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sábado, 21 de febrero de 2009

¿Es el PRD un partido de izquierda?

Conferencia de Mario Saucedo en el Círculo de estudios del Centro Histórico






¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Traición al pueblo de Zimapán.

Justo cuando se podría creer que los ciudadanos entraban a rescatar la clase política y definir un nuevo rumbo, una nueva dirección política que apuntaba a la correcta, y salvar el entreguismo que hay detrás de ésta se da una traición a la incipiente democracia que se empezaba a gestar y con ella enarbolar un poder, ahora sí, emanado por el pueblo y para el pueblo Todos Somos Zimapán da el salto de la Insurgencia a la Complacencia y la Complicidad.

En su momento se creyó que su pronta y extraña adherencia al PRD, concretamente a la fracción de los “chuchos” iba a ser la mancuerna que les daría, tanto al primero como al segundo, sendas victorias que servirían a uno, llevar a lo más alto el ideal máximo de la lucha social: Servir al Pueblo y con ello salvaguardar el derecho a la vida y; al otro: un pequeño foco de esperanza de que la población sí confía en las proyecciones políticas de los candidatos que abanderan el “chuchismo” dentro del PRD.
Desde las elecciones internas del PRD en Septiembre del año pasado se pudo observar la movilización de militantes y simpatizantes del PAN y PRI participando en las elecciones internas. El resultado de esa movilización le dio una aplastante victoria al dirigente de Todos Somos Zimapán, para con ello tenerlo como rival en las elecciones municipales y cómplice como se pudo ver después.

Para enfrentar al PRI y PAN, contaron con el diseño de campaña por parte de un brazo ejecutor y de choque afiliado al PRI, El Barzón Popular, grupo que le dio a la lucha social del Pueblo de Zimapán el giro que dividió su población al meter al Movimiento Todos Somos Zimapán en la lucha política y, con ello, la gran capacidad de negociar (cabe recordar aquí que José M. Lozano participó en las elecciones pasadas por el PAN y le fue arrebatado su triunfo por el PRI, para ese entonces él era una de las manos derechas de la anterior alcaldesa Rosalía Gómez Rosas quién aprobó la instalación del Basurero Tóxico) con los grupos de poder económico que se empeñan en poner en funcionamiento dicho Basurero Tóxico de BEFESA.

También se contó con la complacencia de los Comités Estatal y Nacional del PRD y para esto, José M. Lozano logró insertar a un sacerdote de la localidad. Suena muy maquiavélico pero los hechos dejan al descubierto el plan orquestado por el PRI, PAN y por sorprendente que parezca, el PRD y todos los integrantes de Todos Somos Zimapán.

La campaña fue diseñada para perderse, dejar completamente vulnerables a los ciudadanos Zimapenses y cerrarles todos los caminos excepto uno: el de la desolación, desesperanza y derrota física, sicológica y moral y todo esto los conduciría sin duda alguna a una posible confrontación con los cuerpos de Seguridad Pública cuando sean mandados a custodiar los traslados de residuos al Basurero Tóxico.

Todos Somos Zimapán y los “chuchos” del PRD fueron completamente complacientes o pecaron de ser demasiado tontos porque permitieron: que un sacerdote hiciera proselitismo en su favor y nunca le llamaron la atención aunque esto, por supuesto, no hacía falta porque el clero sabe que no debe inmiscuirse en cuestiones electorales; hicieron provocaciones a simpatizantes y militantes del PRI el día de la elección; trajeron un buen número de integrantes del Barzón Popular por si había problemas con la “marea roja” del PRI; y no presentaron ninguna impugnación a todos los hechos acontecidos el día de la elección, de hecho pasaron por alto el que el ahora Diputado Local Carlos Ortiz estuviera haciendo proselitismo a favor del PRI el día de la elección en diversos puntos de Zimapán, y quienes sí se movieron y supieron llevar hasta las últimas consecuencias las impugnaciones por los “errores” (léase: actos de complicidad) del PRD fue la representante del PRI, Alma Delia Chávez y sus cómplices Sonia Reynoso Trejo y Rodolfo Reyes Navarro.

Todos Somos Zimapán y el entonces candidato “chucho” del PR, el sacerdote y las dirigencias Estatal y Nacional del PRD fueron extremadamente sumisos si se quiere creer en ellos y darles un hito de esperanza o, fueron totalmente cómplices del atropello y la grave violación a los derechos de un pueblo que ya había elegido darle la espalda al PAN y PRI por haber aprobado y querer poner en operación el Basurero Tóxico que, al parecer, ya habían comprado para entonces la voluntad del PRD y Todos Somos Zimapán a defenderse del arrebato que el Tribunal Federal Electoral le querían quitar y a final de cuentas no se la quitaron a ellos, Todos Somos Zimapán, PRD y el sacerdote ya habían pactado quitarle una victoria a un pueblo que cada día sigue cayendo más en la zozobra y está dejando de creer aún más en le política y en los partidos políticos.

Cuando aún podían recurrir a un recurso de revisión del fallo del Tribunal Federal, PRD y Todos Somos Zimapán decidieron mejor hacer una asamblea pública para rasgarse las vestiduras frente a una población que esperaba mucho más y les aplaudió solo por costumbre y por el asombro de haber visto a tanto político que no conocen y no advierten la enorme corrupción que hay en ellos, desde un perverso Luciano Cornejo hasta un desconcertado Francisco Mayorga. Todos los asistentes se quedaron con el amargo sabor de la derrota y la anulación de la elección.

