Transnacionales se apoderan de ejidos.

Empresas extranjeras operan en los ramos agrícola, turístico, inmobiliario o minero, según legisladores rurales.

Arturo Gómez / El Sol de México

Ciudad de México.- Empresas transnacionales se están apoderando de grandes extensiones de tierras, en su mayoría ejidos, ante la ambigüedad en las leyes para impedirlo y llevar un registro, advirtieron legisladores del Frente Nacional del Sector Rural.

Heladio Ramírez López, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, calificó de preocupante que la Procuraduría Agraria, lejos de cumplir con su labor de defender los derechos de los campesinos, se haya convertido en un organismo o agente de bienes raíces.

Legisladores del Frente Nacional del Sector Rural advirtieron de la compra de grandes extensiones de tierras por empresas transnacionales, ante la ambigüedad en las leyes para impedirlo y llevar un registro. Además, alertaron que el Gobierno federal impulsa "calladamente" la formación de nuevos latifundios al amparo de la reforma al artículo 27 Constitucional.

Heladio Ramírez López, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, calificó de preocupante que la Procuraduría Agraria, lejos de cumplir con su labor de defender los derechos de los campesinos, se haya convertido en un organismo o agente de bienes raíces y, como ejemplo, citó las cien mil hectáreas que mediante una "bolsa de la tierra" pretende ofertar a inversionistas nacionales y extranjeros.

Apuntó que aunque la Procuraduría Agraria refiere que únicamente un millón 500 mil hectáreas de tierras ejidales han pasado a propiedad privada, "lo que necesitamos es una evaluación precisa de la propiedad ejidal, sobre todo de aquellos núcleos agrarios ricos en recursos minerales, turísticos y forestales que sigilosamente han pasado a manos de terratenientes o transnacionales".

Coincidió con el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, en que por la propia ambigüedad en las leyes que eximen a la Secretaría de la Reforma Agraria de llevar un registro sobre la venta de tierras ejidales, no se sabe qué extensión de los 105 millones de hectáreas entregadas a los campesinos una vez concluido el reparto agrario en 1992, están en manos de empresas o transnacionales.

Ambos legisladores denunciaron que con el pretexto de que es necesaria la inversión privada para producir alimentos básicos, se está entregando el ejido y las tierras comunales a todo tipo de inversionistas que las compran a precios ínfimos ante la necesidad económica y condiciones de pobreza en que subsisten la mayoría de los campesinos.

"PUNTA DE LANZA"

Lamentaron que en este despojo a los campesinos se esté utilizando a la Procuraduría Agraria como "punta de lanza" para que vendan sus tierras o se "asocien" con las transnacionales, mediante convenios supuestamente productivos que al final los dejan sin tierras y sumidos en una mayor pobreza.

Para el diputado Enrique Benítez Ojeda, esa estrategia malsana está regresando al país a la época de los grandes latifundios del Porfiriato, lo que obliga a una revisión urgente de la situación que guarda la tenencia de la tierra y la creación de un nuevo marco legal agrario que impida que transnacionales o traficantes de tierras continúen apoderándose de la propiedad comunal o ejidal.

"El espíritu de la reforma al 27 Constitucional es que los campesinos, apoyados con financiamiento y otros programas complementarios, tengan la facultad de asociarse para hacer rendir más sus tierras y no que las vendan o las renten al mejor postor", señaló.

"En ese programa se prevé que los propios ejidatarios o comuneros se asocien con el gran capital para proyectos inmobiliarios, mineros o de producción agrícola, lo cual es impensable si consideramos que 92 por ciento de los campesinos están en extrema pobreza y de ellos un 52 por ciento siembra para el autoconsumo", puntualizó Heladio Ramírez.

Anotó que ni con el presupuesto histórico de 236 mil millones de pesos del Programa Especial Concurrente se podrá rescatar a los más de cinco millones de campesinos sumidos en pobreza extrema, debido a que las reglas de operación de esos apoyos gubernamentales están dirigidas a beneficiar a los productores medios o empresarios que sí puedan bajar esos recursos aportando una parte del capital para la siembra.

