Aristegui. Roberto de Figueiredo Caldas. Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Acteal Atenco y Ayotzinapa ante la Corte Interamericana

Foro en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Febrero 2016.

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Presentan denuncia contra Estado mexicano en la CIDH por violaciones a Derechos Humanos de Normalistas de Ayotzinapa el 12 de Diciembre de 2011

Conferencia de Prensa

Por el cuarto aniversario de las violaciones de derechos humanos en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurridas el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero; estudiantes, familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil presentan denuncia contra el Estado mexicano frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Solicitan a la CIDH declare la admisibilidad de esta petición y los responsabilice por la violación de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

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La CIDH analiza el Caso Kuykendall Conferencia de prensa

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La CIDH acepta investigar el Caso Digna Ochoa (2013)

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Estado mexicano pierde oportunidad histórica de reconocer a las víctimas de la "guerra sucia"

México D.F., 16 de noviembre de 2011

Realizará acto de reconocimiento de responsabilidad por desaparición forzada del Sr. Rosendo Radilla, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, sin acuerdo ni presencia de los familiares


El día de hoy, la Secretaría de Gobernación comunicó a Tita Radilla, a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) así como a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), que la realización del acto público de reconocimiento de responsabilidad por la desaparición forzada del Sr. Rosendo Radilla derivado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se llevaría a cabo el día de mañana 17 de noviembre a las 11:00 hrs. en Atoyac de Álvarez, Guerrero, con la presencia de altos funcionarios gubernamentales.

Lamentamos que en razón de la premura y la manera unilateral con la que el gobierno pretende llevar a cabo la el acto, la familia Radilla Pacheco no pueda estar presente. En este sentido, Tita Radilla "el Estado pierde la oportunidad de reconocer a las víctimas de la "guerra sucia", reconstruir el tejido social en Guerrero donde el Estado cometió crímenes de lesa humanidad que afectaron al municipio de Atoyac de Álvarez en su totalidad, donde se han documentado más de 630 casos de desaparición forzada"

Juan Carlos Gutiérrez, Director General de la CMDPDH consideró que "este tipo de eventos poseen un carácter fundamental para dignificar a las víctimas y sus familias, y un efecto de reparación que en este caso se nulifica al no contar con la presencia de las víctimas. La imposición del acto revictimiza a las familias que tienen más de 37 años esperando que el Estado reconozca lo sucedido durante los años 70. Ante la situación que viven actualmente las víctimas en el país, es lamentable que el gobierno tome este tipo de decisiones sin tomar en cuenta que se impide elaborar el duelo e impide la reconciliación, asimismo, no conduce a la paz en un momento en el que el país necesita llegar a acuerdos para alcanzar la reconciliación histórica."

El gobierno acordó con la familia, a través de la Secretaría de Gobernación, que se determinaría una nueva fecha de realización del acto. Muestra de ello es que el secretario de Gobernación en funciones convocó a los familiares a una reunión para planificar dicho acto el próximo viernes 18 de noviembre.

Cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte IDH ha puesto énfasis en la relevancia de este tipo de actos recalcando que "lo importante es que las víctimas sientan que se ha hecho justicia. Los pedidos de perdón deben contar con la participación en las ceremonias, de altas autoridades del Estado, la presencia de las víctimas y la difusión pública."


Familia Radilla Martínez

Asociación de Familiares de Detenidos –Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los DerechosHumanos en México, A.C. (AFADEM)

Julio Mata Montiel

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción delos Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)


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Hace muy poco el gobierno para resolver desapariciones forzadas en el país: ONG

Soslaya peticiones de indagación y sentencias de la CIDH, destacan

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 2 de octubre de 2011, p. 7

A pesar de la gravedad del fenómeno de las desapariciones forzadas en México, como advirtió el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Escobar Gil, las autoridades han hecho muy poco para resolver estos crímenes, encontrar a las víctimas y sancionar a los responsables, deploraron activistas especializados en el tema.

Julio Mata, coordinador de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), señaló que el gobierno ha ignorado las peticiones de que ponga en marcha un sistema integral de investigación y búsqueda en casos de desaparición forzada, a pesar incluso de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Es falso que realmente estén buscando a Rosendo Radilla (luchador social de Guerrero desaparecido por elementos del Ejército en agosto de 1974). Las autoridades están excavando en sitios marcados por las víctimas, pero no piden el testimonio de los represores, que son quienes saben dónde pueden estar los restos”, denunció.

Las desapariciones ocurridas en la actualidad –dijo– tampoco están siendo objeto de ninguna investigación seria, e incluso en muchas ocasiones el Ministerio Público ni siquiera acepta las denuncias al respecto, lo cual alimenta el círculo vicioso de la impunidad desde los años 70.

A pesar de la cerrazón oficial, los organismos de la sociedad civil deben seguir recordando a los tres poderes de la Unión su responsabilidad de crear una ley general contra la desaparición forzada, capacitar a jueces y magistrados para la atención de víctimas y diseñar protocolos adecuados de ayuda.

Blanca Hernández, integrante de la Fundación Diego Lucero, indicó por su parte que la indolencia del gobierno es de tal magnitud que la sentencia de la CIDH sobre el caso Radilla tiene ya dos años, sin que las autoridades se hayan comprometido en una búsqueda real.

“Como no hay castigo para los crímenes ocurridos hace más de 30 años, los represores siguen cometiéndolos, de ahí la importancia de que los organismos internacionales de derechos humanos sigan visitando el país y documentando esta situación”, advirtió.

Aunque manifestó dudas de que el gobierno le dé cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, Hernández apuntó que las organizaciones civiles deben seguir su trabajo de denuncia, y consideró que la propuesta de crear una fiscalía especial para el tema no es desdeñable, siempre y cuando dicha instancia esté conformada por especialistas sensibles, no sólo por funcionarios judiciales sin una perspectiva completa del asunto.


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Los tímidos pasos de la PGR en el caso Radilla

Rosendo Radilla, al centro, en una manifestación en Guerrero a principio de los años setenta.


El pasado 29 de agosto México debió informar a la COIDH sobre los avances en la búsqueda de los restos de Rosendo Radilla, caso paradigmático de violación a los derechos humanos en nuestro país.


Milenio semanal


Crear un banco nacional de ADN para desaparecidos en la “guerra sucia”; indagar entre los muertos desconocidos de los cementerios locales de Atoyac, Guerrero; expandir las áreas de búsqueda con georadares a otras zonas del ex cuartel militar de esa localidad, y abstenerse o limitar el uso de maquinaria pesada en estas indagatorias, son las recomendaciones e ideas para dar con los restos de Rosendo Radilla. Sin embargo, las acciones de la Procuraduría General de la República (PGR) son limitadas. Ha pasado un año y medio y sólo se ha buscado, dos veces, en el mismo lugar.