El mismo López Obrador apareció como fantasma desde un teléfono y él, tenía los argumentos en la mano y lo único que pudo ofrecer fue la denuncia en los medios y en sus asambleas públicas en el DF, ya que está imposibilitado de hacer más por el secuestro de la dirigencia de su partido por parte de los “chuchos”.

Ante este desolador panorama para los ciudadanos Zimapenses faltaba por venir otro amague de la negociación política del PRD, Todos Somos Zimapán y el Gobernador Osorio Chong: el nombramiento de un Concejo Municipal a manos de un Congreso manipulado por las huestes del PRI.

Cualquiera hubiera pensado que cuando menos este Congreso iba a poner a la cabeza de tal Concejo Municipal a un Priísta, pero la sorpresa y desconcierto fue para los ciudadanos Zimapenses al saber que el Congreso daba un pequeño “respiro” al pueblo de Zimapán nombrando a cuatro de sus siete integrantes salidos del grupo Todos Somos Zimapán y, con ello también se creería que al tener mayoría iban a hacer lo prometido por Todos Somos Zimapán a la población: revocar los permisos dados a BEFESA y emitir la cancelación inmediata del Basurero Tóxico, pero lo que se está dejando ver del proceder del presidente del Concejo deja a luces vistas que su nombramiento fue para calmar la sed de victoria del Pueblo de Zimapán.

La dirigencia, tanto del PRD como de Todos Somos Zimapán está dejando mucho qué ver, qué desear y están dando las claras señales de destaparse como los más grandes traidores, incluso por encima del PAN y del PRI, del Pueblo de Zimapán. Baste para ello hacer notar lo siguiente:

Todos Somos Zimapán y el PRD están haciendo creer que el Concejo Municipal no tiene las mismas facultades que un Ayuntamiento ordinario y, que por ello, no pueden revocar ningún permiso otorgado a BEFESA.

Con toda la complicidad que puede haber en la dirigencia de Todos Somos Zimapán se treparon al Concejo Municipal e hicieron recibir al Concejo las Direcciones Municipales sin mediar averiguaciones de la gestión de las mismas ni mucho menos auditarlas y con ello el olvido y el ocultamiento de los malos manejos administrativos del Ayuntamiento saliente del PRI.

Tal parece que este fue un punto medular del pacto: yo PRI, te entrego el Ayuntamiento pero no averigües ni finques responsabilidad alguna a nadie de los malos manejos del Ayuntamiento.

La inclusión dentro de las áreas directivas y administrativas del Ayuntamiento de personas que nunca fueron parte de la lucha contra el Basurero Tóxico y que tampoco apoyaron la campaña y se nota claramente que los que están, están por pagos de favores personales a José M. Lozano, Arturo Trejo y Erick Rivera.

La más importante: La regresión a los años del PRI cuando era la mano de un solo hombre la que manejaba las presidencias, en el caso de Zimapán, la del candidato del PRD y dirigente de Todos Somos Zimapán detrás del presidente del Concejo Municipal decidiendo quién debe ser despedido, quién contratado y sobre todo, qué debe hacer y qué no.

Todo esto tiene un fin, basta recordar el lema de campaña y agregarle algo: Voto por la Vida Política. Hace unos días el PRD anunciaba con bombo y platillo el lanzamiento de José M. Lozano como candidato a la Diputación Federal. Esto sin duda, da el claro aviso del cierre de la negociación política: le hereda un problema a un, ya confrontado con él, Presidente del Concejo Municipal, la demanda de la población a que se cancele el Basurero Tóxico y él, airosamente se lavaría las manos y los seguidores de Todos Somos Zimapán que todavía no despiertan del atontador sueño que los tiene aletargados le aplauden sin cesar que “ese apoyo sí se ve” ¿la intensión? Adquirir poder político y fuero por si queda muy vistosa su complicidad pues lo de la operación del Basurero Tóxico ya está negociado y bien pagado.

Ahora sólo queda la esperanza de que Zimapán, le gente del pueblo despierte y decida su propio futuro y no el que le tienen destinado y negociado.

Ciudadanos Mexicanos: Sirva de ejemplo Zimapán.

Es cierto, los políticos deciden el rumbo de las políticas públicas; es cierto, los “chuchos” están entregando la voluntad y la vida de los pueblos; es cierto, PRI, PAN y algunos del PRD son lo mismo; pero también es cierto que el poder de elegirlos lo tenemos nosotros, los ciudadanos depositamos el voto en las urnas, asistimos a las reuniones de campaña, aceptamos propaganda de los partidos, y algunos decidimos incluso representar a un partido en las casillas el día de las elecciones. Creo que el mayor castigo que les podemos a los partidos políticos y sus candidatos cómplices de los grupos de poder económico y político es no votando por ellos y, ahora sí, hacer un exhaustivo análisis de los orígenes de los candidatos, si hay uno por el cual valga la pena votar, hacerlo, pero si descubrimos que no se merecen siquiera el esfuerzo de tachar su nombre en la boleta, lo mejor que podemos hacer es anular el voto.

Sabemos que PAN, PRI, PANAL, PSD, PVEM son la misma porquería y que los “chuchos” del PRD van camino a lo mismo, sólo nos queda analizar la opción de Convergencia, PT y algunos del PRD.

Fuente: Zimapán Unido


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Organizaciones obreras, campesinas y ciudadanas de Hidalgo se unen al “Movimiento Clasista”.

