Agreden a opositoras de proyecto eólico en Oaxaca

Amnistía Internacional emitió una acción urgente para proteger a indígenas zapotecas de Unión Hidalgo

Patricia Briseño

Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente para proteger a indígenas zapotecas de Unión Hidalgo, en la región del Istmo de Tehuantepec, que fueron agredidos el pasado fin de semana por trabajadores contratados por la compañía que construye un parque eólico en sus tierras.

Además transmitió al gobernador Gabino Cué su preocupación por la seguridad de los integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo y de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa del Territorio, "ya que recientemente sus integrantes han sido amenazados por el personal de seguridad de la compañía que busca construir un parque eólico en sus tierras”.

Expone que las defensoras de los Derechos Humanos (DH) Bettina Cruz Velázquez y Maribel González, quienes están acompañando a los comuneros opositores al corredor eólico del Istmo, “han recibido amenazas de muerte lo que pone en riesgo su vida”.

La acción urgente emitida por AI pide que les provea de una adecuada protección a la comunidad y a las y los defensores de DH que apoyan su protesta, especialmente a quienes han sido objeto de amenazas por el personal de la compañía constructora.

Asimismo, le solicitó que realice una investigación independiente e imparcial con respecto a los ataques e intimidaciones, y que los responsables sean llevados ante la justicia; así como asegurar que la compañía tome medidas para prevenir las agresiones por parte de su personal.

El organismo internacional demanda a las autoridades responsables que se aseguren de obtener el consentimiento previo e informado de las comunidades indígenas para construir el parque eólico, sobre una base de información confiable y precisa, sobre los impactos del proyecto.

AI recordó que el pasado 21 de octubre al invadir las tierras pertenecientes a Unión Hidalgo donde se proyecta el parque eólico, un ex oficial de policía y empleado por la compañía para garantizar la seguridad del proyecto, amenazó a la activista Lucila Bettina Cruz Velázquez: “Si vuelves por acá te vamos a quemar y te vamos a matar”.

A otra activista, Maribel González, le dijo: “Váyanse que los vamos a matar”.

Cuatro hombres a los que se identificó como empleados de seguridad de esta compañía golpearon a Arquímedes Gómez, un maestro local que apoyaba a la comunidad. Él fue golpeado en las costillas varias veces y amenazado con un martillo, relató AI.

El viernes pasado en la Carretera Panamericana, en inmediaciones de La Venta, comunidad de Juchitán, integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico Piedra Larga de Unión Hidalgo, se manifestaron para expresar su inconformidad con la represión y violencia promovida en su contra por la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), filial de la compañía española Renovalia Energy.

Durante esa jornada fueron agredidos por supuestos simpatizantes del proyecto, arrojando un saldo de un muerto y unas 20 personas lesionadas.

De acuerdo con versiones de testigos, el agente municipal de La Venta, Ventura Ordaz Santiago, encabezó la agresión junto con los trabajadores contratados por la empresa Demex.

Los atacantes fueron respaldados por supuestos taxistas y camioneros materialistas de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), así como por policías municipales de Juchitán de Zaragoza.

En el ataque, resultaron lesionados más de 20 opositores al parque eólico, entre ellas la defensora de DH Lucila Bettina Cruz Velázquez.

Uno de los “golpeadores”, Reynaldo Ordaz Velásquez, sobrino del agente municipal de La Venta y chofer de la empresa eólica DPH, murió por disparos de arma de fuego durante el enfrentamiento.

Ante esto, organizaciones defensoras de los recursos naturales y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) demandaron el cese a la criminalización y persecución en contra de los opositores al proyecto eólico Piedra Larga y respeto de los defensores de DH Bettina Cruz Velázquez, Rodrigo Peñaloza, Juan Regalado Martínez y Maribel González.


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Molinos de viento: el rostro del despojo

Luis Hernández Navarro

Al maestro Rodrigo Flores Peñaloza lo quieren acusar de la muerte de Reynaldo Ordaz Velásquez. Reynaldo falleció el pasado 28 de octubre en el tramo La Ventosa-La Venta de la carretera Panamericana, en Oaxaca. Era empleado de la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex, filial de la española Renovalia Energy). Participaba en la represión a un grupo pacífico de indígenas zapotecos que protestaban contra la empresa.

Pero da la casualidad que ese día Rodrigo Flores, que es dirigente del Frente por la Defensa de la Tierra y los Territorios del Istmo de Tehuantepec, e integrante de la Comisión Política de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, se encontraba a muchos kilómetros del lugar de los hechos.

