¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
sábado, 25 de junio de 2011
Castigo a militares, exigen en Gobernación los campesinos ecologistas Cabrera y Montiel
En acto “de compromiso” para acatar fallo de la CIDH, piden salida del Ejército de áreas rurales
Víctor Ballinas y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de junio de 2011, p. 23
“Justicia y castigo a los militares que nos torturaron”, exigieron en la Secretaría de Gobernación los campesinos ecologistas guerrerenses Teodoro Cabrera –presente en el acto para manifestar el compromiso oficial de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, y Rodolfo Montiel –vía telefónica–, ante los subsecretarios de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la dependencia, Felipe Zamora, y de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.
“Exigimos el retiro de militares de las comunidades rurales de Guerrero porque se emborrachan y disparan contra todos. Justicia y castigo para el juez y los ministerios públicos que aceptaron como válidas las declaraciones obtenidas bajo tortura”.
Desde el podio, Teodoro Cabrera destacó: “Me siento nervioso; sólo contento por verlos a todos. Les pido que hagan justicia contra el Ejército por las torturas (que sufrimos); ya llevo dos operaciones y no ando bien de mi cuerpo; que sientan lo que sentimos nosotros en la cárcel.
“Los militares quieren quedarse con las manos limpias y nos echan la culpa; querían que firmáramos y nos torturaron. La familia sufrió mucho; llegaron disparando; quieren que quedemos debajo de sus zapatos. Los caciques les dieron dinero, los compraron, y fueron a detenernos. Ellos (los soldados) van a las comunidades y matan, torturan, detienen. “No quieren que hablemos, el dinero se lo echan en el bolsillo, se van enriqueciendo”.
En tanto, Rodolfo Montiel, quien se encuentra asilado en Estados Unidos, vía telefónica pidió que se guardara un minuto de silencio por “los compañeros caídos: Aniceto Martínez, Elena Borja, Salomé Sánchez, Digna Ochoa y Plácido. Creo que ya la justicia está regresando; se nos había ausentado, se había ido a Costa Rica, espero que se cumpla toda la recomendación”.
Asimismo, hizo un reconocimiento a los abogados Mario Patrón y Jorge Fernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes tomaron su caso; a Édgar Cortez, quien en esas fechas era director de dicho centro, y a otros personajes como la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y a las legisladoras Nancy Pelón e Hilda Solís, que apoyaron su causa.
Montiel preguntó al subsecretario Zamora: “¿Cuándo puedo volver a México? Quiero que nos brinde seguridad para nosotros, para las familias, para todos”.
El subsecretario Castro le respondió: “Le informó que esta es una ceremonia para manifestar el compromiso del Estados mexicano de cumplir en todos sus términos la sentencia de la CIDH. Usted podrá regresar o permanecer en el lugar que decida; nosotros respetaremos su libertad y sus decisiones”.
Presente en el acto, Ubalda Cortés, esposa de Rodolfo Montiel, dijo a los funcionarios: “Quiero pedir al gobierno que cumpla con todo lo comprometido, que ya no sigan las torturas. Yo me siento mal, estoy lejos de la familia, y ahorita que mi mamá está enferma no puedo estar con ella, y quiero pedirle que los militares ya no vayan a las comunidades”.
El subsecretario Gómez Robledo aseveró: “Este es un acto de justicia. Hay que recordar que fueron detenidos por militares, después entregados al Ministerio Público, un juez los halló culpables, y por razones humanitarias el presidente Vicente Fox los dejó en libertad, sin hacer justicia. La CIDH nos ordenó reparación del daño y que se investiguen en la justicia civil las torturas. El gobierno reafirma dar cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones de la CIDH”.
En tanto, Zamora Castro dijo que se acatará la sentencia dictada por el organismo internacional en favor de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel: “Se asume el deber de cumplir en tiempo y forma”.
Refirió que en octubre de 2010 el Ejecutivo envió al Congreso la reforma al Código de Justicia Militar en materia de violaciones a los derechos humanos, por lo que exhortó al Senado a discutir esa reforma.
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Los soldados se quedan: Felipe Zamora
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de junio de 2011, p. 23
Minutos después de que los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (encarcelados y torturados por elementos del Ejército en 1999) pidieran el retiro de los militares de las zonas rurales, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Felipe Zamora, advirtió que los elementos castrenses no saldrán y que el comportamiento de unos cuantos no es suficiente para empañar toda una institución.
–Los señores Cabrera y Montiel han pedido el retiro de militares de zonas rurales, ¿qué les responden?
–En este momento la participación de las fuerzas armadas es indispensable para regresar la seguridad a los mexicanos; lo que nos corresponde a todos es vigilar que esa participación se haga en pleno apego a los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, el respaldo que nos están dando en el combate a la delincuencia es invaluable.
–Dicen que los militares se emborrachan y disparan a diestra y siniestra…
–Quienes incumplan con sus normas deben ser sometidos a procesos y sancionados, pero la conducta de unos no es suficiente para empañar la presencia de toda una institución. Los que sean culpables que asuman su responsabilidad, pero el Ejército Mexicano es ampliamente respaldado y apoyado por los mexicanos.
