Justicia para Pedro Luna Pérez

Desde la Red contra la Represión y por la Solidaridad denunciamos el asesinato de Pedro Luna Pérez de 24 años, ocurrido el día 8 de mayo de este año mientras se encontraba al interior de su casa ubicada en la comunidad Coco, municipio de Aldama, en el estado de Chiapas. La causa de su muerte fueron los disparos que realizó el grupo paramilitar que opera con total impunidad desde el territorio de Santa Martha, Chenalhó.

La situación que se vive en la zona es sumamente grave, misma que diversos organismos de derechos humanos, grupos, colectivos, organizaciones y personas a título individual han señalado y denunciado de manera pública. Estos grupos paramilitares atentan cotidianamente contra la vida de más de cien personas y a las autoridades locales, estatales y nacionales parece no importarles.

Denunciamos y señalamos que los principales responsables de este crimen de lesa humanidad, son quienes cobijan, promueven y dan financiamiento a estos grupos paramilitares, los cuales son los mismos quienes administran las estructuras e instituciones del Estado que por años los han utilizado en su estrategia de contrainsurgencia y de represión hacia la población civil, teniendo como pilar al Ejército Federal para la realización de estas tareas.

Sentimos como propio el dolor de la familia de Pedro y del pueblo tsotsil, por ello hacemos un llamado a tod@s nuestr@s compañer@s de esta Red, a l@s adherentes a la Sexta y toda persona que sienta la misma indignación; a que, de acuerdo con sus tiempos, modos y formas, manifiesten su apoyo y solidaridad para las comunidades mayas que en estos momentos están siendo agredidas y denunciemos que el Estado mexicano es cómplice de las mismas.

Contra el despojo y la represión: ¡la Solidaridad!

Red contra la Represión y por la Solidaridad

(RvsR)

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Conflicto por alcaldesa en Chenalho, Chiapas

“La Paz en riesgo”. Reportaje del programa “Punto de Partida” de Dennisse Maerker transmitido por Televisa.

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Un riesgo, el regreso de sentenciados por Acteal

Gloria Muñoz Ramírez

Los indígenas sentenciados por la masacre de Acteal, algunos de ellos confesos, que han sido liberados desde 2009, sí están regresando a sus comunidades, lo que contraviene los acuerdos y declaraciones oficiales de que serían reubicados. Su reinserción a la vida comunitaria no sólo es una afrenta para las víctimas, sino que vuelve a poner en peligro a sus familiares y la endeble paz de la región.

Las personas que viven en Acteal comienzan a vivir situaciones de riesgo y de tensión, tanto que su vida normal después de las liberaciones se ve coartada, advierte el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y no es para menos.

El pasado 10 de abril otros 15 indígenas sentenciados por participar en la matanza de 45 hombres, mujeres y niños de la organización civil Las Abejas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, fueron liberados por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que hizo, incluso con asesinos confesos, lo que no ha hecho con el preso político más emblemático: Alberto Patishtán.

Fallas al debido proceso, violación de sus derechos, argumenta la SCJN. Por tanto, son libres y aunque supuestamente no pueden regresar a Acteal, lo cierto es que aseguran que los paramilitares han vuelto poco a poco al territorio.

La condena internacional por la matanza logró que el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, se quedara sin trabajo y saliera de la escena pública. Aunque jamás se consignó a los autores intelectuales, decenas de indígenas fueron sentenciados y luego liberados. Chuayffet declaró esta semana que la matanza marcó la parte más triste de su vida como político; hoy enfrenta el conflicto magisterial y el rechazo a su reforma educativa.

Con la reciente liberación suman ya 73 personas consignadas fuera de prisión, quedando sólo siete tras las rejas por los hechos de Acteal, debido a un proceso que se inició en 2009 cuando, a partir de una investigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la SCJN empezó a revisar las sentencias con el argumento de que hubo irregularidades en el debido proceso.

Y el resultado es que el peligro para las comunidades continúa, pues aunque después de su liberación los ubican en una finca, paulatinamente regresan a Chenalhó donde viven sus familias, lo que pone en riesgo a los sobrevivientes.

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!