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martes, 8 de junio de 2021
lunes, 7 de junio de 2021
Sin castigo, las atrocidades del ejército en El Charco.
Ayutla de los
Libres, Guerrero 7 de junio de 2021.– La masacre del El Charco perpetrada
por el ejército es uno de los crímenes más pérfidos y cobardes que han
perpetrado los militares contra padres de familia que pernoctaban en uno de los
salones de la escuela primaria indígena Caritino Maldonado Pérez. Los gritos
del general Oropeza Garnica de “salgan perros” condensaron el odio y la acción
irracional del uso de la fuerza que ha utilizado el ejército contra la
población pobre del estado de Guerrero. Estos hechos atroces se focalizaron
contra indígenas del pueblo Na Savi que han pagando con su sangre la lucha
contra la pobreza y la discriminación racial.
En la
madrugada del 7 de junio de 1998 elementos castrenses de la XXVII zona militar
arremetieron cobardemente contra los indígenas. De acuerdo con los testimonios
de las víctimas y otros datos de prueba, los militares dispararon 284 municiones
y lanzaron dos granadas de fragmentación. El saldo fue de 10 indígenas y un
estudiante asesinado, 4 adultos y un niño, heridos de gravedad y posteriormente
detenidos ilegalmente, mientras que otros 22 indígenas, cuatro de ellos niños y
una estudiante, fueron detenidos ilegalmente y torturados.
Por
estos hechos las autoridades nunca investigaron a los militares, por el
contrario, los indígenas de El Charco fueron sometidos a proceso por diferentes
cargos penales como rebelión, sabotaje entre otros. Algunos de ellos fueron
privados de su libertad. Para acallar este crimen el gobierno señaló a los
indígenas como subversivos para garantizar impunidad a los militares y encubrir
las ejecuciones arbitrarias, torturas, lesiones y detenciones ilegales que arrancaron
la vida de los indígenas.
A la
fecha el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que ha emitido un informe de admisibilidad, mientras en el plano interno las
autoridades se han mostrado indolentes ante el asunto.
Como
centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, condenamos la impunidad
en la que se encuentra el presente caso. Es inconcebible que a 23 años no se
haya iniciado alguna indagatoria ni que las autoridades locales y federales
realicen investigaciones objetivas e independientes para esclarecer el caso y
brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
Pese a
estas acciones deleznables, las víctimas y las comunidades Na Savi sobreviven
en la pobreza y marginación, sin que los gobiernos atiendan las demandas
históricas de los pueblos indígenas de Ayutla. Desde aquella fecha funesta
quedaron en la orfandad 44 hijas e hijos de los indígenas que fueron
ejecutados, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de concluir la primaria y de
encontrar un trabajo digno. El gobierno los ha condenado a sobrevivir en
condiciones deshumanizantes. Su fortaleza como hombres y mujeres de la lluvia
que se forman en el campo, ha sido la fuente de su salvación. Siguen dando la
batalla contra el oprobio y resistiendo los embates de gobiernos racistas y
etnocidas. Pese a los nuevos cambios en el gobierno federal, no se ha iniciado
un proceso de justicia transicional para el esclarecimiento de estos crímenes.
No se
puede mantener en la impunidad hechos cruentos catalogados como graves
violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones arbitrarias de los 10
indígenas y un estudiante, porque en los hechos los militares tienen licencia
para matar. Esta herida abierta se desangra a lo largo y ancho del estado con
los crímenes atroces de la guerra sucia, las matanzas y masacres perpetradas
por el instituto castrense y las corporaciones policiacas.
A 23
años de la masacre de El Charco, exigimos que se abran las investigaciones
prontas e imparciales para dilucidar estos hechos y ofrecer verdad, justicia y
reparación del daño a las víctimas. Es impostergable la
implementación de políticas públicas orientadas a resarcir los daños y proteger
los derechos fundamentales de la población indígena de Ayutla de los Libres.
ATENTAMENTE.
Centro
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El Charco. (del 7 de junio de 1998).
El Ejército Mexicano manchado de sangre y sin Gloria.
En El Charco,
un amanecer de sangre y balas
fue la repuesta a un pueblo hambriento.
Tiros certeros
disparados al corazón de los famélicos cuerpos,
enflaquecidos por discursos y promesas incumplidas.
Un Charco de sangre indígena,
mezclada con las lágrimas de las viudas
debe convertirse en lucha contra la impunidad.
¿EL EJÉRCITO MEXICANO
SE HA CUBIERTO DE GLORIA
EN LA DEFENSA DE LA PATRIA?
