Ejidatarios denuncian hostigamiento

Israel Dávila, corresponsal La Jornada

Toluca, Méx., 16 de marzo. Ejidatarios de la delegación San Pedro Totoltepec de este municipio denunciaron hoy ante la residencia de gobierno mexiquense que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones del estado los presionan y hostigan para vender sus tierras a precio ínfimo a fin de ampliar el aeropuerto internacional Adolfo López Mateos.

Un centenar de personas llegó a las puertas de la Casa Estado de México, donde habita el gobernador Enrique Peña Nieto –quien se encuentra en el Foro Mundial del Agua, en Turquía– y exigieron que ya no vayan sicarios de la Secretaria de Comunicaciones a ofrecerles migajas por sus tierras.

El gobierno mexiquense planea construir una segunda pista de aterrizaje y edificar otra terminal al oriente de la primera. Según los ejidatarios, inicialmente iban a comprarles 154 hectáreas, pero ahora se habla de unas mil, lo que afectaría a unas 2 mil 500 familias.
Santos Cedillo, uno de los afectados y vocero de los inconformes, explicó: No rechazamos el proyecto de la terminal aérea, sino los precios a que la administración de Enrique Peña nos quiere comprar: de 220 a 300 pesos por metro cuadrado, mientras los hoteleros que ya se han instalado pagan hasta 14 mil. Nos quieren pagar un monto bajísimo, tomando en cuenta que los predios tienen todos los servicios y están a un costado del aeropuerto internacional.

Cedillo refirió que el año pasado los ejidatarios de San Nicolás Tolentino recibieron hasta 3 mil 500 pesos por metro cuadrado.


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Merodean militares por La Morena, Guerrero, para presionar a ejidatarios en favor de inversionistas privados.

Acampan a 200 metros de la casa de Torres

MARGENA DE LA O (La Jornada Guerrero)

Chilpancingo, 27 de enero. El Ejército incursionó en el área de La Morena, en la sierra de Petatlán, donde apenas la semana pasada el ecologista Javier Torres Cruz denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que los militares pretenden asesinarlo tras haber denunciado que en diciembre lo detuvieron en un retén y lo entregaron a civiles, quienes lo torturaron.

Lo anterior lo denunció en esta capital el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, quien precisó que desde el sábado unos 25 militares se encuentran en las cercanías de la comunidad para vigilar al ecologista, aunque aclaró que a la fecha los soldados no han hostigado a la población.

Relató que los soldados instalaron un campamento a 200 metros de la casa de Torres Cruz, para presionar a los ejidatarios de El Camalote, ejido cercano, para que cedan al magnate Carlos Slim Helú las tierras donde se ubica la mina Cuperquín, en la que se descubrieron yacimientos de oro, plata y uranio. Dijo que la intención de Slim, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, es despojar a los ejidatarios de sus tierras para apoderarse de la mina.

De acuerdo con la información que han proporcionado los habitantes de La Morena –mencionó Monroy–, los soldados prácticamente tienen tomado el pueblo, que ahora sólo es habitado por unas 60 mujeres y niños, “acompañados del maestro de primaria, debido a que los padres de familia se encuentran laborando en distintas partes de la sierra”, entre ellos, Javier Torres, aclaró.

Durante una visita que hicieron recientemente a La Morena visitadores de la CNDH, el campesino denunció que recibía amenazas de militares y gente cercana al ex alcalde priísta de Petatlán y líder ganadero Rogaciano Alba Alvarez. Incluso mencionó que éste había matado a algunos de sus parientes.

En ese sentido, el coordinador del Tadeco expuso que el campamento de los militares es para aprehender al ecologista cuando regrese a La Morena.

Pidió al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que garantice la seguridad de la familia del ecologista y exigió la salida de Ejército de esa comunidad.

También exigió que la PGR informe de los avances que tiene sobre la denuncia de Javier Torres contra Rogaciano Alba, en la que lo responsabilizó del asesinato de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.



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Intento de despojo a ejidatarios en Michoacán.

