OBTILIA EUGENIO MANUEL PRESIDENTA DE LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA DEL PUEBLO ME´PHAA Y CUAUHTÉMOC RAMÍREZ RODRÍGUEZ EN SITUACIÓN DE RIESGO SU VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA.
El día 16 de junio del presente aproximadamente como a las 13:00 horas Cuauhtémoc Ramírez y Obtilia Eugenio quienes tuvieron que abandonar su comunidad en Ayutla de los Libres, debido a las amenazas recibidas encontraron en la casa que habitan actualmente una nueva amenaza, escrita en una hoja de papel rayada de un cuaderno profesional que dice entre otras cosas “ Hola tranquila otilia cuahutemoc que paso nos cumplido ojala se a entienda no se a como animal si no te pasa como Raul y Manuel tu no entiende nada dice que no tiene miedo pero te vas carga la chingada Otilia Cuahutemoc si no te quitamo la lenguas….”, vecinos del lugar donde habitan Cuauhtémoc y Obtilia les informaron que antes del día 16 de junio vieron gente armada a dos cuadras de su vivienda en una camioneta roja.
ANTECEDENTES
La COIDH (la Corte Interamericana de Derechos Humanos) emitió Medidas Provisionales a favor de Obtilia Eugenio, Cuauhtémoc Ramírez y otros integrantes de la Organización Indígena del Pueblo Me´phaa (OPIM), debido al hostigamiento y amenazas en que han vivido luego de las denuncias públicas que realizara la OPIM en los casos de los indígenas Me´phaas esterilizados sin su consentimiento y de la denuncia de los
casos de Ias indígenas violas por integrantes del Ejercito Mexicano.
El día 6 del presente, a un día de cumplirse 13 años de la masacre de El Charco en el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, defensoras/es de derechos humanos integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), fueron golpeados, hostigados y amenazados.
Es necesario subrayar el aumento de actos de hostigamiento y amenazas de que son víctimas las defensoras de derechos humanos y los defensores de derechos humanos integrantes de la OPIM.
Al Estado Mexicano Conminamos a:
1.- Que el Gobierno Mexicano garantice la vida, integridad física y sicológica de las y los defensores de derechos humanos integrantes de la OPIM.
2.- El cumplimiento irrestricto por parte del estado Mexicano a la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, adoptada por la Organización de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, que en su Artículo 1 dice: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de
los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
Su Artículo 12 a la letra dice:
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.
3.- Cumplimiento total a la Resolución OEA/Ser.P, AG/RES.1671(XXIX-O/99), 7 de junio de 1999 sobre “Defensores de Derechos Humanos en las Américas” Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la
promoción y protección de los derechos humanos en las américas, que a la letra dice:
1.- Reconocer y respaldar la tarea que desarrollan los Defensores de los Derechos Humanos y su valiosa contribución para la promoción, el respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales en las Américas
3. Deplorar los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los Defensores de los Derechos Humanos, en el plano nacional y/o regional, y exhortar a los Estados Miembros que continúen adoptando las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad e integridad de los mismos.
4.- Que las medidas Provisionales dictadas a favor de las y los defensores de derechos humanos integrantes de la OPIM, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean CUMPLIDAS por el Estado Mexicano.
5.- Que el Estado Mexicano inicie una investigación basada en los principios de equidad y justicia y apegada a los Preceptos de Derecho y de conformidad con los principios constitucionales rectores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia.
RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD A.C.
Ernesto Rodríguez Cabrera Ericka Zamora Pardo
Coordinador del Área Jurídica Coordinadora del Área de D.H.
Elena López Hernández
Coordinadora de Enlace
México Distrito Federal, a 20 de junio del 2011
Enviar sus Acciones Urgentes a:
Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de la República Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55 ) 5277.2376 Correo: Felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Blake Lic. José Francisco Mora, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, Edificio Cobian, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F., Tel. y Fax (55) 50933400 Ext. 34200. Correo secretario@segob.gob.mx
Felipe de Jesús Zamora Castro, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Bucareli 99, Edificio Cobian Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600 México, D.F., Tel: (55) 5209 8800 Ext. 34589, Correo; fzamorac@segob.gob.mx Marisela Morales Ibañez, Procuradora General de la Justicia de la República Mexicana,
Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Tels. y fax (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00 correo@cndh.org.mx, y/o provictima@cndh.org.mx
Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH 1211 Ginebra 10, Suiza Tel: +41 22 917 9000, InfoDesk@ohchr.org y/o civilsocietyunit@ohchr.org
Margaret Sekaggya, Representante Especial del Secretario-General Sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, P.O. Box 3176, Kampala, Uganda. Tel. No: 256-414-348007/8/10/14, Residence Telephone No: 256-414-270160 Mobile No: 256-772-788821, Fax No: 256-414-255261
Correo; msekaggya@yahoo.com y/o urgent-action@ohchr.org
Javier Esteban Hernández Valencia, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alejandro Dumas #165, Col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo, C.P 11560, México D.F Tel:(55)5061-6350. Fax: 5061-6358, Correo; oacnudh@ohchr.org
Sr. Santiago A. Cantón Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Correo: cidhoea@oas.org
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos Tel. y fax: FIDH: + 33 (0) 1 43 55 20 11 / + 33 (0) 1 43 55 18 80 Tel. y fax OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29 Correo: Appeals@fidh-omct.org
Amnistía Internacional, Correo;
Con Copia a Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., Correo; jurídico_decada@yahoo.com.mx y/o ddhh_decada@yahoo.com.mx
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
domingo, 26 de junio de 2011
Acción Urgente para OPIM
miércoles, 8 de junio de 2011
Conmemoración X aniversario (2008) de la masacre en El Charco, Ayutla de los libres, Guerrero.
“… las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".
Se agradece el apoyo técnico de Espacec.
La Masacre de El Charco,
Ayutla de los Libres, Guerrero.
Ocurrida el 07 de junio de 1998.
Informe de seguimiento a un año
Elaborado por la
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
En El Charco, un amanecer de sangre y balas
fue la repuesta a un pueblo hambriento.
Tiros certeros disparados al corazon de los famelicos
cuerpos enflaquecidos por discursos y promesas incumplidas.
Un Charco de sangre indigena mezclada con las lagrimas de las viudas
debe convertirse en lucha contra la impunidad.
¿EL EJERCITO MEXICANO SE HA CUBIERTO DE GLORIA
EN LA DEFENSA DE LA PATRIA?.
Mexico, D.F., a 7 de junio de 1999.
BREVE CRONOLOGIA
En la comunidad de El Charco1, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejercito Mexicano rodearon la escuela primaria "Caritino Maldonado", en la cual se encontraban dormidos varios indigenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.
Segun los sobrevivientes el Ejercito Federal rodeo el lugar e irrumpio, disparando y lanzando dos granadas de fragmentacion, lo que provoco 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Region Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos dias. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permanecio en el hospital naval durante un mes.
Al lugar de los hechos se impidio la entrada de periodistas y de ONGs defensoras de derechos humanos hasta despues de 2 dias; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos.
Las personas detenidas fueron
Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio ALONSO TRINIDAD, Martin MACARIO SALAZAR, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, Alfonso Olivar MORALES, Javier ANGEL SEVERIANO, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Alonso MARTINEZ, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATARINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Miguel Angel GARCIA CRISTIANO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION o Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Juan GARCIA DE LOS SANTOS, Anastasio RAMIREZ SIMONA, Esteban LEONARDO EPITACIO, Efren CORTES CHAVEZ, Erika ZAMORA PARDO, ademas de los menores de edadFrancisco Cristino CRESCENCIO, Adrian PATRIARCA ANGUSTINO, Bernabe GARCIA DE JESUS, Pedro ESTEBAN AVILA y Meliton CASTRO MORALES.
Tomaron la declaracion preparatoria los agentes del Ministerio Publico Federal coordinados por el subdelegado de averiguaciones previas de la PGR, Miguel Angel ZARAGOZA REYES.
El 11 de junio, fueron liberados 16 de los detenidos, ya que el delegado de la PGR en Guerrero, Javier LOMELI, no encontro elementos para procesarlos.
Ellos fueron Alfonso OLIVAR MORALES, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATALINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION, Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Anastacio RAMIREZ SIMONA y Esteban LEOBARDO EPITACIO, Javier ANGEL SEVERIANO, Miguel Angel GARCIA CRISTINO y Martin MACARIO SALAZAR. Cabe señalar que Javier LOMELI, posteriormente fue separado de su cargo, al parecer, debido a que ordeno la liberacion de las 20 personas, incluyendo a 4 menores que se encontraban en el Tutelar. Fue sustituido por Samuel HERNANDEZ ALBA, quien al revisar el expediente enviado por mandos militares, solicito nuevamente 17 ordenes de reaprehension, mismas que giro la jueza del segundo distrito de lo penal, Xochitl GUIDO GUZMAN.
Se abrio una nueva causa penal 17/98, por los delitos de motin, sedicion e invitacion a la rebelion, sumandoseles al proceso penal 109/A-1/98 que se le sigue a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ.
El 23 de junio fueron arrestados Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio TRINIDAD AMBROSIO, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO y Juan Carlos GARCIA DE LOS SANTOS, quienes dos dias mas tarde fueron trasladados del Hospital General de Acapulco al Cereso de Acapulco, despues de que se les girara nueva orden de aprehension por los delitos de rebelion y conspiracion. Tal diligencia se realizo en privado en el area de enfermeria del penal de Acapulco, en contradiccion con la Constitucion Politica Mexicana, que establece que debe ser publica.
El 27 de junio la juez Xochilt GUIDO GUZMAN dicto auto de formal prision a 6 detenidos procesados bajo la causa penal 49/98 por los delitos de rebelion, conspiracion e incitacion a la rebelion. Mientras que 5 de los detenidos heridos y mantenidos en el hospital, fueron consignados por el agente del Ministerio Publico Federal (MPF), Gustavo SAAVEDRA, ante Maximiliano TORAL PEREZ, juez cuarto de distrito de Acapulco, acusados de ser miembros del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente, (ERPI) y por los delitos de rebelion, terrorismo, acopio de armas, portacion de armas de uso exclusivo del Ejercito y delincuencia organizada.
Resalta la declaracion Ministerial de Erika ZAMORA PARDO quien señalo "mi declaracion ante el MPF fue obtenida bajo presion de los agentes de Gobernacion, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas. Esta declaracion fue firmada bajo tortura, ya que me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques electricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas, me amenazaron con desaparecerme, esta declaracion fue filmada y grabada en la zona Militar...el Ejercito fue el primero en disparar, que la gente estaba desarmada y que a pesar de que se rindieron y pidieron perdon los mataron,
a algunos heridos les dieron el tiro de gracia". Es importante señalar que en dicha declaracion tambien se le obligo a vincular a dirigentes sociales como Rocio MESINO, dirigente de la Organizacion Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y a Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, es diputado local y exiliado en Francia.