Después, los mixtecos fueron saliendo
libres nuevamente a compartir su miseria.
¡Casi dos años de prisión!
Sus familias abandonadas,
sus heridas abiertas,
el recuerdo de los muertos
y los dos sobrevivientes aún presos
en un penal de máxima seguridad.
La esperanza en que algún día no habrá impunidad
y sus hijos sonreirán llenos de vida
les sigue invitando a caminar.
EL PODER JUDICIAL SE CUBRE DE
LEGALIDAD.
¿’ÓNDE QUEDA LA JUSTICIA?
Tomado de Poemas Disonantes, Adrián Ramírez Limeddh Ac,
Durante la gestión de Ángel Heladio Aguirre Rivero, como Gobernador del Estado de Guerrero, la madrugada del 7 de junio de 1998, en una escuela en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, un grupo de elementos del ejército mexicano comandados por el General Alfredo Oropeza Garnica, masacró a 11 indígenas e hirió a 5 mas.
Sin aclararse crímenes del pasado no hay sociedad libre
S
e cumplieron ayer 43 años de la desaparición forzada de mi hermana Hortencia García Zavala y mi cuñado Ramón Cardona Medel. Han sido muchos años de dolor e incertidumbre, pues sigo sin saber su paradero.
El Estado mexicano, administración tras administración, continúa sin responder si están presos o murieron después de sufrir tortura, si fueron ejecutados extrajudicialmente o enterrados en fosas clandestinas.
El 6 de junio de 1978 la criminal Dirección Federal de Seguridad detuvo a mi hermana y a su esposo en la colonia Maravillas, en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México; así lo dio a conocer la prensa el día siguiente.
Desde entonces familiares, organismos defensores de derechos humanos y colectivos los hemos buscado y exigido su presentación con vida, así como la consignación de los responsables de cometer estos crímenes de lesa humanidad. Después de 43 años ningún funcionario público ha respondido.
La práctica de desaparición forzada ejercida por el Estado durante la llamada guerra sucia dejó a cientos de familias con un dolor permanente y una incertidumbre de por vida, debido a la desaparición de algún ser querido.
Es hora de que el gobierno mexicano asuma una postura respecto de este problema que involucra a todos los órdenes de gobierno y se investigue realmente a los responsables. No se puede decir que vivimos en una sociedad democrática mientras no se esclarezcan los crímenes del pasado. ¡Ni perdón, ni olvido!
Reyna García González
Fuente:El Correo ilustrado del diario La Jornada
sábado, 29 de mayo de 2021
martes, 25 de mayo de 2021
Disparos de armas fuego en dirección a la población de los ejidos Río Florido y El Carrizal
Ocosingo, Chiapas a 25 de mayo de 2021
A los medios de comunicación
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones hermanas y solidarias
Al pueblo en general
Denuncia urgente:
Disparos de armas fuego en dirección a la población de los ejidos Río Florido y El Carrizal
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denuncia que desde las 10:30 de la mañana el grupo paramilitar Los Petules comenzó a realizar disparos con armas de fuego en dirección al poblado de nuestros compañeros de Río Florido y El Carrizal. De último momento, sabemos de la presencia policíaco-militar en ejido Cuxulja quienes dan cobertura al grupo paramilitar.
Hechos:
En el marco de la Jornada Nacional Contra la Impunidad y el Olvido los compañeros de las comunidades Rio Florido y El Carrizal desde las 8 am del día de hoy realizan un volanteo informativo cuya esencia es la exigencia de justicia y presentación con vida de los detenidos desaparecidos ante la persistencia de la impunidad y la continuidad de la práctica de la desaparición forzada y al mismo tiempo, exigir la libertad inmediata e incondicional de nuestros compañeros presos políticos.
Desde las 10:30 de la mañana comenzaron los disparos del grupo paramilitar los Petules con dirección a Río Florido y El Carrizal.
A las 10:40 a.m. pobladores circunvecinos informan de la concentración de más de una treintena de paramilitares.
11:30 de la mañana aproximadamente, hubo presencia del ejército mexicano procedentes del municipio de Altamirano. Mientras la policía se encuentra ubicada a la altura del campamento paramilitar.
12:00 p.m. Continúa la actividad de denuncia de nuestros compañeros, porque exigir justicia no es un delito, protestar no es un delito es el derecho legítimo de las masas para denunciar todo atropello que se comete contra el pueblo oprimido y explotado.
12:33 p.m. hostigamiento militar donde nuestros compañeros realizan volanteo y denuncia.
