Jaliscience de Apoyo a los Grupos Indígenas, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro de Reflexión y Acción Laboral - Guadalajara, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, Centro de Derechos Humanos Don Sergio, Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Servicio Paz y Justicia – México, Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Ñu'u Ji Kandií, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, Centro de Apoyo al Trabajador, Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Comisión Parroquial de Derechos Humanos Martín de Tours, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Respuesta Alternativa, Frente Cívico Sinaloense, Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, Servicio Paz y Justicia de Tabasco, Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Centro Juvenil Generando Dignidad, Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, Indignación, KOOKAY – Ciencia Social Alternativa, Centro de los Derechos del Migrante


Personas firmantes

Lizy Peralta Mercado
Mariana González
Miguel Rábago Dorbecker


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

El Gobierno del Distrito Federal pretende hacer uso de la fuerza para dar fin al plantón del Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente

Difusión Cencos México D.F., 31 de octubre de 2010

Frente Amplio contra la Supervía

El Gobierno del Distrito Federal pretende hacer uso de la fuerza con el fin de dar fin al plantón que sostiene desde hace más de 90 días el Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente en la Colonia “La Malinche” de la Delegación Magdalena Contreras.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos


Antecedentes

El proyecto de construcción de una vía urbana de peaje fue anunciado por el Gobierno del Distrito Federal en diciembre de 2009. A pesar de que se tenía conocimiento de este proyecto desde tiempo atrás, el gobierno local negó su existencia de forma reiterada violentando el derecho a la información de los habitantes de las zonas aledañas quienes desde el año 2008 habían solicitado información al respecto. Aunado a la falta de información, el Gobierno del Distrito Federal ha mantenido un comportamiento contradictorio con el discurso a favor de los derechos humanos que sostiene con actos como la elaboración e implementación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Carta de la Ciudad de México, en la que se dice que se respetará el derecho a la consulta de los habitantes de la ciudad así como una gestión democrática por una ciudad políticamente participativa y socialmente corresponsable. De igual forma el Gobierno del Distrito Federal no ha atendido las opiniones de expertos que muestran las inconsistencias del proyecto y en cambio ha firmado un título de concesión que no garantiza la imparcialidad de las autoridades encargadas de vigilar que el proyecto cumpla con los requisitos de ley.

A pesar de que se han reportado diversas violaciones a los derechos humanos, el Gobierno del Distrito Federal ha sostenido una actitud cerrada al diálogo y a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dictó medidas precautorias para a favor de los opositores al proyecto, el día 19 de octubre del año en curso los integrantes del Frente Amplio fueron agredidos por elementos de la empresa concesionaria apoyados por supuestos funcionarios del DF con el pretexto de que iban a realizar trabajos ya autorizados. Ante el requerimiento que se hizo al GDF para que se presentaran los documentos que amparaban los trabajos no ha habido respuesta. A pesar de estos requerimientos sigue imperando la opacidad y fuentes fidedignas han reportado que se prepara un operativo durante el fin de semana o los días festivos del día de muertos.


Por esto

Ante el temor fundado de que las autoridades hayan renunciado al dialogo y pretendan hacer uso de la fuerza es que se emite esta acción urgente exigiendo los siguientes puntos:

1. Que el Gobierno del Distrito Federal desista de acciones violentas en contra de los opositores a la Supervía, atendiendo a las medidas cautelares decretadas por la Comisión de Derechos Humanos del D.F. desde julio del 2010 y el día de hoy.

2. Que toda la información relacionada con la Supervía sea pública a fin de evitar confrontaciones y opacidad, de igual forma antes de cualquier acción el GDF debe exhibir y hacer públicos los trabajos que pretende realizar, así como los documentos técnicos que los justifican

3. Que en congruencia con el discurso a favor de los derechos humanos, se garanticen acciones concretas para terminar con las violaciones a los derechos humanos denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil e integrantes el frente amplio, estas violaciones incluyen el derecho al acceso a la información, derecho a la participación, derecho al medio ambiente y derecho a la vivienda entre otros.

4. Que se atiendan los legítimos reclamos de los integrantes del Frente instalando mesas de negociación, los cuales deben de propiciar un diálogo verdadero que permita la discusión de alternativas de movilidad sustentable y resuelva la problemática actual.

5. Que se asuma con prudencia política los plazos de los cauces institucionales jurídicos, pues el 17 de noviembre está programada una audiencia constitucional del juicio de amparo que sigue vigente y los plazos que dicta el propio Poder Judicial Federal.

6. Responsabilizamos a Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del D.F., y las empresas OHL y Grupo Copri por la violencia que se ejerza y las provocaciones.


Frente Amplio contra la Supervía, n. 30, 30 de octubre de 2010


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!