Por Desde Abajo

Pachuca., Hgo., México.- Una veintena de organizaciones obreras, campesinas y ciudadanas del Estado de Hidalgo firmaron el Pacto Político del llamado “Movimiento Clasista” en el cual se implementarán acciones locales y nacionales contra el actual modelo neoliberal y las políticas antipopulares del actual gobierno derechista de Felipe Calderón en materia de empleo, campo y garantías constitucionales.


Con la presencia de dirigentes de las secciones estatales y a nivel nacional de los sindicatos democráticos que integran la Unión Nacional de Trabajadores, del Frente Sindical Mexicano y de organizaciones locales como el Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán, la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh), colectivo 29 de Agosto de la Universidad Pedagógica Nacional y el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, se creó el capítulo hidalguense del formalmente establecido “Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentario y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Libertades Democráticas”.

Las organizaciones coincidieron en advertir que la sociedad mexicana presenta graves problemas de inequidad para alcanzar los satisfactores mínimos consagrados en la Constitución, pues que el desempleo, la pobreza y la falta de libertades “son constantes
en detrimento de las clases marginadas y mayoritarias del campo y la ciudad”.

Principalmente se puso énfasis en ampliar la solidaridad en la acción con la resistencia en el municipio de Zimapán contra la instalación de un confinamiento tóxico, aspecto que fue sugerido por el presidente de la UNT y secretario general del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, acompañado por José María Lozano, de Todos Somos Zimapán.

Expresaron que el tema Zimapán se refiere a la errónea política medioambiental del Gobierno Federal, pues en México se registra un creciente deterioro del medio ambiente y entrega de los recursos naturales. “El problema social se agrava, ha llegado el momento de revertirlo”, señaló Hernández Juárez.

El Movimiento Clasista en Hidalgo, así como la alianza nacional y sus demás capítulos estatales
hacen un llamado a todos los sectores sociales comprometidos en la lucha por la democratización y transformación de nuestro país, a participar en el “Movimiento Nacional Por La Soberanía Alimentaria, los Derechos de las y los Trabajadores y Las Libertades Democráticas”, el cual “será un amplio movimiento social, plural y solidario capaz de desarrollar la movilización indispensable para impulsar una nueva correlación de fuerzas que modifique la actual política económica y social Neoliberal”.

El Movimiento Clasista lucha por la restitución de la legalidad constitucional porque en ese contexto es posible generar las condiciones para democratizar el régimen político y modificar la política económica, por lo que se compromete a “modificar la política neoliberal de subordinación, dependencia y pérdida de Soberanía ante poderes externos; por otro modelo de desarrollo basado en los campesinos, trabajadores, empresas públicas y nacionales, utilizando la renta petrolera exclusivamente para el desarrollo nacional, que garantice el desarrollo humano, de crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades de todos los mexicanos, en todas las regiones, con pleno respeto a todas las libertades y bajo condiciones de Soberanía Nacional. Fortalecer la democracia con la participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas y fortalecer la cultura e identidad nacionales”.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Condenan agresiones a comunidades zapatistas

Queremos condenar públicamente las agresiones y ataques continuos a las comunidades zapatistas en Chiapas, por parte de la ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores Autónomos de Ocosingo/ Unorca-Chiapas). Las acciones de ORCAO van en directa contradicción con los principios y formas de acción de los movimientos campesinos internacionales que en varias ocasiones han expresado su apoyo y solidaridad con el movimiento zapatista.

El gobierno de Juan Sabines –al igual que los de sus predecesores– fomenta este tipo de agresiones mediante la distribución arbitraria de financiamientos y proyectos; apoya de facto la acción de grupos paramilitares que operan con la fachada de organizaciones “de lucha agraria” –una cruel ironía. Siendo beneficiaria de la extensa reforma agraria que realizaron los zapatistas con las tierras recuperadas de los hacendados después de 1994, ORCAO renta y vende sus tierras, después invade tierras de bases zapatistas, hiere y roba animales, y agrede violentamente a estas comunidades zapatistas, quienes con prudencia han evitado que el conflicto desborde sus proporciones.

Condenamos todas estas acciones de ORCAO, a la que seguiremos denunciando, al tiempo que expresamos nuestra solidaridad con la luchas de las comunidades zapatistas.

Ramón Vera Herrera, Silvia Ribeiro, Ana de Ita y Luis Hernández Navarro



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

viernes, 20 de febrero de 2009

Solidaridad musical con Frida Guerrera

Una gran obra de Raúl Martell



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

miércoles, 18 de febrero de 2009

Solidaridad con Verónica Villalvazo

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LA OPINIÓN PÚBLICA


CODECI-OAXACA

Por este medio, a nombre del Comité de Defensa Ciudadana, CODECI, manifestamos nuestro repudio a la situación que se da contra la comunicadora Verónica Villalvazo y refrendamos nuestro más sincero apoyo a su persona y a todo lo que en su quehacer representa. Esto en el sentido de poder expresar a la sociedad la necesidad de solidaridad en cada una de estas situaciones oprimentes, sobre todo cuando las autoridades no toman cartas en el asunto y se vuelven cómplices si se trata de hostigamiento a los medios de comunicación, a periodistas y a todos aquellos que de una manera solo quieren expresar o transmitir los acontecimientos en un sentido critico e independiente.

