¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
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Programa “De Raíz Luna”, transmitido por Canal 22, tratando la problemática actual de una minera canadiense en territorio sagrado de la Nación Wixárrica.
Entrevistas y comentarios
Frente de pueblos en defensa de Wirikuta en la ONU
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Juchitán, Oaxaca, a 24 de Junio de 2011
DENUNCIA PÚBLICA
A la prensa nacional e internacional,
A los organismos de los derechos humanos
A la sociedad civil nacional e internacional
A los Medios de Comunicación Comunitarios, nacionales e internacionales
A los pueblos en general
Ejidatarios y Ejidatarias de Unión Hidalgo, indígenas zapotecas, continuamos denunciando enérgicamente la forma en que empresas extranjeras en contubernio con el gobierno federal, estatal y municipal continúan despojándonos de nuestras tierras y territorio. Las empresas extranjeras, la mayoría españolas llegaron al Istmo de Tehuantepec arrendando las tierras ejidales y comunales y de pequeña propiedad, con la intención de construir parques eólicos y abastecer de energía eléctrica a otras empresas. Estas transnacionales prometieron grandes beneficios y desarrollo, para instalar el Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec, sin embargo al día de hoy lo que vemos es una política de abuso e intimidación en contra de las y los dueños de las tierras.
El día de ayer 23 de junio del presente, representantes de la empresa españolas DEMEX se presentaron con lujo de violencia a nuestros terrenos ubicados en la Fase 1 Las Palmas Zapotal del Polígono Piedra Larga en que DEMEX proyecta construir un parque eólico para abastecer a la empresa BIMBO (según declaraciones de Georgina Kessel). La intención de los representantes de DEMEX era desalojarnos de nuestros propios terrenos, amenazándonos e intimidándonos con la presencia de la Agencia Estatal de Investigación quienes declararon que se sigue una investigación penal en nuestra contra por oponernos a un falso desarrollo y a un contrato leonino a todas luces. En todo momento los representantes de la empresa española DEMEX contaron con la protección de los Agentes Estatales de Investigación, quienes armados y a bordo de una camioneta blanca Nissan sin placas observaban y resguardaban a los empresarios españoles.
El 24 de mayo del presente año decidimos en asamblea de inconformes cercar nuestros terrenos al ver las grandes e irreparables afectaciones que han realizado en nuestras tierras, cosa que no nos explicaron al momento de contratar, diciéndonos solamente que serian afectaciones mínimas. Toda esta situación hace evidente la violación a los derechos de los pueblos indígenas zapotecas ya que la empresa DEMEX entro a nuestro territorio sin darnos la información necesaria y efectiva, esto en complicidad con las autoridades el gobierno estatal y federal y en flagrante violación al convenio 169 de la OIT que establece condiciones claras de protección para las tierras de los pueblos indígenas en su Artículo 17 inciso 3 que a la letra dice: “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.”
A mas de 5 Años de que llegaron los representantes españoles de DEMEX a Unión Hidalgo lo que tenemos es;
• La firma de un contrato leonino, que de haber sabido su contenido y consecuencias nunca hubiéramos firmado
• nos prometieron pagos por afectaciones a nuestras tierras, que si bien no firmamos, por que confiamos en su palabra, se han negado a cumplir, y ahora que les exigimos que cumplan, nos mandan a la policía y nos reprimen.
• La empresa DEMEX con quien firmamos los contratos, ha cedido los derechos sobre nuestra parcelas a otra empresa que no conocemos, sabiendo solamente que NAFINSA esta financiándolos con dinero publico.
• Se han coludido con el presidente municipal, con el gobierno del estado y el gobierno federal. Para AMENAZARNOS, emplean la fuerza publica estatal para que la empresa siga destruyendo nuestras tierras y nuestra cultura.
Ante esto reiteramos:
• nuestra lucha de resistencia frente a la invasión extranjera y del Megaproyecto Eólico transnacional
• el rescate de la dinámica de la propiedad colectiva, constituyéndonos en asamblea y nombrado a nuestros propios representantes para defender nuestros derechos como pueblo indígena.
Exigimos:
• La cancelación del Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec por violentar los derechos de los Derechos de los pueblos indígenas.
• Cancelación de los contratos civiles de arrendamiento que firmamos con DEMEX,
• La cancelación de las Averiguaciones Previas y órdenes de aprehensión que obren en contra de todos los que nos oponemos al despojo de nuestro territorio.
• Exigimos al Gobierno de Gabino Cue que defina si está del lado de los pueblos o al lado de las empresas!
Atentamente:
Ejidatarios de Unión Hidalgo, afectados por DEMEX
Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio
No al despojo de los territorios indígenas!
Fuera empresas colonialistas del Istmo de Tehuantepec!
La tierra no se vende, se ama y se defiende!
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Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 31 de julio de 2011, p. 28
Oaxaca, Oax., 30 de julio. La Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de las Tierras y el Territorio demandó cancelar averiguaciones, órdenes de arresto y causas penales iniciadas por empresas españolas contra quienes defienden sus derechos étnicos al repudiar el programa de desarrollo eólico del Istmo de Tehuantepec.
Al dar a conocer este sábado los acuerdos de la sesión efectuada en el municipio de Unión Hidalgo, Carlos Manzo (uno de los convocantes), dijo que los programas de desarrollo impuestos por el gobierno y múltiples empresas nacionales e internacionales no sólo conllevan el despojo de territorio sino desplazan y dividen a los pueblos.
El programa eólico impulsado por las autoridades nacionales, los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, junto a empresas como Preneal, Enel, Unión Fenosa, Iberdrola, Acciona, Demex, Renovalia, Gamesa, Eyra, Peñoles, Edf, Eoliatec y Femsa-Mcquaire, “divide a nuestros pueblos, amenaza nuestra vida y nos despoja de tierras”, afirmó.
Según el representante, las multinacionales “imponen leoninos contratos de arrendamiento, usufructo, con la constante amenaza de expropiación; mientras el gobierno es impulsor y cómplice del proyecto mediante instancias como la Procuraduría Agraria, la Secretaria de la Reforma Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad y el Poder Judicial. “Los pueblos y comunidades del Istmo están dispuestos a defender su territorio de los negocios sucios a nombre de la llamada energía limpia que impulsan el capital nacional y multinacional”, advirtió Manzo.
Los denunciantes también exigieron parar el hostigamiento policiaco en su contra y anular el contrato de usufructo que signó la empresa Preneal con el comisariado de bienes comunales de San Dionisio del Mar.
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Una sola firma usará red de la Comisión Federal de Electricidad
Miriam Posada García (La Jornada)
El ganador del concurso para explotar parte de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y próximo competidor de Teléfonos de México (Telmex) entrará en operación en un año y se ahorrará por lo menos 300 millones de dólares en el tendido de la red que es lo que ha invertido la paraestatal en los últimos años.
La subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández Cardoso, precisó que el par de fibras que se licitarán se adjudicarán a un solo operador, dijo que por el momento el grupo de trabajo encargado de elaborar las bases del concurso no ha definido si se restringirá la participación de empresas como el propio Telmex, pero señaló que la entrada de un tercer gran operador en la industria de las telecomunicaciones provocará que los costos para los pequeños operadores se reduzcan entre 30 y 50 por ciento.
Por separado, el subdirector de Modernización de CFE, Marco César Rodríguez, y el coordinador de CFE Telecom, Adrián González, detallaron que la inversión realizada a lo largo de 10 años sólo en el hilo de guarda –que es el cable donde va la fibra óptica y a la vez funciona como pararrayos–, asciende a 300 millones de dólares, y precisaron que para proteger al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) hasta el momento se han tomado tres medidas iniciales de seguridad que consisten en que la Comisión se reservará las especificaciones de la operación, sólo su personal podrá operar la red y los operadores de telecomunicaciones no tendrán acceso a la red eléctrica.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández, señaló que las bases para la la licitación de dos fibras ópticas estarán listas en 90 días ya que las elaboran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CFE y la Comisión Federal de Competencia.
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“En ningún momento daremos lugar a que destruyan nuestras tierras”, advierten
Si entra a fuerza nos veremos obligados a tomar otras medidas, señalan en Chicomuselo
Hermann Bellinghausen
Enviado (La Jornada)
San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de mayo. Las comunidades de la Sierra Madre, en el municipio de Chicomuselo, rechazan la presencia en sus tierras de la voraz minera canadiense Backfire Exploration, a la cual los gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero concesionaron –de 2005 a la fecha– 2 mil 352 hectáreas sólo en ese municipio.
La mayoría de los habitantes de las comunidades Huanacaste, El Terronal, Loma Bonita y Cuatro Caminos, en coordinación con las autoridades municipales y el consejo de vigilancia de la colonia Monte Sinaí, refrendaron su “inconformidad”, ya expresada anteriormente, “en cuanto a la explotación de las minas” en sus tierras.
Hoy dieron a conocer que, reunidos en asamblea el pasado día 14 en Cuatro Caminos, definieron que “por ningún momento daremos lugar a la empresa minera para que destruya nuestras tierras. Porque el lugar donde se ubica la mina es zona cafetalera y de manantiales donde las cuatro comunidades tenemos el agua potable; manifestamos que no destruyan los terrenos donde trabajamos, porque de allí sostenemos nuestras familias y, además, no queremos contaminaciones a nuestra salud, y los árboles, y animales, y cultivos”.
Así, advierten que “si la empresa minera llegara a las comunidades a negociar, no lo permitiremos, y en caso de que entrara a la fuerza nos obligaremos a tomar otras medidas, porque tenemos derecho a defender las tierras, patrimonio nuestro y de nuestros hijos y como ejidatarios. Las tierras que poseemos son ejidales, donde pagamos impuestos prediales, donde nadie de afuera venga a destruir lo que es nuestro”.