En entrevista al término de la ceremonia en que el gobierno federal ratifica su compromiso de cumplir la sentencia de la CIDH en el caso de los campesinos, dijo que “los casos concretos deben estudiarse y sancionarse”.
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Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México.
Publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia emitida el veintiséis de noviembre de dos mil diez, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso número 12.449, Cabrera García y Montiel Flores vs. México.
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Falla la SCJN en contra de Alfredo Rivera
Alfredo Rivera Flores. Foto: periodistascontraelcrimen.blogspot.com
Esta decisión deja entrever “la incompetencia de los jueces o bien, que pudieron haber sido sensibles a una medida de presión política, a un juego de intimidación por parte de abogados”, dijo Alfredo Rivera Flores, autor de “La Sosa Nostra, porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo”, al puntualizar que su obra muestra ” la realidad de dos décadas de violencia extrema, de porros que se apoderaron de la UAEH”.
por Susana Ruano
Pachuca, Hidalgo (Vía libre).- Indignación y molestia por este atentado contra la libertad de expresión, es la respuesta del escritor Alfredo Rivera Flores, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitido ayer, que le niega el amparo sobre la demanda que interpuso en su contra Gerardo Sosa Castelán, desde el 2004, por escribir el libro “La Sosa Nostra, gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo”.
Tras un largo juicio de seis años nueve meses, y luego de ser condenado en primera y segunda instancia, Alfredo Rivera recurre a la SCJN, interponiendo un recurso de revisión para que por lo menos fuera juzgado con la ley vigente, que tiene parámetros claros respecto al pago pecuniario, pero le fue negado y será juzgado según el artículo 1916 del Código Civil, que dejó de ser vigente desde el 2006.
La Suprema Corte deja, de este modo, a discreción del juez que lo condenó en primera instancia, para que fije una sanción económica cuantiosa, monto que se definirá en unos meses, además de una publicación en un diario nacional, donde se retracte o disculpe por el hecho.
Esta decisión, dijo Rivera Flores, entrevistado vía telefónica, deja entrever “la incompetencia de los jueces o bien, que pudieron haber sido sensibles a una medida de presión política, a un juego de intimidación por parte de abogados”, dando como resultado una flagrante injusticia, porque está documentado que todo lo relatado en el libro fueron hechos reales, que les consta a muchos hidalguenses, plasmados además en la prensa local de la época.
Ser condenado por ello, dijo, es una circunstancia grave, porque refleja el poder político al que recurren los funcionarios, vía juicios largos y costosos, que se constituyen en una persecución judicial contra la libertad de prensa y en una forma de inhibir a los escritores jóvenes.
Me alarma en ese sentido social colectivo, agregó, pero en lo personal, “estaba consciente de los riesgos y yo asumo que quiero seguir siendo una persona actuante, crítica, que no se suma a las voluntades aborregadas. No estoy temeroso y no permitiré que nadie coarte mi libertad de expresión”.
Más aún, “corroboro que hice lo correcto, cuando veo el incondicional apoyo de todos los medios”, concluyó.
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RESPALDAN LA LUCHA DE LOS CHERANENSES
A los defensores y defensoras de derechos humanos
A las comunidades indígenas del país
A los medios de comunicación
A la ciudadanía en general
El pasado 15 de abril, comuneras y comuneros de San Francisco Cherán detuvieron camiones cargados de madera que, como todos los días, bajaban de los bosques de la comunidad talamontes ilegales de las comunidades vecinas de Tanaco, Rancho Seco y Capacuaro (aproximadamente 20 mil hectáreas de bosque han sido devastadas por la tala clandestina). Desde ese día se inició un enfrentamiento entre comuneros de Cherán y talamontes; estos últimos manejan armas de alto calibre que se explican sólo con los nexos con la delincuencia organizada. Aunque pareciera que el gobierno también está relacionado con la defensa de estos talamontes, pues no solamente no se ha recibido apoyo gubernamental ante las solicitudes que desde hace más de tres años se han hecho, sino que ahora sigue favoreciendo su impunidad al mantenerse al margen de la situación, pese a que el gobernador manifieste que ya están atendiendo el caso. Pese a que se han realizado movilizaciones como la del pasado viernes 29 de abril con más de mil comuneros en la ciudad de Morelia.
Esta situación no es nueva, vienen presentándose eventos similares desde 2008, cuando en mayo de ese año asesinaron al ex presidente municipal Leopoldo Juárez. En ese momento la comunidad se manifestaba en contra del alcalde electo y denunciaba otras arbitrariedades; desde luego, la tala clandestina ya aparecía entre las quejas. En abril del año pasado asesinaron a Hilario Gembe, hermano del representante de Bienes Comunales, Javier Gembe; enseguida él y su familia se fueron de la comunidad, hasta la fecha no se sabe de ellos. Este año han secuestrado a cinco comuneros, entre ellos Rafael García Ávila y Armando Gerónimo Rafael, secretario y tesorero de Bienes Comunales; no se ha esclarecido ningún caso.