Lo hechos denuncian:
El carácter represivo, impune y autoritario del gobierno estatal presidido por Rutilio Escandón Cadenas.
Reafirma su carácter demagógico. Mientras habla de respetar su estado de derecho, de respetar los derechos humanos, de abogar la paz para el pueblo chiapaneco, en la vía de los hechos es éste y su séquito de políticos de oficio, de policías y militares, violan su propio marco jurídico al dotar de impunidad a los paramilitares, de atentar contra el derecho a la manifestación y exigencia de justicia para las víctimas.
A través de las balas, el Estado mexicano pretende silenciar y detener toda acción política de masas cuyo contenido es desenmascarar la retórica del Ejecutivo federal y estatal, porque éste perpetúa un mutismo indignante ante la exigencia de justicia de los familiares cuyos seres queridos padecen del cáncer de la desaparición forzada.
Es un ejemplo de la persistencia de la violencia de clase a través de las fuerzas represivas contra el pueblo que se organiza de manera independiente y con carácter combativo. De esta manera se materializa el modus operandi del gobierno Chiapaneco y su “cuarta transformación”, cobertura para los paramilitares como punta de lanza para continuar con los crímenes de lesa humanidad.
De todo acto que lastime, agreda o atente contra la integridad de los compañeros será responsabilidad del gobierno municipal del municipio de Ocosingo Jesús Oropeza, del gobierno estatal Rutilio Escandón Cadenas y por omisión, al Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador.
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
¡DENUNCIA URGENTE! LOS ARDILLOS INCURSIONAN EN COMUNIDADES DEL CIPOG-EZ Y HIEREN A COMPAÑERO.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación libre
25 de mayo de 2021.
Cuando la lucha por la vida se sostiene, la muerte acecha todo el tiempo pues desprecia la vida y por tanto la ataca con brutalidad.
Así nos ha pasado una y otra vez; lo hicimos saber y lo sabíamos el día que se presentó en la Ciudad de México el Informe "Crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos en la Montaña Baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ" el pasado 16 de mayo. Se los dijimos a los malos gobiernos y lo sabía la prensa nacional e internacional.
Les dijimos que los grupos narco-paramilitares nos estaban matando y que a cada acción de denuncia contra estos ataques que hacemos, "Los Ardillos" nos responden con ataques y que lo seguirán haciendo mientras los malos gobiernos sigan siendo cómplices de los grupos delincuenciales.
Hoy martes 25 de mayo de 2021 a plena luz del día a las 11:50 am, el grupo narcoparamilitar que desde 2015 violenta a nuestras comunidades lo han hecho de nuevo. "Los Ardillos" desde la comunidad de Zelocotitlán, descendieron a Zacapexco, disparando contra la comunidad. Resultando herido de bala un compañero de nuestras comunidades.
Cabe resaltar que el mal gobierno no nos ha escuchado, al contrario, se ha burlado de nosotros y nosotras, programa reuniones para después cancelarlas y nos quiere ofrecer migajas. En este caso la Guardia Nacional, la Marina y la Policía estatal llegaron hasta las 4 de la tarde, aproximadamente 4 horas después del ataque. Por lo tanto, responsabilizamos a Andrés Manuel Lopez Obrador, a Hector Astudillo gobernador del estado de Guerrero, a Daniel Machaca Portillo jefe de la policía Estatal del estado de Guerrero y al fiscal del estado Jorge Zuriel por el ataque y las consecuencias que éste acarree.
No nos silenciarán, seguiremos denunciando y resistiendo al crimen organizado y a los malos gobiernos.
Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata.
14 años de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo: Y la Justicia ¿cuándo?
Ciudad de México a 25 de mayo del 2021
Es desafortunado y agobiante
llegar a un año más de la detención desaparición de nuestros seres queridos los
luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, para
nosotros como sus familiares, es como si el tiempo se hubiese suspendido en
aquel momento en el que los vimos por última vez, en nuestra mente están
presentes siempre, pues albergamos en nuestra memoria su imagen para nunca
olvidarlos, mantener digna y firme nuestra exigencia de encontrarlos y castigar
a todos los responsables de este crimen que han cometido en su contra.