Ríos convertidos en basureros
Las mineras canadienses como Blackfire extraen agua en cantidades estratosféricas (incluso la cabecera municipal carece de suministro suficiente, aunque las montañas de la región son ricas en el líquido); la restante la contaminan, como ya ocurre con los ríos Tachinula y Yayahuita, y en consecuencia el Grijalva desde antes del cañón del Sumidero (que, promovido hoy por el gobierno como “maravilla del mundo”, más parece un basurero).
El filósofo Heráclito, además de saber algo de ríos, escribió en uno de sus Fragmentos: “Los buscadores de oro cavan muy hondo en la tierra y hallan muy poco”. Que se los digan a estas comunidades. Arsénico, cianuro, plomo, mercurio y ácido sulfúrico invaden aire, suelo y agua para que los buscadores obtengan oro, plata, barita o lo que haya, y se lo lleven en las narices de los verdaderos dueños de esas tierras. La plaga minera a cielo abierto se extiende por Chiapas, en particular en la sierra fronteriza: Comalapa, Motozintla, Mazapa de Madero, Chicomuselo.
La resistencia de los pueblos, especialmente los indígenas, se extiende a las regiones selva, altos, norte y Sierra Madre. El pasado 8 de marzo, mujeres de esas zonas se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez contra las trasnacionales mineras Linear Gold y Blackfire, “que sólo ofrecen algunos empleos mal pagados y de muy alto riesgo”, pero “pretenden saquear nuestros recursos dejando a cambio graves padecimientos de salud, agotamiento de las reservas y fuentes de agua, así como devastación completa de montañas”.
Las inundaciones, deslaves y sepultamientos provocados por los huracanes Mitch y Stan demuestran que esa devastación genera otras, y las producirá más en el futuro si la aniquilación de tierras y montañas en la Sierra Madre sigue como va.
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El Colectivo Nuevo Huachichil (Adherente a La Otra Campaña)
D E N U N C I A
Que el pasado sábado 9 de Mayo del presente año, el compañero Omar Jair Pineda Juárez, del Colectivo Neta Amorfa, adherente a la Otra Campaña, fue agredido en Cerro de San Pedro, por trabajadores de la Minera San Xavier, ante la presencia de la policía de "Protección Social", que en lugar de defenderlo, intentaron detenerlo de forma violenta, de no ser por pobladores que lograron rescatarlo.
El compañero sufrió golpes múltiples propinados por varios "trabajadores" en estado de ebriedad, de la MSX, quienes en otras ocasiones ya han agredido a compañeros activistas. Los agresores están plenamente identificados y han sido denunciados sin que la "justicia" mueva un dedo al respecto.
Los hechos demuestran una vez más la complicidad existente entre el Gobernador Marcelo de los Santos Fraga, la Pdta. Mpal. de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo y la ecocida empresa canadiense Minera San Xavier, a quienes sirven y protegen. Por eso los hacemos responsables de esta y todas las agresiones y encarcelamientos injustos que han ejercido contra los compañeros de movimiento opositor a MSX.
Exigimoes respeto a los derechos humanos, a que se aplique la justicia y que no haya ni una agresión o encarcelamiento más.
¡¡Alto a la Represión!! ¡¡Presos Políticos LIBERTAD!! ¡¡Fuera MSX!! ¡¡VIVA Cerro de San Pedro!! ¡¡Viva La Otra Campaña!!
San Luis Potosí, S.L.P., Mayo 2009
Por el Colectivo Nuevo Huachichil
Rodolfo Olguin Ruiz
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Convocatoria al 2o. Foro Nacional ¡Por la vida, defendamos a la madre tierra de las empresas mineras que envenenan y destruyen la naturaleza!
INTRODUCCION
En Oaxaca, 29 mega-proyectos mineros están siendo instalados por empresas multinacionales, en su mayoría canadienses y estadounidenses, algunas de éstas son: CUZCATLÁN, S.A. DE C.V., filial de FORTUNA SILVER; AURA SILVER; INTREPID MINES; CONTINUUM RESOURCES LTD; AURA SILVER RESOUCES; CHESAPEAKE GOLD CORP; CONSOLIDATED SPIRE VENTURES LTD; ALMADEM MINERALS LTD; GOLDCORP INC; GOLD RESOURCE CORP; HORSESHOE GOLD MINING LTD; INTERNATIONAL NORTHAIR MINES LTD; INTREPID MINERALS LTD; LINEAR GOLD CORP; LINEAR METALS CORP; MAURICIO HOCHSCHILD; MERCANTILE GOLD CO; PINNACLE MINES LTD.
En 2009, la CUZCATLÁN realiza la construcción de la mina “LA TRINIDAD”, en San José del Progreso, la primera de más de 16 que serán construidas a lo largo y ancho del Valle de Ocotlán-Ejutla.
Con gran cantidad de explosivos, excavan los túneles de acceso a la zona mineralizada, provocando el resquebrajamiento de las casas y la contaminación con plomo, afectando por el momento a San José del Progreso y Magdalena Ocotlán; el 24 de Marzo, la empresa OVIEDO la SEDENA retiraron más de 30 toneladas de explosivos que se encontraban en San José.
En este mismo año, la empresa reactivará más de 50 minas que ya trabajaron hace 15 ó 20 años en el valle, como “LA COLMENA” en San Jerónimo Taviche, que actualmente produce grandes cantidades de drenaje ácido, causante de enfermedades de los ojos, de las vías respiratorias y la piel. En la región se ha registrado el fallecimiento de más de 20 cabezas de res, en los últimos 3 meses, los análisis han determinado envenenamiento por plomo, mercurio, arsénico y cianuro, como lo confirman los estudios de SANICA, laboratorio de análisis clínicos.
Grupos ecologista aseguran que del 2010 al 2025, Oaxaca se convertirá en una zona de catástrofe ambiental, pues la minera CUZCATLÁN efectuará trabajos de explotación de oro y plata desde la mina la “TRINIDAD” y la “COLMENA, hacia todo el Valle de Ocotlán y Ejutla, con un fuerte impacto negativo en el medio ambiente y la vida comunitaria de toda la región de los valles.
Los compromisos entre la CUZCATLÁN, el presidente municipal VENANCIO OSCAR MARTÍNEZ RIVERA y el comisariado ejidal, QUINTÍN VÁSQUEZ ROSARIO de San José del Progreso, quedaron evidenciados el 14 de marzo, cuando los pueblos del municipio les solicitan encabezar la lucha por la salida de la empresa del Municipio y éstos se negaron rotundamente.
Ante la cerrazón de las autoridades, el 14 de marzo, la asamblea comunitaria determinó desconocer al presidente municipal, y con base al artículo 39 constitucional se nombra al Consejo de Gobierno Municipal en San José del Progreso, para que conduzca la lucha contra la minera; por lo que el 16 de marzo, se realiza una marcha rumbo a la mina “LA TRINIDAD” con el objeto de efectuar el cierre definitivo de todas las operaciones relacionadas con la construcción de la mina, quedando selladas las instalaciones, dando fe la notaria pública NO. 97 de Oaxaca, así como los demás pueblos y organizaciones que integramos La Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra, nombrada el 31 de enero del 2009 en el marco del 1er FORO POR LA VIDA, DEFENDAMOS A NUESTRA MADRE TIERRA.
La respuesta del criminal gobierno PRIISTA de Ulises Ruiz, en complicidad con la compañía minera CUZCATLÁN, el presidente municipal Venancio Oscar Martínez Rivera y el comisariado municipal Quintín Vásquez Rosario, ha sido una rabiosa campaña de amenazas, hostigamiento y agresiones en contra del movimiento:
El 21 de marzo, mientras se realizaba una reunión de los pueblos en la explanada de San José del Progreso, el desconocido presidente municipal PRIISTA, Venancio Oscar Martínez Rivera, agrede y amenaza a los compañeros María Del Carmen López Almazán, Agustín Ríos y Ernesto López, integrantes del CODEP y la Coordinadora. También han amenazado a los compañeros: Apolinar García Vásquez, Hilario Vásquez Gómez.
El 24 de marzo intentaron secuestrar al compañero Agustín Ríos Cruz. A las 8 de la mañana llegaron al plantón de la mina hombres vestidos de civil, que irrumpieron con pistolas y armas largas. Cuando se les pidió que mostraran la orden de aprehensión, dijeron: “No necesitamos de un pinche papel, son órdenes del gobernador”.
El 25 de marzo intentaron secuestrar al compañero José David Hernández Álvarez, cuando, a las 8:30 de la mañana, fue a dejar a sus hijos a la escuela primaria “General Vicente González. Los agresores no lograron su propósito, gracias a la intervención de maestros y padres de familia que los defendieron.
Entre el 25 de marzo y 9 de abril, a los compañeros: Agustín Ríos Cruz y José David Hernández Álvarez se les notifican ordenes de aprensión bajo el expediente 19/2009. El 9 de abril se les notifican la averiguación previa 106 (0. m)/2009 a los compañeros Apolinar García Vásquez, e Hilario Vásquez Gómez y otra mas la 85 (1)/2009, que incluye nuevamente a Agustín Ríos Cruz.
El gobierno PRIISTA del asesino Ulises Ruiz Ortiz, ha tratado por todos los medios de dividir el movimiento de resistencia de San José del Progreso, utilizando los programas federales como Oportunidades, Piso firme, 70 y otros, mediante la diputada local priista EVA DIEGO CRUZ, pero se ha encontrado con un pueblo cada día más consciente de que el establecimiento de las minas, representa la destrucción de la vida y el medio ambiente en la región.
Sabemos que la lucha que hemos emprendido no es solo contra el criminal que nos gobierna, sino contra los grandes intereses de las empresas multinacionales que mantienen de rodillas al gobierno espurio de Calderón.
Sabemos que el de San José del Progreso no es el único caso de resistencia contra las empresas depredadoras del medio ambiente en Oaxaca y el país, pero cada quien está resistiendo por separado o en pequeños grupos regionales.