Se avista solución al conflicto por la Isla de La Palma

Héctor Tapia (Cambio de Michoacán)


Domingo 18 de Enero de 2009


Esta semana estará llegando al municipio porteño de Lázaro Cárdenas una comisión legislativa y representantes del gobierno del estado para atender el conflicto de la Isla de La Palma, para dar pasos para destrabar las situaciones que no permiten que se avance en lo que se refiere al consentimiento de posesionarios de la misma y continuar buscando las estrategias para la desincorporación de poco más de 440 hectáreas.

Según se supo por parte de algunos posesionarios, la comisión de diputados que estaría en el puerto michoacano esta semana buscará tener acercamientos con ellos para atender y destrabar el conflicto que existe en estas tierras.

En días pasados el congresista Arquímedes Oseguera Solorio, por el distrito de este municipio porteño, había anunciado de la misma forma que esta semana habría una reunión entre representantes del gobierno del estado con los posesionarios de las tierras que se encuentran asentados actualmente en una de las entradas a la isla.

Son dos los casos que se tendrían que atender, por un lado el de la familia Avilés, quienes llevan trabajando las tierras, cerca de 120 hectáreas, luego de que el gobierno federal no hiciera nada con ellas después que las expropió, tal y como dictan las leyes agrarias, dicen, y que al querer desincorporar estas tierras tendrían pendiente el pago por éstas.

La familia Avilés, en estas más de 100 hectáreas, tiene cultivadas varias hectáreas con limón, otras con mango, árboles que a simple vista llevan plantados ya varios años, pues están ya en proceso de producción, por los cuales se tendrían que pagar la liquidación sobre las mismas si es que se logra convenir sobre estas tierras.

Por otro lado, se encuentra a los cerca de cien posesionarios que llevan protestando desde los últimos meses del año pasado, y que fueron desalojados el 19 de diciembre por parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Estatal Preventiva, para dejar libres las tierras de la Isla de La Palma.

Lo que tienen en común estos posesionarios con los que se pretende el acercamiento por parte del gobierno del estado, así como parte de los legisladores, es que ambos piden una indemnización que corresponda a lo que valen las tierras, es decir que sea justa a sus demandas, aunque dicen estar abiertos a negociar.

Son cerca de 440 las hectáreas que están en proceso de desincorporación del Estado, al ser éste el propietario, a través del Congreso del Estado, para utilizarlas para diversos proyectos de desarrollo económico regional, entre los que se encuentran la construcción del Recinto Fiscalizado Estratégico, un parque industrial, entre otros.

De la misma forma, la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM) solicitó al gobierno del estado, bajo las reglas que este último establezca, el comodato de más de 100 hectáreas para la construcción de una terminal multimodal en esa isla, donde habría de invertir 80 millones de dólares.








Vuelven a impedir el acceso a los ocupantes de la Isla La Palma

Héctor Tapia (Cambio de Michoacán)


Jueves 15 de Enero de 2009


El conflicto entre quienes se dicen ejidatarios de la Isla de La Palma y gobierno del estado volvió a tensarse; esta mañana elementos del Grupo de Operaciones Especiales les impidieron de nueva cuenta el acceso.

Los cerca de cien ocupantes que se mantienen en la entrada de la Isla de La Palma, ubicada en la tenencia de Guacamaya, denunciaron que el gobierno del Estado quiere construir una barda perimetral a la isla para dejarlos fuera de las tierras.

Son 440 hectáreas las que están queriendo ser desincorporadas a través del Congreso del Estado para el establecimiento de un parque industrial, además de las más de 100 hectáreas que pretende conseguir la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México para la construcción de una terminal multimodal.

Los ejidatarios aseguran estar en completa disposición al diálogo con el gobierno del estado sobre la venta de estas tierras, siempre y cuando lleguen a un acuerdo que les satisfaga, sin embargo –aseguran-, el gobierno no se ha acercado.

Cabe señalar que el 19 de diciembre pasado, el gobierno del estado desalojó del interior de la isla a todos los ocupantes y no los dejó entrar a las tierras a trabajar durante dos días.

Hasta hoy habían estado trabajando normalmente, sin tomar posesión de las tierras, hasta que a las seis de la mañana de este jueves, ya no los dejaron entrar.

Los ejidatarios piden un pago justo por sus tierras, ya que no se oponen, dicen, al desarrollo industrial y comercial de la región.