El hostigamiento a Rodrigo no es nuevo. Desde hace meses, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los empresarios andan tras él. Apenas en junio se le acusó de ser probable responsable en la comisión del delito de amenazas, lesiones y demás contra una empleada de seguridad de la empresa Demex. El Ministerio Público Federal, con sede en Matías Romero, le giró una orden de presentación por su participación en las manifestaciones contra las altas tarifas eléctricas.

A mediados de junio de este año, indígenas del municipio Unión Hidalgo bloquearon la entrada del parque eólico Piedra Larga, construido en ese municipio por Demex. En junio, al grito de “¡Aquí está la ley!”, empresarios españoles acompañados de policías estatales intentaron desalojar a campesinos de sus propias tierras. Según Flores Peñaloza, “los campesinos se dieron cuenta de que los españoles les hicieron firmar un contrato leonino de renta de tierras y ahora están exigiendo que las autoridades judiciales anulen el convenio”.

Pero Demex quiere las tierras de Unión Hidalgo. Y ante los intentos de los empleados de la empresa por apoderarse de ellas, diferentes organizaciones sociales de la región, entre ellas el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec y la sección 22 del SNTE iniciaron una jornada de movilización el pasado 24 de octubre, con protestas en Unión Hidalgo, Juchitán y Zanatepec.

Como parte de esta jornada, el 28 de octubre la coalición opositora bloqueó la carretera Panamericana. Un grupo de 50 policías municipales, golpeadores, líderes de la CTM y caciques, pertrechados con armas de fuego y machetes, y dirigidos por Ventura Ordaz Santiago, los atacó con lujo de violencia. Durante 45 minutos los machacaron a golpes y patadas. Faltando 15 minutos para las 5 de la tarde, los agredidos lograron escapar. Poco después, cerca de las 5 de la tarde, se reportó la muerte de Reynaldo Ordaz.

Las protestas en Unión Hidalgo son parte de un amplio movimiento social que rechaza la construcción de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec. Sin tener la menor idea de lo que sucede en la región, a finales de 2010 la secretaria de Energía de México, Georgina Kessel Martínez, expresó que la oposición a los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, específicamente en Unión Hidalgo, “son cosas del pasado”. (La Jornada, 3/12/10).

El parque eólico, que se construirá sobre una superficie de mil hectáreas de tierras ejidales, comunales y de pequeños propietarios y tendrá capacidad de 90 megavatios, no abastecerá de electricidad a los pobladores del municipio, sino a 65 centros de las empresas Bimbo y Femsa.

Los habitantes de Unión Hidalgo se oponen a que se construya el parque eólico Piedra Larga en sus tierras, “por la total ausencia del consentimiento previo, libre e informado, los contratos de arrendamiento fraudulentos y las afectaciones ambientales no remuneradas en nuestras tierras”. Según ellos, el proyecto no garantiza “condiciones de desarrollo sustentable, ni protección de los derechos humanos, ni del medio ambiente”.

El proyecto eólico del istmo de Tehuantepec ha convulsionado la región y precipitado un enorme número de conflictos sociales. Desde 1999 grupos de ejidatarios iniciaron un movimiento de protesta motivado por los bajos precios que pagaba la CFE por la ocupación de las tierras y por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al ejido. Las comunidades indígenas han sufrido el despojo “legal” de más de 12 mil hectáreas de su propiedad, en lo que constituye una contrarreforma agraria de largo aliento. El uso del suelo ha cambiado y se ha abandonado la producción de alimentos. A cambio, un grupo de empresas trasnacionales, en su mayoría españolas, se han beneficiado con el respaldo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de Felipe Calderón y de los caciques del Partido Revolucionario Institucional.

El despojo y privatización se opera por conducto de contratos de arrendamiento de tierras amañados y leoninos, que favorecen a las empresas trasnacionales, con duración de 30 años, renovables automáticamente por otros 30, y por los que, con frecuencia, se paga a los dueños de las tierras 150 pesos anuales por hectárea. Se trata, sin más, de un proyecto de despojo disfrazado de renta, de usufructo y de servidumbre de paso.

Esos contratos se firmaron acompañados de promesas de desarrollo y bienestar para los campesinos y la región. Sin embargo, con el paso de los años los campesinos se han encontrado con la destrucción de sus tierras, engaños, afectaciones, abusos, amenazas, intimidación, enfrentamientos intercomunitarios y problemas entre pueblos.