Hemos comprendido que no podremos contener el avance de los grandes intereses extranjeros si no logramos unificarnos estatal, nacional e internacionalmente, todos aquellos pueblos que estamos defendiendo nuestras madre tierra y el medioambiente, intercambiando nuestras experiencias de resistencia y logrando coordinar nuestras luchas, no solo en cada estado, sino en el país y el mundo, por lo que:
CONVOCAMOS
A las fuerzas democráticas, organismos ecologistas, de derechos humanos, intelectuales, artistas y pueblo en general a sumarse a las actividades a realizarse de acuerdo con el siguiente:
PROGRAMA
Sábado 2 de mayo
SIMPOSIO
“IMPACTO DE LAS MINERAS EN EL MEDIO AMBIENTE, LA VIDA COMUNITARIA
Y LAS LEYES EN A LA RESISTENCIA”
Las conferencias estarán dirigidas a los habitantes de las comunidades en resistencia y pueblos en general.
OBJETIVOS
1. Conocer la información que investigadores de los centros de estudio y organismos defensores del medio ambiente han acumulado sobre la manera en que la explotación minera impactan al medioambiente y la vida comunitaria.
2. Conocer las leyes nacionales e internacionales que pueden favorecer la resistencia, contra las mineras y la defensa del medio ambiente.
3. Con lo anterior, dotarnos de más elementos para fortalecer la lucha de nuestros pueblos en defensa de nuestra Madre Tierra.
FECHA, LUGAR Y HORARIO DE REALIZACIÓN: sábado 2 de mayo, de 11:00 a 15:00 hrs., en el Municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.
AGENDA DE TRABAJO
1. Palabras de bienvenida e inauguración del simposio.
2. Conferencia: “Impacto de la explotación minera en el medio ambiente”; flora, fauna, agua y salud humana.
3. Conferencia: “Impacto de la explotación minera en la vida comunitaria y su economía.
4. Conferencia: “Tratados Internacionales y Leyes Nacionales favorables a la defensa del medio ambiente”.
5. Conclusiones
6. Evento político-cultural.
DE LOS CONFERENCISTAS
1. Los ponentes dispondrán de una hora para su exposición, más 15 minutos para contestar preguntas.
2. Podrán utilizar videos, presentaciones en Power Point o cualquier otro material didáctico que facilite el entendimiento de los asistentes.
3. Dada las condiciones de pobreza en la región, solo se podrá garantizar la alimentación y el hospedaje de los ponentes.
DE LOS ASISTENTES
1. Podrán asistir a estas conferencias, todos los pueblos, grupos o personas interesados en conocer y defender el medio ambiente y sus recursos naturales.
2º. FORO NACIONAL
SABADO 16 Y DOMINGO 17 DE MAYO
¡POR LA VIDA, DEFENDAMOS A NUESTRA MADRE TIERRA!
OBJETIVOS
1. Denunciar las agresiones que se han desatado en contra de los pueblos en resistencia del Valle de Ocotlán.
2. Conocer las experiencias de lucha de otros pueblos del estado y del país en la defensa del medioambiente.
3. Establecer formas de coordinación de las distintas luchas en defensa del medio ambiente, a nivel estatal, nacional e internacional.
4. Elaborar un plan de trabajo y acción para la resistencia en los tres niveles señalados.
FECHA, LUGAR Y HORARIOS: sabado16 y domingo 17 de mayo del 2009, en la explanada municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, a partir de las 10.00 AM.
AGENDA DE TRABAJO
1. Palabras de bienvenida e inauguración del foro.
2. Presentación de testimonios.
3. Formas de organización y Coordinación estatal y nacional.
4. Plan de resistencia estatal, nacional e internacional
5. Clausura.
6. Visita y acto político en la mina de San José del Progreso.
DE LOS ASISTENTES
1. Podrán participar organizaciones sociales, de Derechos Humanos, ecologistas, intelectuales, artistas y todas aquellas personas interesadas en la defensa del medio ambiente.
NOTA:
1. A los asistentes se les proporcionara alimentación.
2. Los asistentes deberán de llevar casa de campaña y/o cobijas.
PARA CONFIRMAR ASISTENCIA:
Para una mejor organización logística, los participantes deberán comunicarse a los siguientes correos y teléfonos.
codep¬_cnpp_oax@yahoo.com.mx Teléfono: 95 11 34 59 25
jaqueloal@hotmail.com Teléfonos 55 34 04 92 50 y 55 34 04 92 52
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Mariana Norandi (La Jornada)
A pesar de que tiene antecedentes ambientales, ahora el problema del confinamiento de residuos tóxicos en Zimapán, en el estado de Hidalgo, es netamente legal, debido a que gira en torno a la licencia de funcionamiento que las autoridades municipales le habían concedido a la empresa española Befesa, y no al impacto ambiental del proyecto, por tanto, el caso compete a las autoridades locales, aseguró Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Lo anterior, tras conocerse que las autoridades locales de este municipio hidalguense retirarán esta semana la licencia para las obras de construcción del basurero tóxico en esa comunidad ñañú, argumentando irregularidades en el otorgamiento del permiso que el saliente presidente municipal, Eusebio Aguilar, había concedido a la empresa.
Alanís Ortega recalcó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no tiene competencia en el otorgamiento de la licencia de funcionamiento –que tiene que ver con el uso del suelo y los permisos de construcción–; sin embargo, existe la posibilidad, si así lo decide la parte afectada, de impugnar el resolutivo de impacto ambiental que la dependencia federal autorizó en su momento a este proyecto, mediante un recurso de revisión.
“Este tipo de resolutivo se puede impugnar, siempre y cuando se detecten irregularidades. Hay que estudiarlo, analizarlo y, si hay inconsistencias, pelearlo e irse, si es necesario, al amparo”.
Lo importante, agregó, es que ahora tanto autoridades federales y locales, como pobladores y empresarios se apeguen a la ley, y si el proyecto no la cumple, “se va para atrás, porque se debe respetar el estado de derecho”.
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Violan la autonomía municipal permisos de Semarnat y Profepa
Detectan irregularidades en la autorización a una empresa española
Leonides Sandoval Castañeda (La Jornada)
El concejo municipal de Zimapán, en el estado de Hidalgo, retiró a la empresa española Befesa la licencia para el depósito de residuos tóxicos en el confinamiento construido en 60 hectáreas de esa localidad, debido a las irregularidades cometidas en el otorgamiento del permiso por el anterior presidente municipal, el priísta Eusebio Aguilar Francisco.
Irma Labra Moreno, integrante del concejo, informó que a pesar de que la población, organizada en el movimiento Todos Somos Zimapán, se opone al funcionamiento de este basurero de sustancias peligrosas, la empresa comenzó el lunes pasado a introducir los primeros camiones con dicho material.
Nos tomó por sorpresa la acción, dijo. De inmediato se organizaron e intentaron impedirlo, pero agentes de la Policía Federal Preventiva que los escoltaban cortaron cartucho y amedrentaron incluso a mujeres para que dejaran pasar los vehículos. No obstante, el martes interceptamos un camión que se metió a la vía urbana, protegido con policías federales, y logramos que se regresara por donde vino.
Gerardo Villeda Villeda, abogado de la autoridad municipal, explicó que la licencia de funcionamiento le fue retirada a Befesa debido a que en su otorgamiento se violaron tres disposiciones: primero, la extensión de facultades, que tienen que otorgar todos los integrantes del cabildo, y sólo la dio el entonces alcalde, el priísta Eusebio Aguilar.
También se violentó el principio de temporalidad, pues cuando un permiso o contrato excede el tiempo del cabildo, éste tiene que ser autorizado por al menos las dos terceras partes de la asamblea del concejo y éste lo decidió el alcalde por 25 años. Eusebio Aguilar gobernó por tres años, que finalizaron el 15 de enero de 2009, mientras que los permisos se extendieron ilegalmente hasta 2033.
Finalmente, no se respetó la disposición en materia económica, ya que la ley dice que los permisos y derechos se deben cobrar de acuerdo a la Ley de Ingresos, que se discute y aprueba cada año por los diputados locales. En cambio, el ex alcalde cobró el equivalente a 300 salarios mínimos por cada uno de los 25 años de permiso, como se comprueba en los cuatro recibos, cada uno por 90 mil pesos, que se lograron rescatar del Congreso local, ya que el ex funcionario no entregó documentos a las nuevas autoridades que entraron en funciones el pasado 16 de enero.
El abogado dijo que la asamblea y el concejo municipales acordaron notificar a la empresa el acuerdo de suspensión de actividades e instruir al presidente del concejo, Rubén Covarrubias Reynoso, para que dé aviso a la empresa y ésta haga valer su derecho constitucional de audiencia.
Interrogado sobre los permisos federales otorgados a Befesa por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Gerardo Villeda explicó que las dependencias están supeditadas a la autorización primordial, que es la que otorga el municipio, de acuerdo a la autonomía que le otorga el artículo 115 constitucional.
Aún está pendiente, dijo, revisar el permiso de construcción, que tiene irregularidades parecidas, entre ellas que únicamente fue autorizada por el entonces director de Obras Públicas, Juan Morán Chávez, quien tras concluir el trienio se fue como candidato del PRI a la presidencia municipal.
Morán Chávez perdió los comicios de noviembre pasado frente al candidato del PRD, José María Lozano, pero las instancias electorales anularon el triunfo de éste, con el argumento de que la Iglesia católica había llamado a los feligreses a votar por él.
Entonces el Congreso local nombró alcalde interino a Rubén Covarrubias Reynoso, síndico a Alma Ramos y a cinco vocales, incluida Labra Moreno, quienes este viernes acordaron retirar el permiso de funcionamiento a Befesa.
El ayuntamiento tiene guardias en las principales entradas de la localidad mientras que el movimiento Todos Somos Zimapán está a la expectativa para evitar que los vuelvan a sorprender y quieran ingresar más camiones con desechos tóxicos.
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A las Organizaciones Sociales
Al pueblo de México
Nuestra lucha es por la tierra,
Y el mal gobierno nos la quita para entregársela al extranjero;
Nuestra lucha es por la vida,
Y el mal gobierno nos ofrece cementerios tóxicos;
Nuestra lucha es por la paz,
Y el mal gobierno nos ofrece violencia y represión;
Nuestra lucha es por la historia,
Y el mal gobierno nos está ofreciendo olvido.