El 13 -14 de junio fueron reconocidos 11 cadaveres y entregados a sus familiares, los que corresponden a Honorio GARCIA LORENZO, Mauro GONZALEZ CASTRO, originarios de Agua Cachagüe; Mario CHAVEZ GARCIA, Ricardo VICENTE, Fidencio MORALES CASTRO de 21 años, Jose FERNANDO NICASIO, Fernando FELIX GUADALUPE de 25 años de edad, de la comunidad de Ocote Amarillo; Daniel CRISOFORO del Coyul; Ricardo ZAVALA TAPIA de 24 años, del Distrito Federal, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO o Francisco PRISCILIANO de 41años de la comunidad El Potrero, Apolonio JIMENEZ GARCIA de 40 años, y Juan GARCIA DE LOS SANTOS de 23 años (al parecer, existe una contradiccion en dicho nombre, ya que en el expediente juridico aparece como asesinado, pero despues se reporta que se le dio libertad) de El Charco.
El 15 de junio el juez Maximiliano TORAL PEREZ, dicto auto de libertad a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de delincuencia organizada, terrorismo y acopio de arma de fuego, ya que su defensor de oficio, Hector HERNANDEZ, asento que los hechos no coinciden en la tipificacion de los delitos. Sin embargo, de acuerdo con el proceso penal 57/98, el juez les dicto auto de formal prision como responsables de portacion de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito. Pese a lo anterior tres dias despues a Efren CORTES CHAVEZ se le nego el derecho a la libertad bajo fianza, con el argumento de que liberarlo constituiria un peligro para la sociedad, ya que lo señala como presunto miembro del grupo armado. El defensor de oficio, interpuso el recurso de apelacion ante el tribunal unitario del vigesimo primer circuito, con sede en Chilpancingo.
El 22 de junio los menores que se encuentran en el Tutelar de Menores dieron sus testimonios al Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Adrian PATRIARCA AGUSTINO, de 16 años de edad, originario de la comunidad de Ojo de Agua, refirio que fue detenido en una de las aulas y obligado a tirarse boca abajo y arrastrarse hacia la cancha de basquetbol. Despues lo trasladaron en helicoptero hasta Cruz Grande. Los militares lo golpearon en la cabeza y en el estomago con el puño cerrado, con los ojos vendados, obligandolo a dar nombres de sus familiares y del comisario municipal.
Bernabe GARCIA DE JESUS, de 14 años de la comunidad de La Palma, relato que "cuando estaba tirado en la cancha los militares me patearon, trasladandome en helicoptero a Cruz Grande y luego a Acapulco". Meliton CASTRO MORALES de 15 años, originario de la comunidad El Coyul y Pedro ESTEBAN de 16 años de Ocote Amarillo, refirieron testimonios parecidos.
VERSIONES OFICIALES
19 al 22 de junio Jose Luis RAMOS RIVERA, subprocurador general de la Republica, dio a conocer la postura oficial de lo ocurrido "No hubo tal masacre, ni hubo siembra de armas, ni se torturo a los detenidos para que se declararan integrantes del ERPI", ademas de que dio a conocer la existencia de un video. Indico que se realizo la prueba de absorción atomica a cada uno de los fallecidos y en todos los casos se comprobo que accionaron armas de fuego, y se les practico la prueba de Walker a cada una de las ropas de los acaecidos, la cual resulto negativa. Se pronuncio en defensa del Ejercito Mexicano, diciendo que lo de El Charco fue un enfrentamiento, los militares hacian un recorrido en aplicacion de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, y descubrieron a unos hombres armados y al pedirles las armas estos comenzaron a disparar iniciando asi el enfrentamiento, el cual duro de las 450 de la madrugada a las 1100 de la mañana aproximadamente.
VERSIONES CONTRASTANTES
La ex alcaldesa de Atoyac, Maria de la Luz NUÑEZ RAMOS, envio al Presidente Ernesto Zedillo una carta en la que señalaba que no es creible la version del "enfrentamiento casual", cuando al mando del mismo estuvo el general Alfredo OROPEZA GARNICA, jefe de la 27 zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km. Recuerda que el general fue victima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanabano, lo que puede explicar la crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en El Charco.
De acuerdo a la version del comisario municipal, Panfilo SANTIAGO HERNANDEZ y Julio Leocadio "los agarraron por sorpresa, cuando estaban durmiendo en la escuela, los integrantes del grupo armado fueron masacrados en ese lugar, y tememos por los detenidos y heridos, son personas inocentes, pacificas, de la comunidad, que no tienen vinculos con el EPR".
Version del ERPI dada a conocer en medios de comunicacion. No fue un encuentro casual como lo planteo ya que primero se envio una unidad de fuerzas especiales al mando de kaibiles entrenados en Guatemala, seguidos de 28 batallones de infanteria, ademas de otros soldados, sumando alrededor de un millar de efectivos militares al mando del General OROPEZA GARNICA. Dejando sus vehiculos en la comunidad de Tepuente, caminando en silencio hasta El Charco. Despues ocurrio la masacre, ya que los 4 combatientes que se rindieron fueron asesinados y los otros 7 muertos eran campesinos indefensos, asesinaron a cinco en la escuela y dos en la cancha.
HOSTIGAMIENTO
Despues de la masacre, los vecinos de la comunidad El Charco, se desplazaron por el temor, ante el incremento de la militarizacion, con gran panico en las comunidades; quienes solicitaron el retiro del Ejercito.
11 de junio alrededor de las 0200 horas, un grupo de 20 personas, a bordo de una Suburban, irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia de Erika ZAMORA PARDO, ubicado en la comunidad de El Rosario, Municipio de Francisco I. Madero, estado de Hidalgo. En donde los amenazaron y robaron documentacion personal. Motivo por el cual su familia tuvo que huir de esa comunidad rumbo a la Ciudad de Mexico. La familia de Efren fue vigilada en Ayutla y Cruz Grande.
Se promovieron dos juicios de amparo contra actos de la justicia federal a favor de 14 campesinos, numero 648/98 promovido ante al juez tercero de distrito, Lucitania GARCIA ORTIZ, y el 649/98 contra actos de las autoridades federales.
30 de junio Ricardo MARTINEZ MARTINEZ, integrante del Bloque Universitario y estudiante de la Facultad de Ciencias Politicas de la UNAM, informo que luego de la detencion de su compañera Erika ZAMORA PARDO y de la muerte de Ricardo ZAVALA TAPIA, se inicio una ola de intimidacion en contra de jovenes de la UNAM y de la UAM, ya que agentes de Gobernacion y militares, pretendian vincularlos con actos subversivos.
04 de julio El defensor de oficio Andres GARCIA BUSTAMANTE, promovio ante el juez segundo de distrito, Xochil GUIDO GUZMAN, testimoniales de los comisarios municipales de Ayutla de los Libres y de El Charco, a favor de 6 detenidos. Sin embargo solo Juan Garcia de los Santos y Eugenio Trinidad AMBROSIO, salieron de inmediato despues de las declaraciones hechas por los comisarios.
08 julio Efrain ZUÑIGA GALEANA, coordinador de los diputados federales priistas guerrerenses, declaro "que el EPR es el sector guerrillero del PRD, los dirigentes del PRD estan al servicio del EPR, son quienes los estan subsidiando".
15 de agosto. Ampliacion de declaracion con efectivos del Ejercito mexicano, con el mayor de infanteria del 78 Batallon de Infanteria, Jose GARNICA MARQUEZ y el soldado raso Jose Monico quienes coincidieron en señalar que el general Juan Alfredo OROPEZA GARNICA estaba al filo de las 700 horas frente a la escuela del El Charco.
20 de agosto fueron detenidos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, indigenas mixtecos, cuando se presentaron a declarar a favor de Efren CORTES CHAVEZ y Erika ZAMORA PARDO. En el Juzgado Tercero de Distrito se habia autorizado el amparo contra la orden de aprehension, pero al no depositarse la garantia se anulo y procedieron las ordenes de aprehension. Se encuentran acusados de rebelion y conspiracion, segun el expediente 1798, causa 49/98, en el Segundo Juzgado de Distrito con sede en Acapulco. El 26 de agosto se les dicto auto de formal prision.
INDEFENSION JURIDICA.
25 de agosto Fue detenido el abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, Asesor Juridico de la OCSS, quien atendia el caso de los presos a consecuencia de los hechos en El Charco. Se le acusa de despojo, robo y daños, a raiz de una toma de tierras que realizo un grupo de colonos en los Mogotes, Municipio de Coyuca de Benitez, en enero de 1997. Cabe señalar que el Juez Sexto Penal del Distrito Judicial de Galeana, Adolfo VAN METEER ROQUE, quien le dicto el auto de formal prision por los delitos de despojo, robo y daños, sin derecho a fianza, es el mismo que anteriormente, el 4 de diciembre de 1995, en la causa penal numero 145-1/994, ventilada ante el mismo juzgado sexto de lo penal, ya habia sentenciado en contra del señor Ranulfo SAMANO BARBOSA por el delito de despojo del mismo bien inmueble objeto del proceso penal. Destacamos que dicha persona es quien se presento como quejoso en contra del Lic. Jose SANCHEZ SANCHEZ.
NEGLIGENCIA MEDICA.
16 de agosto fue visitado el menor Francisco CRISTINO CRESENCIO, detenido en el Albergue Tutelar para Menores en Chilpancingo por el doctor Rafael Gomar Yabra, especialista en traumatologia, miembro de la Oficina de Socorro Internacional en Mexico e integrante de la Caravana Vicente Guerrero; alerto que el niño corre el peligro de perder la movilidad del brazo de por vida, debido a la negligencia de las autoridades al negarle la atencion medica adecuada y oportuna. El medico señaloel 16 de agosto observe, que a pesar de la gravedad de las lesiones, probablemente una fractura supracondilia, solo tenia una ferula posterior de yeso rota e inservible, fijada con una venda elastica deshilachada que le retire porque le estaba molestando. El niño presenta severas secuelas neurologicas con gran deterioro funcional del brazo y atrofia muscular avanzada. Por lo tanto no se le ha prestado atencion medica ni psicologica para la recuperacion emocional de un pequeño que solo habla mixteco, y que fue arrancado de su en torno familiar y social en un escenario de violencia militar gubernamental. No hay fundamento para su detencion ya que sus 4 compañeros detenidos por los mismos delitos ya fueron liberados. El 5 de septiembre, Pedro Julio VALDEZ VILCHIS, director general de Comunicación Social del gobierno del estado, nego los hechos. Sin embargo, el menor presentaba limitacion del movimiento de la articulacion del codo izquierdo y semiparalisis de la muñeca y mano izquierda, ya que no puede realizar los movimientos de extension de dicha mano, tambien presentaba hemiatrofia muscular (hipotrofia) de antebrazo y mano izquierda.
Testimonio de Francisco CRISTINO CRECENCIO. Internado en el Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo.
Soy indigena mixteco, que a los 13 años de edad, fui herido de bala en el brazo izquierdo el 07 de junio de 1998 en El Charco Ayutla de los Libres. Ahora ya cuento con 14 años. Ese dia estaba yo en uno de los salones de la escuela "Caritino Maldonado", junto con otras personas de diferentes comunidades, lugar en donde nos citaron para escuchar platicas sobre problemas comunitarios comouso de fertilizantes, realizacion de proyectos productivos, etc. Ya estabamos dormidos cuando en la madrugada llegaron los militares, rodearon la escuela ay nos gritaron, pero yo no entendia ya que no hablo bien el español, solo el mixteco, no entendia lo que ellos decian y nos dispararon despues dejaron de disparar y mas tarde continuaron disparando.