El pasado 29 de agosto México debió informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre el avance en el cumplimiento de la sentencia dictaminada en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, en la cual esa Corte declaró al Estado mexicano autor del delito de desaparición forzada en el contexto de la “guerra sucia” de los años setenta. Así, cuando pasen las lluvias de esta temporada, se realizará una tercera búsqueda de los restos de Radilla en el ex cuartel militar de Atoyac. Las nuevas excavaciones programadas fueron dadas a conocer de forma discreta. Un boletín institucional de la PGR anunció esta búsqueda en el ex cuartel militar de Atoyac, Guerrero.

Por primera vez un grupo de peritos especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) asesorará a la PGR en la búsqueda de posibles cementerios clandestinos y restos óseos. En el grupo de expertos estarán Mario Ramírez Cardona y José Antonio Zamora Téllez, peritos en materia de geología del Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Al frente del área de arqueología estará Osvaldo José Sterpone, de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH. Participarán también Jorge Arturo Talavera e Israel Dávila Lara Borges, también de esta institución.

“Los peritos actualmente utilizan dos aparatos que, nos dicen, son muy caros: el resistivímetro y el georadar”. Esos aparatos envían electricidad al subsuelo, con lo que obtienen una lectura de las irregularidades del terreno, explica en entrevista con M Semanal Sergio Méndez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que acompaña a los familiares de Radilla en el caso. La información obtenida es procesada y se puede hacer un mapa en tercera dimensión del terreno. “El perito nos explicó que hay 18 irregularidades divididas en cuatro o cinco zonas del mismo campo de tiro”. Pero se podría tratar de madrigueras de animales, troncos, piedras, etcétera; la segunda parte de estas indagaciones es excavar y ver de qué se trata.


LC: Hay versiones de que existen otras zonas en el ex cuartel donde también podría haber restos óseos y que allí no se está buscando.
SM: Obviamente el terreno es muy limitado, porque hay otras zonas en las que también podrían estar buscando.

LC: ¿Cuáles son estos otros espacios donde podría haber fosas clandestinas?
SM: Es posible que se encuentren restos enterrados debajo de la cancha de basquetbol. Otros dicen que pueden encontrarse restos debajo de la (actual) casa del presidente municipal. Hay distintas versiones, pero ahorita la PGR se ha circunscrito al campo de tiro. Inicialmente el campo de tiro se dividió en cuatro zonas, y posteriormente se agregó una “zona ampliada”, a solicitud de Tita Radilla, hija del desaparecido Rosendo Radilla.

Los peritos del INAH nos hicieron una presentación muy buena. Nosotros solicitamos esta información pero, al igual que el resto de la averiguación previa, sólo la podemos consultar in situ. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo para que los familiares de Radilla Pacheco y sus coadyuvantes puedan sacar copias del expediente.


TRASCABOS EN EL EX CUARTEL

Las primeras excavaciones se hicieron con maquinaria pesada, con trascabos, y se detectaron irregularidades. Pero esto podría ser contraproducente en las indagatorias: “Lo que nos explicaron los peritos del INAH es que no se tiene que excavar ni con palas, menos con maquinaria pesada. Se tiene que hacer con herramientas muy finas. Tienen que quitar con mucho cuidado la tierra. Es más, no puede haber más de dos personas, porque (incluso) el perito puede contaminar el resto óseo con una lágrima, con un cabello o con saliva. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con los restos óseos, porque como ya llevan mucho tiempo (en el subsuelo), es posible que se echen a perder y no se pueda analizar el ADN”, explica Sergio Méndez. El abogado reitera: los restos, de ser hallados, pueden estar en muy malas condiciones. “Nos dijeron que pueden parecer como mazapán, o pueden estar llenos de hongos, pueden estar fracturados o pueden estar dañados. Por esta razón, es indispensable que la excavación se haga por secciones, con herramientas muy delicadas”.


EL CAMPO DE TIRO

Leonel Paiz es perito de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y acompaña el caso de Rosendo Radilla a petición de la CMDPDH. De acuerdo a Paiz, el uso de trascabos no fue inadecuado en una etapa inicial, por el tipo de terreno y el gran espacio en donde había que buscar. Incluso ejemplificó con el caso de los restos en el genocidio de Bosnia, donde se trabajó inicialmente con maquinaria pesada, pero siempre bajo la observación expertos, lo que no fue el caso aquí. En su informe Paiz recomendó que la búsqueda de restos se extendiera a otras zonas del ex cuartel militar y sus alrededores, y no sólo se circunscribiera al campo de tiro; la determinación de indagar en el campo de tiro se hizo a partir de los testimonios varias personas. Sin embargo, como ha denunciado la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), las autoridades militares no han aportado información interna sobre el paradero de Rosendo Radilla y otros desaparecidos.

Julio Mata, secretario ejecutivo de la Afadem, advierte en entrevista que “todo el caso es producto del trabajo de los familiares. Para nosotros no hay investigación real sobre los desaparecidos”. Todo el trabajo está basado en testigos aportados por los familiares y los peritajes de los antropólogos forenses, porque “la PGR se ha negado a citar a los responsables de las desapariciones forzadas”. Concluye: “Están buscando en lugares donde hay pocas probabilidades de encontrar algo”.

Leonel Paiz añade: se recomendó la expansión de la búsqueda “de acuerdo a nuestra experiencia, y de acuerdo también a los propios testimonios de las personas que vivían en el sector”. El guatemalteco advirtió que en docenas de casos similares se pueden hallar cementerios de este tipo no sólo al interior de un cuartel, sino en los alrededores de éste; es necesario poner atención en aquellos terrenos donde se presentaba vigilancia constante en los años en que se presentaron las desapariciones (en este caso, en la década de los setenta). Pero algunas de las zonas que tanto los testigos como los expertos guatemaltecos han sugerido para excavar ya tienen construcciones nuevas.



LC: De acuerdo a su experiencia, ¿cómo ve el avance de las indagatorias?
LP: Caminan un poco lento. Aunque a veces es así, un poco lento. Aquí en Guatemala llevamos desde 1992 (trabajando el tema de) cementerios clandestinos. Ya con el tiempo se han hecho manuales que agilizan el proceso, pero en general nosotros creemos que acá lo hemos hecho en muchísimo menos tiempo de lo que han sido los trámites para autorizar estas nuevas áreas (en México).

