Sedena acepta errores. PGR niega acceso a expedientes, uno de ellos relativo a los desaparecidos reclamados por el EPR.

Atalo Mata y Lilian Hernández. Excelsior.

Acusa el ombudsman nacional a la PGR de haberle negado dos expedientes para su revisiónLa Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió sobre el abuso y homicidios cometidos por militares durante los operativos contra el crimen organizado.

La dependencia militar informó, en un comunicado, que el Ministerio Público federal ya integró las averiguaciones previas.

Añadió que se ha ejercido acción penal en contra de presuntos responsables, aunque no aclaró a cuáles de las ocho quejas sobre “lamentables incidentes” (como los describió la Sedena) denunciados por la CNDH se refirió.

La Defensa Nacional indicó que estos presuntos responsables fueron sometidos a proceso penal, entre ellos dos oficiales y diez elementos de tropa, luego de que se les comprobó su participación en violaciones a los derechos humanos.

La Secretaría dio a conocer que se realizaron ya los pagos económicos correspondientes para la reparación del daño a las víctimas.

El Ejército aseguró que, en contraste, efectúa programas de promoción y fortalecimiento de los derechos de las personas y la realización de diplomados, conferencias y talleres impartidos por la CNDH y organismos públicos de protección y respeto a las garantías individuales. Cerca de 300 jefes y oficiales han egresado de esta especialidad.

Pese a tener una relación respetuosa con el resto del Ejecutivo federal, José Luis Soberanes, titular de la CNDH, declaró que el vínculo con la Procuraduría General de la República cada vez es peor y, de seguir así, está a punto de deteriorarse.

“La situación va de mal en peor. Nos están negando acceso a dos expedientes. Hay uno importante, que es el asunto de los desastres en las plataformas de Pemex el año pasado y en esto la PGR nos ha negado acceso a la información”, reveló el ombudsman nacional. El otro expediente es la desaparición en Oaxaca de los dos militantes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Soberanes afirmó que negar la información equivale a ocultarla, lo que es muy grave, porque la PGR tiene la obligación legal de proporcionarla.

Durante la presentación de las ocho recomendaciones dirigidas a la Sedena, también denunció que agentes del Ministerio Público los han amenazado judicialmente sin que la autoridad los haya detenido, pese a tener conocimiento de esto.

“No sé si la autoridad dé su consentimiento, pero es una situación que nos pone en un predicamento y, de seguir, así con la PGR se va a deteriorar nuestra relación”, aseveró el presidente de la CNDH.

Respecto de las ocho recomendaciones emitidas contra militares, el ombudsman insistió en que el gobierno debe establecer una fecha para que los militares se retiren paulatinamente de las funciones de seguridad pública, porque eso “sería lo más sano”.

También reiteró que con base en las investigaciones de la Comisión, “es urgente capacitar a los militares, porque mientras continúen en operaciones de seguridad pública, necesitan estar capacitados”.

Insistió en que el actuar de los militares investigados fue producto de la ignorancia, y si el crimen actúa de esa manera y bajo la ilegalidad, el Ejército no puede hacerlo igual.

Se informó que hasta el 10 de julio, la entidad con más quejas es Chihuahua, con 199, le siguen Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y el Distrito Federal.
Acusa el ombudsman nacional a la PGR de haberle negado dos expedientes para su revisiónLa Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió sobre el abuso y homicidios cometidos por militares durante los operativos contra el crimen organizado.

La dependencia militar informó, en un comunicado, que el Ministerio Público federal ya integró las averiguaciones previas.

Añadió que se ha ejercido acción penal en contra de presuntos responsables, aunque no aclaró a cuáles de las ocho quejas sobre “lamentables incidentes” (como los describió la Sedena) denunciados por la CNDH se refirió.

La Defensa Nacional indicó que estos presuntos responsables fueron sometidos a proceso penal, entre ellos dos oficiales y diez elementos de tropa, luego de que se les comprobó su participación en violaciones a los derechos humanos.

La Secretaría dio a conocer que se realizaron ya los pagos económicos correspondientes para la reparación del daño a las víctimas.

El Ejército aseguró que, en contraste, efectúa programas de promoción y fortalecimiento de los derechos de las personas y la realización de diplomados, conferencias y talleres impartidos por la CNDH y organismos públicos de protección y respeto a las garantías individuales. Cerca de 300 jefes y oficiales han egresado de esta especialidad.

Pese a tener una relación respetuosa con el resto del Ejecutivo federal, José Luis Soberanes, titular de la CNDH, declaró que el vínculo con la Procuraduría General de la República cada vez es peor y, de seguir así, está a punto de deteriorarse.