Por estos hechos detestables, recalcamos y sostenemos que periodistas consecuentes o perseguidos no pueden estar solos y las organizaciones o grupos sociales debemos de comprometernos a coberturarlos y apoyarlos de diversas maneras.
A unos días de conmemorar el 8 de marzo, día Internacional de la mujer, los gobiernos se llenarán la boca con discursos demagógicos, resaltarán su grandioso apoyo a todas las mujeres que de una manera han tratado de hacer valer su derecho constitucional, en base al articulo 6º de nuestra constitución que consagra unos de nuestros derechos principales y fundamentales “la libertad de expresión”.
Ante la intención de los gobiernos de mantener la opresión contra las mujeres, enfatizamos que la fuerza principal está en el papel que como comunicadoras valientes y como luchadoras por el reconocimiento a sus derechos como mujer pueden seguir defendiendo.

Por eso hoy decimos………. ¡Verónica, no estas sola!

SOLIDARIDAD CON VERONICA VILLALVAZO

ALTO AL HOSTIGAMIENTO CONTRA LOS PERIODISTAS

DEFENDAMOS LA LIBERTAD DE EXPRESIÒN

NO MÀS AGRESIONES CONTRA LAS MUJERES


COMITÉ DE DEFENSA CIUDADANA-CODECI-OAXACA


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

martes, 17 de febrero de 2009

Preocupación por la seguridad de Verónica Villalvazo

México D.F., 16 de febrero de 2009 (Article19/Cencos).- El pasado jueves 29 de enero, un grupo de entre 5 y 6 jóvenes, agredieron física, verbal y psicológicamente a la periodista independiente, Verónica Villalvazo— cuyo pseudónimo es Frida Guerrera— mientras caminaba sobre la calle de Allende casi llegando a la esquina de Crespo en el centro de la ciudad de Oaxaca. Al parecer, el móvil de la agresión es intimidarla y silenciarla por las investigaciones en profundidad que ha realizado sobre el caso de pederastia en el Instituto San Felipe de Oaxaca.

En entrevista para Article19 y Cencos, Villalvazo narró los hechos: "empezaron a decir sí, es Frida, es ella en repetidas ocasiones, me rodearon y empezaron a jalar mi equipo, yo levanté los brazos y les dije que se llevaran todo, uno de ellos me jaló de la mochila donde cargo mi laptop ocasionando con esto que me cayera al suelo, al ver eso, el resto empezó a jalar la cámara fotográfica que me proporcionó la agencia de noticias. De inmediato, uno de ellos dijo ya estuvo, el susto ya está, lo que viene sigue después, retirándose de inmediato".

Cabe señalar que la zona de la agresión no es una ruta acostumbrada por la periodista y normalmente a esa hora ya se encuentra en su domicilio por seguridad. Además, vale la pena considerar que 4 días antes de esta agresión, Villalvazo dijo haber sido perseguida por dos sujetos de identidad desconocida durante sus actividades periodísticas. Datos que parecen confirmar que está siendo vigilada.

En este contexto es necesario decir que, Villalvazo ha venido siendo perseguida, agredida y hostigada desde 2007 tras documentar la denuncia que hiso Leticia Valdés Martel por la violación de su hijo de tan sólo 4 años a manos de un profesor en el Instituto San Felipe; tema que recientemente volvió a tener interés para los medios nacionales, al darse a conocer la posible injerencia de algunos políticos oaxaqueños en el caso. Mediante una entrevista, Villalvazo hizo pública dicha información en un video, mismo que puede ser consultado en: http://video.google.es/videoplay?docid=-4788686809046149025 y que fue usado como prueba el 6 de febrero en el juzgado 3º de lo penal.

Empero, Villalvazo no sólo ha puesto su atención en este caso. También ha documentado el hostigamiento al periódico Noticias, voz e imagen de Oaxaca, el levantamiento social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la desaparición de las mujeres triquis, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez. Todos ellos, a través de su blog: http://fridaguerrera.blogspot.com. En este sentido, hay que remarcar
que el estado de Oaxaca es un ejemplo ilustrativo de lo que sucede en México en materia de libertad de expresión pues de 2007 a la fecha en el estado se han registrado al menos 40 agresiones a periodistas y medios de comunicación, de los cuales 9 han sucedido entre enero y febrero de 2009, datos que parecen indicar que, ejercer el periodismo en el estado significa vivir en peligro constante.

Las agresiones a periodistas y medios de comunicación son un hecho lamentable y peor aún cuando provienen de funcionarios públicos quienes como tarea fundamental tienen el garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de los y las ciudadanas. Por ello, Article19 y Cencos hacen un llamado a las autoridades del estado
mexicano, de acuerdo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas, para que promuevan y garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

Las intimidaciones, amenazas y hostigamientos a periodistas y comunicadores son prácticas que constituyen una amenaza para la democracia pues la libertad de expresión es un requisito indispensable para su consolidación.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

jueves, 12 de febrero de 2009

“En México no hay justicia”: Integrante del FPDT al término del tercer día de sesiones en la SCJN

Al término del tercer día de sesiones en la SCJN referentes al dictamen sobre violaciones a los derechos humanos en Atenco los días 4 y 5 de mayo de 2006, algunos de los integrantes del FPDT integrantes de la comisión que entró a la sesión de ese día, manifiestan su opinión respecto a la misma.

Por otro lado, Trinidad Ramírez nos da un rápido comentario acerca de ese día, la abogada que maneja el caso de Héctor Galindo nos informa al respecto y el abogado Damián del FPDT nos hace un comentario en relación a este tercer día de sesiones.

Comisión


Solidaridad con el FPDT


Trinidad


Abogada de Héctor Galindo


Damián, abogado del FPDT



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Motín en el penal Molino de Flores

En estos momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute
el proyecto de dictamen sobre lo que han denominado "el caso Atenco", y en
que varios militantes del FPDT permanecen a las afueras del edificio de
sesiones junto con compañeros de organizaciones independientes que exijen
justicia y libertad para nuestros presos políticos, nos llega el informe de
que está ocurriendo un motín en el penal del molino de las flores, donde
están injustificadamente privados de su libertad diez de nuestros
Compañeros, y de que hay un muerto cuya identidad se ignora.