LC: ¿Cómo encuentra el proceso mexicano?
LP: Técnicamente van muy bien en el caso de Rosendo Radilla. Las personas que yo conocí, las vi con muy buena voluntad. En eso no creo que haya ningún problema. Pero me parece que se deberían agilizar las investigaciones, y no dejar pasar demasiado tiempo.

Otra recomendación del grupo guatemalteco en el caso de Rosendo Radilla es buscar en los cementerios legales a aquellos hombres y mujeres muertos no identificados de la época, “a los NN”. Esto no se realiza en México. Finalmente, recomendaron hacer un muestreo genético a nivel nacional, no sólo de Radilla Pacheco, sino de los cientos de desaparecidos de la época.

LC: ¿Cuánto costaría el muestreo?
LP: No te podría dar exactamente cuánto es el costo. Pero sí hay que hacerlo. Son cosas que aquí (en Guatemala) también se están haciendo y han funcionado.

El 19 de mayo de este año la Coidh emitió una primera resolución tras cumplirse el primer año de su sentencia en el caso Radilla. En ese informe la Corte determinó que el Estado había incumplido con todas las recomendaciones en el caso Radilla Pacheco, excepto con publicar extractos de la sentencia del caso en un diario de circulación nacional y en el Diario Oficial de la Federación. El Estado mexicano presentó un informe el 29 de agosto que detalla cómo va el cumplimiento del resto de los puntos —el pago de las indemnizaciones, la investigación—; pero el punto más importante, abatir la impunidad en delitos de lesa humanidad, sigue pendiente. “No han hecho una sola diligencia encaminada a castigar a los responsables de la ‘guerra sucia’”, señaló Sergio Méndez.


Caso paradigmático

El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco fue detenido en un retén militar. Fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Radilla fue compositor y un líder social de ese municipio. En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló culpable al Estado mexicano de diversas violaciones de derechos humanos en la desaparición forzada de Radilla Pacheco, caso ya paradigmático de la guerra sucia en México. La corte determinó que México violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida de Radilla, además de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus hijos Tita, Andrea y Rosendo.


La sentencia y su cumplimiento

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) determinó en 2009 que México debía localizar el paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su defecto, entregar sus restos mortales a los familiares. Esto sigue pendiente, así como su determinación de que un representante del Estado mexicano debía ofrecer disculpas públicas por los hechos de desaparición forzada y develar una placa conmemorativa en Atoyac de Álvarez.

Asimismo, la Coidh ordenó que se entregue un monto de dinero a los familiares de Radilla Pacheco como una medida de reparación del daño. La PGR anunció en días recientes que este monto ya se encontraba en un tribunal, listo para ser entregado.

El Estado mexicano debía presentar el 29 de agosto un informe a la Coidh sobre el cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla. Hasta el 31 de agosto, los familiares no habían sido notificados si dicho informe fue presentado. Pero esto no necesariamente quiere decir que México fue omiso, ya que puede deberse a que la notificación a los familiares se ha retrasado o que se solicitó una prórroga.

Sin embargo, en México siguen ocurriendo desapariciones. El pasado 30 de agosto, en el marco del Primer Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, frente a lo que calificó como una urgencia en nuestro país debido al alto número de casos en los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas pidió al gobierno mexicano publicar la Ley General de Desaparición Forzada. Cabe recordar que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas entró en vigor el 23 de Diciembre de 2010.


(Lydiette Carrión)


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Participará el INAH en la tercera ronda de búsqueda de los restos de Rosendo Radilla

Encuentran expertos 18 “anomalías”; propuesta de la PGR ante presión de la CIDH

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 17

La búsqueda de los restos del activista Rosendo Radilla Pacheco –desaparecido en 1974– en lo que fuera el cuartel militar 27 de Atoyac de Álvarez, Guerrero, se ampliará, ya que expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Procuraduría General de la República (PGR) hallaron “diversas anomalías” en los resultados de la reciente diligencia de prospección en la zona.

La PGR dio a conocer en un comunicado que estas anomalías no necesariamente revelan que en el subsuelo del lugar haya osamentas, sino que pudieran ser fallas geológicas, rocas, madrigueras de roedores, cimientos, manpostería enterrada, acumulación de raíces u otros depósitos.

Esta situación se presenta días antes de que el gobierno mexicano rinda un nuevo informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Radilla, en el cual el organismo internacional encontró responsable al Estado mexicano de vulnerar los derechos del activista y sus familiares y decretó que en el periodo de la guerra sucia existieron desapariciones forzosas sistemáticas en las que participaron elementos del Ejército Mexicano.

Ante las 18 “anomalías” encontradas, la dependencia federal propuso a los deudos de la víctima y a sus representantes legales de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) iniciar una tercera etapa de excavación en las tres zonas donde se ha buscado, con métodos de excavación minuciosos e instrumental de alta precisión con el propósito de confirmar o desechar la presencia de restos óseos en la región. Estas diligencias se realizarían entre octubre y noviembre próximos.

Al respecto, Sergio Méndez Silva, director del área de defensa de la CMDPDH, indicó en entrevista que pese a la reciente exploración del subsuelo donde presuntamente pueden hallarse los restos de Radilla Pacheco y otras personas de este municipio, en el que más desapariciones forzadas se presentaron durante la llamada guerra sucia, no se pudo definir la posibilidad de que cuerpos estén enterrados en ese lugar.

Aseveró que ésta será la primera vez que el gobierno mexicano, con el apoyo del INAH, realice una excavación con herramientas de alta precisión a fin de que, en caso de encontrarse, las osamentas se analicen científicamente para conocer su identidad.

“Esto demuestra la importancia de que exista una ley de víctimas que, entre otras cosas, establezca la existencia de un equipo de expertos mexicanos en tecnología forense que realice este tipo de búsquedas con estándares internacionales”, refirió el abogado.

Subrayó que si bien se trata de un avance en el proceso para encontrar los restos de Radilla, la PGR da a conocer esta noticia ante la inminencia de que la CIDH exiga a México que rinda un segundo informe, a finales de este mes, sobre el caso. Pues con el primero, que se presentó en mayo, la Corte advirtió que el gobierno federal no había cumplido totalmente con su sentencia, salvo en la publicación de la misma en medios de circulación nacional y en el Diario Oficial de la Federación. “Creo que a la administración federal le urge presentar algo más o menos aceptable”. Y agregó que las investigaciones para sancionar a los responsables militares y civiles –incluido el ex presidente Luis Echeverría– continúan siendo deficientes.