Por muchas comunidades están convencidas de que el Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto del capital privado nacional y trasnacional que despoja a los pueblos de su patrimonio biocultural, en beneficio únicamente de las empresas que generan energía eléctrica con su viento y sobre su tierra.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Istmo: Denuncia contra Megaproyecto Eólico

Juchitán, Oaxaca, a 24 de Junio de 2011

DENUNCIA PÚBLICA

A la prensa nacional e internacional,
A los organismos de los derechos humanos
A la sociedad civil nacional e internacional
A los Medios de Comunicación Comunitarios, nacionales e internacionales
A los pueblos en general

Ejidatarios y Ejidatarias de Unión Hidalgo, indígenas zapotecas, continuamos denunciando enérgicamente la forma en que empresas extranjeras en contubernio con el gobierno federal, estatal y municipal continúan despojándonos de nuestras tierras y territorio. Las empresas extranjeras, la mayoría españolas llegaron al Istmo de Tehuantepec arrendando las tierras ejidales y comunales y de pequeña propiedad, con la intención de construir parques eólicos y abastecer de energía eléctrica a otras empresas. Estas transnacionales prometieron grandes beneficios y desarrollo, para instalar el Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec, sin embargo al día de hoy lo que vemos es una política de abuso e intimidación en contra de las y los dueños de las tierras.

El día de ayer 23 de junio del presente, representantes de la empresa españolas DEMEX se presentaron con lujo de violencia a nuestros terrenos ubicados en la Fase 1 Las Palmas Zapotal del Polígono Piedra Larga en que DEMEX proyecta construir un parque eólico para abastecer a la empresa BIMBO (según declaraciones de Georgina Kessel). La intención de los representantes de DEMEX era desalojarnos de nuestros propios terrenos, amenazándonos e intimidándonos con la presencia de la Agencia Estatal de Investigación quienes declararon que se sigue una investigación penal en nuestra contra por oponernos a un falso desarrollo y a un contrato leonino a todas luces. En todo momento los representantes de la empresa española DEMEX contaron con la protección de los Agentes Estatales de Investigación, quienes armados y a bordo de una camioneta blanca Nissan sin placas observaban y resguardaban a los empresarios españoles.

El 24 de mayo del presente año decidimos en asamblea de inconformes cercar nuestros terrenos al ver las grandes e irreparables afectaciones que han realizado en nuestras tierras, cosa que no nos explicaron al momento de contratar, diciéndonos solamente que serian afectaciones mínimas. Toda esta situación hace evidente la violación a los derechos de los pueblos indígenas zapotecas ya que la empresa DEMEX entro a nuestro territorio sin darnos la información necesaria y efectiva, esto en complicidad con las autoridades el gobierno estatal y federal y en flagrante violación al convenio 169 de la OIT que establece condiciones claras de protección para las tierras de los pueblos indígenas en su Artículo 17 inciso 3 que a la letra dice: “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.”

A mas de 5 Años de que llegaron los representantes españoles de DEMEX a Unión Hidalgo lo que tenemos es;

• La firma de un contrato leonino, que de haber sabido su contenido y consecuencias nunca hubiéramos firmado

• nos prometieron pagos por afectaciones a nuestras tierras, que si bien no firmamos, por que confiamos en su palabra, se han negado a cumplir, y ahora que les exigimos que cumplan, nos mandan a la policía y nos reprimen.

• La empresa DEMEX con quien firmamos los contratos, ha cedido los derechos sobre nuestra parcelas a otra empresa que no conocemos, sabiendo solamente que NAFINSA esta financiándolos con dinero publico.

• Se han coludido con el presidente municipal, con el gobierno del estado y el gobierno federal. Para AMENAZARNOS, emplean la fuerza publica estatal para que la empresa siga destruyendo nuestras tierras y nuestra cultura.


Ante esto reiteramos:

• nuestra lucha de resistencia frente a la invasión extranjera y del Megaproyecto Eólico transnacional

• el rescate de la dinámica de la propiedad colectiva, constituyéndonos en asamblea y nombrado a nuestros propios representantes para defender nuestros derechos como pueblo indígena.


Exigimos:

• La cancelación del Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec por violentar los derechos de los Derechos de los pueblos indígenas.

• Cancelación de los contratos civiles de arrendamiento que firmamos con DEMEX,

• La cancelación de las Averiguaciones Previas y órdenes de aprehensión que obren en contra de todos los que nos oponemos al despojo de nuestro territorio.

• Exigimos al Gobierno de Gabino Cue que defina si está del lado de los pueblos o al lado de las empresas!


Atentamente:

Ejidatarios de Unión Hidalgo, afectados por DEMEX
Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio


No al despojo de los territorios indígenas!