AVANZA EL LATIFUNDISMO

Heladio Ramírez Flores también sostuvo que empresas como Syrgenta, Bunge, ADM, Arcor, Unilever, CarGill y Fargo, entre otras, que han obtenido grandes ganancias con el procesamiento y encarecidas ventas de alimentos, pretenden o ya se han apoderado de grandes extensiones de tierras para sus monocultivos, aprovechando la situación de pobreza de millones de campesinos.

Dijo que un ejemplo del despojo a los campesinos de sus tierras a cambio de una magra cantidad económica, es la reciente venta de 36 parcelas ejidales de playas en Quintana Roo al empresario Roberto Hernández.

Señaló que la venta de tierras ejidales es un problema serio que debe atenderse a la brevedad, porque significa que miles de campesinos se están quedando sin su único patrimonio, lo que acentuará la pobreza, despoblación del campo y la dependencia alimentaría que hoy significa la importación del 60 por ciento de los alimentos que consumimos.

Por su parte, la secretaria general de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Hilaria Domínguez Arvizu, señaló que entre 80 y 90 por ciento de la tierra ejidal y comunal en el norte del país ha sido vendida o es rentada ante la imposibilidad económica de los campesinos para hacerla producir.

Destacó que la venta de tierras se acentuó en 2008 por la caída en las remesas que reciben las familias ejidatarias y el encarecimiento de las semillas e insumos para producir.

La dirigente cenecista urgió de las autoridades agrarias una mejor orientación de los ejidatarios o comuneros que deseen vender sus tierras porque en muchos casos, luego de la venta, se comprueba que existen en el subsuelo yacimientos minerales, acuíferos potenciales e incluso gas y petróleo.

Domínguez Arvizu subrayó que es necesario un nuevo marco legal que impida la venta de grandes extensiones de tierra a transnacionales.


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CNPA: el presupuesto 2009 beneficia a oligopolios.

Anuncia toma de dependencia y marchas

CNPA: el presupuesto beneficia a oligopolios

Carolina Gómez Mena (La Jornada)

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) criticó la orientación del presupuesto para el campo en 2009, pues dijo que favorecerá a los oligopolios y no acarreará grandes beneficios para los pequeños productores.

Advirtió que aunque el monto de los recursos es mayor a lo propuesto por el Ejecutivo federal, no alcanzarán para remediar la difícil situación que vive el sector agropecuario, más si, a consecuencia de la crisis financiera internacional, se hacen recortes posteriores.

En conferencia de prensa, Plutarco García y José Narro Céspedes, ambos integrantes del consejo consultivo de la CNPA, expusieron que el campo mexicano continúa profundizando su crisis en el contexto de la problemática económica global y la dependencia alimentaria. Apuntaron que el panorama no puede ser más preocupante, si se considera que las previsiones estiman que el producto interno bruto nacional “sólo va a crecer 0.36 por ciento” en 2009.

Ante estas circunstancias, Narro Céspedes anunció que la CNPA iniciará un “plan de lucha por el rescate del campo.

Apuntó que los productores agropecuarios demandan que el presupuesto se ejerza con “eficiencia, eficacia, honradez y honestidad”, pero, sobre todo, sin subejercicios. “Cero subejercicios será la consigna”, dijo.



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Lanzan segunda etapa de “Sin Maíz No Hay País”

En el marco de la crisis alimentaria global y en México –que se expresa aquí con un encarecimiento de los alimentos de más de 70 por ciento en 18 meses y una profundización de la dependencia de importaciones–, más de 500 organizaciones campesinas, de productores y civiles, así como intelectuales, artistas, personajes públicos e individuos en general lanzaron la segunda etapa de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, con un nuevo agregado: “Alimentos campesinos para México. ¡El hambre no espera!”.

La Campaña reitera la imperiosa necesidad de reactivar el campo mexicano, por medio de la revalorización e impulso a la agricultura campesina, la cual ha sido despojada de políticas y apoyos públicos en los 25 años recientes, a pesar de que los productores de pequeña y mediana escala poseen 80 por ciento de las tierras donde se encuentran los recursos estratégicos (agua, germoplasma y minerales) y de que son guardianes y responsables de buena parte de la oferta alimentaria, de la biodiversidad, los servicios ambientales y de la preservación de la diversidad étnica y cultural del país.