Esperan el fin de las lluvias

En su comunicado, la PGR señaló que Jorge Arturo Talavera González, experto en antropología forense del INAH, expuso la necesidad de realizar una nueva excavación. Debido a que en el terreno se localizó un manto freático que eleva su nivel en época de lluvias, “los expertos en antropología física destacaron la importancia de que las excavaciones deban ser practicadas en época de seca para obtener resultados óptimos, certeros y objetivos de acuerdo con los estándares internacionales previstos en el protocolo modelo para la búsqueda de personas desaparecidas por muertes sospechosas, por graves violaciones a los derechos humanos”, señaló la dependencia.

La PGR informó que estas acciones se realizan en cumplimiento a la sentencia de la CIDH por el caso Radilla.


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Castigo a militares, exigen en Gobernación los campesinos ecologistas Cabrera y Montiel

En acto “de compromiso” para acatar fallo de la CIDH, piden salida del Ejército de áreas rurales


Víctor Ballinas y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 22 de junio de 2011, p. 23

“Justicia y castigo a los militares que nos torturaron”, exigieron en la Secretaría de Gobernación los campesinos ecologistas guerrerenses Teodoro Cabrera –presente en el acto para manifestar el compromiso oficial de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, y Rodolfo Montiel –vía telefónica–, ante los subsecretarios de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la dependencia, Felipe Zamora, y de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.

“Exigimos el retiro de militares de las comunidades rurales de Guerrero porque se emborrachan y disparan contra todos. Justicia y castigo para el juez y los ministerios públicos que aceptaron como válidas las declaraciones obtenidas bajo tortura”.

Desde el podio, Teodoro Cabrera destacó: “Me siento nervioso; sólo contento por verlos a todos. Les pido que hagan justicia contra el Ejército por las torturas (que sufrimos); ya llevo dos operaciones y no ando bien de mi cuerpo; que sientan lo que sentimos nosotros en la cárcel.

“Los militares quieren quedarse con las manos limpias y nos echan la culpa; querían que firmáramos y nos torturaron. La familia sufrió mucho; llegaron disparando; quieren que quedemos debajo de sus zapatos. Los caciques les dieron dinero, los compraron, y fueron a detenernos. Ellos (los soldados) van a las comunidades y matan, torturan, detienen. “No quieren que hablemos, el dinero se lo echan en el bolsillo, se van enriqueciendo”.

En tanto, Rodolfo Montiel, quien se encuentra asilado en Estados Unidos, vía telefónica pidió que se guardara un minuto de silencio por “los compañeros caídos: Aniceto Martínez, Elena Borja, Salomé Sánchez, Digna Ochoa y Plácido. Creo que ya la justicia está regresando; se nos había ausentado, se había ido a Costa Rica, espero que se cumpla toda la recomendación”.

Asimismo, hizo un reconocimiento a los abogados Mario Patrón y Jorge Fernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes tomaron su caso; a Édgar Cortez, quien en esas fechas era director de dicho centro, y a otros personajes como la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y a las legisladoras Nancy Pelón e Hilda Solís, que apoyaron su causa.

Montiel preguntó al subsecretario Zamora: “¿Cuándo puedo volver a México? Quiero que nos brinde seguridad para nosotros, para las familias, para todos”.

El subsecretario Castro le respondió: “Le informó que esta es una ceremonia para manifestar el compromiso del Estados mexicano de cumplir en todos sus términos la sentencia de la CIDH. Usted podrá regresar o permanecer en el lugar que decida; nosotros respetaremos su libertad y sus decisiones”.

Presente en el acto, Ubalda Cortés, esposa de Rodolfo Montiel, dijo a los funcionarios: “Quiero pedir al gobierno que cumpla con todo lo comprometido, que ya no sigan las torturas. Yo me siento mal, estoy lejos de la familia, y ahorita que mi mamá está enferma no puedo estar con ella, y quiero pedirle que los militares ya no vayan a las comunidades”.

El subsecretario Gómez Robledo aseveró: “Este es un acto de justicia. Hay que recordar que fueron detenidos por militares, después entregados al Ministerio Público, un juez los halló culpables, y por razones humanitarias el presidente Vicente Fox los dejó en libertad, sin hacer justicia. La CIDH nos ordenó reparación del daño y que se investiguen en la justicia civil las torturas. El gobierno reafirma dar cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones de la CIDH”.

En tanto, Zamora Castro dijo que se acatará la sentencia dictada por el organismo internacional en favor de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel: “Se asume el deber de cumplir en tiempo y forma”.

Refirió que en octubre de 2010 el Ejecutivo envió al Congreso la reforma al Código de Justicia Militar en materia de violaciones a los derechos humanos, por lo que exhortó al Senado a discutir esa reforma.


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Los soldados se quedan: Felipe Zamora

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 22 de junio de 2011, p. 23

Minutos después de que los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (encarcelados y torturados por elementos del Ejército en 1999) pidieran el retiro de los militares de las zonas rurales, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Felipe Zamora, advirtió que los elementos castrenses no saldrán y que el comportamiento de unos cuantos no es suficiente para empañar toda una institución.

–Los señores Cabrera y Montiel han pedido el retiro de militares de zonas rurales, ¿qué les responden?

–En este momento la participación de las fuerzas armadas es indispensable para regresar la seguridad a los mexicanos; lo que nos corresponde a todos es vigilar que esa participación se haga en pleno apego a los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, el respaldo que nos están dando en el combate a la delincuencia es invaluable.

–Dicen que los militares se emborrachan y disparan a diestra y siniestra…

–Quienes incumplan con sus normas deben ser sometidos a procesos y sancionados, pero la conducta de unos no es suficiente para empañar la presencia de toda una institución. Los que sean culpables que asuman su responsabilidad, pero el Ejército Mexicano es ampliamente respaldado y apoyado por los mexicanos.

En entrevista al término de la ceremonia en que el gobierno federal ratifica su compromiso de cumplir la sentencia de la CIDH en el caso de los campesinos, dijo que “los casos concretos deben estudiarse y sancionarse”.



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Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México.

Publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia emitida el veintiséis de noviembre de dos mil diez, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso número 12.449, Cabrera García y Montiel Flores vs. México.




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Procurador: gobierno de Guerrero acatará recomendación de la CIDH

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 18 de junio de 2011, p. 19

Chilpancingo, Gro.,17 de junio. El procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, anunció que representará al gobierno estatal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la audiencia programada para el próximo 28 de junio en Costa Rica, por el caso de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pahaá, quienes fueron violadas por efectivos del Ejército Mexicano en 2002.

La CIDH condenó en octubre pasado al Estado mexicano por que las indígenas fueron abusadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército en las comunidades de Barranca Bejuco y Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de Los Libres, en la región Costa-Montaña del estado de Guerrero.