Fuera empresas colonialistas del Istmo de Tehuantepec!

La tierra no se vende, se ama y se defiende!


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Pueblos del Istmo solicitan cancelar proyecto eólico

Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada

Domingo 31 de julio de 2011, p. 28

Oaxaca, Oax., 30 de julio. La Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de las Tierras y el Territorio demandó cancelar averiguaciones, órdenes de arresto y causas penales iniciadas por empresas españolas contra quienes defienden sus derechos étnicos al repudiar el programa de desarrollo eólico del Istmo de Tehuantepec.

Al dar a conocer este sábado los acuerdos de la sesión efectuada en el municipio de Unión Hidalgo, Carlos Manzo (uno de los convocantes), dijo que los programas de desarrollo impuestos por el gobierno y múltiples empresas nacionales e internacionales no sólo conllevan el despojo de territorio sino desplazan y dividen a los pueblos.

El programa eólico impulsado por las autoridades nacionales, los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, junto a empresas como Preneal, Enel, Unión Fenosa, Iberdrola, Acciona, Demex, Renovalia, Gamesa, Eyra, Peñoles, Edf, Eoliatec y Femsa-Mcquaire, “divide a nuestros pueblos, amenaza nuestra vida y nos despoja de tierras”, afirmó.

Según el representante, las multinacionales “imponen leoninos contratos de arrendamiento, usufructo, con la constante amenaza de expropiación; mientras el gobierno es impulsor y cómplice del proyecto mediante instancias como la Procuraduría Agraria, la Secretaria de la Reforma Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad y el Poder Judicial. “Los pueblos y comunidades del Istmo están dispuestos a defender su territorio de los negocios sucios a nombre de la llamada energía limpia que impulsan el capital nacional y multinacional”, advirtió Manzo.

Los denunciantes también exigieron parar el hostigamiento policiaco en su contra y anular el contrato de usufructo que signó la empresa Preneal con el comisariado de bienes comunales de San Dionisio del Mar.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Boletín del SME

Asunto: México, País de impunidad y sin respeto a nuestras Leyes.

A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A los poderes, Legislativo y Judicial,
Al pueblo mexicano:

El día de hoy 8 de marzo del presente año, aparecieron diversas notas periodísticas, entre ellas en el periódico “La Jornada”, dando a conocer que la “Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio contratos de operación a cinco empresas de trabajadores liquidados de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que pertenecen al grupo que encabeza Alejandro Muñoz, las cuales empezarán a laborar en los próximos días”

A los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, orgullosamente en resistencia y lucha contra el decreto de extinción de nuestra Empresa Luz y Fuerza del Centro y del despido de sus más de 44 mil trabajadores impuesto por Felipe Calderón Hinojosa, nos queda perfectamente claro que México se ha convertido en un País, donde no existe respeto alguno a nuestra Constitución Política y a la Ley Federal del Trabajo.

Nuestra Carta Magna en el Artículo 27 en su párrafo sexto, establece con perfecta e indiscutible claridad que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”

Este párrafo, lo conocen perfectamente Javier Lozano Alarcón, Georgina Kessel y Alfredo Elías Ayub, los cuales haciendo gala de total impunidad, han entregado a multitud de pequeñas empresas privadas la operación del conjunto de instalaciones (plantas generadoras, líneas de transmisión, redes subterráneas y aéreas, centros de trabajo y oficinas comerciales) que de acuerdo a la Constitución, a la Ley y nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, que son Materia de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En una más de sus acciones inconstitucionales e ilegales y con una actitud totalmente perversa, parcial y facciosa, la CFE “entrega” contratos a cinco empresas privadas del compañero de armas de Calderón y Lozano, el traidor Alejandro Muñoz Reséndiz. A quien ahora se hace cómplice de dichas violaciones a la Carta Magna y al CCT, el que según nuestro Estatuto Sindical, debiera velar por que se cumpla y se aplique dicho documento elevado a categoría de Laudo.

Pero a Muñoz Reséndiz nada le importa, pues aunque continúa ostentándose como “dirigente” del SME, sigue atascándose en el lodo de la impudicia. Este individuo desclasado e inmoral, decidió arrastrarse por las migajas (“600 o mil fuentes de empleo”) que sus patrones le lanzaron a costa de aceptar el despido de los más de 44 mil trabajadores afiliados a nuestro Sindicato, que con su pan se lo coma.