Estos 14 años, han sido sin duda
muy complejos, ya que en este largo camino de lucha quienes nos han acompañado
han padecido de manera sistemática la persecución y represión por parte del
Estado por brindar de manera solidaria y fraterna su acompañamiento;
ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, prisión por motivos
políticos, y amenazas constantes por parte de cuerpos paramilitares han sido la
constante que han padecido compañeros por abrazar una lucha fraterna, como lo
han sido integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Durante estos 14 años, si bien le
hemos arrancado al Estado por la fuerza algunos logros como la resolución de
amparo 942/2013, y el hecho de que el caso esté en la SCJN, no hemos recibido
por parte de éste voluntad política para resolverlo, sino todo lo contrario,
hasta el momento seguimos con la impunidad, injusticias, criminalización y
represión, por exigir nuestro derecho a saber la verdad y exigir justicia para
nuestros familiares detenidos desaparecidos.
Han pasado más de dos años desde
la última vez en que vimos al Lic. Alejandro Encinas, quien se comprometió a
realizar las gestiones para avanzar en la resolución del caso, sin embargo,
hasta el momento no ha habido ninguna interlocución desde el 2019 y han cerrado
los canales de comunicación para avanzar en el caso. Lo cual es muestra de la
supuesta voluntad y de su “gran compromiso contra la impunidad”.
Hoy al cumplir un año más, es
deleznable que la SCJN no haya emitido hasta el momento una sentencia respecto
del caso, es más, que ni si quiera haya agendado en la lista de temas a
discutir el caso de Gabriel y Edmundo el cual se encuentran en esta
institución, en espera, desde junio del 2020 cuando decidió atraerlo, y sobre
todo sin que se conozca el dictamen de sentencia propuesto por la Juez
Margarita Ríos Fargat. Hecho que evidencia que este gobierno no pretende ser
diferente a los demás y menos en los temas que se supone ha dicho que son
“prioridad” para su gobierno, “buscar a los desaparecidos” y “terminar con la
impunidad”.
Esta supuesta importancia de
resolver todos los casos de los detenidos desaparecidos y terminar con la
impunidad sigue ausente para la mayoría en nuestro país, y es lamentable que
sólo se utilicen las cifras y los informes para aparentar que este tema es
importante, cuando es un hecho que la situación no ha cambiado.
Como hemos reiterado en varias
ocasiones, no es en el discurso en donde se manifiesta la voluntad, sino en los
hechos y para ello se debe presentar a los detenidos desaparecidos, que saben
perfectamente en donde están, o tienen los recursos para saberlo, por aquello
de que se “justifican” que no fue en su gobierno cuando se cometieron y sin
embargo no lo han hecho.
En el caso de Gabriel y Edmundo
hay 8 detenidos actualmente en diversos penales federales por su participación
en su desaparición forzada, y dos prófugos, entre ellos el exprocurador del
estado de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez y el entonces director de la policía
ministerial Pedro Hernández Hernández y a pesar de tener sumos indicios de la
participación de elementos del ejército en el hecho, hoy 14 años después, éstos
siguen sin ser investigados y sin avance en la SCJN para que se enjuicie y
castigue a todos los responsables, tanto intelectuales como materiales.
La justicia en los casos de
desaparición forzada como en muchos crímenes de Estado, no existe, basta con
mirar los casos que han podido obtener una sentencia favorable y que sobre todo
lleve a determinar el paradero de los detenidos desaparecidos, el caso de
Gabriel y Edmundo es desafortunadamente un caso más que se encuentra en esta
misma situación. Que como hemos señalado a pesar de tener una resolución de
amparo a favor de las víctimas y de haber llegado a la SCJN, este sigue sin
resolverse producto de la nula impartición de justicia que se vive en el país.
La justicia debe manifestarse en
actos y hechos concretos, no en el papel, ya que de nada sirve que estas
existan en los códigos y en las leyes si en los hechos quienes están encargados
de procurarla y garantizarla no la cumplen.
Quienes de manera reiterada
sufrimos un crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada de un
familiar, exigimos no más impunidad y simulación, exigimos hechos concretos que
permitan transformar la situación vigente que hemos vivido desde hace 14 años y
muchos más para quienes se les ha ido la vida buscando a sus seres queridos sin
encontrarlos y ver justicia, No queremos discursos, queremos hechos y un
gobierno que se diga de transformación debe empezar por garantizar verdad y
justicia para los miles de detenidos desaparecidos.
Por ello, exigimos una vez más a
la SCJN garantizar el acceso a la verdad y la justicia, no sólo para Gabriel y
Edmundo, sino por todos los detenidos desaparecidos que de manera histórica han
sido invisibilizados y que han mantenido en la impunidad desde hace más de 40
años.
La transformación no se dará con
detenidos desaparecidos y más aun sin Verdad, Justicia, Memoria y sobre todo
garantías de no repetición.