De todos los pueblos que conformamos el estado de Hidalgo somos el pueblo que siempre ha sido relegado y ha sido obligado a escuchar y a obedecer, solo por ser de origen indígena, hemos sido obligados a aceptar las imposiciones desde el aparato de gobierno, el cual siempre ha dejado a nuestro pueblo en el olvido y hoy que se acuerdan de él es para enterrarle en el vientre millones de toneladas de residuos peligrosos.
Han hecho de la tierra, nuestra herencia, un lugar sin suelo fijo, no quieren que nuestro paso deje huella en la historia de los pueblos indígenas, en cambio nos ofrecen un cementerio tóxico dónde enterrar la desvergüenza de su complicidad.
Nuestro pueblo es minero y con ello carga hoy con enfermedades como cáncer, arsenisismo y diabetes, todo ello debido a la contaminación de los mantos acuíferos causado por el proceso de flotación utilizado para separar los metales y la acumulación de los desechos en jales al aire libre y la liberación de partículas de plomo y otros metales pesados. Y ante todo esto, tanto la SEMARNAT como el INE han callado durante generaciones, siendo parte del problema cuando deberían ser la solución.
La legislación en México sobre Protección al Medio Ambiente es inversamente proporcional a la protección a la Inversión Privada, esto es, que entre mayores sean los intereses económicos seguirán sucediendo más casos como el de Guadalcázar, como el de Ramos Arizpe o como el de Chiconautla, que a pesar de ser demostrados una y otra y otra vez el grave daño ambiental causado y que México protege a los burgueses depredadores, al burgués vendepatrias que se cree dueño del país y al burgués dueño del dinero, del poder y de la voluntad del vendepatrias, y todo ello no ha sido suficiente para generar una conciencia ambiental colectiva y hacer algo por nuestra Madre Tierra, por protegerla de sus violadores y ello conlleva a que se le siga ultrajando de las formas más viles y miserables.
1. El proyecto de Confinamiento se encuentra en medio del asentamiento de 18 comunidades, todas ellas de origen indígena, de la comunidad Hñahñu.
2. La medicina herbolaria es fundamental para mantener el equilibrio biológico-social de la comunidad, equilibrio que la SEMARNAT al otorgar el permiso de Construcción del Confinamiento rompió, y con ello, puede convertirse no solo en Ecocida sino también en Genocida ya que pone en peligro las formas básicas de protección a la salud de estas comunidades indígenas.
3. Al poniente del Confinamiento, existen aguas termales que alcanzan temperaturas de hasta 45°C, a menos de 1 km se da el nacimiento de estas aguas y se extienden hasta los 6 km donde existen grutas formadas por las corrientes de los manantiales, la comunidad que atesora estas aguas se llama Xajhá.
4. Existe una falla geológica conocida como La Cabalgadura del Doctor, miente BEFESA cuando dice que el epicentro de esta falla se localizó a 70 km del Confinamiento, cuando las grutas y las aguas termales evidencian que fue a 6 km.
5. A menos de 5 km se encuentra un banco de mármol, explotado por la comunidad del Puerto del Efe y mantiene a decenas de familias ya que han creado una cooperativa en la que las ganancias que obtienen de la venta del mármol para la fabricación de alimento para aves y la fabricación de pastas de dientes se reparte solamente entre ellos y por el proyecto de muerte del Confinamiento se ve amenazada esta fuente de trabajo, cabe preguntarse si es más viable poner un Confinamiento con 40 empleos y perder una fuente que genera cientos. Además de esta fuente existen 18 más en el municipio.
6. Existe a un lado del vaso de Confinamiento el paso de torres de electrificación de alta tensión de la presa Hidroeléctrica Fernando Iriart misma que está a 4 km, de la cual se explota la captura de pescado que se vende en la Cd. De México y significa la manutención de decenas de familias.
7. A 5 km del Confinamiento se encuentra el manantial Infiernillo, del cual el Gobierno de Querétaro pretende sacar a través del proyecto Acueducto II 1,500 lps. En los días pasados salen publicaciones de que las empresas contratadas para este proyecto encabezándolas una filial de BEFESA se equivocaron en los cálculos y dejaron ver las intensiones de llevar agua del Rio Moctezuma.
8. Días antes de que se aprobara el proyecto se modifica la NOM-055 de SEMARNAT modificación que lejos de proteger al medio ambiente y signifique un avance en la protección legal de la tierra, así como de la salud de los seres humanos, nos quedamos con un dejo de tristeza de que para quienes tomaron esta decisión no se tiene la certeza de en qué calidad tienen a las personas que quedan excluidas en el cambio de 25 a 5 km, distancia respecto a la población más cercana mayor a 1000 habitantes proyectada al 2010, tal parece que las tendrán como conejillos de indias, dicha modificación ad hoc permitió que el proyecto se ajustara a la perfección en la distribución del núcleo urbano de Zimapán y que no aplicaría si no existiese las condiciones orográficas del lugar.
9. El Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal se han convertido en defensores férreos del proyecto, como si éste fuera de ellos, al grado de firmar un acuerdo entre estos dos y la empresa para apoyar la construcción del Confinamiento, así como de dar un clima favorable de negociación.
10. En el Confinamiento autorizado para el Municipio de Chapantongo, también en el estado de Hidalgo, la consulta Ciudadana efectuada por el Gobierno Municipal permitió que el proyecto de Muerte se detuviera, aun así siguen en pie de lucha porque no se reviva dicho proyecto. En al caso de Zimapán jamás se efectuó Consulta Ciudadana alguna.
11. BEFESA contrató una empresa para realizar los estudios de Impacto Ambiental, estudio que fue aceptado por SEMARNAT sin prestarlo a una Mínima revisión siquiera.
12. BEFESA enfrenta demandas por su mal manejo del Confinamiento de Nerva, en Huelva, España donde se supone debería tener un mayor compromiso social, aun así vierte sus residuos al caudal del Rio Tinto, en Zimapán tenemos el Rio Moctezuma a 6 km aprox. Y desemboca en el Golfo de México.
13. El Gobierno del estado en su afán proteccionista ha violado las garantías individuales y los derechos humanos de las personas que habitamos Zimapán, razón por la cual ha mandado numerosos envolvimientos de Fuerza Represiva (ellos le llaman Fuerza de Tarea) que ha derivado en la represión física, sicológica, moral, etc. El más grande y evidente de ellos sucedió el 02 de Diciembre donde se detuvo sin orden de aprensión a 44 personas y se golpeó sin miramiento alguno a niños, mujeres y adultos mayores, acto por el cual se demandó el abuso de autoridad en que incurrió, ante la PGR, acompañados de la Senadora Rosario Ibarra, defensora incansable de los derecho humanos en este país.
14. No es posible que México siga escondiendo los problemas y postergando las verdaderas soluciones, crear Confinamientos no resuelve la problemática global de la industria contaminante.
15. Se habla de un Estado de Derecho como un lugar o como un marco de referencia, se deja a un lado que es un conjunto de leyes que deben normar los actos de los Gobernantes, y aún así ellos las han pisoteado, una a una y todas juntas. Culpables hay muchos, sirva de ejemplo la gestión de Ricardo Juárez Palacios en la DGIRA, persona que acumula 19 demandas tanto ciudadanas como de grupos ambientales y científicos, por la cantidad de irregularidades que marco su gestión.
El titular del INE Adrián Fernández Bremauntz, en días recientes hace declaraciones en torno del proyecto del Confinamiento, declarándolo viable, para nosotros son inviables sus declaraciones pues únicamente se basa en argumentos generales y no sabe de las características específicas de la comunidad.
Sin embargo ello no quiere decir que se quiera solamente culpables para ser objeto de escarnio y crítica superficial, y con ello dejar a un lado el problema de fondo: la justicia ambiental.
Las preguntas serían: ¿Es justo que Hidalgo pague la indemnización de un Confinamiento que autorizó en primera instancia la Ex Alcaldesa de Zimapán y la SEMARNAT, sin escuchar las quejas, inconformidades y argumentos de la población que nos hemos venido manifestando? ¿El juicio nuevamente va a ser bajo criterios comerciales únicamente para ver si se han lesionado los intereses de la empresa? ¿Nuevamente se va a dar prioridad a la Protección de la Inversión Privada por encima de la protección de la Salud de los Seres Humanos y del Medio Ambiente? ¿Qué clase de decisión tomo la SEMARNAT en su momento y en que legislación se basó para hacerlo? ¿Las decisiones del gobierno Federal son incuestionables para el Gobierno Estatal? Pende una gran indemnización de por medio.
El mensaje al Gobierno Estatal de Hidalgo por parte del Gobierno Federal ha sido claro con el caso Guadalcazar: Si una Comunidad, Municipio o Estado se oponen mediante recursos legales para detener u obstaculizar una decisión del Gobierno Federal deberán asumir el costo. Y en ese sentido van las declaraciones de los funcionarios de la SEMARNAT para avanzar en el entreguismo, según declaraciones del Delegado Federal en Hidalgo de la SEMARNAT Leonel Lozano Domínguez, el cual dice: “solo porque un grupo de inconformes diga que no la quiere, pues estaría violando la ley y el derecho de terceros, la empresa podría demandar al Estado mexicano por daños patrimoniales y el asunto se llevaría a una corte internacional, sería muy probable que ganaran porque han gastado mucho en el proyecto y no hay razones para cerrarla”.
Declaración publicada en la revista Vía Libre con fecha de 21 de octubre de 2007.
Ayudemos a que sea del conocimiento del Mundo y que se cuestione al Gobierno Mexicano por las graves violaciones a nuestras garantías individuales, derechos humanos, derecho a la salud, las violaciones a los Convenios Internacionales, al Convenio 169 de la OIT, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Desde el mes de Enero de 2009, fue electo, tras la anulación de la elección ordinaria, un Concejo Municipal por el Congreso del Estado de Hidalgo. Dicho Concejo Municipal ha argumentado estar del lado de la población pero, la pasividad con la que está desarrollando su gestión deja mucho que desear.