Bloquearon ejidatarios y policías acceso a la isla de La Palma; esperan comisión negociadora

CARLOS TORRES OSEGUERA (Corresponsal La Jornada Michoacán)

Lazaro cardenas, 13 de enero.- Ejidatarios de La Palma están a la espera de una comisión negociadora con el gobierno del estado encabezados por el diputado local Arquímedes Oseguera, “para definir con papeles en mano” la propiedad de 645 hectáreas, señalaron, luego que se dio un bloqueo por más de dos horas en el acceso a la isla, exigiendo los ejidatarios el retiro de una máquina que al parecer trabajaba en la instalación de una cerca. El bloqueo afectó la salida de graba arena de una cribadora instalada en la isla propiedad justamente de Paula Solorio, madre del diputado Arquímedes Oseguera.

Desde el 19 de diciembre en que policías del estado disolvieron el bloqueo que ejidatarios del ejido Zacatula mantenían en uno de los accesos de la isla de La Palma, dentro de la delta del río Balsas, uniformados por un lado y ejidatarios por el otro se han mantenido en el lugar sin perturbar las actividades de paso de vía por el lugar hasta ayer, en que los campesinos exigieron el retiro de una máquina que al parecer hacía hoyos para construir una cerca, lo que alertó a los policías ocasionando un bloqueo momentáneo con vehículos de ambas partes.

Tras esta situación se apareció Paula Solorio, aseguran los ejidatarios, viablemente enojada porque le estaban afectando en la extracción de graba arena de un banco de material que la familia del diputado Arquímedes Oseguera explota a la margen del río dentro de la cuestionada isla de La Palma.

En tanto, los ejidatarios señalan que esperan en esta semana una comisión del estado de Michoacán liderada por el legislador que definirá la situación del terreno en cuestión; en tanto, los ejidatarios reprocharon que los medios informativos estén dándoles trato de invasores, “tenemos más de 10 años trabajando la tierra porque es nuestra”, aseveraron, y dicen tener los “papeles en mano para demostrarlo”.

En una síntesis del conflicto, recordaron que en 1982 el desaparecido Fondepor (Fondo Nacional para el Desarrollo Portuario) adquirió 440 hectáreas de la isla de La Palma quedando sin negociarse 205 hectáreas que siguieron en propiedad de los ejidatarios; sin embargo, al transcurrir cinco años en que el gobierno no hizo uso del terreno, dicen que existe una cláusula en la compra-venta que les da el derecho a reutilizar la tierra, y ante ello demandan que les paguen una vez más las 440 hectáreas y las 205 más que nunca fueron pagadas.

Los reclamantes dicen que son “como 100 ejidatarios” expresamente del ejido Zacatula, comunidad del estado de Guerrero, asentada a la otra ribera del río, frente a la isla, rechazando una negociación que se dio en 2007 cuando el gobierno del ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel hizo un pago a ejidatarios para liberar el territorio en disputa.

“Se trata de 19 personas las que cobraron confabulados con el comisariado ejidal y otra gente que ni siquiera son posesionarios de terrenos en la isla”, aseveraron, en tanto dicen que se mantendrán en el lugar hasta que se resuelva el conflicto.


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Ejidatarios de El Podrido, en GUerrero, impiden desalojo de 30 hectáreas, por séptima vez.

Policías antimotines se retiran tras frustrarse el desalojo en la colonia 13 de Diciembre, en el ejido El Podrido
Foto: David Noh Colli/ La Jornada Guerrero


Autoridades y empresarios, coludidos, acusan

Citlal Giles (La Jornada Guerrero)

Acapulco, Gro., 10 de noviembre. El delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Rigoberto Ramos Guerrero, intentó dar posesión de más de 30 hectáreas a quienes dicen ser propietarios legales de los predios de Playa Encantada, en el ejido El Podrido; sin embargo, por séptima ocasión y luego de casi dos horas, los 198 ejidatarios frustraron la entrega y advirtieron que no permitirán el despojo.

A las 10 de la mañana se presentó Ramos Guerrero para dar cumplimiento a la orden del juez tercero de distrito y hacer la entrega física de cuatro predios a los presuntos dueños: Julio Vicente Hirschfeld Almada, Agustín Manuel Sáenz, Margarita Sáenz de Martínez, Claudia Karla Ochoa Estrada y Jorge Ochoa Jiménez, así como representantes de la Inmobiliaria León y el Banco Interacciones.