También la Campaña insiste en la exigencia al Ejecutivo de que renegocie el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) así como los Acuerdos de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para salvaguardar la soberanía alimentaria,

No a transgénicos, no a los agrocombustibles

Igual que ocurrió en la primera fase de la campaña –que inició hace un año y que cumplió su objetivo de poner al maíz “en boca” de la población–, ahora las organizaciones e individuos promotores convocan a la sociedad civil a impedir la siembra en México de maíz transgénico, para así resguardar la condición de nuestro país como centro de origen del maíz, con 59 razas nativas, y como gran reservorio de variedades adaptadas al cambio climático.

Pero ahora ese llamado –que se hace crítico, pues el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modifidados (LBOGM) generado por el Ejecutivo prevé la siembra experimental de maíces transgénicos para fines de este año—se complementa con la demanda de frenar el uso del maíz para su transformación en agrocombustibles.

La utilización de maíz y de otros alimentos para la producción de etanol es un crimen en esta crisis, siendo nuestro país un fuerte productor de petróleo. Los agrocombustibles son responsables de por lo menos 30 por ciento del encarecimiento mundial de los precios de los granos básicos (de 130 por ciento en el trigo, 87 en soya, 74 en arroz y 31 por ciento en maíz, entre marzo de 2007 y marzo de 2008, según la FAO) y además hay evidencias científicas de que no son sustentables ambientalmente, pues utilizan grandes volúmenes de agua y de energía fósil para su elaboración.

En México, con apoyos públicos este año tres plantas de etanol instaladas en Sinaloa estarán consumiendo casi un millón de toneladas de maíz. Ello, a pesar de que México depende hoy de más de 10 millones de toneladas del cereal (casi 30 por ciento de las necesidades domésticas).

Freno a monopolios y alimentos chatarra

La Campaña considera fundamental la participación de la sociedad civil en la defensa del maíz, del impulso a la capacidad productiva campesina y de la defensa del derecho a la alimentación, luego de que el Ejecutivo federal ha mostrado indiferencia y desprecio frente a la crisis alimentaria y a los efectos económicos, sociales y nutricionales de la población, misma que ya hoy suma 20 millones de personas con desnutrición y anemia, 60 millones que viven en condiciones de pobreza y más de 30 millones con problemas de obesidad (ligados a una oferta extensa de alimentos chatarra sin regulación e impulsados por publicidad engañosa).

Asimismo, llama a una lucha contra los monopolios alimentarios, pues la grandes corporaciones están dictando hábitos de consumo perniciosos para la salud y para el bolsillo de la población (por ejemplo con refrescos que en términos reales significan azúcar a 80 pesos el kilo, y que predisponen a la diabetes). La Campaña pretende inducir un consumo responsable de la población y una regulación para la publicidad de las corporaciones, la cual miente o exagera acerca de los valores nutiricionales de sus productos.

La campaña plantea exigencias puntuales, que involucran el compromiso de la sociedad, del Congreso y del propio Ejecutivo. Entre ellas destacan:

A) Acciones para incrementar la producción y productividad sustentable con campesinos, con un programa de mediano plazo para la sustitución de importaciones agroalimentarias a fin de eliminar el déficit comercial sectorial en 2012, y con una concertación del gobierno federal y los estatales con las organizaciones por rama de producción para establecer metas de incrementos anuales de la producción.

Asimismo, una reestructuración consensuada de los programas e instituciones del sector rural. Y una agenda legislativa para el campo que incluya, entre otras, la aprobación por el Senado de la República de la minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la minuta de Ley de Gas Natural de Proceso. Y la aprobación por el Congreso de la Unión de un mecanismo de administración del comercio exterior de los alimentos básicos y estratégicos, de conformidad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

B) Acciones para garantizar un acceso universal a los alimentos a precios razonables, tales como la aprobación por la Cámara de Diputados de la minuta del Senado por el cual se eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación, y el establecimiento de una canasta alimentaria básica con precios controlados de productos nacionales, con fomento a la compra a asociaciones de productores mexicanos.

También, el incremento de cien por ciento al monto de apoyo a las familias en el Programa Oportunidades y redefinición de los programas de apoyo a las mujeres rurales con base en el reconocimiento de su papel como productoras, conservadoras de recursos naturales y administradoras de la tierra y las remesas.