La anterior Administración Municipal otorgó ilegalmente el Permiso de Operación faltante, por 25 años, para que la empresa empezara a enterrar los desechos en el vertedero.
El Actual Concejo Municipal ha declarado que no puede revocar tal permiso, pues, según argumento del Presidente del Concejo como de algunos Regidores no tienen los sustentos legales para hacerlo, pero tal parece que se les olvida que la gestión Municipal, así como también, las decisiones que emanen de los acuerdos del Cabildo son también Autónomos y cualquier intento de querer hacer creer a la población que no la tienen es tan solo seguirle el juego al Gobierno Federal y Estatal en su Imposición de querer poner en operación el Confinamiento a costa de lo que sea, aún si por ello tengan que llevarse la vida de muchos hermanos nuestros.
El Gobierno Federal y Estatal argumentan tener a la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal Fuerza de Tarea para realizar operativos de prevención de la delincuencia pero lo único que vienen a hacer esos cuerpos de Seguridad Pública a Zimapán es a resguardar los camiones de transporte de Residuos Peligrosos que llegan a verter tales en el Confinamiento, además de amedrentar a la población con patrullamientos de reconocimiento.
En los días pasados han entrado sigilosamente los camiones que transportan los desechos, lo han hecho bajo el ocultamiento y la complicidad de los integrantes del Concejo. En estos últimos días se ha hecho más intensa la entrada de camiones y el resguardo de los mismos a cargo de la Policía Federal también se ha intensificado pues lo hacen con cerca de 100 por cada entrada al municipio de 2 o 3 camiones.
El fin no justifica los medios, la gestión medioambiental de los residuos peligrosos no se soluciona con la creación de confinamientos, en el caso de Zimapán los medios están justificando el fin, aún cuando Zimapán no goza del Desarrollo Tecnológico que necesita de lugares de Disposición Final.
No estamos dispuestos a guardar silencio ante la depredación, la impunidad y la barbarie.
No estamos dispuestos a colaborar ni con la codicia, ni con la cobardía, ni con la complicidad, ni mucho menos con el olvido.
Pedimos la unidad de todo el pueblo de México para solidarse en la demanda del Pueblo de Zimapán de la salida inmediata de la PFP de Zimapán, así como también, al Concejo Municipal para que revoque el Permiso de Operación otorgado a la empresa BEFESA y emita el Cancelamiento Definitivo del Proyecto de Muerte del Confinamiento.
NO NOS QUIEREN INDIOS,
...MUERTOS NOS QUIEREN.
Sufragio efectivo, no imposición
La tierra es de quien la trabaja, no de quien la contamina
¡¡¡¡FUERA BEFESA DE ZIMAPAN!!!!
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
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Etiquetas: Contaminacion, ecologia, Hidalgo, trasnacionales, Zimapan
Miércoles 17 de Marzo 2009
San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca. Habitantes de San José el Progreso y Magdalena Ocotlán “clausuraron” la mina “San José” que forma parte de la compañía multinacional canadiense “Fortuna Silver Mines” para exigir el cierre definitivo de ese consorcio que atenta contra sus recursos naturales y representa un foco de contaminación para los pueblos de la región. De igual forma, los inconformes desconocieron al edil Oscar Venancio Martínez Rivera y nombraron una junta de gobierno municipal.
Según información actual de Fortuna Silver su proyecto, se encuentra en la etapa de ingeniería y permisos y después vendría la operación para obtener oro y plata; pero los habitantes de las comunidades cercanas San José del Progreso y Magdalena Ocotlán que se encuentran a menos de un kilómetro de la mina, ya resienten los efectos de las detonaciones de explosivos, que como resultado se han cuarteado sus casas, el despido de plomo y la contaminación de arroyos y mantos freáticos por el caldo acido que despide la mina.
Cabe resaltar que la compañía minera Cuzcatlán inició los trabajos del “proyecto San José”, en el 2007, de donde se tiene planeado obtener 12 millones de onzas de oro y plata.
El sacerdote Martín Octavio García Ortiz informó que el gobierno dio una concesión de 20 años a la empresa Cuzcaltán, aunque lo preocupante es que la minera, la cual cuenta con capital extranjero particularmente de la multinacional canadiense “Fortuna Silver Mines”, no sólo no consultaron a la comunidad sino que no informaron las consecuencias que esto va ocasionar en materia de salud y medio ambiente.
El párroco de San José del Progreso, manifestó que “el mismo gobierno al otorgar una concesión expone a los pueblos a todo lo que trae la explotación como es el cáncer con la contaminación ambiental, el desplazamiento de la gente, y la afectación a los mantos freáticos, entre otros”.
Aproximadamente de 1000 habitantes apoyados por el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo y de la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del Valle de Ocotlán, colocaron los sellos de “clausurado” y con la firma de los integrantes del Concejo de Gobierno Municipal de San José del Progreso Ocotlán, de las autoridades de Magdalena Ocotlán y de las agencias Maguey Largo y El Cuajilote, se pararon las obras hasta en tanto el gobierno no de tratamiento de solución de fondo, manifestaron los inconformes.
La clausura de la factoría se realizó a las 15:00 horas el día martes 17 de Marzo con la presencia de la Notario Público número 98, Teresa Peralta Ramos.
Los inconformes con la mina instalada en San José del Progreso externaron que el “resguardo del polvorín”, queda en manos de los representantes de la empresa Cuzcatlan porque “ustedes lo trajeron, ustedes lo cuidan”.
Los representantes de la empresa sostuvieron que “no venimos a atestiguar ni nos hacemos responsable del área de explosivos, situación que irritó a los manifestantes, quienes les advirtieron: “Si llegará a ver problemas los responsables serán ustedes”.
“Vamos a proceder de manera pacífica. No se está alterando el orden ni hay violencia. Que se cierre la mina y no vamos a descansar hasta su cierre total”, puntualizaron.
El representante de la coordinadora, Agustín Ríos, reiteró que los pueblos del Valle de Ocotlán, “nos promulgamos por un no rotundo a la minería” por la afectación que ya está causando con tanto explosivo.
Mientras que el secretario del Concejo Municipal, Juan Apolinar García Vásquez, acusó a las autoridades municipales de traidores y de corrupción por aprobar un proyecto sin consultar a los ejidatarios, comuneros y habitantes legítimos dueños.
Finalmente, denunció de actos represivos a los operadores de la empresa Jaime Castañeada Pedraza y Jorge Mario Ríos, quienes en contubernio con las autoridades corruptas del municipio han atentado contra su compañero Agustín Ríos.
También en las últimas informaciones el día 18 de Marzo siendo a las 2:00 de la tarde el delegado de Gobierno del distrito de Zimatlan – Ocotlán, junto con el Sr. Venancio Oscar Martínez Rivera Rivera presidente municipal de San José del progreso ha estado comprando autoridades y a otros han amenazado de cancelarles los recursos del ramo 28 si se suman a las voces de sus pueblos que exigen el retiro de las empresas mineras. También organizaron a un grupo de choque de priístas para pretender desestabilizar el municipio de San José del Progreso, situación que fue ignorado por los habitantes ratificando su firme rechazo a los proyectos trasnacionales que pretenden saquear a los recursos naturales y acabar con la naturaleza.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
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La economía del país ha pasado a ser propiedad de las Corporaciones y día con día nuestros consumos y modo de vida esta determinado por la oferta de productos a los que tenemos acceso.
Las corporaciones han pasado de ser uno de los agentes activos de la economía del país, a determinar no solo lo que consumimos sino nuestro estilo de vida estandarizando nuestra cotidianidad e influyendo en nuestra salud, empleo, economía, y cultura.
¿Como se sostiene esta influencia corporativa en la sociedad mexicana?
¿Además de la plusvalía, Cuales pueden ser los fines que en realidad están buscando?
¿De que manera están influenciando las prácticas de contratación laboral, violación a los derechos de los trabajadores y en general a la industria nacional?
¿Como afectan o controlan el Sistema Financiero Mexicano?
Estas preguntas y otras más podrán ser comentadas con nuestro invitado, Dr. Enrique Bonilla Rodríguez. Fundador y coordinador de la "FRENTE NACIONAL CONTRA WAL-MART," quien es ampliamente reconocido por su incansable labor para dar a conocer las prácticas monopólicas y las repercusiones de ésta y otras corporaciones en el mundo y en especial en México.
Con el tema:
DEFIENDETE DEL CONSUMISMO
"COMO CONTRIBUYE WAL-MART A LA CRISIS MUNDIAL"
LUGAR: AUDITORIO MUSEO CASA CARRANZA, RIO LERMA 35, Esq. río amazonas, entre la glorieta de la palma y la de Cuauhtemoc, (reforma e insurgentes) A LAS 19.00 HRS VIERNES 6 MARZO 2009
Entrada libre
FRENTE NACIONAL CONTRA WALMART es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, con la preocupación del inminente crecimiento monopólico de Wal-Mart México fuera de las leyes mexicanas.
"La preocupación del Frente Nacional contra Wal-Mart reside en que este consorcio maneja el 60.5% de las tiendas de autoservicio a nivel nacional, habiendo vendido en el 2007 la cantidad de 224,173 millones de pesos."
"Pese a nuestra Constitución, el monopolio Wal-Mart México contaba en el 2007 con 1,030 establecimientos, Wal-Mart México tiene proyectado contar con 2000 establecimientos en el 2010."
"Esto tiene consecuencias profundas en la sociedad. Al ser un monopolio, afecta el sistema financiero mexicano,"el desplazamiento de pequeñas y medianas empresas, desempleo entre otros
"Si a esto sumamos la violación a nuestras leyes y reglamentos laborales, fiscales, ecológicos y de desarrollo urbano, los estragos a corto y largo plazo traerán consecuencias para cada uno de los mexicanos."
A continuación un breve curriculum del Dr. Enrique Bonilla Rodríguez.