Rompiendo las ventanas de los salones con, los disparos y una bala entro fue la que me hirio, en ese momento, con un rozon en el pecho - yo no tenia ninguna arma- , y comence a sangrar y a tener fuerte dolor en la herida; sintiendome muy debil, al grado que estuve tirado en el piso del salon sin poder levantarme.
Horas despues comenzaron a salir con los brazos en alto las personas que estaban conmigo en el salon, yo al no poder salir con los demas entraron los soldados a sacarme y fue cuando vi a varios heridos en el suelo de la cancha de Basquetbol, Despues me llevaron en un helicoptero militar al Hospital Naval Militar de Acapulco donde estuve 7 dias con mucha vigilancia de marinos y solo me lavaban la herida por fuera. No me operaron. De ahi me trasladaron al Hospital General de Acapulco "civil"; donde me tuvieron un mes y 5 dias, me operaron en 3 ocasiones y me pusieron una ferula de yeso. Despues me trasladaron al Albergue Tutelar para MENORES Infractores, estando aqui me han sacado al Hospital Manuel G-A" en la Ciudad de Medico, donde me hicieron un transplante de "nervios", que me quitaron de los pies. Pero ya fue tarde esta operacion ya que quede semiparalizado de la mano y muñeca izquierda, aun con los ejercicios de rehabilitacion que me realizaron en el DIF, de Chilpancingo.
Inicialmente Francisco se encontro incomunicado. Presento su declaracion preparatoria ante el Ministerio Publico Militar. Su familia solo pudo visitarlo pocas veces por falta de recursos. Se le dicto sentencia de 9 meses. Fue liberado el 26 de mayo de 1999.
SEGUIMIENTO DURANTE 1999
Enero aparecio en un diario de Acapulco, una resolucion apocrifa de la CNDH; donde se señala que los hechos ocurridos fueron un enfrentamiento del Ejercito Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) contra el Ejercito Mexicano. Tambien se desmintio que el Ejercito haya usado granadas de fragmentacion. Que las pruebas hechas a los detenidos salieron positivas, y que en el examen de orina realizado a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, aparecen residuos de cocaina. Mas tarde, la CNDH desmintio esa Resolucion diciendo que el documento publicado es apocrifo.
10 de marzo La juez segundo de distrito, Xochitl GUIDO GUZMAN, sentencio a 5 años de prision a Erika ZAMORA PARDO y Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de conspiracion e invitacion a la rebelion. A Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, indigenas mixtecos se les sentencio a un año de prision y multa de 9 mil 506 pesos 25 centavos, por los delitos de portacion de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada y el Ejercito (cabe señalar que al considerar el beneficio de la pena de 38 dias de trabajo, se debio otorgar su libertad condicional, hecho que ocurrio hasta el 12 de mayo, cuando fueron liberados mediante el pago de una fianza de $ 1000.00 mil pesos cada uno, por resolucion del Tribunal unitario con sede en Chilpancingo). Una semana despues se les dicto otra sentencia a Erika ZAMORA de 3 años y medio a Efren CORTES de 1 año y medio por portacion de arma. Acumulandoseles asi, 8 años y medio a Erika ZAMORA y 6 años y medio a Efren CORTES.
Por la sentencia dictada contra Efren CORTES y Erika ZAMORA, se interpuso apelacion, lo que trajo como consecuencia que se determinara una nueva revision al caso, razon por la cual se giraron ordenes de reaprehension contra los indigenas mixtecos Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNADEZ FRANCISCO, recien liberados.
A un año de la masacre del Charco continuan en prision los 4 indigenas mixtecos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, la estudiante Erika ZAMORA PARDO y el dirigente del PRD, Efren CORTES CHAVEZ, en el Cereso de Acapulco.
OTRAS REPERCUSIONES
Las familias de los detenidos que quedan en indefension economica
Bernardino GARCIA FRANCISCO, 38 años, Comunidad El Paraiso, medico tradicional, integrante de la Organizacion Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT).
Esposa, Maria Claudia PAULA GARCIA (37 años); hijos Florencio (20 años), Eudocio (18), Teresa Felipa (17), Rodrigo (14), Angel (11), Eudes (9), Octavio (4) y Florentino (1)
Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, 43 años, Comunidad El Paraiso.
Esposa, Teresa Margarita Carmen (38); hijosJaime (10), Hermelinda (8), Bonifacio (6), Floriberto (4), Gabriel (3) y Alejandro (1año 9 meses).
Sabino ADELAIDO GARCIA, 30 años, Comunidad El Potrero.
Esposa, Benicia Castro de los Santos (26); hijosLuis (5) y Adelaida (1 año 9 meses ).
Esteban EDUARDO EPITACIO, 43 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Maria Rosa Catarina; (40 años), hijosCristina (28), Valeria (20), Florencia (10), Leobardo (8), Arnulfo (5) y Fulgencio (4).
Alfonso OLIVIA MORALES, 22 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Elena Victoria Sabina (21); hijosNabor (11 meses).
Anastacio RAMIREZ SIMONA, 26 años, Comunidad La Concordia.
Esposa, Victoria Angel Verenciana (24); hijosAgripino (12), Leonilda (7), Carolina (3) y Norberto (1año 6 meses).
Numero de personas afectadas por la detencion arbitraria de los 6 indigenas12 adultos y 27 niños.
LAS VIUDAS DE EL CHARCO.
Catorce mujeres, indigenas mixtecas, se vieron obligadas a trabajar en casa, en el campo, y ahora tambien debieron darse a la tarea de exigir justicia.
Catalina LEOBARDO AURELIA, de 24 años y madre de 6 niños, vecina de Ocote Amarillo, quien perdio a su esposo, Fernando FELIX GUADALUPE, de 25 años, dice "ahora mi trabajo es 4 veces mas que antes y con menos dinero que antes". Ella camina 5 horas desde su comunidad hasta la cabecera de Ayutla, para pedir la indemnizacion por la muerte de su esposo, la que no le quieren dar, diciendole que su esposo murio en enfrentamiento ya que ellos atacaron a las tropas del Ejercito Mexicano. La situacion de las 8 viudas es igual, piden apoyo para mantener a sus hijos y el Gobierno se lo niega. Ahora empiezan a hablar; dicen que la necesidad las obliga a ponerse al frente.
Quienes mas sufren las consecuencias son las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".
CONCLUSIONES.
Los hechos que se presentaron en la Masacre de El Charco señalan que, dificilmente puede creerse que haya existido un enfrentamiento puesto que no se presento ningun herido por parte del Ejercito Federal, lo que sugiere fuertemente que
1. Los militares tuvieron la oportunidad de actuar de manera premeditada, con alevosia y ventaja y no ponderaron las medidas de rendicion como lo establecen las normas internacionales referentes al derecho internacional humanitario. Al parecer, optaron por la salida violenta resultando 11 personas muertas, 27 detenidas y 5 de ellas heridas.
2. Llama poderosamente la atencion que el numero de muertos sea mayor al de los heridos, y que ningun militar resultara lesionado. Normalmente es de esperar que el numero de heridos sea mayor al de los muertos y, que cuando se trata de un enfrentamiento haya lesionados de ambos lados.
3. El Lugar de los hechos fue modificado inmediatamente por el Ejercito Mexicano impidiendo la preservacion de las evidencias, violando disposiciones en materia de procedimientos penales.
4. Las necropsias realizadas no consiñan todos los elementos que establecen los protocolos, son insuficientes para determinar las relaciones victima-victimario y el tipo de proyectiles utilizados.
5. Los detenidos fueron puestos a disposicion del Ministerio Publico Militar quien tomo declaraciones a los detenidos, violando la legislación penal y la constitucion.
6. Queda comprobado que los detenidos se mantuvieron en un lugar distinto al destinado ex profeso, lo que refuerza la version de los detenidos de que sufrieron coaccion para su declaracion, y apunta la validacion de los testimonios de tortura fisica y psicologica a la que aluden los detenidos (considerada por la jurisprudencia nacional en la materia), no obstante que los certificados medicos no se hayan consiñado lesiones visibles o externas.
7. Las acciones de la CNDH y las de la Coddehum han sido insuficientes y los derechos de los detenidos han quedado limitados ante la ausencia de un trabajo de campo mas acucioso.
8. Preocupa la detencion del abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, quien habia asumido la defensa de los detenidos de El Charco, bajo un proceso penal fuertemente cuestionado por sus irregularidades, lo que hablaria de una politica sistematica de aislamiento y represion.
9. los ataques y calumnias en contra de las ONG que han atendido el caso, señalandolas como parte de los grupos armados evidencia y refuerza dicha politica de aislamiento.
Finalmente, la Limeddh-FIDH recuerda que el caso de la Masacre de El Charco ha sido mencionada en el mas reciente informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir; a quien hemos solicitado que en su proxima visita a Mexico, ha realizarse probablemente en julio de 1999, lo incluya en su agenda de trabajo al igual que la Masacre de Aguas Blancas, de Las Palancas, Cualac, en Guerrero, y Acteal y otras mas en Chiapas, Oaxaca y el resto del pais.
RECOMENDACIONES
1. Debe investigarse con profundidad la denuncia de ejecucion sumaria con tiro de gracia a Mario CHAVEZ GARCIA, Daniel CRISOFORO JIMENEZ, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO y Fernando FELIX GUADALUPE, todos ellos sometidos en la cancha de basquetbol; y a Honorio GARCIA LORENZO quien fue el primero que al salir de la escuela se hinco, levanto las manos en señal de rendicion y dijo "Perdonenme, nosotros no tenemos armas, no tiren" y los militares dispararon contra el. Los estudios de necropsia establecen que algunos de los cuerpos presentan una sola herida de proyectil de arma de fuego, mientras que la mayoria de los cadaveres presentan heridas multiples. Por lo que se requeriria la renecropsia para establecer si hubo tiro de gracia, como lo refieren algunos testimonios, cuando menos, en los cadaveres señalados.
2. Debe investigarse a profundidad los hechos puesto que, según declaraciones militares, ellos estaban en la zona aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, al mando del General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA; sin embargo, operativos de este tipo no requieren el uso de armamento altamente sofisticado. Ademas de que los testimonios de los testigos afirman que participaron 30 tanques, algunos vehiculos Hummers y contaban con enorme armamento. Los militares que participaron en el operativo llegaron rodeando la zona, con horas de antelacion. Por otro lado, participo en este el General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA, Jefe de la 27 Zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km, por lo que no le corresponderia la zona para llevar a cabo un operativo.
3. Deben investigarse las denuncias coincidentes en las que se mencionan que a los detenidos se les traslado a la Zona Militar donde se les torturo y amenazo con desaparecer a sus familiares, obligandoles a firmar declaraciones fabricadas, en las que se declaraban miembros del ERPI e involucraban a dirigentes sociales como a Rocio MESINO de la OCSS, y al ex diputado Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, exiliado en Francia.
4. Deben investigarse las actuaciones del Ministerio Publico Militar, quien no tiene facultades para tomar declaraciones de civiles.