Queremos Verdad y Justicia para
Gabriel y Edmundo y los miles de detenidos desaparecidos en el país.
¡Ni perdón ni Olvido, juicio y
castigo a los responsables!
¡Vivos se los llevaron, Vivos los
queremos!
Atentamente
Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos Hasta Encontrarlos
lunes, 10 de mayo de 2021
Justicia para Pedro Luna Pérez
Desde la Red contra la Represión y por la Solidaridad denunciamos el asesinato de Pedro Luna Pérez de 24 años, ocurrido el día 8 de mayo de este año mientras se encontraba al interior de su casa ubicada en la comunidad Coco, municipio de Aldama, en el estado de Chiapas. La causa de su muerte fueron los disparos que realizó el grupo paramilitar que opera con total impunidad desde el territorio de Santa Martha, Chenalhó.
La situación que se vive en la zona es sumamente grave, misma que diversos organismos de derechos humanos, grupos, colectivos, organizaciones y personas a título individual han señalado y denunciado de manera pública. Estos grupos paramilitares atentan cotidianamente contra la vida de más de cien personas y a las autoridades locales, estatales y nacionales parece no importarles.
Denunciamos y señalamos que los principales responsables de este crimen de lesa humanidad, son quienes cobijan, promueven y dan financiamiento a estos grupos paramilitares, los cuales son los mismos quienes administran las estructuras e instituciones del Estado que por años los han utilizado en su estrategia de contrainsurgencia y de represión hacia la población civil, teniendo como pilar al Ejército Federal para la realización de estas tareas.
Sentimos como propio el dolor de la familia de Pedro y del pueblo tsotsil, por ello hacemos un llamado a tod@s nuestr@s compañer@s de esta Red, a l@s adherentes a la Sexta y toda persona que sienta la misma indignación; a que, de acuerdo con sus tiempos, modos y formas, manifiesten su apoyo y solidaridad para las comunidades mayas que en estos momentos están siendo agredidas y denunciemos que el Estado mexicano es cómplice de las mismas.
Contra el despojo y la represión: ¡la Solidaridad!
Red contra la Represión y por la Solidaridad
(RvsR)
domingo, 9 de mayo de 2021
miércoles, 27 de junio de 2018
Comunicado del PDPR - EPR
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!
Las víctimas directas e
indirectas del terrorismo de Estado en México se cuentan por millones, todas
con una característica en común, miembros de la clase trabajadora en su mayoría
jóvenes, que han sido arrancados violentamente de sus hogares, de su familia,
de su trabajo, de su comunidad, su colonia y de su organización. Todos sin
distinción son hijos del pueblo y por ellos hay que seguir luchando y levantar
en alto las banderas de la lucha contra el terrorismo de Estado.
Víctimas que conforman tanto a
familiares como a todo su entorno social, violencia gubernamental que
constituye una política generalizada y sistemática que busca detener toda
expresión de voluntad popular de combatir y toda crítica al régimen; violencia
exponenciada que afecta a diferentes sectores del pueblo, en específico a la
fuerza de trabajo joven sin importar sexo, en resumen y a excepción del entorno
burgués la mayoría de los mexicanos somos víctimas de la violencia burguesa.
Ninguno de los casos de
desaparición forzada, ejecución extrajudicial y demás crímenes de Estado son
casos aislados, son producto de una política que responde a los intereses de la
oligarquía para mantener el régimen económico y político que condena a la
mayoría de los mexicanos a vivir en condiciones infrahumanas, sujetos a las
cadenas de la sobrexplotación y de la opresión política.
El dolor que se vive por la ausencia
de los familiares, por ser presa del Estado policíaco-militar, no es un dolor
individual, es ante todo un sentimiento colectivo, de indignación que poco a
poco se transforma en convicción y disposición para hacerle frente al gobierno
antipopular y represivo. A las víctimas del terrorismo de Estado nos identifica
nuestro origen de clase, nos une la explotación y la opresión que a diario
vivimos, nos hermana la convicción por alcanzar la justicia social, pero ésta
pasa necesariamente por comprender la necesidad de luchar de forma conjunta
contra el capitalismo, que representa la lucha por el socialismo.
Los millones que a diario sufren
la violencia de clase y el odio que destilan las instituciones burguesas no
pueden quedar pasivas ante este Estado criminal, nuestro enemigo común queda al
desnudo por las innumerables evidencias que se han recolectado, que se han
arrebatado del Estado a través de la organización fuera de los marcos
coorporativizantes.