Ante estos hechos que bien pudieran ser un montaje mas de provocación del
gobierno estatal y federal para incriminar a nuestros compañeros y
retenerlos más tiempo en prisión, ahora que se va haciendo evidente que
quien ha mentido son precisamente quienes los tienen en virtual calidad de
rehenes, responsabilizamos a Felipe Calderón Hinojosa, a Enrique Peña Nieto
y a las autoridades del penal mencionado de la integridad física y
psicológica, así como de la vida de nuestros hermanos allí recluidos.


¡Presos políticos de México Libertad!
¡Libertad para los trece compañeros de Atenco!
¡Alto a la persecusión política contra militantes del FPDT!
¡Contra la represión la movilización!
¡Zapata vive, la lucha sigue!

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Golpean soldados a campesino de Coahuayutla.

FRANCISCA MEZA CARRANZA (Corresponsal La Jornada Guerrero)

Zihuatanejo, 10 de Febrero. Efectivos del Ejército Mexicano golpearon a un campesino de la comunidad de Antón Simón en Coahuayutla durante un operativo de revisión de armas efectuado el lunes pasado; Atilano Ruiz Cruz resultó con heridas en el antebrazo derecho, golpes en la espalda y lesiones en el abdomen por eso acudirá ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) a interponer la denuncia por abuso de autoridad y lesiones.

El agraviado denunció el hecho en la Secretaría General de Coahuayutla donde detalló que a las 6 de la madrugada de ayer un grupo de soldados perteneciente de la 27 zona militar destacamentados en Zacatula llegaron a su domicilio a bordo de la unidad 8004274 y lo sacaron de su domicilio para agredirlo.

En entrevista, Ruiz Cruz detalló que a esa hora arribó el convoy a la comunidad para revisar armas de propiedad del Ejército por lo que acudieron a su domicilio a revisarle su rifle calibre 22 tipo remington que utiliza para casería.

A pesar de que comprobó que cuenta con un permiso autorizado para portarla los militares lo sacaron y lo llevaron a la parte de atrás de su casa para cuestionarlo sobre otras armas y sobre sembradíos de enervantes en la zona.

Al no obtener la respuesta que querían, los militares comenzaron a golpearlo con sus armas de cargo tipo G3 y después huyeron del lugar.

Debido a esto y para tener antecedentes, el campesino acudió a revisión ante un médico para conocer el grado de las lesiones.

También fue ante el ayuntamiento para que exista antecedente y que los militares no regresen a intimidarlo por denunciarlos.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Se resiste Torreblanca; hidroeléctrica La Parota aún “mueve la colita”, sostiene.

Gómez Mont y Elías Ayub tienen una versión distinta a la del Cemda, afirma

FRANCISCA MEZA CARRANZA (Corresponsal)

Petatlan, 10 de Febrero. El proyecto hidroeléctrico La Parota aún “se le mueve la colita”, aseguró el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo con respecto a la información emitida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en torno a que está prácticamente cancelado, por lo que llamó a conjuntar esfuerzos para su contrucción, pues insistió en que será detonador en el desarrollo.

Entrevistado en este municipio durante una gira de trabajo donde inauguró diversas obras, el gobernador aseveró tener otra información con respecto a la evolución de la hidroeléctrica por pláticas que ha sostenido con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, y con el director de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta.

No obstante que no reveló la información que tiene, aseguró que “se le mueve la colita” en referencia de que aún da señales de vida.

Dijo que la postura del gobierno es continuar con la suma de esfuerzos para concretar la presa, pues no será un proyecto de Acapulco ni de Guerrero sinodel sur de país siempre y cuando no se trastoquen los intereses de los pobladores y sin avasallarlos ni excluirlos.

“Estoy absolutamente convencido que es un proyecto detonador del desarrollo respetando los intereses de los pobladores de ese lugar”, sostuvo.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

“Graves abusos” se cometieron en Atenco, acepta la mayoría de ministros en la Corte

No está probado que policías hayan segado dos vidas; fantasía digna de Costa Gavras: Aguirre

Jesús Aranda (La Jornada)

En San Salvador Atenco, estado de México, se cometieron violaciones graves a las garantías individuales en el uso excesivo de la fuerza pública, establecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la única opinión en contra de Sergio Aguirre Anguiano. Sin embargo, para la mayoría del pleno, el Estado no es el responsable de los hechos ocurridos en 2006.

Al concluir ayer por la tarde una parte del debate sobre la investigación de la Corte en torno al caso Atenco, cada ministro se pronunció sobre el proyecto que elaboró José de Jesús Gudiño Pelayo sobre si fue justificado el uso de la fuerza pública los días 3 y 4 de mayo, y si ésta derivó en el abuso de las garantías individuales.

En dos sesiones –una matutina y otra vespertina–, sólo Genaro David Góngora Pimentel inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido fue “un acto de venganza” en que intervinieron “mandos superiores” que aplicaron “técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias”, como las instauradas en los años 70 en “Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala y en México mismo”.

El resto de sus compañeros señaló que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que la muerte de dos jóvenes, las lesiones y las afrentas sexuales contra 31 detenidas, son ciertas. Pero cada uno precisó su opinión.