Por nuestra parte, seguiremos insistiendo en el respeto irrestricto a nuestra Constitución Política, a la Ley Federal del Trabajo, al Contrato Colectivo de Trabajo del SME y luchando incansablemente contra la privatización de la Industria Eléctrica Nacionalizada, que los apátridas están tratando de consumar. Los dignos y valerosos electricistas en lucha y resistencia miembros del SME, continuaremos siendo leales soldados defensores de la Soberanía Nacional y del Patrimonio de todos los mexicanos, nada ni nadie nos hará cambiar de ruta.


Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

México D.F. a 8 de marzo de 2010

Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior


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Mítin conmemorativo del 49 aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica

Participación de los camaradas José Antonio Almazán y Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en el mítin conmemorativo del 49 aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica. 27 de Septiembre de 2009.

Almazán 1


Almazán 2


Esparza 1


Esparza 2



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Retiran subsidio al consumo de luz a viviendas y lo ceden a la IP.

■ A partir del próximo año incrementarán cada mes las tarifas para el servicio doméstico

■ Los grandes industriales contarán con mejores condiciones de pago para que no les afecten las “variaciones inflacionarias”

■ Podrían contar incluso con un esquema de cargos fijos, señala el SME

Patricia Muñoz Ríos (La Jornada)

En forma subrepticia, el gobierno federal modificó en el último bimestre de este año las tarifas del servicio eléctrico para beneficiar a los grandes industriales y mayores consumidores del país y darles mejores condiciones de pago, e incluso está trasladando a los empresarios subsidios que tenían los usuarios domésticos, mientras para los ciudadanos en 2009 las tarifas de luz se incrementarán en forma mensual.

Además, a partir de febrero y marzo del próximo año cambiará radicalmente el esquema de cobro de energía eléctrica en el Distrito Federal y estados colindantes, y entrará en operación un nuevo sistema que incluye la instalación de cajeros automáticos en los que se podrá pagar el servicio las 24 horas del día, así como tres call centers, o centros de atención telefónica, en los que se podrán realizar trámites y quejas sobre el servicio, según detalló el líder Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores.

En cuanto a la modificación de las tarifas a escala nacional, información de las secretarías de Hacienda y Energía revela que desde la última semana de noviembre se cambió el esquema tarifario para “eliminar el efecto de la volatilidad de los precios de los combustibles y (evitar) que las variaciones inflacionarias” afectaran a los industriales del país que tienen elevados consumos.

Según Hacienda, se trata de “atenuar” el impacto del mayor costo de la energía para los grandes productores del país –tanto nacionales como extranjeros–, ampliar las opciones de pago y adoptar un esquema de cargos fijos para los usuarios industriales de alta tensión.

Para el líder del SME, Martín Esparza, de nueva cuenta se trata de beneficiar a las empresas privadas y darles mejores condiciones de pago, e incluso se trasladan subsidios que tenían los usuarios domésticos a los industriales. Sin embargo, para los consumidores domésticos durante 2009 seguirá incrementándose el costo de la energía eléctrica, ya que los cobros se determinan tomando como referente el costo de la unidad de medición del gas internacional y no el costo de producción nacional.

Asimismo se modificará el recibo de pago y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que realizan la tarea de tomar las lecturas del servicio portarán equipos electrónicos especiales para procesar en tiempo real los consumos y emisión de recibos de luz y hacer más eficientes los cobros.

En entrevista, el dirigente señaló que desde finales de noviembre el gobierno federal modificó una serie de tarifas eléctricas para favorecer a los industriales, darles mejores condiciones de pago e incluso apoyarlos con subsidios. En tanto, para los usuarios domésticos continuará incrementándose el costo del servicio durante todo el próximo año, porque las tarifas aumentan prácticamente cada mes.

En cuanto al nuevo esquema que Luz y Fuerza del Centro establecerá a partir de febrero o marzo de 2009 para aplicar el cobro, realizar la toma de lecturas y atender al público, el líder del SME indicó que el Instituto Politécnico Nacional desarrolla el modelo, que modificará desde las gestiones para la solicitud de contratos hasta la verificación de lecturas, facilidades para los pagos y demás.

Este programa está muy avanzado e incluye modificaciones a las estructuras del sindicato y algunas cuestiones administrativas, ya que, por ejemplo, los tres call centers que se van a instalar darán servicio para que los usuarios vía telefónica realicen reclamos de por qué llegó alto el costo del servicio en el recibo y se pidan visitas de trabajadores para verificar instalaciones. Los cajeros automáticos se instalarán en establecimientos comerciales.

Las sucursales también van a contar con máquinas touch screen, o sea con pantallas táctiles que darán información a los usuarios. Los tomadores de lectura van a contar con pantallas portátiles, en las que ingresarán los datos del consumo desde los domicilios de los usuarios, y procesarán en línea las facturas o recibos; incluso vía Internet se podrán realizar consultas sobre el servicio.