El delegado de la SRA acudió junto con la actuaria del juzgado tercero de distrito, Antonia Gómez Valverde, así como unos 300 policías, quienes estuvieron apostados a unos 200 metros de la entrada principal de la colonia 13 de Diciembre, por si se daba la orden de desalojo. Portaban chalecos antibalas y armas largas, sus escudos, además de gas lacrimógeno y máscaras antigás reglamentarios.

Metros más adelante estaba el contingente de vecinos de la colonia 13 de Diciembre, quienes estaban armados con palos, machetes y piedras para “defendernos si intentan quitarnos nuestras tierras”, dijo una de las señoras que estaban al frente del plantón.

Por más de dos horas los comuneros gritaron consignas contra las autoridades federales, a quienes acusaron de estar “compradas” por los empresarios que quieren “despojarlos” de los predios: “¡Podrido, escucha, tu pueblo está en la lucha!” o “¡No somos uno, ni somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien!”, corearon.

El ex comisario ejidal Francisco Tlalmanalco Bernal informó que el pasado jueves se le advirtió a la juez tercero de distrito que no se permitiría que dieran posesión de las tierras, pero “insiste en querer entregarlas y no lo vamos a permitir”. Incluso comentó que la misma SRA sabe que el fraccionamiento de Playa Encantada no existe; “no se van a entregar las tierras porque el plano no existe.

“La SRA no sabe ni dónde está la ubicación de los lotes; aquí es el ejido de El Podrido y no hay tal fraccionamiento.”

Destacó que los afectados son 198 ejidatarios y parcelarios, lo que hace un total de unas 300 familias. Hacia el mediodía, y luego de los intentos del delegado de la Reforma Agraria por convencer a los ejidatarios que se retiraran del plantón y permitieran entregar las tierras, se determinó suspender la diligencia, dado que “no existen las condiciones para la concesión”.


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Trancazo campesino a minera canadiense.

Por Diego Cevallos

MÉXICO, ago (Tierramérica ) - La corporación minera canadiense Minefinders exploró durante 14 años una zona rural del norteño estado mexicano de Chihuahua. Pero cuando se apresta a iniciar la explotación de oro y plata, sus planes se ven amenazados por protestas campesinas.

La inconformidad con Minefinders luego de tanto tiempo se debe a que "nos dimos cuenta de los engaños, de cierto abuso de la empresa", dijo a Tierramérica el portavoz de los campesinos, David de la Rosa. "Es que se tomó conciencia de la inequidad de la relación", añadió el abogado Mario Patrón, asesor del grupo.

Los habitantes de Huizopa, comunidad enclavada en la Sierra Madre Occidental y conformada por unas 230 familias dedicadas a la agricultura de autoconsumo y la ganadería, mantienen desde mayo un campamento cerca de la aún no estrenada planta de procesamiento de la Compañía Minera Dolores, subsidiaria de Minefinders en México.

Familias enteras de la Asamblea Permanente de Ejidatarios de Huizopa hacen turno allí para garantizar una presencia constante. Aunque no interrumpen los trabajos de la empresa, sus reclamos y la posibilidad de que radicalicen su protesta mantienen en vilo los planes de Minefinders.

La corporación goza de una concesión otorgada en 1994 por el gobierno de México. Con esa autorización y la venia inicial de los campesinos efectuó unas 1.000 perforaciones en búsqueda de oro y plata.

Para iniciar la explotación, en 2006 firmó un acuerdo con los dirigentes comunitarios de Huizopa, según el cual puede operar sobre unas 1.200 hectáreas. Sin embargo, buena parte de la comunidad sostiene que no se llevó a cabo el proceso de consultas obligatorio con la comunidad que posee las tierras.

"El acuerdo firmado con la minera es ilegal pues no se analizó ni se votó en la asamblea comunitaria y además es desigual, no tiene el mínimo principio de equidad", dijo Patrón a Tierramérica.

Además, argumentan los campesinos, la minera se ha apropiado de casi 3.500 hectáreas, de las 86.000 que tiene Huizopa.