C) Creación de una Reserva Estratégica Alimentaria, que sería administrada por la Sagarpa y un consejo intersecretarial e intersectorial, constituida por maíz (tres millones de toneladas), trigo (un millón), frijol (200 mil toneladas), arroz (200 mil toneladas) y leche en polvo equivalente a cuatro meses del consumo nacional.

D) Protección al maíz, por medio de investigación pública orientada a valorar la agroecología y el potencial de las semillas nativas; incentivo a prácticas sustentables que han demostrado su alto valor para resolver los problemas ambientales de la agricultura; protección de nuestros maíces criollos o nativos de la contaminación transgénica; medidas de bioseguridad que respondan a la realidad del país como centro de origen y de diversificación genética del grano; establecimiento de un sistemas de protección, responsabilidad e indemnización para los campesinos que han resultado afectados por la contaminación o flujo genético a sus cultivos convencionales u orgánicos, y etiquetado obligatorio en todos los productos que contengan OGM, como se aplica en muchos países, acatando el derecho fundamental a la información para poder elegir.

Los promotores de la Campaña consideran que todas estas acciones pueden ser fácilmente financiadas con la creación de un Fondo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, con los recursos excedentes del petróleo; asimismo, con los ingresos extraordinarios por la recaudación del IETU; con un recorte de 20 por ciento del gasto corriente de la alta burocracia de los tres Poderes (incluyendo reducción salarial y prestaciones, y con la eliminación del seguro de gastos médicos mayores), y con 25 por ciento de los decomisos al crimen organizado.


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Exigen castigo penal contra los funcionarios que no ejerzan los fondos para el campo.

■ Denuncian que Sagarpa tiene un subejercicio presupuestal de 90 por ciento


Matilde Pérez U. La Jornada.

La Confederación Nacional Campesina, la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas exigieron a los legisladores que actúen jurídicamente en contra de los funcionarios que no ejerzan los 204 mil millones de pesos del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el campo.

Dicho presupuesto no se limita al aspecto productivo y comercial: incluye programas sociales, educativos y de salud, y debe ser ejercido correctamente, sobre todo ante la crisis alimentaria mundial y atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) dar prioridad a la agricultura, asentaron.

César Duarte, coordinador de los legisladores de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la Cámara de Diputados, alertó en torno al subejercicio presupuestal de 90 por ciento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa), ya que de 64 mil millones de pesos sólo ha aplicado 7 por ciento, “lo que pone en riesgo la alimentación de todos los mexicanos”.

Al participar en el consejo político de la CNC que se llevó a cabo en el salón Emiliano Zapata, Duarte Jáquez manifestó que debe castigarse con prisión a quienes evitan que los recursos aprobados por el Congreso de la Unión fluyan al agro, porque van en contra de los objetivos de alcanzar la autosuficiencia y seguridad alimentaria del país.

Recordó que durante el gobierno de Vicente Fox se perdieron cerca de 5 millones de empleos en el medio rural y las compras de alimentos desde el extranjero rebasaron 70 mil millones de dólares, “lo que demuestra que las administraciones panistas, sobre todo con Felipe Calderón Hinojosa, se apuesta siempre al extranjero”, dijo.

Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP)-El Barzón, observó que los presupuestos crecientes para el campo no se reflejan en incrementos de la producción, empleos rurales ni en el PIB agropecuario. “Hay un declive preocupante y los niveles de vida de la gente han empeorado.”

Ante esa situación, la estrategia propuesta por la ANPAP-El Barzón es luchar no sólo por incrementos al presupuesto, sino por definir metas y estrategias que tengan como eje lograr la creación de la reserva estratégica y el bono alimentario.

“Nuestros estudios indican que incrementar la productividad del maíz en 10 millones de toneladas adicionales en los próximos tres años tiene un costo de 30 mil millones de pesos, ya que no sólo se trata de elevar los rendimientos por hectárea; también implica construir bodegas, cumplir con incorporar 500 mil hectáreas más al sistema de riego; establecer metas específicas en materia de tecnificación, mejoramiento de semillas y producción de fertilizantes”, abundó.