5. Debe de garantizarse el derecho al debido proceso y la valoracion de todos los elementos para que los jueces actuen con plena independencia como lo establecen las normas nacionales e internacionales.
6. De los resultados de la investigacion del caso, se debera sancionar a los responsables y proceder a la indemnizacion de las victimas y sus familiares.
7. A la CNDH solicitamos que agilice la investigacion, ya que a un año de los hechos, no ha emitido ninguna Recomendacion al respecto.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
jueves, 7 de abril de 2011
México desafía las sentencias de la Corte Interamericana en los casos de Inés y Valentina (Indígenas guerrerenses violadas por militares).
El Estado mexicano cuestiona el testimonio y la participación de militares en la
violación y tortura de dos mujeres indígenas a pesar de las dos sentencias
emitidas en su contra.
México DF, 11 de febrero de 2011. Hoy, la Organización del Pueblo Indígena
Tlapaneco/Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestros argumentos sobre las solicitudes de interpretación de sentencias que el Estado mexicano presentó al Tribunal.
El pasado 29 de diciembre, México presentó ante la Corte Interamericana dos solicitudes de interpretación de las sentencias emitidas los días 30 y 31 de agosto de 2010 a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. De acuerdo con el Estado, tales solicitudes se basaron en lo establecido por el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.”
En este sentido, el 7 de enero del 2011, en comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación informó que: “el Gobierno de México es enfático al señalar que, las solicitudes de interpretación formuladas no constituyen en modo alguno un desconocimiento o cuestionamiento de los puntos resolutivos de las sentencias, ni se trata de recursos que pretendan modificar los términos de los fallos dictados por la Corte Interamericana.”
Sin embargo, el escrito presentado por el Estado cuestiona la participación de militares en los hechos del caso. El requerimiento pretende entonces ser utilizado como un mecanismo de impugnación de las sentencias respectivas. Éstas, en agosto del año pasado, declararon la responsabilidad de México por las violaciones sexuales y torturas que Valentina Rosendo e Inés Fernández padecieron a manos de miembros del ejército mexicano, así como por las deficiencias en la investigación de los hechos y la intervención del fuero militar, entre otras transgresiones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas internacionales.
En su solicitud, el Estado mexicano cuestiona el fallo de la Corte Interamericana, sosteniendo como ya lo hizo durante el proceso contencioso que no ha sido probado que fueron militares quienes cometieron los actos de violación sexual y tortura en perjuicio de ambas víctimas. Del mismo modo, los escritos presentados por el Estado señalan que compete a autoridades ministeriales y judiciales internas establecer esos hechos, e incluso anticipa que los mismos podrían quedar impunes. Lo anterior es contrario a lo establecido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”
Las solicitudes presentadas por el Estado, además, entrañan un nuevo cuestionamiento a la palabra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y a las propias sentencias emitidas por parte de la Corte en la que señalan que existen todos los elementos y prueba para declarar que los hechos ocurrieron y que fueron elementos del ejército los involucrados.
Frente a esto, en nuestros argumentos presentados como organizaciones representantes de Valentina Rosendo e Inés Fernández solicitamos a la Corte Interamericana que deseche tales solicitudes, declarándolas inadmisibles, puesto que el pedido de interpretación del Estado es un desafío al Tribunal, y no una consulta. En consecuencia, se ha solicitado al Tribunal que reitere al Estado mexicano su obligación de cumplir cabalmente el fallo.
Cabe recordar que las sentencias -que tienen un carácter definitivo e inapelable según la Convención Americana- ordenaron al Estado mexicano conducir en el fuero civil las investigaciones sobre los hechos del caso, a fin de sancionar penalmente a los responsables de las violaciones sexuales sufridas en el año 2002 por las indígenas me’phaas en el estado de Guerrero. Hasta este momento ambas investigaciones siguen siendo conocidas por la Procuraduría General de Justicia Militar, en lo que constituye una muestra clara de las reticencias a cumplir cabalmente con los fallos, en aras de preservar la impunidad de que gozan los elementos de las Fuerzas Armadas responsables.
Por otro lado, es importante destacar que la presentación de las solicitudes de información se suma a la ausencia –en los cuatro meses transcurridos- de acciones efectivas tendentes al cumplimiento de las sentencias. En esa medida, evidencia el nulo compromiso con el que Estado mexicano se aproxima al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Las organizaciones representantes de Inés y Valentina instan a las autoridades mexicanas a dar pronto cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. En particular, advierten la necesidad de que en forma inmediata avancen, en el ámbito de la justicia civil, los procesos respectivos tendientes a ejercer el poder punitivo contra todas las personas responsables de los ataques, perpetrados por militares, contra la integridad sexual de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Como lo señaló la Corte en sus sentencias, esas investigaciones deberán ser conducidas con perspectiva de género y adecuación a la identidad cultural de las víctimas, garantizando el pleno acceso de sus representantes a las actuaciones y sin exponer a nuevos riesgos a las señoras Rosendo Cantú y Fernández Ortega El desacato de esta orden del tribunal internacional implica la negación del acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.
Conferencia de prensa
Valentina Rosendo detalla su caso en el programa “En 15” de Milenio Televisión. Octubre de 2010.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
martes, 20 de octubre de 2009
AI exige la liberación inmediata de Raúl Hernández, activista contra la pobreza
Integrantes de Amnistía Internacional se manifestaron en el Hemiciclo a Juárez en demanda de la excarcelación del activista de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaaFoto Yazmín Ortega Cortés
Es acusado de asesinato, pese a que decenas de testimonios lo exculpan, afirma el organismo
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Domingo 18 de octubre de 2009, p. 14
Amnistía Internacional (AI) México demandó a las autoridades federales y de Guerrero la liberación “inmediata y sin condiciones” de Raúl Hernández, activista de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), detenido desde abril de 2008, acusado del asesinato de Alejandro Feliciano, presunto informante del Ejército.
Durante un mitin en el Hemiciclo a Juárez, el organismo internacional, que declaró al activista preso de conciencia desde diciembre del año pasado, subrayó que la única razón por la que sigue encarcelado “es por su labor de defensa y promoción de los derechos humanos” en su comunidad.
Alberto Herrera, director de AI México, aseveró que desde hace años los integrantes de la OPIM han sido amenazados, hostigados, secuestrados y asesinados debido a que han denunciado abusos de autoridades de Guerrero y militares contra la población indígena, como violaciones sexuales a mujeres perpetradas por soldados.
Herrera señaló que por el homicidio del aparente colaborador del Ejército fueron detenidos cinco hombres –todos declarados prisioneros de conciencia por AI–, pero gracias a un amparo cuatro obtuvieron su libertad.
Sin embargo, Hernández continúa recluido en el penal de Ayutla, Guerrero, ya que un juez federal dio más peso a las pruebas que lo inculpan, aunque eran las mismas para todos los acusados.
Un par de testimonios que le imputan haber estado en el lugar de los hechos son la única prueba presentada por el Ministerio Público en su contra, lo cual lo mantiene en prisión.
“Las autoridades han desestimado las decenas de testimonios que dicen que él no estaba en el lugar del asesinato, sino en actividades de su ONG”, señaló.
La manifestación se realizó con motivo del Día Internacional de la Pobreza –celebrado ayer–, debido a que Hernández es un luchador contra la miseria.
“Es preocupante que, más allá de los esfuerzos poco consistentes del gobierno mexicano para acabar con la pobreza, activistas como Raúl, que luchan contra ella, sean encarcelados. Ése no es un buen mensaje.
“Las autoridades deben demostrar un compromiso de luchar contra la pobreza desde una perspectiva de derechos humanos, además de no utilizar las cárceles para perseguir a quienes se movilizan para terminar con ese mal”, abundó.
Entre mantas y carteles con las leyendas “Libertad para Raúl ya”, alrededor de 20 activistas de AI México y de la OPIM cubrieron sus caras con máscaras en las que estaba impreso el rostro del defensor de derechos humanos encarcelado.
La señora Eusebia, esposa del detenido, habló en Me’phaa sólo para demandar al gobierno la liberación de su marido, porque “está injustamente preso”.
En tanto, Obtilia Eugenio, dirigente de la OPIM, denunció que integrantes de algunas comunidades indígenas de Guerrero son amenazados, perseguidos, asesinados y encarcelados sin motivo. “Para el gobierno nosotros somos los enemigos”.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
jueves, 25 de junio de 2009
Por segunda vez, caravana de AI visitará a miembro de la OPIM preso en Ayutla
Prevén reunión con autoridades estatales los días 28 y 29
CITLAL GILES SANCHEZ (La Jornada Guerrero)
Como parte de las acciones de la campaña Exige Dignidad, que encabeza Amnistía Internacional (AI), se tiene programado que una caravana de activistas visite en los próximos días el municipio de Ayutla para exigir la liberación del integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Raúl Hernández Abundio, considerado por el organismo internacional como preso de conciencia.
Por segunda ocasión, una comisión de activistas regresarán a Ayutla para visitar a Hernández Abundio, quien no logró salir de la cárcel el 19 de marzo junto con los otros cuatro indígenas me’phaa acusados de matar a un informante del Ejército.
En febrero, AI estuvo por primera vez en Guerrero para entrevistarse con los cinco integrantes de la OPIM en ese entonces presos en el penal de Ayutla, así como con autoridades del gobierno estatal para exponer su preocupación por la situación de indefensión en que trabajan defensores de derechos humanos.
De acuerdo con la información del organismo internacional, la visita está programada para los días 28 y 29 de junio, en la que participarán diversas organizaciones de derechos humanos de México y Guerrero.
La misión será entregar todos los mensajes y cartas de apoyo y solidaridad a Raúl Hernández, recabadas durante la campaña Alza tu voz por su libertad; además reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, refrendar el apoyo y la solidaridad y rechazar los obstáculos que tienen que sortear para desempeñar su trabajo.
De igual forma, dentro de las actividades de AI está reunirse nuevamente con autoridades del gobierno estatal, a quienes le expresarán las diversas preocupaciones en materia de defensa de los derechos humanos además de exigir la liberación inmediata del preso de conciencia.
El 29 de junio la caravana estará de regreso en la ciudad de México para analizar los resultados de la visita.
El 17 de abril de 2008 fueron encarcelados cinco integrantes de la OPIM acusados de asesinar a un informante del Ejército, pero se logró un amparo para cuatro de ellos, quienes salieron en libertad el 19 de marzo de este año. Hernández no alcanzó amparo debido a que hay dos supuestos testigos que aseguran fue el autor material del crimen.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
martes, 9 de junio de 2009
Ofrenda a los caídos en el panteón de El Charco
Difusión Cencos
México D.F., 8 de junio de 2009
Comunicado de prensa
Tlachinollan
Durante el 11 aniversario luctuoso de la masacre de El Charco, organizaciones indígenas, sociales y campesinas, reprocharon al gobierno federal y estatal que este crimen de lesa humanidad permanezca en la impunidad y exigieron el esclarecimiento de la ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
La madrugada del 7 de junio de 1998, soldados del Ejército mexicano atacaron a campesinos na savi (mixtecos) del municipios Ayutla de los Libres, que se encontraban descansando en la escuela primaria Caritino Maldonado de El Charco, luego de que participaron en una reunión sobre proyectos productivos. El saldo fue de 11 campesinos muertos, así como decenas de heridos y detenidos.