López Rosas adelantó que la postura del gobernador Ángel Aguirre Rivero “es que vamos a acatar la recomendación y de inmediato se otorgarán las medidas cautelares a las afectadas; (la) resolución viene bien sustentada en favor de quienes han argumentado violación a sus derechos”, comentó.

“Vamos a contribuir al resarcimiento, al cumplimiento de resoluciones de carácter internacional en materia de derechos humanos, a corregir lo que se tenga que hacer. Obviamente, a analizar en nuestro esquema jurídico que todo esté aplicándose adecuadamente. La intención del gobernador es mantener el respeto a los derechos humanos.”

No obstante, aclaró que junto con la Federación definirán criterios. Admitió que si bien el gobierno federal es el que mantiene la personalidad y representación jurídica de México, “nosotros iríamos a fijar la postura del gobierno de Guerrero. Mi participación sería señalar que en el ámbito territorial donde se cometieron las acciones delictuosas el gobierno del estado mantiene su disposición al respaldar al Estado mexicano para el cumplimiento de esa resolución”.


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Desaparición forzada de Alicia de los Ríos: crimen de Estado que persiste.

Difusión Cencos México D.F., 5 de abril de 2011

El día de hoy se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición para que se abra contra el Estado mexicano el caso de Alicia de los Ríos Merino, víctima de desaparición forzada. A partir de su detención, el 5 de enero de 1978, el Estado ha incurrido en graves violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en agravio de Alicia de los Ríos, originaria de San José Bachíniva, Chihuahua, y militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

La petición fue presentada por Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos, Martha, Irma, Irene y Gilberto de los Ríos Merino, hermanas y hermano de la hoy desaparecida, el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez, la Fundación Diego Lucero y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La desaparición forzada de Alicia de los Ríos ocurrió en una época caracterizada por el empleo recurrente de la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como mecanismos para garantizar la seguridad del régimen contra grupos insurgentes armados, opositores políticos, integrantes de movimientos sociales e incluso personas ajenas al desarrollo de actividades políticas.

Alicia de los Ríos Merino fue detenida en la colonia Nueva Vallejo, en la ciudad de México, por agentes de la entonces División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, luego de un enfrentamiento a tiros en el que resultaron muertas tres personas. A pesar de que existen testimonios sobre la participación de agentes estatales, el Estado mexicano ha negado sistemáticamente cualquier información que permita esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y reparar el daño.

Debido a la ineficiencia de los recursos legales para la localización de las personas detenidas, los familiares buscaron alternativas para dar con el paradero de la señora Alicia. A los dos días de la detención, Martha de los Ríos se entrevistó en la ciudad de México con el Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, a quien le planteó la detención de Alicia y su preocupación por la suerte que podía haber corrido. El Secretario ordenó que la trasladaran a un anfiteatro a fin de que identificara el cuerpo de Alicia. Martha no reconoció a su hermana, a pesar de que los cuerpos que le enseñaron eran de las personas que habían sido asesinadas en el enfrentamiento donde fue detenida Alicia de los Ríos.

La Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció por primera vez, por parte de un órgano estatal, la sistemática violación a los derechos humanos durante el pasado reciente en México como parte de una política de Estado. Para cumplir la recomendación fue creada, en 2001, la Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado (Femospp). El 24 de junio de 2002 la familia de los Ríos Merino y el Centro Prodh interpusieron una denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo esta instancia caracterizó los hechos denunciados como presuntamente constitutivos del delito de privación ilegal de la libertad pese a que ya existía la tipificación del delito de desaparición forzada en la legislación federal.

Con el cierre de la Femospp, la denuncia penal del 24 de junio de 2002, con el número PGR/FEMOSPP/030/2002, pasó a la Coordinación General de Investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), con el número SIEDF/CGI/503/2007. Ésta continúa en etapa de investigación luego de cinco años. Es decir, a nueve años el expediente abierto se encuentra todavía en integración; la autoridad ministerial se ha abstenido de consignar la investigación al poder judicial y no ha iniciado las diligencias conducentes a la determinación del paradero de Alicia de los Ríos Merino.

El Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU (GTDFI) afirma en las Observaciones preliminares de su reciente visita a México que durante su reunión con la PGR, ésta no aportó "información específica respecto de las líneas de investigación, los avances sustantivos en las indagatorias, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente".

Desde el cierre de la Femospp, en noviembre de 2006, ha habido un silencio constante de las instancias gubernamentales que alienta la impunidad. Este silencio fue roto recientemente pero sólo para cuestionar las observaciones realizadas por el GTDFI; de esta manera el Estado mexicano ha manifestado una vez más la falta de disposición para reconocer su responsabilidad respecto de las desapariciones forzadas del pasado y del presente.

A los crímenes de Estado cometidos en el pasado se agregan nuevos casos de desapariciones forzadas ocurridas en los últimos años. El GTDFI ha constatado que este aumento del número de casos es indicio de deterioro en la situación de desaparición forzada en México; ha señalado también que mientras no se realice una investigación adecuada y completa de los casos de desaparición no es posible aceptar que todos esos hechos hayan sido "realizados exclusivamente por grupos del crimen organizado o descartar que no exista participación directa o al menos tolerancia o aquiescencia de funcionarios públicos".

Desde la detención de Alicia de los Ríos han pasado 33 años sin resultados concretos. Alcanzar verdad, justicia y reparación en su caso es una exigencia de quienes hemos presentado la petición. El Estado mexicano debe reconocer su responsabilidad; por esta razón a través de la campaña Siguen desapareciendo (http://siguendesapareciendo.org) solicitaremos que se restablezca una instancia para la investigación de los delitos y la creación de una comisión de esclarecimiento histórico capaz de sentar las bases para el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado y por las múltiples violaciones a estos mismos derechos, en el marco de la actual estrategia para el combate a la delincuencia organizada.

Familia de los Ríos Merino
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez
Fundación Diego Lucero
Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos"Hasta Encontrarlos"


Conferencia de prensa



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Indígenas violadas por soldados exigen al Estado cumplir sentencia de la CIDH

Conferencia en el Centro Pro para informar sobre el desacato oficial al fallo de la CIDH en el caso de la violación por militares de las indígenas guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo. Las acompaña el obispo Raúl Vera. Foto Jesús Villaseca


Ya no quiero ver a los soldados en mi comunidad ni en mi casa, dice Inés

Piden al gobierno que retire solicitud de interpretación al fallo del organismo internacional


Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 8 de abril de 2011, p. 19

Siete meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara sentencia contra el Estado mexicano por la violación por militares de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo e Inés Fernández, las instituciones del país han demostrado su total falta de voluntad política para cumplirla.