La lucha nos enseña que cada
víctima del terrorismo de Estado no está sola, somos muchos los que sentimos el
dolor en carne propia de la violencia contra el pueblo, sin embargo, es una
necesidad entender el fenómeno en su exacta dimensión, y las motivaciones
políticas que lo alimentan.
Desarrollar la lucha, es elevar
las formas de organización para llegar a la actitud decisiva y combativa de
superar el aspecto emotivo, individual y espontáneo que debe ser transformado
en voluntad y convicción de luchar unitariamente contra el enemigo común.
Construir organismos de combate
popular significa no dejarnos quebrar por los mecanismos que el Estado nos
impone como "solución", medidas burocráticas, desgastantes,
dilatorias, revictimizantes y demagógicas que nos arrebatan la dignidad y nos
sumen en mayores mecanismos de opresión para ahogar el recuerdo de nuestros
familiares y la capacidad de organizarnos para exigir juicio y castigo a los
responsables materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad.
El Estado busca que aceptemos
resignadamente la violencia que emanan de sus instituciones, que callemos por
unas envilecedoras monedas, que se normalice el terror de Estado como un mal
necesario, e incluso que cuestionemos y criminalicemos a las víctimas,
familiares y organizaciones que a diario libran batallas populares por todas
las víctimas del terrorismo de Estado.
La lucha de familiares y amigos
de las víctimas del terrorismo de Estado, de organismos defensores de derechos
humanos, personalidades comprometidas con la justicia social y organizaciones
populares independientes por medio de la resistencia popular han evidenciado el
fenómeno del terrorismo de Estado, éste ya es más que evidente e inocultable
por su magnitud. Sin embargo, no es suficiente, porque a diario se siguen
cometiendo nuevos crímenes de lesa humanidad, nuevas víctimas se suman a la
interminable estadística de la violencia que sostiene al régimen neoliberal.
No basta con saber el paradero de
las víctimas, no basta reclamar a un solo familiar, no sólo es
"aceptar" la ausencia o pérdida de un ser querido; postrarnos ante el
conformismo individual es renunciar a la memoria de las víctimas, representa
dar la espalda a los millones de hermanos de clase que son tocados por las
garras criminales de las fuerzas represivas.
La táctica gubernamental se ve
reforzada con nuevas maniobras, buscan distorsionar la esencia del fenómeno al
hacer esfuerzos ingentes por reducir la desaparición forzada de personas a
figuras jurídicas que diluyen el carácter político de los crímenes de lesa
humanidad. Al endosar perversamente los crímenes de lesa humanidad a la mítica
"delincuencia organizada", no obstante, éstos sólo los comente el
Estado, sus instituciones y sus agentes.
Reproducir el discurso del Estado
es negar nuestra propia condición de oprimidos y explotados, es reproducir el
síndrome de Estocolmo, es renunciar a nuestra dignidad y es aceptar
resignadamente la degradación humana que lleva implícita la perdida de voluntad
de combatir contra los enemigos de clase, éstos se acuerpan y cierran filas
para salvar sus intereses, que son los intereses de la clase burguesa.
Desde el Estado, los hombres del
régimen y cancerberos del capital presentan a las víctimas del terrorismo de
Estado como delincuentes, como consumados criminales o individuos presentes en
el "lugar y hora equivocada"; y desbordan sapiensa al cerrar los
casos con el manotazo autoritario de que "en algo malo andaban".
Su objetivo es desmovilizar a
todos aquellos que luchan por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos,
evitar la solidaridad entre familiares, víctimas y hermanos de clase, promueven
una ideología antropófaga que destruye el grito de unidad por la presentación
con vida de todos los detenidos desaparecidos. Por ese mismo cauce empuja a la
corporativización de organismos y organizaciones que luchan contra la violencia
del régimen; confronta a familiares con falsas esperanzas y promesas que nunca
se cumplirán, porque ambas constituyen también violencia de Estado.
Expresión de lo anterior es la
ley contra la desaparición forzada, que nació muerta y contraria a las
exigencias populares, vacía con relación a la justicia que exige el pueblo; por
todo su entramado jurídico ahogan la voluntad de exigir la presentación con
vida, busca la fractura política y organizativa de la lucha contra el
terrorismo de Estado y envilece en cauces individuales la lucha por reivindicar
a las víctimas del terrorismo de Estado.
A tal grado llega la táctica del
Estado y su perversidad es tal que induce a mendigar la presentación con vida
de los desaparecidos, a renunciar a ella y degradarla a tal grado de luchar
sólo, conformarse con una "evidencia" mortal de la víctima. Sin
embargo, para quienes estamos comprometidos con las víctimas y sus familiares
la lucha transciende lazos sanguíneos, militancia política y origen geográfico.