Viudas, deudos y familiares de los indígenas caídos, apoyado por Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas iniciaron una lucha para exigir justicia. No obstante a 11 años de aquella matanza, ningún responsable ha sido detenido ni castigado y más bien Raúl y Manuel fueron ejecutados extrajudicialmente, después de hacer sido desaparecidos de manera forzada el pasado 13 de febrero de este año. Su caso tampoco no ha sido esclarecido.
La conmemoración del 11 aniversario luctuoso comenzó la noche del sábado 6 de junio con una velación a los caídos y terminó hoy domingo con un acto político y la ofrenda que indígenas na savi y me´phaa (tlapanecos) llevaron al panteón de El Charco.
En el acto político, la presidenta de la Organización de del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel exigió al gobierno federal y estatal que pare esta criminalización contra los pueblos indígenas que se han organizado para hacer valer sus derechos humanos.
El dirigente de la OPIM en El Camalote, cuestionó que a quienes demandan el respeto de sus libertades fundamentales se les llame “delincuentes” y a quienes cometan delitos, no se les castigue.
Ante más de un centenar de indígenas, campesinos, dirigentes y activistas, participaron oradores como el luchador social Pablo Sandoval Cruz, por parte de los sobrevivientes, Efrén Cortes, así como representantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), de la Red Guerrerense de Organismo Civiles de Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
lunes, 8 de junio de 2009
Conmemoración X aniversario (2008) de la masacre en El Charco, Ayutla de los libres, Guerrero.
“… las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".
Se agradece el apoyo técnico de Espacec.
La Masacre de El Charco,
Ayutla de los Libres, Guerrero.
Ocurrida el 07 de junio de 1998.
Informe de seguimiento a un año
Elaborado por la
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
En El Charco, un amanecer de sangre y balas
fue la repuesta a un pueblo hambriento.
Tiros certeros disparados al corazon de los famelicos
cuerpos enflaquecidos por discursos y promesas incumplidas.
Un Charco de sangre indigena mezclada con las lagrimas de las viudas
debe convertirse en lucha contra la impunidad.
¿EL EJERCITO MEXICANO SE HA CUBIERTO DE GLORIA
EN LA DEFENSA DE LA PATRIA?.
Mexico, D.F., a 7 de junio de 1999.
BREVE CRONOLOGIA
En la comunidad de El Charco1, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejercito Mexicano rodearon la escuela primaria "Caritino Maldonado", en la cual se encontraban dormidos varios indigenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.
Segun los sobrevivientes el Ejercito Federal rodeo el lugar e irrumpio, disparando y lanzando dos granadas de fragmentacion, lo que provoco 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Region Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos dias. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permanecio en el hospital naval durante un mes.
Al lugar de los hechos se impidio la entrada de periodistas y de ONGs defensoras de derechos humanos hasta despues de 2 dias; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos.
Las personas detenidas fueron
Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio ALONSO TRINIDAD, Martin MACARIO SALAZAR, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, Alfonso Olivar MORALES, Javier ANGEL SEVERIANO, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Alonso MARTINEZ, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATARINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Miguel Angel GARCIA CRISTIANO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION o Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Juan GARCIA DE LOS SANTOS, Anastasio RAMIREZ SIMONA, Esteban LEONARDO EPITACIO, Efren CORTES CHAVEZ, Erika ZAMORA PARDO, ademas de los menores de edadFrancisco Cristino CRESCENCIO, Adrian PATRIARCA ANGUSTINO, Bernabe GARCIA DE JESUS, Pedro ESTEBAN AVILA y Meliton CASTRO MORALES.
Tomaron la declaracion preparatoria los agentes del Ministerio Publico Federal coordinados por el subdelegado de averiguaciones previas de la PGR, Miguel Angel ZARAGOZA REYES.
El 11 de junio, fueron liberados 16 de los detenidos, ya que el delegado de la PGR en Guerrero, Javier LOMELI, no encontro elementos para procesarlos.
Ellos fueron Alfonso OLIVAR MORALES, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATALINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION, Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Anastacio RAMIREZ SIMONA y Esteban LEOBARDO EPITACIO, Javier ANGEL SEVERIANO, Miguel Angel GARCIA CRISTINO y Martin MACARIO SALAZAR. Cabe señalar que Javier LOMELI, posteriormente fue separado de su cargo, al parecer, debido a que ordeno la liberacion de las 20 personas, incluyendo a 4 menores que se encontraban en el Tutelar. Fue sustituido por Samuel HERNANDEZ ALBA, quien al revisar el expediente enviado por mandos militares, solicito nuevamente 17 ordenes de reaprehension, mismas que giro la jueza del segundo distrito de lo penal, Xochitl GUIDO GUZMAN.
Se abrio una nueva causa penal 17/98, por los delitos de motin, sedicion e invitacion a la rebelion, sumandoseles al proceso penal 109/A-1/98 que se le sigue a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ.
El 23 de junio fueron arrestados Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio TRINIDAD AMBROSIO, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO y Juan Carlos GARCIA DE LOS SANTOS, quienes dos dias mas tarde fueron trasladados del Hospital General de Acapulco al Cereso de Acapulco, despues de que se les girara nueva orden de aprehension por los delitos de rebelion y conspiracion. Tal diligencia se realizo en privado en el area de enfermeria del penal de Acapulco, en contradiccion con la Constitucion Politica Mexicana, que establece que debe ser publica.
El 27 de junio la juez Xochilt GUIDO GUZMAN dicto auto de formal prision a 6 detenidos procesados bajo la causa penal 49/98 por los delitos de rebelion, conspiracion e incitacion a la rebelion. Mientras que 5 de los detenidos heridos y mantenidos en el hospital, fueron consignados por el agente del Ministerio Publico Federal (MPF), Gustavo SAAVEDRA, ante Maximiliano TORAL PEREZ, juez cuarto de distrito de Acapulco, acusados de ser miembros del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente, (ERPI) y por los delitos de rebelion, terrorismo, acopio de armas, portacion de armas de uso exclusivo del Ejercito y delincuencia organizada.
Resalta la declaracion Ministerial de Erika ZAMORA PARDO quien señalo "mi declaracion ante el MPF fue obtenida bajo presion de los agentes de Gobernacion, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas. Esta declaracion fue firmada bajo tortura, ya que me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques electricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas, me amenazaron con desaparecerme, esta declaracion fue filmada y grabada en la zona Militar...el Ejercito fue el primero en disparar, que la gente estaba desarmada y que a pesar de que se rindieron y pidieron perdon los mataron,
a algunos heridos les dieron el tiro de gracia". Es importante señalar que en dicha declaracion tambien se le obligo a vincular a dirigentes sociales como Rocio MESINO, dirigente de la Organizacion Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y a Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, es diputado local y exiliado en Francia.
El 13 -14 de junio fueron reconocidos 11 cadaveres y entregados a sus familiares, los que corresponden a Honorio GARCIA LORENZO, Mauro GONZALEZ CASTRO, originarios de Agua Cachagüe; Mario CHAVEZ GARCIA, Ricardo VICENTE, Fidencio MORALES CASTRO de 21 años, Jose FERNANDO NICASIO, Fernando FELIX GUADALUPE de 25 años de edad, de la comunidad de Ocote Amarillo; Daniel CRISOFORO del Coyul; Ricardo ZAVALA TAPIA de 24 años, del Distrito Federal, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO o Francisco PRISCILIANO de 41años de la comunidad El Potrero, Apolonio JIMENEZ GARCIA de 40 años, y Juan GARCIA DE LOS SANTOS de 23 años (al parecer, existe una contradiccion en dicho nombre, ya que en el expediente juridico aparece como asesinado, pero despues se reporta que se le dio libertad) de El Charco.
El 15 de junio el juez Maximiliano TORAL PEREZ, dicto auto de libertad a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de delincuencia organizada, terrorismo y acopio de arma de fuego, ya que su defensor de oficio, Hector HERNANDEZ, asento que los hechos no coinciden en la tipificacion de los delitos. Sin embargo, de acuerdo con el proceso penal 57/98, el juez les dicto auto de formal prision como responsables de portacion de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito. Pese a lo anterior tres dias despues a Efren CORTES CHAVEZ se le nego el derecho a la libertad bajo fianza, con el argumento de que liberarlo constituiria un peligro para la sociedad, ya que lo señala como presunto miembro del grupo armado. El defensor de oficio, interpuso el recurso de apelacion ante el tribunal unitario del vigesimo primer circuito, con sede en Chilpancingo.
El 22 de junio los menores que se encuentran en el Tutelar de Menores dieron sus testimonios al Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Adrian PATRIARCA AGUSTINO, de 16 años de edad, originario de la comunidad de Ojo de Agua, refirio que fue detenido en una de las aulas y obligado a tirarse boca abajo y arrastrarse hacia la cancha de basquetbol. Despues lo trasladaron en helicoptero hasta Cruz Grande. Los militares lo golpearon en la cabeza y en el estomago con el puño cerrado, con los ojos vendados, obligandolo a dar nombres de sus familiares y del comisario municipal.
Bernabe GARCIA DE JESUS, de 14 años de la comunidad de La Palma, relato que "cuando estaba tirado en la cancha los militares me patearon, trasladandome en helicoptero a Cruz Grande y luego a Acapulco". Meliton CASTRO MORALES de 15 años, originario de la comunidad El Coyul y Pedro ESTEBAN de 16 años de Ocote Amarillo, refirieron testimonios parecidos.
VERSIONES OFICIALES
19 al 22 de junio Jose Luis RAMOS RIVERA, subprocurador general de la Republica, dio a conocer la postura oficial de lo ocurrido "No hubo tal masacre, ni hubo siembra de armas, ni se torturo a los detenidos para que se declararan integrantes del ERPI", ademas de que dio a conocer la existencia de un video. Indico que se realizo la prueba de absorción atomica a cada uno de los fallecidos y en todos los casos se comprobo que accionaron armas de fuego, y se les practico la prueba de Walker a cada una de las ropas de los acaecidos, la cual resulto negativa. Se pronuncio en defensa del Ejercito Mexicano, diciendo que lo de El Charco fue un enfrentamiento, los militares hacian un recorrido en aplicacion de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, y descubrieron a unos hombres armados y al pedirles las armas estos comenzaron a disparar iniciando asi el enfrentamiento, el cual duro de las 450 de la madrugada a las 1100 de la mañana aproximadamente.
VERSIONES CONTRASTANTES
La ex alcaldesa de Atoyac, Maria de la Luz NUÑEZ RAMOS, envio al Presidente Ernesto Zedillo una carta en la que señalaba que no es creible la version del "enfrentamiento casual", cuando al mando del mismo estuvo el general Alfredo OROPEZA GARNICA, jefe de la 27 zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km. Recuerda que el general fue victima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanabano, lo que puede explicar la crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en El Charco.
De acuerdo a la version del comisario municipal, Panfilo SANTIAGO HERNANDEZ y Julio Leocadio "los agarraron por sorpresa, cuando estaban durmiendo en la escuela, los integrantes del grupo armado fueron masacrados en ese lugar, y tememos por los detenidos y heridos, son personas inocentes, pacificas, de la comunidad, que no tienen vinculos con el EPR".