“La situación va de mal en peor. Nos están negando acceso a dos expedientes. Hay uno importante, que es el asunto de los desastres en las plataformas de Pemex el año pasado y en esto la PGR nos ha negado acceso a la información”, reveló el ombudsman nacional. El otro expediente es la desaparición en Oaxaca de los dos militantes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Soberanes afirmó que negar la información equivale a ocultarla, lo que es muy grave, porque la PGR tiene la obligación legal de proporcionarla.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Una decisión ilegal de Calderón. (Otra mas).

José Francisco Gallardo Rodríguez

El 24 de enero de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 (PSDN), si bien fue expedido por el titular del Ejecutivo federal con la denominación de “decreto” con fundamento en la fracción I del artículo 89 constitucional, reúne en realidad desde el punto de vista material, las características propias de un reglamento, ya que no se limita a establecer una norma individual sobre una especie en particular de la administración pública, como es propio del decreto administrativo, sino que establece normas generales –sobre la defensa– de observancia obligatoria para varias entidades de la administración central y paraestatal; esto es, reúne las características de generalidad, impersonalidad y abstracción que son propias de un reglamento.

Si bien la promulgación de los reglamentos se basa en el 89 constitucional, como facultad exclusiva del presidente de la República, ello no exime que los reglamentos deban ceñirse al mandato de la Constitución.

Si la decisión unilateral del Ejecutivo, en su calidad de mando supremo, consiste en sacar a las fuerzas armadas (FA) de sus cuarteles para la lucha contra el narcotráfico, es decir, militarizar las estructuras de justicia y seguridad pública sin el contrapeso –consentido– del Legislativo y Judicial, trastoca varios preceptos constitucionales.

Y aún más grave, si el presidente, al excederse en su facultad de reglamentar, despoja a los particulares de sus libertades, causándoles una privación que sólo puede llevar a cabo la autoridad judicial, según lo dispone el 14 constitucional, hace uso indebido de la facultad que le concede la fracción I del artículo 89 citado, dicho exceso es violatorio de la Constitución vía garantías individuales conculcadas. Sin embargo, el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común (artículo 108 constitucional).

Al respecto sanciona la también fiscal general de los Tribunales Criminales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, Louise Arbour, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en su reciente visita a México: “Entiendo que hay momentos (en) que se tiene que recurrir a una fuerza mayor como la del Ejército, pero me parece que es una medida francamente peligrosa. El Ejército no debe ocupar funciones que no van con las técnicas de procuración de la ley que pertenecen a las policías”. Y agrega: “esto no es apropiado en el marco de la procuración de justicia en una sociedad democrática”.

Justamente a 91 años de vigencia del orden institucional (1917) que se festejó por los poderes públicos con bombo y platillo, se corre el riesgo de alentar políticamente al Ejército, constituido en un poder al margen de la Constitución. Es decir, el poder público apela a la Constitución, “violándola con actos de apariencia legal”. (Resolución 43/96 de la CIDH).

Envalentonado y atento a las necesidades de Washington, en la supuesta guerra contra el terrorismo y el crimen organizado, Felipe Calderón y sus cómplices desdeñan los reclamos sociales y señalamientos internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en busca de la restauración del orden público.

Apunta el decreto en materia de seguridad interior, responsabilidad exclusiva de las autoridades civiles y no de las militares, “mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada”. Lo que deja de lado la función primordial del Ejército: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación (Plan DN-1); ad hoc, para los intereses estadunidenses, insistir en el involucramiento del Ejército en el esquema de seguridad diseñado por el Pentágono para el expansionismo neoliberal en la era de la globalización imperial. Dominación en lo económico, control en lo político y militar, y transformación en lo educativo y cultural.

Dice John Saxe-Fernández que “el objetivo del Pentágono es alejar al Ejército de cualquier función constitucional y terminar de minar su base logística y cualquier hipótesis de defensa de la soberanía nacional, por vía de que la institución armada se involucre, directamente, en conflictos de orden interno, asumiendo responsabilidades de tipo policial. La idea central es que las FA reduzcan su papel al control interno de la población, es decir, a reprimir los conflictos sociales derivados de la aplicación de la política económica diseñada e impuesta por el FMI y el BM”.

Queda claro pues, que la intención del gobierno a través del PSDN, tiene por objeto dar apariencia de legal a la función inconstitucional de orden interno (Plan DN-II), encomendada históricamente a las FA, lo que avizora un escenario de confrontaciones entre gobierno y sociedad y una escalada en las violaciones a los derechos humanos.

Legalidad y seguridad jurídica


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Para el ejercito, en su dia.

Una magnifica trilogia musical del Maestro Jose de Molina.

Tan vigente ahora como entonces.

SOLDADO.mp3


CORAZONES DE PLOMO.mp3


AL GENERAL.mp3






¡TODO EL PODER AL PUEBLO!