En Ginebra, quejas de Pasta de Conchos.

Viudas están en Suiza

Las entrevistas serán con los relatores de la ONU sobre los mandatos de los siguientes apartados: Derecho a la Salud, Violencia contra la Mujer y Defensa de los Derechos Humanos.

14-Octubre-08

Una representación de la organización Familia Pasta de Conchos se reunirá este día con equipos de los tres relatores del Sistema de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para presentarles la denuncia sobre el fallecimiento de sus familiares —ocurrida el 19 de enero de 2006 en la mina 8 de San Juan Sabinas, en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila—, cuyos 63 cadáveres todavía no han podido ser recuperados.

Las entrevistas serán con los relatores de la ONU sobre los mandatos de los siguientes apartados: Derecho a la Salud, Violencia contra la Mujer y Defensa de los Derechos Humanos. Y ante ellos expondrán el fallecimiento injusto de sus familiares y la actuación de diferentes agentes gubernamentales, que en las instancias respectivas se considera han violentado su derecho al debido proceso.

Como parte de su alegato entregarán la recomendación 26/2006 (julio 17, 2006), mediante la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la administración pública federal (particularmente la Secretaría del Trabajo) violentó los derechos humanos de los trabajadores mineros fallecidos, la cual señala la responsabilidad institucional de la STPS, al tolerar que la empresa Minera México trabajara en condiciones de seguridad e higiene no ajustadas a los ordenamientos legales en la materia.

En la misma recomendación, la CNDH señala que la STPS no hizo nada para detener los trabajos de la mina, no obstante que contaba con instrumentos legales para hacerlo.

Eugenia Jiménez. Milenio Diario.



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Mineras canadienses provocan deterioro irreversible del medio ambiente en America Latina.

■ Sin ética, abusan de campesinos y provocan el éxodo de comunidades, denuncia activista

■ Las irregularidades las cometen con la complacencia de los gobiernos, en especial del mexicano

Emir Olivares Alonso. La Jornada.


Las mineras canadienses son tan perjudiciales para otros países, que la misma comunidad de la nación norteamericana las cuestiona

Las mineras canadienses carecen de sentido ético y responsabilidad social, han emprendido una especie de “nueva colonización” de México y América Latina al explotar suelos, engañar y abusar de campesinos y deteriorar de manera “irreversible” el medio ambiente con la instalación de minas que les dejan “jugosas” ganancias, aseguró Marie Dominik Langlois, coordinadora del Comité de Derechos Humanos en América Latina.

En el marco de una visita de trabajo y análisis a varias localidades del país, la activista de la organización no gubernamental –con presencia en Montreal y Quebec— señaló que las “irregularidades” en las que incurren las empresas “cuentan con la complacencia” de los gobiernos de la región, mientras que las autoridades canadienses “no se responsabilizan” de los “daños” que causan las compañías de su país.

Contrario a los argumentos que dan empresarios y gobiernos, Langlois descartó que la actividad de estas mineras redunde en desarrollo para las comunidades en las que se establecen, porque no generan empleos ni respetan el derecho a la consulta de los pobladores, a fin de que sean ellos los que decidan sobre permisos para que otras empresas funcionen en sus territorios.

Contrario a ello, subrayó que las empresas mineras degradan el medio ambiente, explotan el suelo, reprimen a algunas poblaciones y las obligan a dejar sus lugares de origen, pagan cantidades muy bajas por los derechos de concesión con relación a las ganancias que obtienen y omiten informar a las comunidades sobre los efectos a largo plazo que tendrán sus actividades de explotación en el sitio.

Ante esta perspectiva, indicó que diversos sectores de la comunidad canadiense exigen constantemente al Parlamento de su país poner atención a los “abusos” en los que están incurriendo dichas compañías. Además, exhortó a las comunidades mexicanas y de América Latina afectadas, así como a las ONG nacionales, acercarse a las agrupaciones civiles de Canadá para que mediante presión social conjunta se pueda conseguir que el gobierno de aquel país obligue a sus empresarios a aplicar un “código de ética” con los pueblos latinos y sólo apoye a firmas que respeten los derechos humanos de los ciudadanos de los lugares en los que se establezcan.

“Hace tiempo los canadienses considerábamos que las compañías de nuestro país generaban riqueza en las naciones en desarrollo; sin embargo, al hacer conciencia y conocer su manera de actuar, concluimos que resultan agresivas y violentas para con estas naciones, y también contra su medio ambiente”.