Version del ERPI dada a conocer en medios de comunicacion. No fue un encuentro casual como lo planteo ya que primero se envio una unidad de fuerzas especiales al mando de kaibiles entrenados en Guatemala, seguidos de 28 batallones de infanteria, ademas de otros soldados, sumando alrededor de un millar de efectivos militares al mando del General OROPEZA GARNICA. Dejando sus vehiculos en la comunidad de Tepuente, caminando en silencio hasta El Charco. Despues ocurrio la masacre, ya que los 4 combatientes que se rindieron fueron asesinados y los otros 7 muertos eran campesinos indefensos, asesinaron a cinco en la escuela y dos en la cancha.
HOSTIGAMIENTO
Despues de la masacre, los vecinos de la comunidad El Charco, se desplazaron por el temor, ante el incremento de la militarizacion, con gran panico en las comunidades; quienes solicitaron el retiro del Ejercito.
11 de junio alrededor de las 0200 horas, un grupo de 20 personas, a bordo de una Suburban, irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia de Erika ZAMORA PARDO, ubicado en la comunidad de El Rosario, Municipio de Francisco I. Madero, estado de Hidalgo. En donde los amenazaron y robaron documentacion personal. Motivo por el cual su familia tuvo que huir de esa comunidad rumbo a la Ciudad de Mexico. La familia de Efren fue vigilada en Ayutla y Cruz Grande.
Se promovieron dos juicios de amparo contra actos de la justicia federal a favor de 14 campesinos, numero 648/98 promovido ante al juez tercero de distrito, Lucitania GARCIA ORTIZ, y el 649/98 contra actos de las autoridades federales.
30 de junio Ricardo MARTINEZ MARTINEZ, integrante del Bloque Universitario y estudiante de la Facultad de Ciencias Politicas de la UNAM, informo que luego de la detencion de su compañera Erika ZAMORA PARDO y de la muerte de Ricardo ZAVALA TAPIA, se inicio una ola de intimidacion en contra de jovenes de la UNAM y de la UAM, ya que agentes de Gobernacion y militares, pretendian vincularlos con actos subversivos.
04 de julio El defensor de oficio Andres GARCIA BUSTAMANTE, promovio ante el juez segundo de distrito, Xochil GUIDO GUZMAN, testimoniales de los comisarios municipales de Ayutla de los Libres y de El Charco, a favor de 6 detenidos. Sin embargo solo Juan Garcia de los Santos y Eugenio Trinidad AMBROSIO, salieron de inmediato despues de las declaraciones hechas por los comisarios.
08 julio Efrain ZUÑIGA GALEANA, coordinador de los diputados federales priistas guerrerenses, declaro "que el EPR es el sector guerrillero del PRD, los dirigentes del PRD estan al servicio del EPR, son quienes los estan subsidiando".
15 de agosto. Ampliacion de declaracion con efectivos del Ejercito mexicano, con el mayor de infanteria del 78 Batallon de Infanteria, Jose GARNICA MARQUEZ y el soldado raso Jose Monico quienes coincidieron en señalar que el general Juan Alfredo OROPEZA GARNICA estaba al filo de las 700 horas frente a la escuela del El Charco.
20 de agosto fueron detenidos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, indigenas mixtecos, cuando se presentaron a declarar a favor de Efren CORTES CHAVEZ y Erika ZAMORA PARDO. En el Juzgado Tercero de Distrito se habia autorizado el amparo contra la orden de aprehension, pero al no depositarse la garantia se anulo y procedieron las ordenes de aprehension. Se encuentran acusados de rebelion y conspiracion, segun el expediente 1798, causa 49/98, en el Segundo Juzgado de Distrito con sede en Acapulco. El 26 de agosto se les dicto auto de formal prision.
INDEFENSION JURIDICA.
25 de agosto Fue detenido el abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, Asesor Juridico de la OCSS, quien atendia el caso de los presos a consecuencia de los hechos en El Charco. Se le acusa de despojo, robo y daños, a raiz de una toma de tierras que realizo un grupo de colonos en los Mogotes, Municipio de Coyuca de Benitez, en enero de 1997. Cabe señalar que el Juez Sexto Penal del Distrito Judicial de Galeana, Adolfo VAN METEER ROQUE, quien le dicto el auto de formal prision por los delitos de despojo, robo y daños, sin derecho a fianza, es el mismo que anteriormente, el 4 de diciembre de 1995, en la causa penal numero 145-1/994, ventilada ante el mismo juzgado sexto de lo penal, ya habia sentenciado en contra del señor Ranulfo SAMANO BARBOSA por el delito de despojo del mismo bien inmueble objeto del proceso penal. Destacamos que dicha persona es quien se presento como quejoso en contra del Lic. Jose SANCHEZ SANCHEZ.
NEGLIGENCIA MEDICA.
16 de agosto fue visitado el menor Francisco CRISTINO CRESENCIO, detenido en el Albergue Tutelar para Menores en Chilpancingo por el doctor Rafael Gomar Yabra, especialista en traumatologia, miembro de la Oficina de Socorro Internacional en Mexico e integrante de la Caravana Vicente Guerrero; alerto que el niño corre el peligro de perder la movilidad del brazo de por vida, debido a la negligencia de las autoridades al negarle la atencion medica adecuada y oportuna. El medico señaloel 16 de agosto observe, que a pesar de la gravedad de las lesiones, probablemente una fractura supracondilia, solo tenia una ferula posterior de yeso rota e inservible, fijada con una venda elastica deshilachada que le retire porque le estaba molestando. El niño presenta severas secuelas neurologicas con gran deterioro funcional del brazo y atrofia muscular avanzada. Por lo tanto no se le ha prestado atencion medica ni psicologica para la recuperacion emocional de un pequeño que solo habla mixteco, y que fue arrancado de su en torno familiar y social en un escenario de violencia militar gubernamental. No hay fundamento para su detencion ya que sus 4 compañeros detenidos por los mismos delitos ya fueron liberados. El 5 de septiembre, Pedro Julio VALDEZ VILCHIS, director general de Comunicación Social del gobierno del estado, nego los hechos. Sin embargo, el menor presentaba limitacion del movimiento de la articulacion del codo izquierdo y semiparalisis de la muñeca y mano izquierda, ya que no puede realizar los movimientos de extension de dicha mano, tambien presentaba hemiatrofia muscular (hipotrofia) de antebrazo y mano izquierda.
Testimonio de Francisco CRISTINO CRECENCIO. Internado en el Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo.
Soy indigena mixteco, que a los 13 años de edad, fui herido de bala en el brazo izquierdo el 07 de junio de 1998 en El Charco Ayutla de los Libres. Ahora ya cuento con 14 años. Ese dia estaba yo en uno de los salones de la escuela "Caritino Maldonado", junto con otras personas de diferentes comunidades, lugar en donde nos citaron para escuchar platicas sobre problemas comunitarios comouso de fertilizantes, realizacion de proyectos productivos, etc. Ya estabamos dormidos cuando en la madrugada llegaron los militares, rodearon la escuela ay nos gritaron, pero yo no entendia ya que no hablo bien el español, solo el mixteco, no entendia lo que ellos decian y nos dispararon despues dejaron de disparar y mas tarde continuaron disparando.
Rompiendo las ventanas de los salones con, los disparos y una bala entro fue la que me hirio, en ese momento, con un rozon en el pecho - yo no tenia ninguna arma- , y comence a sangrar y a tener fuerte dolor en la herida; sintiendome muy debil, al grado que estuve tirado en el piso del salon sin poder levantarme.
Horas despues comenzaron a salir con los brazos en alto las personas que estaban conmigo en el salon, yo al no poder salir con los demas entraron los soldados a sacarme y fue cuando vi a varios heridos en el suelo de la cancha de Basquetbol, Despues me llevaron en un helicoptero militar al Hospital Naval Militar de Acapulco donde estuve 7 dias con mucha vigilancia de marinos y solo me lavaban la herida por fuera. No me operaron. De ahi me trasladaron al Hospital General de Acapulco "civil"; donde me tuvieron un mes y 5 dias, me operaron en 3 ocasiones y me pusieron una ferula de yeso. Despues me trasladaron al Albergue Tutelar para MENORES Infractores, estando aqui me han sacado al Hospital Manuel G-A" en la Ciudad de Medico, donde me hicieron un transplante de "nervios", que me quitaron de los pies. Pero ya fue tarde esta operacion ya que quede semiparalizado de la mano y muñeca izquierda, aun con los ejercicios de rehabilitacion que me realizaron en el DIF, de Chilpancingo.
Inicialmente Francisco se encontro incomunicado. Presento su declaracion preparatoria ante el Ministerio Publico Militar. Su familia solo pudo visitarlo pocas veces por falta de recursos. Se le dicto sentencia de 9 meses. Fue liberado el 26 de mayo de 1999.
SEGUIMIENTO DURANTE 1999
Enero aparecio en un diario de Acapulco, una resolucion apocrifa de la CNDH; donde se señala que los hechos ocurridos fueron un enfrentamiento del Ejercito Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) contra el Ejercito Mexicano. Tambien se desmintio que el Ejercito haya usado granadas de fragmentacion. Que las pruebas hechas a los detenidos salieron positivas, y que en el examen de orina realizado a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, aparecen residuos de cocaina. Mas tarde, la CNDH desmintio esa Resolucion diciendo que el documento publicado es apocrifo.
10 de marzo La juez segundo de distrito, Xochitl GUIDO GUZMAN, sentencio a 5 años de prision a Erika ZAMORA PARDO y Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de conspiracion e invitacion a la rebelion. A Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, indigenas mixtecos se les sentencio a un año de prision y multa de 9 mil 506 pesos 25 centavos, por los delitos de portacion de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada y el Ejercito (cabe señalar que al considerar el beneficio de la pena de 38 dias de trabajo, se debio otorgar su libertad condicional, hecho que ocurrio hasta el 12 de mayo, cuando fueron liberados mediante el pago de una fianza de $ 1000.00 mil pesos cada uno, por resolucion del Tribunal unitario con sede en Chilpancingo). Una semana despues se les dicto otra sentencia a Erika ZAMORA de 3 años y medio a Efren CORTES de 1 año y medio por portacion de arma. Acumulandoseles asi, 8 años y medio a Erika ZAMORA y 6 años y medio a Efren CORTES.
Por la sentencia dictada contra Efren CORTES y Erika ZAMORA, se interpuso apelacion, lo que trajo como consecuencia que se determinara una nueva revision al caso, razon por la cual se giraron ordenes de reaprehension contra los indigenas mixtecos Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNADEZ FRANCISCO, recien liberados.
A un año de la masacre del Charco continuan en prision los 4 indigenas mixtecos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, la estudiante Erika ZAMORA PARDO y el dirigente del PRD, Efren CORTES CHAVEZ, en el Cereso de Acapulco.
OTRAS REPERCUSIONES
Las familias de los detenidos que quedan en indefension economica
Bernardino GARCIA FRANCISCO, 38 años, Comunidad El Paraiso, medico tradicional, integrante de la Organizacion Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT).