Todas las organizaciones tienen un papel fundamental en estas estrategias, incluyendo a la CNC, porque se trata del beneficio de los campesinos y de sus familias. “En este momento no tenemos una cifra para el presupuesto del agro para 2009, pero sí hay una exigencia de que se apliquen los recursos actuales porque tememos que habrá un subejercicio mayor al de años anteriores, ya que el gobierno está haciendo su cochinito para las elecciones del próximo año.”

Olegario Carrillo Meza, coordinador ejecutivo de Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), dijo que hay “negligencia y lentitud” en la distribución del presupuesto para el campo. “Las reglas de operación impuestas por Sagarpa hicieron más difícil el acceso a los recursos, al parecer se quiere acabar con las organizaciones sociales del campo.”

Agregó que el gobierno privilegia sólo a algunas regiones del país, al sector comercial del agro y a algunas organizaciones rurales, pero hay un atraso muy significativo en la entrega de los recursos económicos, ya que hay 22 estados que no lo han recibido porque Sagarpa no ha aprobado los anexos técnicos correspondientes.



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El gobierno engaña al sector campesino: organizaciones.

■ Un fracaso, reunión del Consejo Mexicano para Desarrollo Rural

■ Utilizará a las agrupaciones para validarse socialmente, señalan

Matilde Pérez U.


Las organizaciones campesinas aseguraron que el gobierno carece de compromiso para afrontar la crisis alimentaria en el país.

El diálogo con el gobierno fracasó por la falta de compromisos para afrontar la crisis alimentaria en el país y no atender las múltiples propuestas de organizaciones agrícolas, asentaron integrantes de El Barzón, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Maíz y Red Mexicana de Organizaciones Campesinas y Forestales.

Acusaron al gobierno de “despreciar el diálogo y concertación democráticos; de simulación, autoritarismo y control corporativo ya que reproduce prácticas priístas de dividir y coptar a las organizaciones campesinas”, además de negarse a debatir y concertar la alternativa para reconocer y encarar la crisis alimentaria.

En conferencia de prensa, los representantes de dichas agrupaciones pusieron en tela de juicio el inicio, mañana, de las reuniones del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, en las que se empezarán a discutir los lineamientos para la firma del nuevo pacto rural.

“Es una ruta al fracaso, por eso llamamos a las organizaciones campesinas que participaron en la movilización del 31 de enero a no caer en el engaño del gobierno pues habla ante un espejo; los utilizará para validarse socialmente”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón.

Ramírez Cuéllar, quien participó en las reuniones presididas por el secretario del Trabajo, Javier Lozano –designado por el Ejecutivo como el interlocutor gubernamental con el movimiento campesino–, explicó que una de las principales demandas es el establecimiento de una reserva alimentaria, “y lo que hizo el gobierno fue quitarnos el nombre y engañar a la población al afirmar que la disposición de maíz durante los próximos nueve meses, a través de Diconsa, es parte de dicho mecanismo, además de la presunta baja de precios de productos que no son de la canasta básica”.

Los leves cambios a las reglas de operación de la Secretaría de Agricultura no resuelven la crisis del agro ni atienden el contenido y formato acordado en el Manifiesto Campesino del pasado 31 de enero; por eso es urgente una reunión de todas las organizaciones que participaron para garantizar la reivindicación de ese documento ante el gobierno, insistió.


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Presenta SAGARPA estudio deficiente para tomar decisiones respecto al maíz y su cadena productiva

Daniela Rea. Grupo Reforma.

(15 julio 2008).- La información que servirá de base al Gobierno federal para tomar decisiones respecto al maíz y su cadena productiva fue presentada con deficiencias por el titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas.

Una de las deficiencias del estudio "Matriz de insumo producto del sistema maíz" -que permitirá cruzar datos sobre precios, demanda, clima y producción- es que se hizo con información de 2005, porque la dependencia no tiene información actualizada.

Además, carece de datos sobre agroquímicos, pesticidas y fertilizantes, debido a que el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios entregaron los datos tarde y no se integraron.

En la presentación, Cárdenas se dijo gustoso de ver el estudio cuyo costo fue de 750 mil pesos, según Efraín García Bello, presidente de la Confederación de Productores Agrícolas de Maíz.



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