Según informó Esparza Flores, también se va a cambiar la factura, el recibo tradicional de luz, el cual se hará más amplio y contendrá información sobre el historial del consumo, el costo real del servicio y los subsidios que se reciben.

Agregó que incluso ya se cuenta con recursos para iniciar el programa de licitación de compras, y los trabajadores van a comenzar un plan de capacitación para poner en marcha este nuevo sistema de gestión comercial.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Propone el SME crear “tarifa social” de consumo eléctrico para los más pobres.

■ Sugiere el secretario del exterior eliminar subsidios a empresarios

Carolina Gómez Mena (La Jornada)

Ante la crisis económica que prevalece y dado que la expectativa es que se agudice en 2009, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se pronunció por la creación de una “tarifa social” de consumo eléctrico, en la cual los primeros 200 a 250 kilovatios sean gratuitos para los sectores más pobres del país, así como para quienes queden desempleados, ello en vez de instaurar “paliativos como el apoyo de 50 pesos para el pago de luz a personas de escasos recursos”. Lo anterior se justificaría porque ni Luz y Fuerza del Centro (LFC) ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son empresas con fines de lucro.

Fernando Amezcua, secretario del exterior del gremio, señaló en entrevista que aunado a esto debe desaparecer la tarifa denominada doméstica de alto consumo (DAC), la cual fue establecida el 7 de febrero de 2002, durante la administración de Vicente Fox, y ha sido mantenida por el actual gobierno panista, y que es el origen de los cobros excesivos de fluido eléctrico para muchos usuarios. También expresó que la instancia que debe determinar las tarifas eléctricas es la Cámara de Diputados, al igual que fija la previsión del precio del petróleo, y no la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Tras señalar que existen dos iniciativas en la Cámara de Diputados en las que se propone una modificación a la política tarifaria eléctrica y que exponen que la propia cámara debe fijarlas, Fernando Amezcua lamentó que éstas tengan ya más de dos años en la congeladora legislativa sin que hayan sido discutidas, y precisó que ante la situación económica prevaleciente ya deberían haber sido desempolvadas para beneficiar a la población que menos tiene.

Acotó que para el SME es obvio que a quienes se debe ayudar en estos tiempos difíciles es a los usuarios de menores recursos, y no tanto a los empresarios, como se ha hecho últimamente con subsidios al consumo eléctrico. “Decimos que tiene que haber una condición diferente en esa política tarifaria, que finalmente, como los industriales recuperan su dinero invertido en el pago de luz a través de la política hacendaria, entonces son ellos los que deben pagar la energía eléctrica cuando menos 10 o 15 por ciento arriba de su precio de producción, y es que ellos la tasan como insumo y la cobran en el precio final de sus productos, al tiempo que gracias a la política hacendaria deducen parte de ella.

Aplicar este esquema abriría la posibilidad de establecer una tarifa social que permitiera que cuando menos los primeros 200 o 250 kilovatios no se cobraran a la gente que menos dinero tiene o que no tiene empleo, “aunado a que las dos empresas eléctricas de este país no son de ganancia”, comentó.

Remarcó que ya es hora de que no sean los usuarios domésticos los que paguen la electricidad cara, sino que “sean otros, los empresarios, los que de alguna manera, derivado de que todos estos años han ganado, empiecen a pagar el producto a como deben de pagarlo y como se cobra en otros países”.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

¿PAÍS O COLONIA? Por AMLO

¿PAÍS O COLONIA?

por Andrés Manuel López Obrador

A solicitud del periódico Reforma, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, publica hoy un artículo en el que describe su proyecto en materia petrolera y expone que el país se ha convertido en un importador de derivados del crudo dado, que no se ha dado prioridad al sector energético. El siguiente es el texto de dicha colaboración periodística.


Ciudad de México (18 febrero 2008).- A diferencia de la derecha y de sus tecnócratas, nosotros pensamos que podemos sacar adelante al país desterrando la corrupción de la que se alimentan y nutren mutuamente el poder económico y el poder político de México.

También creemos que es indispensable, para la transformación del país un modelo económico propio que tenga como eje aprovechar la vocación de trabajo de nuestro pueblo y el uso racional de los recursos naturales, sobre todo de los energéticos.

Aquí no trataré el problema de la corrupción política y de los beneficios que obtendríamos con erradicarla. No hablaré de los jugosos negocios que actualmente se están haciendo al amparo del poder público, como es el caso del reciente contrato de compra de gas a Repsol de España por 15 mil millones de dólares, asignado sin que se presentara ninguna otra oferta y con gas extraído en Perú y revendido a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos.