Esposa, Maria Claudia PAULA GARCIA (37 años); hijos Florencio (20 años), Eudocio (18), Teresa Felipa (17), Rodrigo (14), Angel (11), Eudes (9), Octavio (4) y Florentino (1)
Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, 43 años, Comunidad El Paraiso.
Esposa, Teresa Margarita Carmen (38); hijosJaime (10), Hermelinda (8), Bonifacio (6), Floriberto (4), Gabriel (3) y Alejandro (1año 9 meses).
Sabino ADELAIDO GARCIA, 30 años, Comunidad El Potrero.
Esposa, Benicia Castro de los Santos (26); hijosLuis (5) y Adelaida (1 año 9 meses ).
Esteban EDUARDO EPITACIO, 43 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Maria Rosa Catarina; (40 años), hijosCristina (28), Valeria (20), Florencia (10), Leobardo (8), Arnulfo (5) y Fulgencio (4).
Alfonso OLIVIA MORALES, 22 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Elena Victoria Sabina (21); hijosNabor (11 meses).
Anastacio RAMIREZ SIMONA, 26 años, Comunidad La Concordia.
Esposa, Victoria Angel Verenciana (24); hijosAgripino (12), Leonilda (7), Carolina (3) y Norberto (1año 6 meses).
Numero de personas afectadas por la detencion arbitraria de los 6 indigenas12 adultos y 27 niños.
LAS VIUDAS DE EL CHARCO.
Catorce mujeres, indigenas mixtecas, se vieron obligadas a trabajar en casa, en el campo, y ahora tambien debieron darse a la tarea de exigir justicia.
Catalina LEOBARDO AURELIA, de 24 años y madre de 6 niños, vecina de Ocote Amarillo, quien perdio a su esposo, Fernando FELIX GUADALUPE, de 25 años, dice "ahora mi trabajo es 4 veces mas que antes y con menos dinero que antes". Ella camina 5 horas desde su comunidad hasta la cabecera de Ayutla, para pedir la indemnizacion por la muerte de su esposo, la que no le quieren dar, diciendole que su esposo murio en enfrentamiento ya que ellos atacaron a las tropas del Ejercito Mexicano. La situacion de las 8 viudas es igual, piden apoyo para mantener a sus hijos y el Gobierno se lo niega. Ahora empiezan a hablar; dicen que la necesidad las obliga a ponerse al frente.
Quienes mas sufren las consecuencias son las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".
CONCLUSIONES.
Los hechos que se presentaron en la Masacre de El Charco señalan que, dificilmente puede creerse que haya existido un enfrentamiento puesto que no se presento ningun herido por parte del Ejercito Federal, lo que sugiere fuertemente que
1. Los militares tuvieron la oportunidad de actuar de manera premeditada, con alevosia y ventaja y no ponderaron las medidas de rendicion como lo establecen las normas internacionales referentes al derecho internacional humanitario. Al parecer, optaron por la salida violenta resultando 11 personas muertas, 27 detenidas y 5 de ellas heridas.
2. Llama poderosamente la atencion que el numero de muertos sea mayor al de los heridos, y que ningun militar resultara lesionado. Normalmente es de esperar que el numero de heridos sea mayor al de los muertos y, que cuando se trata de un enfrentamiento haya lesionados de ambos lados.
3. El Lugar de los hechos fue modificado inmediatamente por el Ejercito Mexicano impidiendo la preservacion de las evidencias, violando disposiciones en materia de procedimientos penales.
4. Las necropsias realizadas no consiñan todos los elementos que establecen los protocolos, son insuficientes para determinar las relaciones victima-victimario y el tipo de proyectiles utilizados.
5. Los detenidos fueron puestos a disposicion del Ministerio Publico Militar quien tomo declaraciones a los detenidos, violando la legislación penal y la constitucion.
6. Queda comprobado que los detenidos se mantuvieron en un lugar distinto al destinado ex profeso, lo que refuerza la version de los detenidos de que sufrieron coaccion para su declaracion, y apunta la validacion de los testimonios de tortura fisica y psicologica a la que aluden los detenidos (considerada por la jurisprudencia nacional en la materia), no obstante que los certificados medicos no se hayan consiñado lesiones visibles o externas.
7. Las acciones de la CNDH y las de la Coddehum han sido insuficientes y los derechos de los detenidos han quedado limitados ante la ausencia de un trabajo de campo mas acucioso.
8. Preocupa la detencion del abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, quien habia asumido la defensa de los detenidos de El Charco, bajo un proceso penal fuertemente cuestionado por sus irregularidades, lo que hablaria de una politica sistematica de aislamiento y represion.
9. los ataques y calumnias en contra de las ONG que han atendido el caso, señalandolas como parte de los grupos armados evidencia y refuerza dicha politica de aislamiento.
Finalmente, la Limeddh-FIDH recuerda que el caso de la Masacre de El Charco ha sido mencionada en el mas reciente informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir; a quien hemos solicitado que en su proxima visita a Mexico, ha realizarse probablemente en julio de 1999, lo incluya en su agenda de trabajo al igual que la Masacre de Aguas Blancas, de Las Palancas, Cualac, en Guerrero, y Acteal y otras mas en Chiapas, Oaxaca y el resto del pais.
RECOMENDACIONES
1. Debe investigarse con profundidad la denuncia de ejecucion sumaria con tiro de gracia a Mario CHAVEZ GARCIA, Daniel CRISOFORO JIMENEZ, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO y Fernando FELIX GUADALUPE, todos ellos sometidos en la cancha de basquetbol; y a Honorio GARCIA LORENZO quien fue el primero que al salir de la escuela se hinco, levanto las manos en señal de rendicion y dijo "Perdonenme, nosotros no tenemos armas, no tiren" y los militares dispararon contra el. Los estudios de necropsia establecen que algunos de los cuerpos presentan una sola herida de proyectil de arma de fuego, mientras que la mayoria de los cadaveres presentan heridas multiples. Por lo que se requeriria la renecropsia para establecer si hubo tiro de gracia, como lo refieren algunos testimonios, cuando menos, en los cadaveres señalados.
2. Debe investigarse a profundidad los hechos puesto que, según declaraciones militares, ellos estaban en la zona aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, al mando del General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA; sin embargo, operativos de este tipo no requieren el uso de armamento altamente sofisticado. Ademas de que los testimonios de los testigos afirman que participaron 30 tanques, algunos vehiculos Hummers y contaban con enorme armamento. Los militares que participaron en el operativo llegaron rodeando la zona, con horas de antelacion. Por otro lado, participo en este el General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA, Jefe de la 27 Zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km, por lo que no le corresponderia la zona para llevar a cabo un operativo.
3. Deben investigarse las denuncias coincidentes en las que se mencionan que a los detenidos se les traslado a la Zona Militar donde se les torturo y amenazo con desaparecer a sus familiares, obligandoles a firmar declaraciones fabricadas, en las que se declaraban miembros del ERPI e involucraban a dirigentes sociales como a Rocio MESINO de la OCSS, y al ex diputado Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, exiliado en Francia.
4. Deben investigarse las actuaciones del Ministerio Publico Militar, quien no tiene facultades para tomar declaraciones de civiles.
5. Debe de garantizarse el derecho al debido proceso y la valoracion de todos los elementos para que los jueces actuen con plena independencia como lo establecen las normas nacionales e internacionales.
6. De los resultados de la investigacion del caso, se debera sancionar a los responsables y proceder a la indemnizacion de las victimas y sus familiares.
7. A la CNDH solicitamos que agilice la investigacion, ya que a un año de los hechos, no ha emitido ninguna Recomendacion al respecto.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
jueves, 4 de junio de 2009
Aumentó el acoso tras los asesinatos de los dirigentes mixtecos, denuncia Obtilia Eugenio.
Gloria Leticia Díaz / Agencia Proceso
Ciudad de México
La dirigente indígena y defensora de derechos humanos, Obtilia Eugenio Manuel, vive en zozobra permanente, pues “nomás estoy esperando a qué hora van a venir por mí”.
Obtilia, una de las 107 personas beneficiadas por las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al Estado mexicano, debió dejar su comunidad en Ayutla, Guerrero, después de amenazas contra ella y su esposo, Cuauhtémoc Ramírez.
El acoso contra ambos dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) se incrementó luego de los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), que fueron detenidos por hombres armados que dijeron que son policías, el 13 de febrero, y una semana después la Policía Investigadora Ministerial localizó sus cuerpos enterrados en un paraje apartado del municipio de Tecoanapa.
En entrevista durante la presentación del informe anual de Amnistía Internacional (AI), en la ciudad de México este jueves 28 de mayo, la dirigente indígena cuenta que desde que salió de su comunidad vive “muy preocupada y desesperada; no puedo dormir pensando en que estamos luchando por un cambio en mi pueblo y el gobierno nos hace daño, no quiere que hablemos”.
Este jueves, el director ejecutivo de Amnistía Intenacional-México, Alberto Herrera Aragón, presentó el análisis correspondiente a este país, que forma parte del Informe Mundial Anual 2009. Ahí, el directivo de la prestigiosa organización afirmó que los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y del preso político en Ayutla integrante de la OPIM, Raúl Hernández, son ejemplos de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en México.
Obtilia Eugenio Manuel prevé que en la conmemoración de la matanza de once campesinos en El Charco, el 7 de junio, OPIM y OFPM “nuevamente se van a juntar en una sola organización, porque tenemos que estar juntos para buscar justicia”.
Convencida que en México “no va a haber justicia” para la estela de crímenes que ha dejado la lucha que emprendieron los pueblos indígenas en Guerrero, Obtilia asegura que a pesar del hostigamiento del que ha sido objeto, no va a cejar en denunciar los abusos contra su comunidad.
“Sé que después de hablar acá en México, va a haber quién avise y quieran venir a buscarme para matarme, pero no me voy a callar. Ellos (los que la han amenazado) quieren cansarme, que deje de hablar y de denunciar. Quizá me dejarán loca, pero yo no dejaré mi lucha”, dice Obtilia.
En su discurso, la joven indígena recordó que desde 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares al Estado mexicano por las constantes amenazas que ha sufrido por defender a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, de quienes ha sido traductora en su largo litigio en contra de elementos del Ejército mexicano, quienes las agredieron sexualmente en 2002.
A pesar que identificó plenamente a quienes la amenazaron de muerte y los denunció, dice en entrevista que “nunca hubo interés” de parte de las autoridades judiciales para atender su caso.
Sostiene que sus agresores, Alfonso Morales y Onésimo Rendón, fueron vistos días antes de los crímenes de Raúl Lucas y Manuel Ponce y después de sus asesinatos la siguieron en una camioneta, a pesar que sobre ellos hay una orden de presentación.
Por eso, agrega, “nunca va a haber justicia” para los indígenas que deciden alzar la voz y organizarse.
“Estoy segura porque lo he vivido. ¿Cuántos años han pasado después de la matanza de once indígenas en El Charco (1998) y de las violaciones a las mujeres (2002)? Lo único que ha pasado es que nos han mandado al Ejército a robarnos nuestras cosechas y a meterse a nuestras casas”, denuncia Obtilia.
No obstante, considera un logro de la OPIM y su comunidad el que la Coidh analice el caso de Inés y Valentina después que el gobierno de Felipe Calderón desdeñara las recomendaciones de la CIDH.