Licenciado en Administración de Empresas egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. 1970.
Maestría y Doctorado en Ciencias Administrativas en la División de Graduados del Instituto Politécnico Nacional. 1971-1974
Maestro a nivel posgrado en la especialidad de Finanzas en diversas Universidades como Unitec, Universidad del Valle de México, etc.…. 1998-
Libros Publicados
1.- Sistema Financiero Mexicano. Primera edición.
2.- Sistema Financiero Mexicano. Segunda edición. Las finanzas de nuestro país en comparación con las finanzas de los 5 países más importantes del mundo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia e Inglaterra.
3.- Organización y Análisis del trabajo para la Calidad Total.
4.- Sistemas de Información en la Dirección del Factor Humano.
Fundador y Coordinador del Frente Nacional contra Wal-Mart en el año 2004.
Integrante de la Red Tlaloc
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Etiquetas: consumismo, Frente Nacional contra Wal-Mart, trasnacionales
A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Las organizaciones que conformamos la coordinadora regional de organizaciones del Sur de Veracruz, México, manifestamos nuestra indignación, nuestro coraje y nuestra rabia contra la cruenta represión que el Estado Mexicano a través de sus fuerzas policíacas federales, estatales y municipales desató el día Martes 20 de Enero 2009 de las 9:30 a las 10:30 de la mañana contra los aproximadamente 800 campesinos de las comunidades rurales del municipio de Minatitlán que se manifestaban pacíficamente para exigir el cumplimiento de la promesa del gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltran de pavimentar su carretera.
El terrible saldo de esta salvaje agresión contra campesinos que no llevaban
ni un machete, ni un garrote siquiera en sus manos fue de compañeros
desaparecidos, heridos graves, muchos detenidos y al parecer muertos.
Exigimos de manera inmediata:
1.- La liberación de los detenidos
2.- La aparición con vida de los desaparecidos
3.- La atención medica de calidad a los heridos
4.- El castigo a los responsables de tal brutal represión
¡ BASTA DE QUE EN VERACRUZ LATE CON FUERZA
EL ENGAÑO Y LA REPRESIÓN!
¡ALTO A LA REPRESION CONTRA EL PUEBLO!
En Minatitlàn, Ver. a 20 de Enero de 2009
Coordinadora Regional de Organizaciones del Sur de Veracruz
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Etiquetas: campesinos, CROSV, Minatitlán, Represion, trasnacionales, Veracruz
■ Sugieren comodato o renta; la empresa ofrece 27 millones de dólares por 184 hectáreas
■ Invertiría 80 mdd en infraestructura para instalar un patio de maniobras en la terminal de carga
■ Ofrecería escrituras de predio para pedir crédito en el extranjero
■ Prepara el PRD otra propuesta
Ernesto Martínez Elorriaga (Corresponsal La Jornada)
Morelia, Mich., 20 de enero. Las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) desecharon la iniciativa del gobierno del estado para desincorporar y vender a la empresa Kansas City Southern las 184 hectáreas de la isla de La Palma, en el municipio de Lázaro Cárdenas, y propusieron cederla temporalmente en renta o comodato, informó Arquímides Oseguera Solorio, presidente de la comisión de Desarrollo Económico del Congreso de Michoacán.
El gobierno del estado dijo respetar la decisión del Congreso del estado, pero insistió en que la desincorporación de esos terrenos generaría inversiones y empleos para la zona costera de la entidad.
El legislador perredista dijo que no se ha dicho la última palabra y habrá por lo menos otra reunión antes de resolver este asunto, a más tardar el 22 de febrero. Dijo que los directivos de Kansas City tampoco desecharon la propuesta de los legisladores.
Comentó que las comisiones legislativas de Programación y Presupuesto, Desarrollo Económico, Hacienda y Deuda Pública analizan la desincorporación de las 184 hectáreas en favor de Kansas City y de 260 hectáreas más que se utilizarían para instalaciones industriales.
Se trata, dijo, de una empresa mexicana, pues 51 por ciento de su capital es nacional y 49 extranjero, y desea los terrenos para instalar un patio de maniobras, y terminales para el embarque y descarga de automóviles, granos, productos químicos y equipo industrial.
El 12 de enero representantes de Kansas City Southern iniciaron reuniones con diputados locales. Ese día les tocó a los del PRI, ayer en la mañana al PAN y por la tarde al PRD. La empresa ofreció pagar 27 millones de dólares por los terrenos e invertir 80 millones de dólares en infraestructura y desarrollo de la terminal. Además cedería algunos terrenos al gobierno del estado en Uruapan, Pátzcuaro y Nueva Italia.
El PAN envió al Congreso una iniciativa para reformar el Comité del Fideicomiso de Administración 2112 –que maneja el patrimonio del gobierno del estado en la zona portuaria– a fin de que se integren el alcalde de Lázaro Cárdenas y un miembro de la iniciativa privada. Según los panistas, estos cambios ayudarían a transparentar el manejo del fondo.
Los representantes de Kansas City pretenden pagar 13 dólares por metro cuadrado, de acuerdo con su propio avalúo. Informaron que si compran las 184 hectáreas usarían las escrituras como garantía para obtener en el extranjero un crédito de 80 millones de dólares.
Oseguera Solorio anunció que el PRD prepara otra propuesta en la que plantearía una “venta temporal y condicionada”.
El proyecto de vender los terrenos de la isla de La Palma comenzó el 13 de mayo de 2008 en una gira del gobernador Leonel Godoy Rangel por Lázaro Cárdenas. El mandatario firmó un convenio con los representantes de Kansas City para adquirir las 184 hectáreas.
Godoy presentó el decreto en julio anterior, pero fue desechado por los legisladores de oposición, quienes decidieron llevar a cabo un análisis detallado y posponer la decisión hasta febrero de 2009.
Se espera que en las próximas dos semanas haya otra reunión entre los representantes de la empresa y diputados.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
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Se avista solución al conflicto por la Isla de La Palma
Héctor Tapia (Cambio de Michoacán)
Domingo 18 de Enero de 2009
Esta semana estará llegando al municipio porteño de Lázaro Cárdenas una comisión legislativa y representantes del gobierno del estado para atender el conflicto de la Isla de La Palma, para dar pasos para destrabar las situaciones que no permiten que se avance en lo que se refiere al consentimiento de posesionarios de la misma y continuar buscando las estrategias para la desincorporación de poco más de 440 hectáreas.
Según se supo por parte de algunos posesionarios, la comisión de diputados que estaría en el puerto michoacano esta semana buscará tener acercamientos con ellos para atender y destrabar el conflicto que existe en estas tierras.
En días pasados el congresista Arquímedes Oseguera Solorio, por el distrito de este municipio porteño, había anunciado de la misma forma que esta semana habría una reunión entre representantes del gobierno del estado con los posesionarios de las tierras que se encuentran asentados actualmente en una de las entradas a la isla.
Son dos los casos que se tendrían que atender, por un lado el de la familia Avilés, quienes llevan trabajando las tierras, cerca de 120 hectáreas, luego de que el gobierno federal no hiciera nada con ellas después que las expropió, tal y como dictan las leyes agrarias, dicen, y que al querer desincorporar estas tierras tendrían pendiente el pago por éstas.
La familia Avilés, en estas más de 100 hectáreas, tiene cultivadas varias hectáreas con limón, otras con mango, árboles que a simple vista llevan plantados ya varios años, pues están ya en proceso de producción, por los cuales se tendrían que pagar la liquidación sobre las mismas si es que se logra convenir sobre estas tierras.
Por otro lado, se encuentra a los cerca de cien posesionarios que llevan protestando desde los últimos meses del año pasado, y que fueron desalojados el 19 de diciembre por parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Estatal Preventiva, para dejar libres las tierras de la Isla de La Palma.
Lo que tienen en común estos posesionarios con los que se pretende el acercamiento por parte del gobierno del estado, así como parte de los legisladores, es que ambos piden una indemnización que corresponda a lo que valen las tierras, es decir que sea justa a sus demandas, aunque dicen estar abiertos a negociar.
Son cerca de 440 las hectáreas que están en proceso de desincorporación del Estado, al ser éste el propietario, a través del Congreso del Estado, para utilizarlas para diversos proyectos de desarrollo económico regional, entre los que se encuentran la construcción del Recinto Fiscalizado Estratégico, un parque industrial, entre otros.
De la misma forma, la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM) solicitó al gobierno del estado, bajo las reglas que este último establezca, el comodato de más de 100 hectáreas para la construcción de una terminal multimodal en esa isla, donde habría de invertir 80 millones de dólares.
Vuelven a impedir el acceso a los ocupantes de la Isla La Palma
Héctor Tapia (Cambio de Michoacán)
Jueves 15 de Enero de 2009
El conflicto entre quienes se dicen ejidatarios de la Isla de La Palma y gobierno del estado volvió a tensarse; esta mañana elementos del Grupo de Operaciones Especiales les impidieron de nueva cuenta el acceso.
Los cerca de cien ocupantes que se mantienen en la entrada de la Isla de La Palma, ubicada en la tenencia de Guacamaya, denunciaron que el gobierno del Estado quiere construir una barda perimetral a la isla para dejarlos fuera de las tierras.
Son 440 hectáreas las que están queriendo ser desincorporadas a través del Congreso del Estado para el establecimiento de un parque industrial, además de las más de 100 hectáreas que pretende conseguir la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México para la construcción de una terminal multimodal.
Los ejidatarios aseguran estar en completa disposición al diálogo con el gobierno del estado sobre la venta de estas tierras, siempre y cuando lleguen a un acuerdo que les satisfaga, sin embargo –aseguran-, el gobierno no se ha acercado.
Cabe señalar que el 19 de diciembre pasado, el gobierno del estado desalojó del interior de la isla a todos los ocupantes y no los dejó entrar a las tierras a trabajar durante dos días.
Hasta hoy habían estado trabajando normalmente, sin tomar posesión de las tierras, hasta que a las seis de la mañana de este jueves, ya no los dejaron entrar.