Asimismo, propuso crear la figura de un ombudsman –en Canadá y otros países— que atienda “los graves problemas generados por las mineras”, aunque aceptó que esto no representaría la solución al conflicto.

Dijo que la “destrucción ambiental” que provocan las minas a cielo abierto se hace patente al analizar el caso de la mina de oro Yanacocha, al norte de Perú, la más grande en la región, “pues es uno de los lugares más contaminados del mundo y no ha generado desarrollo para la comunidad en la que se ubica”.

Insistió en que los gobiernos de la región y en particular el mexicano, han carecido de interés por frenar el conflicto a fin de proteger, sobre todo, a la población local.

Resaltó que cuando alguna empresa solicite un permiso de explotación del suelo sería un avance si se le exige: garantizar el derecho de la ciudadanía a tener información “libre” en torno a los proyectos, presentar planes de cuidado ambiental, que las compañías asuman su responsabilidad ética y social, y que se practiquen ejercicios de consulta entre los afectados, a fin de que “de manera democrática” sean las comunidades las que decidan si permiten la instalación de las mineras.

En su visita al país, la activista visitará la minera San Xavier, en San Luis Potosí, y algunos puntos de Oaxaca, entre otros.



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Se manifiestan opositores a empresa minera en San Luis Potosi

San Luis Potosí, 16 Jul (Notimex).- Integrantes del Frente Amplio Opositor (FAO) bloquearon por varias horas la carretera de acceso al municipio de Cerro de San Pedro, en protesta por la visita del directivo de la empresa Minera San Xavier (MSX).

En su protesta, los manifestantes agredieron a la alcaldesa del municipio, Rosalba Loredo.

Los casi 30 integrantes del FAO que se oponen a la operación de la empresa minera de capital canadiense, bloquearon la carretera de acceso al municipio en protesta por la operación de dicha empresa, la cual se dedica a la extracción de oro.

Rosalba Loredo, al intentar cruzar para llegar a la cabecera municipal, fue agredida por los manifestantes, quienes le arrojaron piedras causándole daños a la unidad en la que viajaba y a una patrulla del ayuntamiento, sin que se registraran personas lesionadas.

Entre las personas que encabezaron la movilización de la FAO se encontraban Juan Carlos Ruiz Guadalajara y Ana María Alvarado, quienes se han opuesto a la operación de la empresa por los supuestos daños que podría provocar al medio ambiente.

Asimismo, advierten de daños a los inmuebles del municipio, considerado por ellos como histórico, por ser la cuna del nacimiento del estado.

En tanto, el ayuntamiento de Cerro de San Pedro informó que se presentará una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público por la agresión de la que fue víctima la alcaldesa, emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

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Tzeltales denuncian en Chiapas a mineras canadienses que se proponen invadirlos

Hermann Bellinghausen (Enviado. La Jornada)

San Cristóbal de las Casas, Chis., 13 de julio. Comunidades y barrios tzeltales de los municipios Amatenango del Valle y Venustiano Carranza denunciaron “a las empresas canadienses que quieren invadir nuestros territorios”, en particular a Radius Gold y su franquicia mexicana, Geonorte.

“Sabemos que la minería trae contaminación a nuestra tierra y nuestros arroyos y ríos. Causa muchas enfermedades y la muerte de nuestros pueblos. Provoca división entre pobres, violación de derechos humanos y de nuestra dignidad como pueblos indígenas, gastando miles de litros de agua y consumiendo grandes cantidades de energía eléctrica.”

En el barrio La Grandeza, en Amatenango del Valle, este viernes se reunieron miembros de la red de resistencia civil La voz de nuestro corazón, adherentes de la otra campaña del EZLN de las comunidades Madronal, Benito Juárez, Amatenango cabecera, barrio Cascajal y de Aguacatenango (Venustiano Carranza). Allí redactaron a mano una declaración que reprueba las concesiones del gobierno federal a los buscadores de oro:

“Sabemos que la mayoría de las aproximadamente 500 mil hectáreas con concesión minera en Chiapas pertenecen a empresas canadienses que operan por medio de firmas mexicanas, como Radius Gold, que tiene más de 50 mil hectáreas en Chiapas”.

Expresan su solidaridad a “los compañeros de Cruztón (Venustiano Carranza): sabemos de la situación que han estado viviendo; tienen derecho a defender sus derechos”. Se refieren a la comunidad tzotzil, también de la otra campaña, despojada de sus tierras por la policía estatal preventiva y particulares en junio pasado, precisamente en un área donde la explotación minera de Radius Gold pareciera inminente.