En correspondencia la lucha por
exigir la verdad, la presentación con vida y el juicio y castigo a responsables
materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad debe continuar,
pero expresada en nuevos cauces, nuevas iniciativas y formas de lucha que
expresen ante todo unidad y voluntad de combatir; ésta es una lucha que demanda
a todos aquellos que luchamos contra el régimen a redoblar nuestro compromiso
de luchar al lado del pueblo y de fortalecer la convicción de organizar y
generalizar la autodefensa armada de las masas para poder hacer frente a la
violencia del Estado burgués.
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO
POPULAR REVOLUCIONARIO
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
República mexicana, a 17 de mayo de 2018
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
Foro sobre Ley de Seguridad Interior y Derechos Humanos.
Foro “El año que vivimos en peligro, Ley de Seguridad
Interior y Derechos Humanos”. Dr. Enrique González Ruiz y Dr. Adrián Ramírez en
Brújula Metropolitana. Enero de 2018.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
sábado, 19 de mayo de 2018
VII Marcha de la Dignidad Nacional. 10 de Mayo de 2018
Desaparecida en la Guerra Sucia
Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en
Chilpancingo
Saludo desde la Universidad de Milán
FPDT
Familiares de Víctima de Feminicidio en el Estado de México
Centro de Derechos Humanos de la Mujer
Red de Madres Buscando a sus Hijos
Pase de Lista Familiares María Herrera de Poza Rica y
participación de FUNDEC
Buscando a Nuestros Desaparecidos Veracruz
Pase de Lista Desaparecidos en Coahuila
Justicia y Esperanza
Caso de asesinado en la Facultad de Odontología
Familiares de Desaparecidos en Paracho Michoacán
Cierre de evento y muestra fotográfica
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
Conferencia de prensa de Familiares de Desaparecidos en Tamaulipas. Mayo 9 de 2018
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
miércoles, 20 de diciembre de 2017
Aristegui: Ley de Seguridad Interior
Entrevista a integrante del Colectivo Seguridad sin Guerra y
diputada priísta. Transmitida por CNN en español el 18 de diciembre de 2017
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
martes, 5 de diciembre de 2017
miércoles, 1 de noviembre de 2017
Comunicado del ERPI Guerrero
COMUNICADO ESTATAL # 22.
A los medios de comunicación.
A la opinión pública.
El próximo 20 de agosto se
cumplen 8 años del asesinato de Armando Chavarría Barrera, diputado local por
el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que fue ejecutado en
Chilpancingo en un contexto político de enfrentamiento con el gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo en la disputa de la candidatura del PRD al
ejecutivo estatal.
Torreblanca Galindo señalado por
la opinión pública de ser el autor intelectual del asesinato del dirigente
perredista trató de desviar la atención filtrando información a la prensa sobre
una línea pasional y otra que señalaba al Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente ERPI como responsable del homicidio.
En lo que corresponde a la línea
de la guerrilla, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),
actualmente Fiscalía General del Estado, y el CISEN armaron una mala novela
policiaca integrada por la declaración de Raúl Jiménez García el “miliciano
Pedro” supuesto ex guerrillero, notas periodísticas, informantes anónimos y
comunicados del ERPI publicados en la página del Centro de Documentación de los
Movimientos Armados (Cedema).
Según la narrativa del supuesto
ex guerrillero Jiménez García, se habría planeado el asesinato de Armando
Chavarría en una reunión del ERPI que se llevó a cabo en Tlapa en la casa de
Roberto Ángel García, encabezada por el comandante Ramiro, el 19 de agosto de
2009 (un día antes del crimen) a la que supuestamente asistieron miembros del
ERPI, políticos del PRD, así como Dolores Padierna y René Bejarano.
De acuerdo con esta mentira,
antes de retirarse de la reunión el Comandante Ramiro encargó la ejecución de
Armando Chavarría a Miguel Ángel Serafín identificado como “el comandante Beto”
y a Roberto Ángel García. En el expediente de la declaración, el “miliciano
Pedro” dice que los autores materiales fueron Camerino Florentino Cayetano y
Miguel Díaz Escobar, originarios de Tepecoacuilco y Quechultenango
respectivamente.
Además, “el miliciano Pedro”
-supuesto informante del CISEN- refiere que al día siguiente, el 20 de agosto
acompañó a Miguel Ángel Serafín a un recorrido por varios municipios de la
región de la Montaña y que escuchó cuando durante la mañana de ese día le
informaron vía telefónica al “comandante Beto” que ya había sido ejecutado
Chavarría Barrera en la capital del estado.