Denunció lo anterior la propia Inés, acompañada por activistas de organizaciones sociales y derechos humanos, quienes exigieron que el gobierno retire su solicitud de interpretación a la sentencia, ya que ésta implica un cuestionamiento a la misma y una muestra de que sigue respaldando al Ejército a pesar de sus abusos.

En conferencia de prensa, Fernández reiteró su exigencia de que las autoridades cumplan de forma íntegra la sentencia de la CIDH, luego de que terminara sin mayores avances una mesa de negociación que las organizaciones civiles iniciaron el pasado 15 de marzo con representantes de la Secretaría de Gobernación.

“Tuve que venir hasta la casa del gobierno federal para pedirle que cumpla con su obligación y que no se lleve 10 años en hacerlo, sino que sea lo antes posible. No quiero ver a los guachos (soldados) en mi comunidad ni en mi casa; lo que necesitamos son obras, médicos, escuelas, y que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos”, señaló.

Fue necesario recurrir a la justicia interamericana “porque las autoridades del país sólo cumplen con sus amigos, no con el pueblo”, en vista de lo cual –dijo– insistirá en el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH, con la ayuda y acompañamiento de las organizaciones solidarias con su causa.

Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), coincidió en exigir el cumplimiento expedito de la sentencia; consideró que si las amenazas contra los activistas de dicho grupo no han cesado, es porque se han empeñado en decir la verdad sobre la situación de derechos humanos en el país.

Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, exigió que el gobierno mexicano retire la solicitud de interpretación a la sentencia de la CIDH, pues significa un grave cuestionamiento a dicho organismo y una suerte de espaldarazo al Ejército, a pesar de sus crímenes de lesa humanidad.

Raúl Vera, obispo de Saltillo, hizo un reconocimiento al valor de ambas mujeres al denunciar a las fuerzas armadas, y lo contrastó con “el cinismo, la irresponsabilidad y la corrupción” tanto de las autoridades como de los grupos criminales.

Por todo lo anterior, los participantes en el acto exigieron el cumplimiento inmediato e íntegro de la resolución de la CIDH en el caso de Inés y Valentina, pero también en otros que ya han sido juzgados por dicho organismo en contra del Estado mexicano, como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el del Campo Algodonero (en Juárez) y el de Rosendo Radilla.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Ultimátum de la corte interamericana en caso de mineros de Pasta de Conchos

Da de plazo hasta el 15 para que las autoridades presenten observaciones

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Viernes 8 de abril de 2011, p. 19

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó revisar el caso de los trabajadores que quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos desde febrero de 2006, y dio al gobierno mexicano como plazo para presentar observaciones hasta el 15 de abril, informó el senador panista Ricardo García Cervantes.

La organización Familia Pasta de Conchos notificó lo anterior al legislador, presidente del capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), quien desde hace meses ha insistido en que el Presidente de la República reciba y atienda a los familiares de los mineros fallecidos.

En entrevista, García Cervantes manifestó que “hay una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, pero desgraciadamente no puedo informar de un gran avance, ya que el ritmo que lleva es demasiado lento. Afortunadamente, se sigue valorando la posibilidad de que el Estado mexicano inicie acciones para restablecer las condiciones no sólo de acceso para el rescate de los cuerpos de los trabajadores, sino de una atención integral”.

Sin embargo –subrayó–, “el tiempo comienza a agotarse, el plazo que tiene el Estado mexicano para responder el informe es el día 15 de este mes, y a partir de ahí empiezan a correr plazos que pudieran suspenderse si en el ámbito interno se realizan gestiones y se toman las decisiones que corresponden a la autoridad”.

Destacó: “Me queda claro que el subsecretario de Gobernación, Juan Carlos Gutiérrez, está haciendo un esfuerzo, pero la respuesta ya no está en su ámbito. La voluntad política tienen que expresarla el secretario de Gobernación o el propio Presidente de la República”.

García Cervantes manifestó que el caso llegó a la CIDH porque “a nivel local no ha habido ni el interés ni la voluntad para atender y resolver este problema. No es nada vergonzoso ni denigrante para un Estado que se recurra a las instancias internacionales, pero sí es una señal de que las locales no resuelven”.

El senador del blanquiazul abundó que “si para el próximo 15 de abril la Secretaría de Gobernación no responde favorablemente a la cita que los familiares de los mineros solicitaron con el presidente Felipe Calderón, entonces un grupo de senadores intentaremos hacer una gestión directa con él”.

Por su parte, Carlos Rodríguez, integrante del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), afirmó que el anuncio de la CIDH es de gran importancia, porque significa la eventual llegada del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha emitido cinco sentencias en contra del Estado mexicano.

“Los argumentos del gobierno se han acabado, y está a un paso de hacer el ridículo a escala internacional. Anteayer, La Jornada dio a conocer que Francia buscó en un radio de 10 mil kilómetros cuadrados los cadáveres del avión accidentado en 2009 frente a las costas de Brasil, y los encontró. Es increíble que México siga sosteniendo que buscar a los mineros es peligroso, cuando sabe que los restos están en un espacio mucho menor, y ya no hay problemas con el gas metano”, dijo.

Con información de Fernando Camacho


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

México desafía las sentencias de la Corte Interamericana en los casos de Inés y Valentina (Indígenas guerrerenses violadas por militares).

El Estado mexicano cuestiona el testimonio y la participación de militares en la
violación y tortura de dos mujeres indígenas a pesar de las dos sentencias
emitidas en su contra.

México DF, 11 de febrero de 2011. Hoy, la Organización del Pueblo Indígena
Tlapaneco/Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestros argumentos sobre las solicitudes de interpretación de sentencias que el Estado mexicano presentó al Tribunal.

El pasado 29 de diciembre, México presentó ante la Corte Interamericana dos solicitudes de interpretación de las sentencias emitidas los días 30 y 31 de agosto de 2010 a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. De acuerdo con el Estado, tales solicitudes se basaron en lo establecido por el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.”

En este sentido, el 7 de enero del 2011, en comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación informó que: “el Gobierno de México es enfático al señalar que, las solicitudes de interpretación formuladas no constituyen en modo alguno un desconocimiento o cuestionamiento de los puntos resolutivos de las sentencias, ni se trata de recursos que pretendan modificar los términos de los fallos dictados por la Corte Interamericana.”