En la reunión celebrada en La Grandeza se mencionó la versión de que en días recientes, empresarios mineros se reunieron con el presidente municipal de Amatenango del Valle “para pedir que firme un permiso para la actividad minera en varios cerros del municipio”. Al parecer, “no se ha firmado todavía”.

Demandando “respeto e igualdad”, pues “no sólo los ricos tienen leyes”, los indígenas denunciaron “a Felipe Calderón y Juan Sabines, que no son gobierno para el pueblo mexicano, sino de las empresas neoliberales que sólo vienen a robar la riqueza de nuestro pueblo”.

No lejos de Amatenango del Valle, en Tulancá, otra firma canadiense, Linear Gold Corporation, se prepara también a sacar oro del subsuelo. Esta empresa lleva viento en popa el llamado Ixhuatán Project, en el municipio chiapaneco del mismo nombre.

En su página web, Linear Gold presenta el proyecto en una “propiedad suya al cien por ciento”, donde ha levantado el “campamento” Gold Deposit y el Cerro de la Mina Discovery, donde “recientemente fue detectado una impresionante mineralización de cobre, oro y molibdeno”. El proyecto “alberga también numerosas zonas mineralizadas en las lagunas Chica y Grande”.

Tras la “adquisición” del proyecto en 2003, se procedió al drenado y en 2004 se obtuvo oro. Se calcula que en el “campamento” puede haber un millón de onzas de oro y 4 millones de plata. El proyecto “está demostrando su potencial para convertir a Ixhuatán en un nuevo distrito minero con múltiples depósitos”. La empresa anuncia que continuará “un agresivo programa de exploración y drenado” en el área de su propiedad.

Pero no todo lo que brilla es oro para las trasnacionales mineras. Dos meses atrás, el corresponsal Elio Henríquez documentó el caso de la canadiense Blackfire Exploration México en el ejido Grecia, Chicomuselo (La Jornada, 5 de mayo), donde para extraer barita, la empresa ha engañado y despojado a los ejidatarios, “sin recibir éstos ningún beneficio”.



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Alertan en Zacatecas sobre riesgos de proyecto minero

Peñasquito devastará el sector agropecuario: académico

Gerardo Flores (Corresponsal)

Zacatecas, Zac., 24 de febrero. La apertura del complejo minero Peñasquito –considerado el más grande de América Latina– en el municipio de Mazapil, devastará a los sectores agrícola y ganadero del municipio, aseguró Luis Octavio Vázquez Huitrón, investigador del área de vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

El académico puntualizó que la empresa minera de origen canadiense detendrá por 30 años la producción de lechuguilla, dátil, nopal y mancilla (derivado del maguey), debido a que ocupará 3 mil hectáreas de tierras fértiles.

“Esta afectación ambiental tendrá repercusiones económicas, pues la mancilla y el nopal se utilizan como forraje, los cultivos están abandonados y no habrá siembra por riego”, dijo Vázquez Huitrón.

El investigador sostuvo que en tres décadas, cuando la mina termine su contrato de explotación, las tierras quedarán infértiles.

Vázquez Huitrón dijo que el gobierno negó asesoría a los ejidatarios, quienes no fueron incluidos como socios del proyecto minero y sólo recibieron 50 centavos por cada metro cuadrado arrendado, cantidad “ridícula que de ningún modo representa el valor real de la zona”.

Añadió que los habitantes del municipio de Mazapil son los más pobres de Zacatecas, situación que se ha agravado porque en 1992 el gobierno federal eliminó los beneficios de la propiedad comunal.

Destacó que la apertura total del sector agropecuario, prevista en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, agravará la migración en esta localidad.
Según Vázquez Huitrón, mientras en la mayor parte del norte de Zacatecas se observa la llamada “migración pobre” hacia centros urbanos en Nuevo León y Coahuila, o hacia Estados Unidos, a la comunidad de Los Cardos han llegado trabajadores atraídos por la posibilidad de laborar en la mina.

“Urge una política de desarrollo que complemente la actividad minera, así como obras de infraestructura y de servicios. Antes de Peñasquito sólo existía una clínica con un médico en la región; ahora siguen existiendo la misma clínica y el mismo médico; la única novedad es que se construyó una sala de velación”, indicó Luis Octavio Vázquez.


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