Tampoco me referiré a lo mucho que ganaríamos al liberar de la opresión a los trabajadores mexicanos, a quienes se les ha cancelado el futuro en su patria y se han visto obligados a emigrar para desatar en el extranjero su talento y laboriosidad.

El propósito de este artículo es resaltar la importancia estratégica del petróleo y de cómo podríamos convertirlo en palanca del desarrollo nacional. La relevancia del sector energético radica en que se extiende desde la extracción del crudo y el gas hasta la refinación, la petroquímica y la generación de electricidad. Los productos de estas industrias son insumos de otras y, así, se va formando una gran cadena de valor económico. Además las industrias energéticas usan de manera masiva bienes y servicios de otras ramas de la economía, con lo que se fortalece el mercado interno.

Por otra parte, todas las proyecciones indican que la demanda de energéticos seguirá en aumento; incluso, se estima que para el año 2020 será 50% mayor que la actual. Es decir, aun cuando se continúa investigando sobre otras fuentes de energía, todavía por varias décadas el desarrollo de la economía mundial seguirá sustentándose en los hidrocarburos.

Es en este horizonte en el que México goza de invaluables posibilidades de desarrollo. Nuestro país cuenta con reservas potenciales de crudo suficientes para producir gasolinas y petroquímicos y, además, posee en el subsuelo gran cantidad de gas natural que, cada vez, con mayor frecuencia se está utilizando para la generación de energía eléctrica.

Ahora bien, ¿por qué se ha desaprovechado este gran potencial económico y no se ha usado el petróleo para fomentar la industrialización, generar empleos y convertir a México en una potencia energética? La respuesta, aunque parezca increíble, tiene que ver con la idea que ha prevalecido, en los últimos 25 años, de privatizar la industria eléctrica y el petróleo. Y desde luego, detrás de esta concepción está el interés de quienes ambicionan apropiarse de recursos que son propiedad de la nación y del pueblo de México.

Sólo así se explica que desde 1983, en vez de modernizar la industria petrolera y convertirla en palanca del desarrollo nacional, todos los gobiernos neoliberales han optado, deliberadamente, por arruinarla y tener el pretexto para venderla y convertirla en un negocio privado.

Durante este periodo, la política energética ha sido manejada con perversidad, de manera irresponsable y con una sorprendente falta de visión y sentido común. Lo único que les ha importado es vender petróleo crudo al extranjero haciendo a un lado la exploración de nuevos yacimientos y, sobre todo, dejando en el abandono la refinación y la industria petroquímica.

La inversión pública directa de Petróleos Mexicanos (Pemex) se redujo al mínimo; pasó de 2.9% del PIB en 1982, a 0.57 en el 2007. También en electricidad disminuyó de 1.2% del PIB en 1982 a 0.31% en el 2007. Es decir, en ese periodo la totalidad de la inversión pública en el sector energético cayó de 4.12 a 0.88% del PIB.

Por más de dos décadas, la producción prácticamente ha dependido de los campos descubiertos en los años setenta, sobre todo del yacimiento de Cantarell en el mar de Campeche y de los pozos de Chiapas y Tabasco.

Con respecto al gas, los tecnócratas nunca avizoraron la importancia estratégica que llegaría a tener este energético. A la refinación y a la petroquímica se les privó de recursos para su expansión y modernización. Desde hace 25 años no se construye una nueva refinería y por eso estamos importando 307 mil barriles diarios de gasolina, que podríamos estar produciendo en nuestro país, generando empleos para los mexicanos.

Es tan absurdo lo que han hecho que este año se comprará gasolina en el extranjero con un valor de 10 mil millones de dólares, exactamente lo que costarían las tres refinerías que necesita el país para ser autosuficientes en este combustible. En suma, el sector energético no ha tenido prioridad en los planes gubernamentales y México se ha convertido en exportador de crudo e importador de productos con mayor valor agregado.

Todo esto nos ha llevado a una gravísima situación de dependencia. Se compra caro en el exterior la cuarta parte del gas que necesitamos en el país y 40 por ciento de la gasolina que consumimos.