Los ejidatarios piden un pago justo por sus tierras, ya que no se oponen, dicen, al desarrollo industrial y comercial de la región.
Bloquearon ejidatarios y policías acceso a la isla de La Palma; esperan comisión negociadora
CARLOS TORRES OSEGUERA (Corresponsal La Jornada Michoacán)
Lazaro cardenas, 13 de enero.- Ejidatarios de La Palma están a la espera de una comisión negociadora con el gobierno del estado encabezados por el diputado local Arquímedes Oseguera, “para definir con papeles en mano” la propiedad de 645 hectáreas, señalaron, luego que se dio un bloqueo por más de dos horas en el acceso a la isla, exigiendo los ejidatarios el retiro de una máquina que al parecer trabajaba en la instalación de una cerca. El bloqueo afectó la salida de graba arena de una cribadora instalada en la isla propiedad justamente de Paula Solorio, madre del diputado Arquímedes Oseguera.
Desde el 19 de diciembre en que policías del estado disolvieron el bloqueo que ejidatarios del ejido Zacatula mantenían en uno de los accesos de la isla de La Palma, dentro de la delta del río Balsas, uniformados por un lado y ejidatarios por el otro se han mantenido en el lugar sin perturbar las actividades de paso de vía por el lugar hasta ayer, en que los campesinos exigieron el retiro de una máquina que al parecer hacía hoyos para construir una cerca, lo que alertó a los policías ocasionando un bloqueo momentáneo con vehículos de ambas partes.
Tras esta situación se apareció Paula Solorio, aseguran los ejidatarios, viablemente enojada porque le estaban afectando en la extracción de graba arena de un banco de material que la familia del diputado Arquímedes Oseguera explota a la margen del río dentro de la cuestionada isla de La Palma.
En tanto, los ejidatarios señalan que esperan en esta semana una comisión del estado de Michoacán liderada por el legislador que definirá la situación del terreno en cuestión; en tanto, los ejidatarios reprocharon que los medios informativos estén dándoles trato de invasores, “tenemos más de 10 años trabajando la tierra porque es nuestra”, aseveraron, y dicen tener los “papeles en mano para demostrarlo”.
En una síntesis del conflicto, recordaron que en 1982 el desaparecido Fondepor (Fondo Nacional para el Desarrollo Portuario) adquirió 440 hectáreas de la isla de La Palma quedando sin negociarse 205 hectáreas que siguieron en propiedad de los ejidatarios; sin embargo, al transcurrir cinco años en que el gobierno no hizo uso del terreno, dicen que existe una cláusula en la compra-venta que les da el derecho a reutilizar la tierra, y ante ello demandan que les paguen una vez más las 440 hectáreas y las 205 más que nunca fueron pagadas.
Los reclamantes dicen que son “como 100 ejidatarios” expresamente del ejido Zacatula, comunidad del estado de Guerrero, asentada a la otra ribera del río, frente a la isla, rechazando una negociación que se dio en 2007 cuando el gobierno del ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel hizo un pago a ejidatarios para liberar el territorio en disputa.
“Se trata de 19 personas las que cobraron confabulados con el comisariado ejidal y otra gente que ni siquiera son posesionarios de terrenos en la isla”, aseveraron, en tanto dicen que se mantendrán en el lugar hasta que se resuelva el conflicto.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
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Etiquetas: ejidatarios, Gobiernos Perredistas, Isla de la Palma, Michoacan, Represion, trasnacionales
Empresas extranjeras operan en los ramos agrícola, turístico, inmobiliario o minero, según legisladores rurales.
Arturo Gómez / El Sol de México
Ciudad de México.- Empresas transnacionales se están apoderando de grandes extensiones de tierras, en su mayoría ejidos, ante la ambigüedad en las leyes para impedirlo y llevar un registro, advirtieron legisladores del Frente Nacional del Sector Rural.
Heladio Ramírez López, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, calificó de preocupante que la Procuraduría Agraria, lejos de cumplir con su labor de defender los derechos de los campesinos, se haya convertido en un organismo o agente de bienes raíces.
Legisladores del Frente Nacional del Sector Rural advirtieron de la compra de grandes extensiones de tierras por empresas transnacionales, ante la ambigüedad en las leyes para impedirlo y llevar un registro. Además, alertaron que el Gobierno federal impulsa "calladamente" la formación de nuevos latifundios al amparo de la reforma al artículo 27 Constitucional.
Heladio Ramírez López, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, calificó de preocupante que la Procuraduría Agraria, lejos de cumplir con su labor de defender los derechos de los campesinos, se haya convertido en un organismo o agente de bienes raíces y, como ejemplo, citó las cien mil hectáreas que mediante una "bolsa de la tierra" pretende ofertar a inversionistas nacionales y extranjeros.
Apuntó que aunque la Procuraduría Agraria refiere que únicamente un millón 500 mil hectáreas de tierras ejidales han pasado a propiedad privada, "lo que necesitamos es una evaluación precisa de la propiedad ejidal, sobre todo de aquellos núcleos agrarios ricos en recursos minerales, turísticos y forestales que sigilosamente han pasado a manos de terratenientes o transnacionales".
Coincidió con el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, en que por la propia ambigüedad en las leyes que eximen a la Secretaría de la Reforma Agraria de llevar un registro sobre la venta de tierras ejidales, no se sabe qué extensión de los 105 millones de hectáreas entregadas a los campesinos una vez concluido el reparto agrario en 1992, están en manos de empresas o transnacionales.
Ambos legisladores denunciaron que con el pretexto de que es necesaria la inversión privada para producir alimentos básicos, se está entregando el ejido y las tierras comunales a todo tipo de inversionistas que las compran a precios ínfimos ante la necesidad económica y condiciones de pobreza en que subsisten la mayoría de los campesinos.
"PUNTA DE LANZA"
Lamentaron que en este despojo a los campesinos se esté utilizando a la Procuraduría Agraria como "punta de lanza" para que vendan sus tierras o se "asocien" con las transnacionales, mediante convenios supuestamente productivos que al final los dejan sin tierras y sumidos en una mayor pobreza.
Para el diputado Enrique Benítez Ojeda, esa estrategia malsana está regresando al país a la época de los grandes latifundios del Porfiriato, lo que obliga a una revisión urgente de la situación que guarda la tenencia de la tierra y la creación de un nuevo marco legal agrario que impida que transnacionales o traficantes de tierras continúen apoderándose de la propiedad comunal o ejidal.
"El espíritu de la reforma al 27 Constitucional es que los campesinos, apoyados con financiamiento y otros programas complementarios, tengan la facultad de asociarse para hacer rendir más sus tierras y no que las vendan o las renten al mejor postor", señaló.
"En ese programa se prevé que los propios ejidatarios o comuneros se asocien con el gran capital para proyectos inmobiliarios, mineros o de producción agrícola, lo cual es impensable si consideramos que 92 por ciento de los campesinos están en extrema pobreza y de ellos un 52 por ciento siembra para el autoconsumo", puntualizó Heladio Ramírez.
Anotó que ni con el presupuesto histórico de 236 mil millones de pesos del Programa Especial Concurrente se podrá rescatar a los más de cinco millones de campesinos sumidos en pobreza extrema, debido a que las reglas de operación de esos apoyos gubernamentales están dirigidas a beneficiar a los productores medios o empresarios que sí puedan bajar esos recursos aportando una parte del capital para la siembra.
AVANZA EL LATIFUNDISMO
Heladio Ramírez Flores también sostuvo que empresas como Syrgenta, Bunge, ADM, Arcor, Unilever, CarGill y Fargo, entre otras, que han obtenido grandes ganancias con el procesamiento y encarecidas ventas de alimentos, pretenden o ya se han apoderado de grandes extensiones de tierras para sus monocultivos, aprovechando la situación de pobreza de millones de campesinos.
Dijo que un ejemplo del despojo a los campesinos de sus tierras a cambio de una magra cantidad económica, es la reciente venta de 36 parcelas ejidales de playas en Quintana Roo al empresario Roberto Hernández.
Señaló que la venta de tierras ejidales es un problema serio que debe atenderse a la brevedad, porque significa que miles de campesinos se están quedando sin su único patrimonio, lo que acentuará la pobreza, despoblación del campo y la dependencia alimentaría que hoy significa la importación del 60 por ciento de los alimentos que consumimos.
Por su parte, la secretaria general de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Hilaria Domínguez Arvizu, señaló que entre 80 y 90 por ciento de la tierra ejidal y comunal en el norte del país ha sido vendida o es rentada ante la imposibilidad económica de los campesinos para hacerla producir.
Destacó que la venta de tierras se acentuó en 2008 por la caída en las remesas que reciben las familias ejidatarias y el encarecimiento de las semillas e insumos para producir.
La dirigente cenecista urgió de las autoridades agrarias una mejor orientación de los ejidatarios o comuneros que deseen vender sus tierras porque en muchos casos, luego de la venta, se comprueba que existen en el subsuelo yacimientos minerales, acuíferos potenciales e incluso gas y petróleo.
Domínguez Arvizu subrayó que es necesario un nuevo marco legal que impida la venta de grandes extensiones de tierra a transnacionales.
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Etiquetas: campo, ejido, trasnacionales
■ Tuvimos que cerrar a causa de la caída de los precios de los metales, afirma el gerente
Javier Valdez Cárdenas (Corresponsal La Jornada)
Culiacán, Sin., 27 de diciembre. La empresa minera de capital canadiense Scorpio Mining Corporation cerró su planta de extracción ubicada en la zona alteña del municipio de Cosalá, en la reserva ecológica propiedad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y despidió a sus 160 empleados, debido a la crisis económica.
Apenas el 30 de mayo pasado, Roger Scammell, uno de los propietarios de esa mina, y Jesús Aguilar Padilla, gobernador de Sinaloa, dieron el banderazo de arranque de la planta, que tuvo una inversión de 70 millones de dólares. Pero todo se vino abajo debido a la crisis en Estados Unidos y la planta cerró en noviembre.