Un grupo minoritario de pobladores apoya a la empresa, que ha construido viviendas y caminos, pero la mayoría quieren un nuevo acuerdo que incluya la financiación de un plan de desarrollo comunitario, pago de renta anual por hectárea explotada, definición de un sistema de participación en las utilidades y estudios ambientales.

Minefinders asegura en su sitio web poseer la propiedad de "100 por ciento" de la mina Dolores, que espera explotar a cielo abierto durante 15 años.

No se trata de un conflicto aislado. En la última década han estallado problemas recurrentes entre la industria minera, los sindicatos y los pobladores en varios países de América Latina, coincidiendo con la bonanza de los precios internacionales de los metales.

En los últimos cuatro años, la cotización del oro se elevó 219 por ciento y la de plata en más de 149 por ciento, un ciclo que trajo multimillonarios ingresos a las empresas y un repunte de los impuestos que perciben los Estados.

En Perú se contabilizaron 26 huelgas mineras en el primer semestre de este año, apenas tres menos que las registradas en todo 2007. En América Central, donde las compañías identifican al menos 23 zonas explotables, organizaciones sociales están en pie de lucha, con el argumento de que los empresarios se enriquecen a costa del ambiente y las poblaciones cercanas a los yacimientos.

En México el conflicto entre el gobierno y la dirigencia de un sector del sindicato minero se mantiene desde 2006.

Los campesinos de Huizopa "no caeremos en la violencia, pero no nos rendiremos hasta lograr beneficios reales de Minefinders, pues sabemos que va a tener ganancias jugosas", advirtió De la Rosa.

Ellos estiman que en 15 años la empresa obtendrá unos 3.000 millones de dólares y podría causar graves daños a la naturaleza, pues para extraer oro y plata de la roca utilizará el venenoso cianuro de sodio.

La firma ha dicho que esos cálculos económicos están errados. En Huizopa hay reservas "equivalentes a 3.000 millones de onzas de oro", declaró en marzo el presidente de la corporación, Mark Bailey.

La corporación, que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y tiene otros tres proyectos en México, informó a sus accionistas el 25 de julio que por un "bloqueo ilegal" y "amenazas de violencia de manifestantes", sus operaciones en Huizopa están detenidas, pero aseguró que en el siguiente trimestre entrará de lleno en la extracción de oro y plata.

Policías custodian las instalaciones de la mina y, según denuncian los campesinos, se ha recurrido al ejército para que efectúe patrullajes intimidatorios.

El 27 de mayo, un operativo de fuerzas federales dispersó con gases lacrimógenos a unos 100 campesinos que efectuaban un plantón y dos días después fueron detenidos dos dirigentes de Huizopa, liberados casi de inmediato por falta de denuncias.

Minefinders no ha actuado de forma honesta, afirman la Asamblea Permanente de Ejidatarios y el no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que pertenece el jurista Patrón.

La compañía asegura haber gastado 12,7 millones de dólares en asistencia a la comunidad dueña de la tierra y haber financiado becas a estudiantes de geología en una universidad de Chihuahua.

Para terminar el conflicto, ofrece seis millones de dólares más y patrocinar algunos programas sociales y acciones vinculadas al ambiente, y alega que los campesinos han sido azuzados por personas vinculadas al izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática.

"Lo que nos ofrecen demuestra la cerrazón de la empresa, hay que considerar que la minera va a estar aquí muchos años más y lo que queremos es una buena vecindad y que los beneficios sean equitativos y para todos", señaló De la Rosa.

La representación de Minefinders en México se rehusó a dar más declaraciones a Tierramérica, con el argumento de que "las negociaciones con los campesinos están ahora en marcha".

Una comisión del Senado de México exhortó el 12 de agosto a diferentes autoridades investigar posibles violaciones de derechos humanos contra los habitantes de Huizopa, ayudar a establecer un diálogo entre las partes, estudiar los impactos ambientales y sociales de la explotación e informar sobre la presencia del ejército en la zona.

El portavoz de los campesinos indicó que por gestión del gobierno estadual fue posible iniciar un diálogo con la empresa, por ahora sin resultado.

* Este artículo fue publicado originalmente el 23 de agosto por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (FIN/2008)



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Ejidatarios chihuahuenses acusan a minera canadiense de violar acuerdos.