El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza respaldaron en sus términos el proyecto de Gudiño Pelayo, donde se señala de manera general la responsabilidad de autoridades estatales y federales en las violaciones a las garantías individuales, pero sin que responsabilizara a algún funcionario en particular.

Silva Meza añadió que el uso excesivo de la fuerza pública debe considerarse un delito y perseguirse como tal, y asentó que el Estado mexicano tiene la obligación moral de hacer valer que los funcionarios protejan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Fernando Franco coincidieron, en términos generales, en que no se podía atribuir a altos funcionarios la responsabilidad de los abusos policiacos, que en todo caso, la Corte debe continuar el análisis para señalar a los funcionarios directamente responsables de los abusos y omisiones ocurridos. Es decir, se estaría hablando del personal operativo y de mandos bajos o medios.

Góngora apuntó la “brutalidad excesiva” de los policías federales, estatales y municipales, así como la falta de seguimiento de las autoridades competentes para sancionar las violaciones de los derechos humanos.

Añadió que tanto en las agresiones sexuales a las detenidas como en el resto de las vejaciones hubo un patrón de conducta para no dejar evidencia incriminatoria.

En referencia a la presunta responsabilidad de funcionarios de primer nivel, como serían el gobernador Enrique Peña Nieto, el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, y de Miguel Ángel Yunes, entonces secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Góngora señaló:

“No es difícil concluir, que los superiores no son responsables sólo por omisiones, sino que se trata más bien de una acción pensada; me atrevería a decir que estamos ante autores intelectuales”, ya que las acciones siguieron un modus operandi en las golpizas, violencia en las detenciones, las agresiones sexuales, etcétera.

Infructuosamente trató de agregar al catálogo de derechos violados previstos en el dictamen –derecho a la libertad, a la libertad sexual, al debido proceso, a la justicia– el derecho a la vida y a la inviolabilidad del domicilio.

El derecho a la vida, explicó, en razón de que la muerte de Alexis Benumea Hernández, por el uso ilegítimo de armas lanza gases lacrimógenos, y de Javier Cortés Santiago.

“No vamos a revivir a Javier, ni a Alexis; tampoco vamos a regresar la dignidad a las mujeres abusadas ni a sanar los golpes físicos, morales, infligidos a la población, lo que sí podemos es mandar un mensaje de que ello no debió haber ocurrido ni puede volver a ocurrir”, apuntó.

Mientras, Aguirre Anguiano se mantuvo en que en Atenco no hubo violación grave a las garantías individuales.

De entrada, celebró que “individuos” del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) hubieran sido puestos a disposición de las autoridades. Con sorna, añadió que “a lo mejor la afectación fue enormemente positiva” para los atenquenses.

Ante media docena de representantes del FPDT que asistieron a la sesión, Aguirre rechazó que se hubiera violado el derecho a la vida en la muerte de Alexis Benumea y Javier Cortés, como planteó Góngora. “Se segaron dos vidas, pero, ¿que se violó el derecho a la vida por parte de los policías?, eso no está probado…, fantasía pura digna de Costa Gavras.”

Tampoco aceptó que se hubiera violado el derecho a la libertad sexual, al afirmar que no existen dictámenes médicos que prueben las denuncias de las detenidas. En cuanto al exceso de fuerza pública, dijo convencido que las lesiones que presentaban los detenidos podrían ser producto de los enfrentamientos con policías, más que por tortura.

Este miércoles continúa la sesión en la que se oficializarán las opiniones de ministros vertidas ayer, y se iniciará la discusión sobre el posible fincamiento de responsabilidades “morales”.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Responsabiliza Góngora a Peña Nieto y Medina Mora por abusos en Atenco.

No supervisaron a sus subordinados, omitieron dar seguimiento a los hechos e investigar denuncias, dijo. Los ministros Valls, Azuela y Aguirre se pronunciaron en contra del señalamiento.

Jesús Aranda y La Jornada On Line

México, DF. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto y el entonces secretario de Seguridad Pública Eduardo Medina Mora (actual procurador general de la República) junto con mandos superiores de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad Estatal, son responsables de la violación grave de garantías individuales en los hechos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, aseguró este miércoles, el ministro Genaro Góngora Pimentel.

Al iniciar este miércoles la sesión en la que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinarán si procede señalar los nombres y cargos de quienes violaron los derechos humanos en esa población mexiquense los días 3 y 4 de mayo de 2006, Góngora Pimentel señaló que los mandos superiores que planearon, organizaron y ejecutaron el desalojo y detención de los manifestantes son responsables directos e indirectos por no haber supervisado el actuar de sus subordinados, no dar seguimiento a los hechos violatorios de garantías cometidos por los policías federales y estatales en los operativos y por su omisión en investigar de manera diligente las denuncias presentadas por las víctimas por actos de tortura, violencia desmedida y agresiones sexuales, en el caso de 31 mujeres.

Góngora se pronunció así en contra del proyecto de dictamen elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo quien se refiere de manera genérica a los funcionarios involucrados en los operativos, pero que no finca responsabilidad alguna.

Después de él, los ministros Sergio Valls, Mariano Azuela y Margarita Luna Ramos señalaron que no procede que la Corte responsabilice a funcionarios involucrados. Esta última precisó que en principio de cuentas no hay indicio ni testimonio en el que quede manifiesto que fueron las autoridades superiores quienes ordenaron abusar de la fuerza pública.

Asimismo, dejo en claro que en el particular no se está -hasta este momento- en posibilidad de establecer responsabilidades de ningún tipo, ya que no están en un procedimiento de carácter jurisdiccional. Solamente sería posible que hubiera alguna recomendación para que la SCJN continuara el caso por la vía penal.