En otros capítulos del expediente
se acusa al ex comandante Antonio del ERPI de tener un viejo conflicto desde
cuando eran estudiantes, versión que el mismo refutó en entrevistas.
El testimonio del “miliciano
Pedro” que acusa al ERPI del asesinato de Armando Chavarría fue desestimado por
el Poder Judicial de la Federación mediante el Juzgado Séptimo de Distrito que
no concedió las órdenes de aprehensión contra Miguel Ángel Serafín “comandante
Beto”, Camerino Florentino, Roberto Ángel García y Miguel Díaz Escobar.
Esta versión de febrero de 2010
desechada por el Poder Judicial de la Federación ha sido retomada una y otra
vez en los gobiernos de Zeferino Torreblanca, Ángel Aguirre y Héctor Astudillo
para desviar la atención de la opinión pública y proteger al mismo Torreblanca
Galindo en un pacto de silencio e impunidad.
Esta historia es falsa incluso a
los ojos del Poder Judicial de la Federación, este testimonio y toda la trama
ideada para culpar al ERPI se ha convertido en una herramienta útil al gobierno
del estado para criminalizar al movimiento social y a políticos del PRD, al
acusarlos de tener relación con la guerrilla y de estar involucrados en el
asesinato del líder perredista.
En fechas recientes el fiscal general
del estado, Javier Olea Peláez dijo en su comparecencia ante el Congreso local
que ya sabía quiénes son los responsables del homicidio del diputado Armando
Chavarría Barrera y que pronto daría más datos. En este contexto se hace
preciso decir nuestra verdad.
1.- Rechazamos que el ERPI estuvo
involucrado en el asesinato del diputado Armando Chavarría, esa reunión entre
guerrilleros y políticos del PRD jamás existió. El Comandante Ramiro fue
ampliamente reconocido como uno de nuestros militantes, pero nunca estableció
algún tipo de relación ni personal ni política con el diputado asesinado.
2.- Rechazamos contundentemente
que Raúl Jiménez García, “miliciano Pedro”, haya sido miembro de nuestra
organización. Él se identifica con credencial del IFE JMGRRL85033012H80, es
originario de Zacacoyuca, pero con domicilio en Iguala y cuya fotografía se
aprecia en el expediente.
3.- Tampoco militan en nuestras
filas Miguel Ángel Serafín “comandante Beto”, Roberto Ángel García, Miguel Díaz
Escobar, Camerino Florentino, Demetrio Rosendo y una larga lista de personas
que se mencionan en el expediente. Nos deslindamos y alertamos al movimiento
social, a las organizaciones que defienden los derechos humanos a estar
pendientes de las acciones de hostigamiento y represión que pueda llevar a cabo
el gobierno fascista de Héctor Astudillo en su intento de encubrir a Zeferino
Torreblanca y culpar a mujeres y hombres inocentes.
4.-En lo que se refiere a Jacobo
Silva Nogales conocido como ex comandante Antonio cabe decir que tras su
detención en las calles de la CDMX el 19 de octubre de 1999 y su posterior
encarcelamiento a la fecha no participa en actividad alguna del ERPI por lo que
tampoco pudo haber planeado ni haber participado de forma alguna en ese
homicidio.
5.- Si Héctor Astudillo quiere
reivindicarse que su fiscal Javier Olea Peláez detenga a Zeferino Torreblanca,
Ignacio Rendón Romero y Carlos Álvarez Reyes entre otros, así como a los
autores materiales, es decir, policías ministeriales según la versión del comandante
Trinidad Zamora Rojo ante Alberto López Rosas, entonces procurador de la PGJE.
Exigimos que el gobierno de
Héctor Astudillo no continúe con la versión en la que se acusa a la guerrilla
del asesinato de Chavarría Barrera para engañar a la opinión pública. Afirmamos
que el asesinato del entonces diputado es un crimen de Estado, como las
masacres de Aguas Blancas, El Charco, Acteal y la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa.
¡Libertad a los presos políticos
del país!
“CON EL PODER POPULAR EL PUEBLO
UNIDO VENCERÁ”
COMITÉ ESTATAL DE GUERRERO DEL
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE ERPI.
9 DE JULIO DEL 2017.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
domingo, 29 de octubre de 2017
Acto de Memoria A 9 Años de la Desaparicion de Jesus Salvador y Raul Trujillo Herrera
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
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