■ Minefinders Corporation ocasiona daños ambientales y económicos, afirman labriegos


■ Extiende sus actividades mineras en más de mil 200 hectáreas a pesar de una licencia de sólo 500

Miroslava Breach Velducea (Corresponsal La Jornada)

Chihuahua, Chih., 2 de julio. Campesinos del ejido Huizopa, habitantes del poblado Dolores, en el municipio de Madera, acusaron a la empresa canadiense Minefinders Corporation de violar acuerdos con el núcleo ejidal y extender sus actividades para la apertura del tajo de una mina en más de mil 200 hectáreas, no obstante que la firma sólo tiene licencia de uso de suelo para 500, lo que ha ocasionado daños ambientales y económicos al patrimonio de decenas de familias de la región.

El presidente del comisariado ejidal de Huizopa, Enrique Torres, informó que sus compañeros mantienen un plantón permanente a la entrada de la mina operada por Minefinders, pero no se han interrumpido actividades, y exigieron a las autoridades federales una solución a las constantes violaciones ambientales en las cuales incurre la empresa extranjera.

Explicó que el principal punto de divergencia entre Minefinders y los ejidatarios es que la firma se niega a realizar una medición de la superficie de construcción del tajo de la mina, que incluyó al caserío Dolores y ha sobrepasado en más de 700 hectáreas la licencia de uso de suelo que autoridades federales le concedieron.

De acuerdo con los ejidatarios, Minefinders ya extendió las actividades del tajo de mina sobre mil 200 hectáreas, a pesar de que tiene permiso para 500, pero además incurrió en una serie de prácticas ilegales con la intención de extenderse a más de 3 mil 500 hectáreas de terreno, sin contar con autorización de la asamblea ejidal.

Desde mediados de junio anterior, el ejido Huizopa demandó la intervención del gobierno de Chihuahua para que actúe como mediador, a fin de que se lleven a cabo trabajos de medición de la superficie que ocupa la minera. Sin embargo, los directivos de Minefinders no aceptan someterse a dicho peritaje.

Los ejidatarios asimismo acotaron en un comunicado que Minefinders se instaló en sus tierras en 1994, amparada con títulos de concesiones mineras que le otorgó la Secretaría de Economía sin tomar en cuenta a los labriegos.

Se quejaron de que desde entonces la empresa canadiense “se fue apoderando silenciosamente de cientos de hectáreas”, y en 2006 firmó un contrato de usufructo por mil 200 hectáreas con las autoridades ejidales.

Recordaron que en el contrato se acordó que la empresa pagaría 39 millones de pesos de única exhibición económica por 16 años de explotación minera, aunque anualmente obtiene por sus operaciones en la región ganancias multimillonarias en dólares.

Los campesinos exigieron a la empresa una relación justa y equitativa, pero la minera se niega a cumplir con los acuerdos, por lo que la responsabilizaron de la ruptura del diálogo.

Por su parte, el diputado local perredista Víctor Quintana Silveyra dijo que, además de la apropiación ilegal de tierras por parte de Minefinders, el principal problema es el daño ambiental que la operación de minas a tajo abierto ocasiona en la Sierra Tarahumara.

Comentó que Minefinders utiliza productos químicos letales para la flora y la fauna como cianuro de potasio, usado en la extracción de oro y plata, además de que detona diariamente decenas de toneladas de explosivos.

(Con información de Matilde Pérez, reportera)


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Rechazan hotel en San Miguel de Allende.

■ El proyecto, de 1,200 hectáreas, dañará flora, fauna y pinturas rupestres: ejidatarios


■ Les ofrecen sólo $20 por m2; el propietario de la mayor parte de los terrenos ya aceptó vender

Carlos García (Corresponsal La Jornada)

San Miguel de Allende, Gto., 20 de julio. La empresa Cordell Funding Mexicana pretende construir un hotel de cinco estrellas y un campo de golf en mil 200 hectáreas del ejido Don Juan Xido-Cabras y en los alrededores, pero el proyecto atentaría contra el equilibrio ecológico de la zona, rica en flora y fauna, donde también se han encontrado pinturas rupestres.

Con apoyo del alcalde de San Miguel de Allende, el panista Jesús Correa Ramírez, el consorcio comenzó a adquirir los terrenos, de los cuales 200 hectáreas pertenecen al ejido Xido-Cabras.