En tanto José Ramón Cossío dijo que sí debía debía señalarse a quienes estaban a cargo directo de los operativos. En su turno, Fernado Franco González manifestó que dejar en la impunidad a quienes cometieron violaciones graves a las garantías individuales es tan grave como fincar responsabilidades "de manera universal e indiscriminada" a personas inocentes.

Para el caso de Atento, el ministro consideró pertinente valorar los hechos tomando en cuenta el contexto en el que se suscitaron y en su caso imputar responsablemente de los mismos. En este sentido mencionó que dada la estructura de las corporaciones con diferentes competencias habría que identificar cuáles son las funciones de cada autoridad que participó en el ataque para así identificar si hay o no responsabilidad.

Tras la apertura de la sesión por parte de Genáro Góngora Pimentel, el ministro Sergio Valls dijo que no se puede imputar a quienes dieron las órdenes desde el más alto mando, porque las responsabilidades se van delegando en una cadena, por lo que, dijo, las violaciones no se derivaron de una estrategia estatal ni de las órdenes de los altos mandos de gobierno, sino de la conducta inadecuada de algunos elementos en el terreno.

Por su parte, Sergio Aguirre Anguiano, quien la víspera negó que haya habido violaciones graves en los hechos ocurridos en 2006, dijo este miércoles que los ministros no son francotiradores de funcionarios y burócratas y se le hace imcomprensible y hasta un exceso darle una responsabilidad directa a algunos mandos.

Mañana jueves, el pleno de la Suprema Corte continuará el análisis del caso. Antes de concluir la sesión vespertina, el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia destacó que la discusión estará centrada, luego de determinarse que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales durante esos operativos, en determinar qué autoridades o agentes de la autoridad produjeron tales hechos y quiénes, pudiendo evitarlo por razones de competencia, de ejercicio de mando y de presencia en el momento y lugar adecuados, pudieron evitarlos y no lo hicieron.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

martes, 10 de febrero de 2009

Entrevistas a integrantes del FPDT al término de la sesión de la SCJN

Al término de la sesión vespertina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se analizaba la violación a los Derechos Humanos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 se realizó un breve mitin afuera del edificio sede de esta Institución, he aquí la parte final de este.

Así mismo, Trinidad y Damián, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y el segundo, además, miembro del equipo jurídico de la misma organización nos concedieron interesantes entrevistas.

Mitin


Entrevista Trinidad


Entrevista Damián



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Secciona Corte su discusión de violaciones en Atenco.

Determinó concluida la indagatoria y analizará el dictamen en partes para fijar qué ocurrió cada uno de los dos días, como la responsabilidad separada de las policías local y federal.

Jesús Aranda y La Jornada On Line

México, DF. Por votación económica, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró suficiente la investigación para acreditar los hechos cometidos durante los sucesos ocurridos en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, no así los criterios sobre cómo habrá de determinarse si hubo violaciones graves a las garantías individuales en el caso se mantuvieron divididos y el pleno continuará su discusión y análisis mañana martes.

A piedra y lodo, este lunes los ministros iniciaron así la discusión sobre el caso. En la sesión matutina el ministro Genaro David Góngora Pimentel manifestó que en el referido caso hubo una indebida investigación de los hechos. Se sospecha, dijo, que hubo tratos inhumanos, allanamiento de morada, incomunicación; asimismo hay indicios de violación sexual y retención ilegal.

Góngora Pimentel señaló con respecto al proyecto del ministro ponente que si bien hay referencias a los terribles acontecimientos de aquel año, faltan por documentarse más toda vez que, hubo autoridades que negaron los hechos a pesar de las evidencias.

A este respecto, agregó el ministro "debemos poner límites y decir que en México existe Estado de derecho, que existen leyes racionales y no la ley de la selva. En méxico ya no se toleran estas situaciónes, son otros tiempos. Los derechos humanos no son algo que se puedan menospreciar".

Previamente, en el salón de plenos colmado de secretarios y funcionarios del máximo tribunal y con acceso restringido a los medios de comunicación, los ministros escucharon el informe del ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo sobre los acontecimientos.

La discusión continuó en la sesión vespertina en la que varios de los ministros expusieron la importancia de determinar en qué momento se desfasó la aplicación de un operativo de seguridad pública que concluyó con las agresiones no sólo a derechos humanos, sino a los ataques mortales.

Asimismo, consideraron pertinente establecer la responsabilidad específica de cada cuerpos policiaco en las dos fechas en las que se sucedieron los acontecimientos, es decir, en qué momento fue la autoridad federal o la municipal la que incurrió en tales abusos.

En su turno, el ministro José Ramón Cossío Díaz expuso que si bien se habla de una violación a los derechos fundamentales es importante precisar a través de qué actos y de cuáles autoridades se dieron. Y es que, abundó, la gravedad de las agresiones pueden definirse a partir del ejercicio de atribuciones que le corresponde al Estado, es decir, cuando la autoridad desvirtúa los fines de su acción.

Por ello, para el ministro Cossío sí hubo violaciones impartentes de las autoridades involucradas tanto el 3 y 4 de mayo de 2006, e incluso días subsecuentes a los mismos.

Dada la diversidad de criterios sobre cómo habrán de determinar si hubo o no violaciones en este caso, el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia determinó dar por concluida la sesión y citó para mañana martes con la intención de que cada uno de los once ministros presente a manera de "ejercicio previo" un posicionamiento "personal" en torno al proyecto.