Sin embargo, el escrito presentado por el Estado cuestiona la participación de militares en los hechos del caso. El requerimiento pretende entonces ser utilizado como un mecanismo de impugnación de las sentencias respectivas. Éstas, en agosto del año pasado, declararon la responsabilidad de México por las violaciones sexuales y torturas que Valentina Rosendo e Inés Fernández padecieron a manos de miembros del ejército mexicano, así como por las deficiencias en la investigación de los hechos y la intervención del fuero militar, entre otras transgresiones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas internacionales.

En su solicitud, el Estado mexicano cuestiona el fallo de la Corte Interamericana, sosteniendo como ya lo hizo durante el proceso contencioso que no ha sido probado que fueron militares quienes cometieron los actos de violación sexual y tortura en perjuicio de ambas víctimas. Del mismo modo, los escritos presentados por el Estado señalan que compete a autoridades ministeriales y judiciales internas establecer esos hechos, e incluso anticipa que los mismos podrían quedar impunes. Lo anterior es contrario a lo establecido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”

Las solicitudes presentadas por el Estado, además, entrañan un nuevo cuestionamiento a la palabra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y a las propias sentencias emitidas por parte de la Corte en la que señalan que existen todos los elementos y prueba para declarar que los hechos ocurrieron y que fueron elementos del ejército los involucrados.

Frente a esto, en nuestros argumentos presentados como organizaciones representantes de Valentina Rosendo e Inés Fernández solicitamos a la Corte Interamericana que deseche tales solicitudes, declarándolas inadmisibles, puesto que el pedido de interpretación del Estado es un desafío al Tribunal, y no una consulta. En consecuencia, se ha solicitado al Tribunal que reitere al Estado mexicano su obligación de cumplir cabalmente el fallo.

Cabe recordar que las sentencias -que tienen un carácter definitivo e inapelable según la Convención Americana- ordenaron al Estado mexicano conducir en el fuero civil las investigaciones sobre los hechos del caso, a fin de sancionar penalmente a los responsables de las violaciones sexuales sufridas en el año 2002 por las indígenas me’phaas en el estado de Guerrero. Hasta este momento ambas investigaciones siguen siendo conocidas por la Procuraduría General de Justicia Militar, en lo que constituye una muestra clara de las reticencias a cumplir cabalmente con los fallos, en aras de preservar la impunidad de que gozan los elementos de las Fuerzas Armadas responsables.

Por otro lado, es importante destacar que la presentación de las solicitudes de información se suma a la ausencia –en los cuatro meses transcurridos- de acciones efectivas tendentes al cumplimiento de las sentencias. En esa medida, evidencia el nulo compromiso con el que Estado mexicano se aproxima al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Las organizaciones representantes de Inés y Valentina instan a las autoridades mexicanas a dar pronto cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. En particular, advierten la necesidad de que en forma inmediata avancen, en el ámbito de la justicia civil, los procesos respectivos tendientes a ejercer el poder punitivo contra todas las personas responsables de los ataques, perpetrados por militares, contra la integridad sexual de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Como lo señaló la Corte en sus sentencias, esas investigaciones deberán ser conducidas con perspectiva de género y adecuación a la identidad cultural de las víctimas, garantizando el pleno acceso de sus representantes a las actuaciones y sin exponer a nuevos riesgos a las señoras Rosendo Cantú y Fernández Ortega El desacato de esta orden del tribunal internacional implica la negación del acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.

Conferencia de prensa


Valentina Rosendo detalla su caso en el programa “En 15” de Milenio Televisión. Octubre de 2010.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Condena historica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Panama.

Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá - Héctor Gallego
COFADEPA-HG

¡CONDENA HISTÓRICA!

A sólo 17 días del IX aniversario de la fundación del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá-Héctor Gallego, COFADEPA-HG, a un mes de cumplirse los 40 años del inicio de la larga y sangrienta noche oscura de la historia patria (11 de octubre de 1968), bajo la total indiferencia de algunos llamados civilistas y de la leal oposición, y en medio del jolgorio electorero en que se encuentran sumergidos los partidos políticos burgueses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH ha condenado al Estado panameño en el caso de Heliodoro Portugal por su violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto al derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal y los derechos humanos de sus familiares; por violar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas al dejar de tipificarlo debidamente dicho delito, así como ha incumplido su obligación de tipificar el delito de tortura, según lo estipulado en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Obnubilados en su juerga electorera, políticos de gobierno y oposición parecen ignorar o son incapaces de entender el significado histórico de esta sentencia al Estado panameño.

En dicha sentencia el Estado panameño está obligado a) a reconocer su violación a los derechos humanos y Publicar dicha sentencia en la Gaceta Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional; b) a realizar “un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia”; c) a brindar atención médica y psicológica a los familiares de la víctima de sus violaciones; d) a adecuar en un plazo razonable su derecho interno y “tipifique los delitos de desaparición forzada y tortura, en los términos y en cumplimiento de los compromisos asumidos en relación a la Convención sobre Desaparición Forzada y la Convención contra la Tortura ”; e) a “investigar los hechos que generaron las violaciones” del caso Portugal “identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables”; f) a la reparación económica de sus deudos.

Esta sentencia pone en la picota al régimen militar y va desbrozando el camino de la verdad histórica que le permite a los pueblos de América Latina y a las nuevas generaciones de panameños, ver al régimen militar de Torrijos y Noriega como lo que realmente fue: una dictadura brutal y entreguista guiada por la Doctrina de Seguridad Nacional que aplicó medidas contrainsurgentes y desplegó con saña los métodos de terrorismo de Estado aprendidos por sus agentes en la Escuela de las Américas regentada por el Comando Sur del ejército de EE.UU.

Por otro lado, esta sentencia abre las puertas al esclarecimiento y enjuiciamiento de los crímenes del régimen militar ante la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los 110 casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales verificados por la Comisión de la Verdad de Panamá, así como por los miles de perseguidos, torturados y desterrados, con lo cual su naturaleza criminal quedará totalmente al descubierto.

COFADEPA-HG se congratula por esta sentencia y reafirma su determinación de no cejar en su lucha y esfuerzos por encontrar a los desaparecidos, lograr justicia mediante investigaciones serias e imparciales que permitan encontrar los hechos reales de lo ocurrido en cada uno de los casos, enjuiciar a los culpables, develar la verdad y lograr finalmente la condena judicial, política e histórica del régimen militar.

No podemos concluir sin manifestar nuestro total repudio a los intentos del actual gobierno PRD-DC por revivir aquellos aciagos días mediante los Decretos Leyes que recrean el aparato del tenebroso G-2, la militarización de la Policía Nacional y la complicidad lacayuna con la política guerrerista de EEUU en la región manifiesta con la adhesión al Plan Mérida y los acuerdos que vienen haciendo a espaldas del pueblo panameño.