Por si fuera poco, en México, la electricidad y el gas, le cuestan más al consumidor y al empresario que en Estados Unidos y que en otros países del mundo. En cuanto a la gasolina, mientras nosotros pagamos en diciembre de 2007 el litro en 8 pesos con 74 centavos, en otros países petroleros como en Rusia valía 8.48; en Estados Unidos, 7.51; en China 7.16; en Nigeria, 5.28; en Emiratos Árabes, 4.99; en Ecuador, 4.34; en Irak, 3.49; en Kuwait, 2.32; en Arabia Saudita, 1.32; en Irán, 0.97 y en Venezuela 50 centavos por litro.

Ante este panorama y esgrimiendo la falta de recursos económicos y de tecnología, el gobierno usurpador pretende consumar la fechoría de privatizar esta riqueza de la nación y compartir la renta petrolera con empresas extranjeras.

Debe saberse que Pemex, a pesar de la corrupción y del mal manejo, genera cada año un gran superávit de 60 mil millones de dólares, más de 6 por ciento del PIB. Es la empresa más rentable del país (extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y se vende hasta en 80 dólares).

Pemex es la segunda petrolera con mayor flujo de efectivo del mundo. Los impuestos que pagó el año pasado fueron de 60 mil millones de dólares, equivalentes al 38 por ciento del presupuesto del gobierno federal, y a más de tres veces, lo que pagaron de impuestos sobre la renta todas las empresas privadas del país. Si Pemex no invierte lo suficiente, es porque el gobierno se lo confisca todo.

En cuanto a la tecnología, es falso que irremediablemente tengamos que asociarnos con empresas extranjeras y no se pueda contratar. Además hay trabajadores, técnicos e ingenieros petroleros mexicanos con mucha experiencia.

No olvidemos que, contra todos los pronósticos de las compañías extranjeras, Petróleos Mexicanos, en 1938, salió adelante en sus operaciones, como puede lograrlo, con más razón ahora. Es cosa de convocar a quienes saben y están dispuestos a contribuir.

Sólo los tecnócratas acomplejados y vende patrias, pueden argumentar que hoy Pemex no puede y que su entrega al sector privado, nacional o extranjero, es la única salvación.

La política de fortalecimiento energético que proponemos, sin apertura al capital privado, ni nacional ni extranjero, implicaría en una primera etapa, invertir con carácter de urgente, 400 mil millones de pesos que se destinarían a la exploración de nuevos campos, al desarrollo de los yacimientos de gas natural, a la perforación de nuevos pozos, a la construcción de tres nuevas refinerías, a la modernización y ampliación de plantas petroquímicas, a la investigación y tecnología (incluyendo fuentes de energía alternativa) y al mantenimiento de las instalaciones petroleras.

Como es lógico, la pregunta obligada es ¿de dónde saldría el dinero? La propuesta que hacemos es que estos fondos se obtengan de dos maneras: por un lado, proponemos que se reduzca el gasto corriente y de operación del gobierno en 200 mil millones de pesos.

Esto implica, entre otras cosas, suprimir las partidas del presupuesto destinadas a garantizar los privilegios de la alta burocracia que se ha convertido en una de las castas más favorecidas del mundo. Aclaro que no proponemos reducir el gasto en inversión ni reducir los sueldos de los trabajadores de base y eventuales ni en obra pública, en educación y salud, ni en programas de apoyo a los más desprotegidos; sino reducir el gasto burocrático y el destinado a la operación del sector público, donde se ha registrado el incremento más cuantioso en los años recientes.

Conviene decir que el gasto corriente del sector público, del año 2000 hasta la actualidad, aumentó de 714 mil millones de pesos a un billón 466 mil millones; es decir, se duplicó.

Por otro lado, proponemos que todo el excedente que se obtenga por encima del precio del petróleo aprobado por la Cámara de Diputados, se invierta en el desarrollo del sector energético.

Para tener una idea del potencial de esta medida, si se mantuviera el precio internacional actual del petróleo por un año, este excedente sería de más de 200 mil millones de pesos.

Al respecto conviene recordar que, durante el gobierno de Fox, tan sólo de excedentes por los precios altos del petróleo, se recibieron 10 mil millones de dólares por año en el trienio de 2004 a 2006. Y la desgracia fue y sigue siendo, que todo ese dinero, en vez de destinarse a modernizar a Pemex, a promover el desarrollo de México y a garantizar el bienestar del pueblo, se derrochó en beneficio de la alta burocracia o se fue por el caño de la corrupción.

De modo que sí se puede. Sí hay de otra, sí tenemos un proyecto alternativo para hacer frente al gran atraco que dejaría a México y a su pueblo sin desarrollo futuro. Celebremos el 70 aniversario de la expropiación petrolera evitando que la derecha y sus aliados del PRI nos regresen al porfiriato y nos conviertan en colonia.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!