“Es un logro para mí, la comunidad y la organización, ahí ya se va a ver, porque es a un nivel internacional, que en México no hay justicia; si la Corte toma el caso, es porque encontraron elementos de que sí hubo violaciones a las mujeres”, agregó.
“Aquí dijeron que no porque se fue a la justicia militar, y quienes cometieron el delito fueron los mismos del gobierno”, acusa.
Acompañada por integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz, Obtilia insiste en que su única esperanza de justicia está en el plano internacional, sobre todo para poner en evidencia las agresiones de militares hacia mujeres indígenas.
“Lo vi cuando era niña, varias mujeres fueron violadas por el Ejército, pero no denunciaban porque tenían miedo, pero ahora se va a saber, por eso es un logro para la gente del pueblo”, que el caso de Inés y Valentina se litigue en la Corte Interamericana.
Después de ser felicitada por asistentes a la presentación del informe de Amnistía, Obtilia se retiró como llegó, en sigilo y resguardada por sus acompañantes de las Brigadas de Paz.
“Me han quitado la confianza en la gente, a nadie le digo dónde voy, siempre estoy volteando para todos lados, esperando la hora en que vengan por mí. Pero no me van callar, voy a seguir denunciando las injusticias contra mi pueblo”, concluye Obtilia.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
viernes, 10 de abril de 2009
Inés, violentada sexualmente por militares en Guerrero
No sé que más quiere el gobierno, solo pedimos justicia
Por Sandra Torres Pastrana/enviada
Ayutla de los Libres, Gro. (CIMAC).- A mí me violaron militares, el año pasado me mataron a mi hermano Lorenzo, integrante de la Organización de Pueblos indígenas Me´phaa (OPIM) y quién me apoyó en todo momento para hacer mi denuncia.
Además, el hermano que me queda, Ocotlán, está amenazado de muerte junto con mi esposo, dos de mis sobrinos miembros de la OPIM estuvieron en la cárcel injustamente. Vivo con miedo por mi hijos y por mí, no sé que más quiere el gobierno, nosotros lo único que hemos pedido es justicia.
Así resume Inés lo que ha sido su vida desde el 22 de marzo de 2002, cuando fue atacada sexualmente por militares en su casa, en Barranca Tecuani, comunidad en Ayutla de los libres, Guerrero. Su relato es conocido por Cimacnoticias a través de su traductora y presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, pues Inés solo habla Me´phaa.
Dice Inés que la impunidad que hay alrededor de cada una de las injusticias a las que han sometido a su familia y a otros miembros de la OPIM es porque al gobierno le enoja que ellos se organicen y porque su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque las autoridades del país no me pudieron arreglar su problema.
El caso de Inés fue presentado ante la CIDH en junio de 2004, después de agotar las instancias de justicia nacionales, lo que se tradujo en un evidente estado de impunidad y falta de acceso a la justicia que prevalece en México. El 12 de octubre de 2007, compareció a una audiencia pública, junto con Valentina, otra indígena tlapaneca violada también por militares ese mismo año.
Inés asegura: “la justicia no existe para nosotros, nadie ha hecho algo para esclarecer el caso de mi hermano al que mataron el 10 de febrero del 2008, a pesar de tener huellas de tortura y ser hallado en la cabecera municipal de Ayutla, no hay seguridad para la gente que se organiza, no hay gobierno que pueda solucionar los problemas, por eso mejor deciden meter a la cárcel a la gente de la OPIM, solo por organizarse.
Inés dice “yo sé que el gobierno tiene que ver todo lo que pasa en el país, pero también tiene que mirar la discriminación e injusticia a las que estamos sometidas los pueblos indígenas”.
Inés, que acudió a la entrevista en las oficinas de la OPIM, en Ayutla de Los Libres, se ve cansada, preocupada y un poco enferma. Está en Ayutla porque el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, tuvo que ir por ella a su casa, en Barranca Tecuani, porque el Ejército se presentó en el lugar desde el pasado 2 de febrero.
ME MATARON EN VIDA
Cuando los soldados llegaron, Inés se encerró en su casa, con dolores de cabeza, calenturas y temblores, sus hijos, una niña de 9 años y dos varones de 11 y 5 años, dejaron de ir a la escuela, “Tengo mucho miedo –dice Inés—de que mi hija pueda ser agredida sexualmente por los “guachos”, (así es como la gente de esta región les dice a los miembros del Ejército), como me pasó a mí, o que agredan a mis hijos”.
A pesar de ese miedo, nos sonríe y nos pregunta sobre el trabajo que realiza Cimacnoticias, toma café que nos han preparado otras mujeres miembros de la OPIM que observan a lo lejos.
--¿Qué pasó ahora que los militares entraron de nuevo a tu comunidad?
-- Al ver a los guachos, recuerdo lo que viví y tengo miedo. Desde que fui violada vivo junto al miedo, mi vida es triste, peleo mucho con mi marido.
“Los guachos me robaron la tranquilidad y la de mi familia, como mujer me queda claro que el Gobierno no respeta mis derechos y garantías, como los militares que me violaron; me mataron en vida, ya no soy la Inés feliz que era antes, ahora soy diferente, vivo con miedo”.
--¿Haz tenido algún tipo de acercamiento por parte de alguna autoridad?
-- “A pesar de haber denunciado y pedir justicia, no hay respuesta del Gobierno mexicano, de ninguna autoridad. Ninguna funcionaria, ni diputada, ha intentado ayudarme para que se investigue mi caso”.
“Para mi es claro que ninguna funcionaria o funcionario tiene el interés de solidarizarse con los problemas que tienen las mujeres indígenas y la justicia para sus pueblos”.
“Yo necesitaba apoyo al momento y nadie me lo brindó, ahora que mi caso está en instancias internacionales, que otros países piden justicia, intentan acercarse, pero aún así no hacen nada”.
LA OPIM Y SU FAMILIA
-- ¿Por qué decides incursionar en la OPIM a lado de tu familia?
-- He participado en la OPIM con mi esposo para organizarnos, pedir las necesidades de nuestras comunidades, necesidades que son básicas como tener maestro, médicos, buenos caminos y obras, además porque muchas mujeres se mueren por enfermedad así como muchas niñas y niños.
“Junto con mis hermanos nos fuimos organizando para que los militares no nos robaran nuestras siembras, porque hace varios años los militares se metían a nuestras parcelas y roban lo que sembramos como maíz, calabaza y plátanos, esto fue otra circunstancia que nos obligo a organizarnos”.
--¿Tú mamá y papá pertenecen a la OPIM?
-- “Mi mamá es parte de la OPIM y mi padre nunca conoció esta forma de organizarnos. Lo que le pasó a él fue otra de las circunstancias que nos hizo ser integrantes de la OPIM: yo lucho por él, porque lo asesinaron quemándolo en 1999 en la comunidad y nunca supimos quién lo hizo”.
“Aunque ese día mi papá estaba borracho, solo un cobarde pudo quemarlo, a partir de ahí eso fue lo que nos hizo estar en la OPIM, porque yo y mis hermanos queríamos investigar por qué le hicieron eso a nuestro padre y quién lo hizo”.
Inés es la única mujer en su familia y tenía dos hermanos varones: el más pequeño, Ocotlán, vive amenazado de muerte y el mayor Lorenzo Fernández Ortega, fue asesinado hace un año. “Él era quien más me apoyó cuando fui violada por los militares, siempre me iba ha ver y estaba al pendiente de mí”.
DENUNCIA CONTRA LOS MILITARES
-- ¿Cómo decides denunciar el abuso de los militares?
-- “Es muy difícil lo que me pasó, aún no lo puedo contar con detalle y no lo puedo repetir, pero yo quise ser ejemplo para las mujeres de la zona que sufren violación por los militares, para que vayan y denuncien, pero como les tienen miedo no solo a los militares sino también a sus maridos, esto las hace callar”.
“Yo denuncie por la fuerza y el apoyo que me brindó mi familia y en especial mi hermano Lorenzo, porque además yo sé que hay muchas mujeres que son violadas y no denuncian por miedo, porque dicen “ellos traen armas”, “a ellos los mando el gobierno”, “ellos fácil te matan”, eso piensan las mujeres y hombres de la comunidad y quiero que cambien, que denuncien cuando se violen sus derechos”.
-- ¿Recibiste algún apoyo después de que te atacaron sexualmente?
-- Cuando me violaron los militares no recibí ningún apoyo, ni la del comisario de mi comunidad porque pertenece a otro grupo, que está en contra de la OPIM. En la comunidad. al momento de ser violada me decían, “hay viene mujer de guacho, quién sabe cuánto aguantó”. Pero ya después de que se dieron cuenta de cómo se sufre, ya te respetan y te dan apoyo, pero sobre todo de la gente que pertenece a la OPIM”.
-- ¿Cuándo es que te sientes más segura y se te quita el miedo?
-- Cuando estoy con las mujeres de la OPIM y me dicen que no estoy sola, que están conmigo.
--¿Has pensado en salirte de tu comunidad?
-- No lo he pensado, porque soy de una comunidad y no tengo dinero, si salgo a otra comunidad tengo que comprar terreno para sembrar, por eso no me salgo, mi parcela no la puedo dejar sola. Aunque a veces pienso que en algún momento voy a tener que salir, si acaso el gobierno se enoja mucho más y mande más militares, porque parece que quieren llenar de militares.
La casa de Inés en Barranca Tecuani es pobre, de difícil acceso porque, efectivamente, está entre barrancas. En las escarpadas laderas siembran maíz, calabaza, chile, frijol y cada siembra y cosecha constituye una verdadera proeza, por eso el robo de sus productos por parte de militares es aún más oprobioso. De esas cosechas tienen que comer todo el año.
--¿Qué pasó en tu parcela, Inés?
-- Los guachos entraron a mi parcela, yo no tengo sembrado otra cosa, no pueden decir que tenemos droga, por eso pido que suban los periodistas y vean lo que sembramos.
Maíz, calabaza y chile es lo que se ve en la milpa de Inés, que evidencia también la destrucción y el saqueo que, explica ella, hicieron los militares.
Bajamos a las barrancas con Fortunado, el esposo de Inés; con Obtilia, con una abogada, dos abogados y otros miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, quienes fueron a levantar la queja y a documentar el robo.
Fortunato les dice a los abogados, a través de Obtilia, que él solo vio a los guachos de lejos y no había bajado a su parcela. Reitera que lo hay en su parcela es lo que su familia tiene para comer todo el año.
--¿Cuál es tu mayor sueño, Inés?
-- Mi sueño es vivir tranquila con mis hijos, con mi esposo y toda mi familia. A pesar de todo lo que me pasó, quiero tratar de hacerlo, pero cuando lo intento ahí están de nuevo los guachos otra vez en mi comunidad y me reviven lo que me ha pasado no me dejan vivir en paz.
Mientras, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, está en espera de que el Estado mexicano atienda la recomendación que le hizo la CIDH en noviembre pasado, que se repare el daño y se castigue a los responsables.
Pero si el Estado no las acepta, la CIDH emitirá un Informe final o el caso se irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como lo pidió en diciembre pasado Tlachinollan.
09/STP/GG
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