Panamá, 16 de septiembre de 2008

¡POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA , NO A LA IMPUNIDAD !

COFADEPA-HG

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Carta del Frente Nacional Contra la Represion a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

México D.F., 23 de julio de 2008

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos

P R E S E N T E,

Es una particularidad de los estados represores contar entre sus tácticas la difamación de los luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, y todos los que por su trabajo político y social puedan resultar incómodos a los gobernantes en turno. Es en este contexto que hemos venido integrando este Frente Nacional Contra la Represión (FNCR).

Recientemente, a partir del 10 de abril, fue publicada en el periódico Excelcior una nota de Jorge Fernández Menéndez, en la cual dice tener documentos “provenientes de instituciones de inteligencia de Colombia” encontradas en la computadora de Raúl Reyes, y señala haber un “centro de operaciones” de las FARC en México, añadiendo a ello una lista de personas, vinculándolas de manera directa con esa organización insurgente. Posteriormente este mismo tema fue trasmitido en el programa México Confidencial por Cadena Tres, y días después algo muy similar en el canal cuatro de Televisa. Este tipo de “noticias” han sido reiterativas, y siempre van acompañadas de comentarios que confirman el carácter doloso con que son trasmitidas.

Además de mostrar a los movimientos sociales, armados y pacíficos, como organizaciones con objetivos terroristas y desestabilizadores, curiosamente casi todos los mexicanos que en un primer momento han tratado de vincular a las FARC, son integrantes muy activos, o que por lo menos han suscrito el manifiesto que refundó el Frente Nacional Contra la Represión el 2 de octubre de 2007.

Junto con la calumnia pública, esta campaña de terrorismo mediático tiene por objetivo preparar condiciones para que el Estado tome represalias cuando así lo considere necesario, reconociendo que el FNCR en su conjunto, y cada una de las organizaciones y personas que lo integramos, hemos mostrado un compromiso con la lucha por los derechos humanos en México, especialmente en los temas que se relacionan con el abuso del Estado a través de las instituciones judiciales y las fuerzas represoras.

Retomando esas acusaciones y señalamientos infundados, el señor José Antonio Ortega Sánchez y el señor Guillermo Velasco Arzac, presidentes respectivos de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C. y Mejor Sociedad-Mejor Gobierno, A.C., presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, basada en información periodística y filtraciones de “organismos de inteligencia”, pero sobre todo basada, en sus prejuicios y reducida visión de la realidad social e histórica. En esa denuncia se formulan acusaciones mendaces, ridículas y carentes de sentido común: terrorismo, terrorismo internacional, delincuencia organizada y apología del delito.

Además de denunciar y dar a conocer esta situación, nos dirigimos a Ustedes buscando su solidaridad e intervención para que se garantice la integridad física y moral de las personas involucradas, y en caso de que lo consideren conveniente poder analizar conjuntamente la situación, pues la situación es preocupante.

Asamblea Permanente del Frente Nacional Contra la Represión

Responsable: Inti Martínez Gaytán


Anexo I

Posicionamiento del FNCR ante las publicaciones difamatorias

Anteriormente, a este respecto hemos expresado públicamente lo siguiente:

1. En el FNCR respetamos a todos los movimientos insurgentes que buscan cambios sociales favorables para el pueblo. En el caso de las FARC le corresponde al pueblo colombiano hacer su juicio. Sin embargo, exigimos que se reconozca a esa organización como una fuerza beligerante e insurgente.

2. La interacción entre la sociedad civil y las organizaciones armadas insurgentes ha sido desde siempre, en muchos casos definitoria en los procesos de pacificación, toma de acuerdos y búsqueda de soluciones. En México por ejemplo, personalidades de partidos políticos, el gobierno, el clero, artistas, y organizaciones civiles, han tenido contacto directo con el EZLN en la búsqueda de la paz y solución a sus demandas (temas que por cierto siguen pendientes). Por ello ¡condenamos enérgicamente la campaña de desprestigio hacia las luchas y los movimientos sociales, y la participación civil en el estudio, análisis y búsqueda de soluciones!

3. Rechazamos contundentemente la información trasmitida en los espacios mencionados, y la consideramos altamente calumniosa. Llama la atención que la mayoría de las personas que se han mencionado participan o están fuertemente ligadas al FNCR, principal referente civil en la lucha por los derechos humanos y contra la represión en nuestro país. Por lo tanto ¡exigimos el derecho de réplica en todos los medios que han exhibido este tema!

4. Condenamos enérgicamente la manera en que se quiere vincular a nuestros compañeros como militantes y promotores de las FARC, lo mismo que a Lucía Morett y a los mexicanos caídos en la incursión militar a Ecuador.

5. Nos preguntamos ¿Qué clase de instituciones “de inteligencia” comparten información que se supone confidencial? más en pleno conflicto, y con la delicadeza internacional que esto ha generado.

6. Más aún ¿Qué clase de periodista podría tener acceso a la “información” confidencial de un gobierno que ha demostrado ser asesino y trasgresor del territorio de su país vecino?

7. Hacemos un llamado a los medios a ser sumamente responsables con lo que publican, no sea que “sin querer” lleguen a ser instrumentos para que el Estado pueda justificar y ejercer su carácter represor.

8. Responsabilizaremos al Estado Mexicano de lo que pueda ocurrir al compañero Fermín García, Margarita Villanueva, Edgar Sánchez, Rosario Ibarra, y todas las personas y organizaciones que se han mencionado (ver periódico Excelcior 10 de abril de 2008)

Anexo II

Lista de personas a las que se quiere implicar con las FARC

1. Lucía Andrea Morett Álvarez

2. Fernando Franco Delgado

3. Verónica Velázquez

4. Juan González del Castillo

5. Antonio Pável Blanco

6. Arlen Serna Espadas

7. Dagoberto Díaz

8. Dessiré Robledo

9. Fernando Franco G.

10. Gabriela Mejía Leyva

11. Mariana López

12. Miguel González

13. Paulo Mendoza

14. Vicente Huerta

15. Ángel Fermín García Lara o Luna

16. Sonia Morett Álvarez

17. Édgar Tovar

18. Gloria Inés Ramírez

19. Juan Campos Vega

20. Margarita Villanueva

Y en esta otra estan los nombres de quienes han solicitado amparo:

1. Mariana Lopez de la Vega

2. Desireè Robledo Torrano

3. Miguel Angel Aguilar González

4. Lucía Andrea Morett Álvarez

5. Arlen Serna Espadas

6. Ángel Fermín García Lara

7. Margarita Villanueva


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!