“Hice un plan de restructuración de la mina… con la caída de los precios de los metales teníamos que cerrar”, informó Eric Vinet, gerente de Scorpio.
De 280 empleados con que se contaba inicialmente, agregó, sólo quedan 20, que se dedican a operar el molino.
Se le preguntó cuánto tiempo permanecerá cerrada la mina. Respondió: “no sé (...) el molino sigue trabajando; me gustaría volver en enero, pero dos semanas nada más, depende, porque la crisis nos afectó, al bajar el precio de los metales”.
En los ocho años pasados, Cosalá fue uno de los 20 centros mineros más ricos del mundo, y en 1824 sede del gobierno del estado; recientemente la región fue declarada patrimonio cultural de México y pueblo mágico.
La zona de la reserva ecológica –propiedad de UAS– es rentada por 5 mil dólares mensuales a Minera Cosalá, filial de Scorpio, desde septiembre de 2007.
“Todo se opacó”
Loreto Trujillo, propietario de camiones de carga, trabajó casi dos años para Scorpio y llegó a ganar 4 mil pesos al día.
“Trabajaba diario, y ahorita, de 15 días, sólo unos tres. Andamos buscando chambita aquí y allá.” Con el cierre de la mina, agregó, “todo se opacó”.
“La minera le daba vida al pueblo. Había mucho auge, movimiento y ahora todo está calmado, por la mina y la crisis. Dicen que es en todo el mundo. Ojalá y abra pronto. La gente está, como decimos en Cosalá, agüitada, hasta en los abarrotes se siente.”
–¿Como a cuántos empleados despidieron?
–Se oyó decir que eran arriba de 200; ahorita siempre tienen personal trabajando en el molino; en la mina nomás hay gente que se encarga de las bombas, para que siempre estén prendidas, porque si no, se llenan de agua.
María de Jesús Violante López, habitante de La Estancia, muy cerca de la planta, trabajó siete meses en la mina y su sueldo era de mil 500 pesos semanales y a veces mil 700, pero el 18 de noviembre le llegó su liquidación: 20 mil pesos. “Muy buenos”, dice, pero anhela trabajar.
En la zona donde salía el concentrado de plomo y zinc, narra, trabajaban 80 personas en cada turno, entre ellos nueve mujeres. En noviembre, los supervisores les informaron que tenían que despedirlos.
Violante López ayudaba con su sueldo en los gastos de su hogar, por primera vez. Cuenta con orgullo que ganaba más que los 2 mil 300 pesos de su esposo, quien es velador en la preparatoria de la UAS.
El alcalde Juan José Ramírez pidió el apoyo de las autoridades federales y estatales para que den trabajo a los despedidos.
“Estamos trabajando fuerte en este problema, pero sí nos impactó, porque 120 familias desprotegidas, sin trabajo, adónde vienen a dar: al gobierno municipal. No tenemos trabajo, la mayoría de la gente que viene aquí viene a pedir: dame para comer, tengo a mi hijo enfermo, necesito apoyo. Es muy difícil esta situación para mí como alcalde.”
El problema, aseguró, se suscitó porque Scorpio cotizaba en la bolsa y con la volatilidad de los mercados salió afectada, y se dedicó sólo a explotar plomo, oro y zinc, cuyos precios se vinieron abajo, no así el cobre, que se mantiene estable.
“Una cosa que nos ha ayudado es que hay dos minas. La minera Cosalá y la Humaya. La Humaya es de menor capacidad, pero de mayor inteligencia: ellos sí estaban trabajando el cobre, lo están vendiendo y eso les da sostenibilidad y sus empleados tienen el trabajo tranquilo.”
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Etiquetas: empleo, mineras, mineros, Sinaloa, trasnacionales
Carolina Gómez Mena (La Jornada)
No obstante la crisis económica y las graves afectaciones que ha generado en las principales empresas automotrices del mundo, y por ende en el mercado de las llantas, en la planta que posee Continental Tire en San Luis Potosí no se espera que haya reducción de personal ni paros técnicos, como tampoco afectaciones salariales, afirmó José Espinoza Rocha, quien a partir del próximo día primero de enero fungirá como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México (SNTGTM).
En entrevista, el dirigente electo, quien estará al frente del gremio hasta el 31 de diciembre de 2011, precisó que lo anterior se desprende de la reciente negociación con la empresa, en la cual debieron aceptar una reducción diferida de 20 por ciento en sus salarios, a condición de que no se disminuyera más la cantidad de puestos de trabajo, pues durante los últimos años se han perdido cerca de 500 plazas.
Indicó que tal situación se derivó de una demanda económica interpuesta por la empresa, considerada la cuarta más importante a escala mundial en la fabricación de neumáticos, en la que “la patronal exigió una reducción salarial de 50 por ciento, la modificación de 30 cláusulas del contrato-ley de la industria hulera, suprimir la semana laboral de cinco días y reducción de aguinaldo, prima vacacional y días festivos”, comentó Espinoza Rocha.
Finalmente, la negociación se extendió de enero a agosto de este año, y fue “muy dura, hubo necesidad de ceder algunas cosas”, debido a que era evidente que la empresa reducía plazas por los procesos de automatización introducidos y porque, dada la experiencia de los sobrecargos, los cuales también han experimentado este tipo de demandas, “no es deseable que sea un tercero el que determine las condiciones de trabajo”, esto es, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
“Logramos una negociación en la que al final aceptamos una reducción salarial de 20 por ciento diferido; directamente fue de sólo 10 por ciento y el resto es contra revisiones salariales, por lo que en las próximas negociaciones, si por ejemplo hay cinco por ciento de incremento, no tendremos nada, y si hay más de eso, nos darán sólo la diferencia.”
Planteó que con lo cedido, los trabajadores ya hicieron con anticipación los esfuerzos por soportar la crisis. “El paso que dimos fue muy importante, porque antes de que detonara la crisis, nosotros ya estábamos en negociaciones para reducir el costo que nos traería”, dijo.
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Etiquetas: Obreros, San Luis Potosi, Sindicatos, trasnacionales
GM, Chrysler y proveedoras adelantaron vacaciones; 12 mil obreros pararán hasta febrero
■ Acepta la CMT “jugadas de sacrificio”, como la rebaja de 50% al salario, “para salir adelante”
Leopoldo Ramos (Corresponsal La Jornada)
Saltillo, Coah., 23 de diciembre. La economía del sureste de Coahuila está prendida de alfileres debido a la crisis en la industria automotriz, principal generadora de empleo e ingresos en Saltillo y Ramos Arizpe, entre otras ciudades.
Los efectos ya empezaron a sentirse: en los últimos 10 días las empresas –previo acuerdo con sindicatos y autoridades– adelantaron las vacaciones de unos 30 mil obreros, lo que mermará sus salarios. En el mejor de los casos, los trabajadores estarán fuera lo que resta de diciembre y en la primera semana de enero podrían reincorporarse.
Sin embargo, entre 10 mil y 12 mil trabajadores no correrán la misma suerte, pues las empresas para las cuales trabajan suspenderán operaciones por lo menos hasta mediados de febrero.
Durante este periodo de seis a ocho semanas, los obreros tendrán dos opciones: conformarse con la mitad de su salario o buscar otra fuente de ingresos.
Las armadoras General Motors y Chrysler, que tienen plantas en Saltillo y Ramos Arizpe y ocupan a unos 10 mil obreros, así como docenas de compañías proveedoras, que dan empleo a unas 25 mil personas, acordaron con el gobierno y líderes sindicales aplicar medidas “de sacrificio” con las cuales los empleados llevan la peor parte.
Por ejemplo, ante cualquier riesgo financiero, las empresas, individualmente o en grupo, podrán adelantar las vacaciones de su personal y recortar salarios hasta 50 por ciento.
De acuerdo con el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, esta medida es “mucho menos dolorosa” que un despido masivo. A su juicio, los obreros deben “aguantar” con ingresos más bajos cada vez que las empresas tengan problemas económicos.
El dirigente cetemista anticipó que en las negociaciones salariales para 2009 los sindicatos de la industria automotriz sólo buscarán que las empresas garanticen el incremento de 4.6 por ciento directo al salario, sin mejoría en prestaciones, a fin de “privilegiar el empleo”.
“Tenemos que evitar que nuestros trabajadores se vayan a la calle”, por ello se recurrirá a “jugadas de sacrificio” para que “podamos salir adelante, porque lo más impopular sería recurrir a los despidos masivos, anotó.
Por lo pronto, este lunes General Motors de México sacó de su complejo industrial en Ramos Arizpe a unos 4 mil 600 operarios (alrededor de 75 por ciento de su personal), quienes no regresarán a laborar antes del 22 de febrero.
“Desde hace una década General Motors suspende sus actividades la última semana de diciembre y otorga vacaciones a los trabajadores, pero a partir del 2 de enero se juntará con el paro técnico y una parte de los trabajadores regresará el 2 de febrero y otros el 22”, señaló el titular de la Secretaría de Fomento Económico en el estado, Jorge Alanís Canales.
General Motors suspenderá operaciones en las líneas de fabricación de sus modelos Chevy, HHR, Saturn Vue y Captiva.
Lo anterior se suma al paro en las tres plantas de Chrysler en Coahuila (dos en Saltillo y una en Ramos Arizpe), donde se redujo a la mitad el salario de unos 7 mil trabajadores.
El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, instó al presidente Felipe Calderón a aplicar de inmediato acciones que fortalezcan el mercado nacional de automóviles.
Moreira propuso cancelar o suspender el cobro de la tenencia vehicular y del impuesto sobre vehículos nuevos, y que se cierre el ingreso de vehículos compactos fabricados en Brasil y otros países.
Puntualizó que estas medidas incrementarán la posibilidad de que los mexicanos compren vehículos nuevos fabricados en México. Esta medida aliviaría a las armadoras y a los estados donde están establecidas ante el colapso de las ventas en Estados Unidos y otros mercados.
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Etiquetas: Coahuila, empleo, trasnacionales