El presidente municipal visitó a los ejidatarios para proponerles que vendieran sus tierras a 20 pesos el metro cuadrado.

De los 32 ejidatarios, sólo siete están en contra de la venta, informaron la representante de la comunidad de Cabras, Adela Monzón Cázares, y el delegado, Aquiles Salazar Olvera, respectivamente.

Los 700 habitantes de Cabras y vecinos de otros ocho poblados están en contra de la construcción del hotel de cinco estrellas y del campo de golf de ocho hoyos porque están convencidos de que el proyecto dañará la naturaleza y las pinturas rupestres.

De acuerdo con Adela Monzón y Aquiles Salazar, en la zona hay especies vegetales como huizache, nopal, mezquite y el arbusto conocido como hueledenoche, mientras en las partes más altas la vegetación es más frondosa e incluye encinos.

Señalaron que también hay coyotes, zorrillos, conejos, zorros, venados y ardillas, entre otros animales silvestres.

Para llegar adonde se encuentran las pinturas rupestres hay que caminar unos 30 minutos y pasar un cañón, cerca del cual se observa una cascada. Los halcones suelen volar sobre el valle.

Desde el lugar donde se encuentran las pinturas rupestres se ve la cabecera municipal de San Miguel de Allende, ciudad recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad.

Para aprovechar los grandes atractivos naturales del municipio, el ayuntamiento 1994-1997 impulsó un proyecto de ecoturismo: se construyeron paradores, un mirador y un camino de roca para que los turistas tuvieran acceso a las pinturas rupestres y a la cascada, pero no se le dio seguimiento y los proyectos quedaron en el olvido.

Ante la inminente construcción del hotel y el campo de golf, los vecinos solicitaron la intervención de la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Guanajuato, Guillermina Gutiérrez Lara, para evitar que se destruyan las pinturas rupestres, recordó Adela Monzón.

Autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fueron informadas sobre el posible dañó ecológico, según la representante de la comunidad de Cabras. “Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias” para impedir el proyecto, indicó.

Por lo pronto, pobladores de la región organizan una marcha al palacio de gobierno en la capital de Guanajuato para pedir la intervención del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, anunció Monzón Cázares.

Hay proyecto, pero no trámites

El gobierno de San Miguel de Allende “no puede dejar ir una inversión tan cuantiosa, que generará empleos en el municipio”, señaló el secretario del ayuntamiento de San Miguel de Allende, Christopher Thomas Finkelstein Franyuti.

El funcionario confirmó que se necesitan mil 200 hectáreas para construir el hotel de cinco estrellas y el campo de golf, y el dueño de mil hectáreas sí quiere vender. Sólo hay conflicto con las 200 del ejido Xido-Cabras.

El presidente municipal Jesús visitó a los ejidatarios para invitarlos a que vendan sus predios “porque una de sus funciones es que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida” a través de la generación de empleos, argumentó Finkelstein Franyuti.

“Si en su momento se detona esto no hay que jalarnos los pelos”, porque los empresarios tendrán que cumplir con la normatividad, con estudios de impacto ambiental y la factibilidad (del suministro) de agua”, dijo.

“El objetivo del alcalde es traer inversiones a San Miguel de Allende, y si bien todavía no hay absolutamente nada, estamos luchando para que ese capital se quede”, aunque aún no se sabe cuántos millones de dólares se invertirán en el proyecto, concluyó Finkelstein.




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Conflicto agrario en San Juan Lalana, Oaxaca.

Culpan de disputa a autoridades de Oaxaca

Matilde Pérez. La Jornada.

Unos 87 pequeños propietarios responsabilizaron a las autoridades agrarias de la disputa entre comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios por mil 850 hectáreas en Santiago Jalagüi, municipio de San Juan Lalana, Oaxaca. Juan Cruz Hernández afirmó que los propietarios poseen el terreno desde 1954, pero las autoridades agrarias confirmaron la entrega de 19 mil 196 hectáreas –incluyendo la superficie de los pequeños propietarios– a la comunidad de Santiago Jalagüi y también reconoció la titularidad de la propiedad al ejido Campo Nuevo. Señaló que la disputa en la región ha dejado un saldo de ocho muertos.


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