También en 2007, durante las elecciones de candidatos a la presidencia municipal, surge un conflicto interno en el PRD, pues el candidato electo no fue reconocido por buena parte de los votantes, esto generó una fractura en la comunidad. Así, el candidato del PRI ganó las elecciones y fue desconocido por los pobladores, aunado a que se le acusó del asesinato de Leopoldo Juárez. Luego de varios meses de manifestaciones y de la toma del cabildo municipal, se dispersó el movimiento. Sin embargo, estas autoridades quedaron en estado de ilegitimidad para buena parte de la población de Cherán, por lo que el estado de ingobernabilidad ha prevalecido en el municipio. A esto se suman los ataques contra el comisariado de Bienes Comunales, que ha recibido durante todos estos años por defender sus bosques.
No sólo ha habido asesinatos y desapariciones de autoridades y comuneros, sino que constantemente las y los comuneros han recibido amenazas y ataques por parte de los talamontes. El Comité de Bienes Comunales ha solicitado muchas veces la intervención del gobierno estatal en la solución al problema de tala ilegal e incendio de bosques (provocados por los mismos talamontes delincuentes), así como al de la inseguridad, pero la indiferencia gubernamental sigue constante hasta el día de hoy.
El impacto regional de la actual situación en Cherán ya se hizo sentir en otros municipios al ver afectada la afluencia turística, pues la Meseta Purépecha tiene la cualidad de ofrecer espacios y tradiciones que atraen el turismo y que dan vida económica a la zona y al país, formando parte de los pueblos originarios que aún mantienen sus tradiciones y defensa de los territorios. Las mismas tradiciones de Cherán han sido mermadas por la situación de conflicto.
El miércoles 27 de abril pasado hubo disparos contra comuneros de Cherán por parte de talamontes, resultando heridos dos adultos y asesinados Armando Hernández Estrada, de 35 años, y Pedro Juárez Urbina, de 45, este último hermano del ex presidente municipal asesinado en 2008.
Casualmente, la señal de teléfonos celulares ha estado fallando de forma continua, los establecimientos se están quedando sin víveres y prácticamente la comunidad está sitiada por talamontes de Capacuaro y Santa Cruz Tanaco, así como por las mal intencionadas y pocas noticias locales que se han difundido.
Las declaraciones de autoridades estatales son ambiguas y se enfocan más a dar calma a “los supuestos” que los medios de comunicación hacen, más que a la solución real del conflicto. Una mesa de diálogo a 15 días de iniciado el bloqueo de carreteras, como propone el gobierno estatal, y una propuesta de buscar alternativas de sustento de madera a los talamontes, como lo menciona la diputada Gabriela Molina, no es la solución que se espera de forma inmediata en Cherán. Este es un problema de seguridad social, de defensa de los territorios, de justicia para las comunidades indígenas de Cherán.
Los y las comuneras solicitan la intervención del gobierno federal y estatal para resguardar la seguridad de la población local y regional, y que regrese la paz y gobernabilidad a sus territorios. Se exige justicia por todas las violaciones a derechos humanos que ha habido en los últimos años tanto por parte de autoridades locales como por pobladores vecinos a la comunidad. Este es un problema de fondo que debe ser abordado con seriedad y compromiso por autoridades y pobladores locales y nacionales.
–Hacemos la denuncia pública de los crímenes cometidos contra los comuneros y el bosque de Cherán.
–Exigimos el esclarecimiento de los asesinatos en el municipio.
–Exigimos respuesta de las autoridades municipales y estatales y respeto a los DH de la población de Cherán.
–Esta no es la voz de uno, es el grito de los pueblos que dice “ya basta”.
Organizaciones que respaldan este comunicado: Colectivo de Organizaciones Michoacanas de DH, Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias (Comusa), Unión Campesina Zapatista del Sur, Jalisco (UCaZS), Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Oaxaca (Ucizoni), Congreso Popular del Valle de México, Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco (Pubac-AZAPO), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
Por acuerdo del Foro de Solidaridad con el Pueblo de Cherán, realizado el día de hoy, martes 3 de mayo de 2011, en el Auditorio Universitario Rubén Rómero, de la Universidad Michoacana, las organizaciones participantes en el mismo decidieron apoyar totalmente el contenido del presente comunicado urgente.
Sección XVIII del SNTE-CNTE, SME, ATEM, Asamblea Estatal Estudiantil de la Resistencia Popular, Estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, Estudiantes de la Preparatoria Isaac Arriaga, FNLS, Comité Hasta Encontrarlos, MLN-Michoacán, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Partido Obrero Socialista, Enlace Socialista-Procopios, Cooperativa Génesis, Cooperativa Materu Kurhinta, Radio Magisterial, Organización Campesina Magisterial, Indígena y Popular, Cotacum, Asamblea Estatal de la Resistencia Popular
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