Esta postura que no será ninguna precisión de responsabilidades, dijo, habrá de estar enfocada en lo relativo en lo que pasó tanto el 3 como el 4 de mayo, si hubo abusos policiales, agresiones sexuales y qué motivó los sucesos. Asimismo cuáles son los principos que rigen el uso la fuerza pública.

En tanto, agregó, el tema de responsabilidad ameritará una discusión específica.

Afuera, por la mañana un grupo de manifestantes, algunos de ellos con machete en mano, exigieron que la Corte cumpla con su obligación de no ocultar el “crimen de Estado” que ocurrió en San Salvador Atenco y así como el castigo de los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de esa comunidad.



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sábado, 7 de febrero de 2009

Temor por la seguridad de Javier Torres Cruz, sus familiares y habitantes de La Morena.

Acapulco, Gro. A 5 de Febrero de 2009.

ACCIÓN URGENTE

Temor por la seguridad de
JAVIER TORRES CRUZ, SUS FAMILIARES Y HABITANTES DE LA MORENA.

HECHOS

El día de hoy, jueves 05 de Febrero de 2009, Javier Torres Cruz de 28 años, campesino, originario de la comunidad La Morena, municipio de Petatlán, Guerrero, miembro de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, informó por vía telefónica que soldados del Ejercito Mexicano han vuelto a incursionar en esa región de la sierra de Petatlán, en 3 distintas posiciones y que la comunidad La Morena ha quedado en medio de este dispositivo militar:

La ubicación de los militares es en:

1.- El ultimo caserío con luz eléctrica, Barranca del Balsamo, sobre la brecha Petatlán-La Morena

2.- Río abajo de La Morena

3.- Arriba del caserío las Humedades

Javier Torres Cruz y sus familiares se sienten intimidados y les han hecho llegar rumores de un inminente ataque por parte de gente armada de Rogaciano Alva Alvarez.


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ANTECEDENTES:

JAVIER TORRES CRUZ y su tío Isaías Torres denunciaron el 19 de septiembre de 2007 ante la PGJDF, a Rogaciano Alva Alvarez como presunto autor intelectual del asesinato de la defensora de Derecho Humanos Digna Ochoa y Plácido, perpetrado el 19 de octubre de 2001 en la ciudad de México. La PGJDF reabrió el expediente e inició entonces la averiguación previa FCIH/1/T1/0063/07-09.

Esta presencia el Ejército es la 3ª que se da en la zona de La Morena, en menos de 3 meses, siendo las 2 anteriores:

1ª.- jueves 13 de noviembre de 2008 incursionando a la comunidad de la Morena con unos 100 elementos del 19º batallón de infantería en 8 vehículos y colocaron 3 vehículos armados apuntando a las casas, entrando y cateando casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz y amenazando a las mujeres.

2ª.- sábado 24 de enero de 2009 a 200 metros de La Morena, río arriba

Javier Torres Cruz, fue detenido-desaparecido el día 3 de diciembre del 2008 en un retén del ejército, ubicado en San Luis La Loma.

Según testimonio de Javier, los soldados lo detuvieron, le vendaron los ojos y se lo llevaron a un lugar desconocido en el campo. En la noche lo entregaron a particulares, quienes lo torturan y lo interrogan, entre otras cosas acerca de la denuncia interpuesta en contra de Rogaciano Alba Álvarez. Ahí lo tienen hasta el día 7 de diciembre. Durante ese tiempo estuvo vendado de los ojos, golpeado, no recibió alimentos ni agua y sintió que lo iban a matar. El día 7 le quitan la venda y en la madrugada en un momento de descuido de sus captores Javier logró escapar.

Fue perseguido a campo traviesa hasta que el día 13 de diciembre en que llega a la región donde vive y donde según él, no era fácil que entraran sus persecutores. Relata que lo persiguieron uniformados y civiles, que se utilizó un helicóptero, y que le dispararon con la intención de matarlo.

El día 15 la familia da a conocer que Javier se había escapado de sus captores.

El día 20 de diciembre una Misión de Observación acude a La Morena para entrevistarse con Javier, recabar el testimonio y constatar posibles huellas de tortura. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero acompaña la misión y realiza la documentación de la situación de Javier Torres Cruz.

El día 22 de enero, a petición expresa de Javier, se realiza otra visita a la comunidad. En esta ocasión acuden 2 licenciados visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se entrevistan con Javier Torres de manera confidencial recabando información de su situación. La familia informa de que hay amenazas de muerte contra Javier y toda la familia y se teme que gente de Rogaciano Alba Álvarez y/o el ejército puedan actuar en contra de ellos.


INFORMACION DE CONTEXTO:

Las acciones del Ejercito Mexicano en los municipios de Ayutla y Petatlán son preocupantes:

La denuncia de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de que el día 03 de febrero unos 50 militares entraron a la parcela de Fortunato Prisciliano Sierra, en la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, y que se considera esta acción como un acto de hostigamiento, en represalia por las denuncias que ha hecho contra efectivos del Ejército que violaron a su esposa, Inés Fernández Ortega el 22 de marzo de 2002.

Esta acción se da también en el marco de una visita de Amnistía Internacional a 5 presos indígenas recluidos en la cárcel del mismo municipio de Ayutla, miembros tambien de la OPIM.

ANTE ESTOS HECHOS DEMANDAMOS:

1.- Cese al hostigamiento del Ejército mexicano en contra de Javier Torres Cruz, su familia y los habitantes de La Morena

2.- Que se investigue el caso de detención arbitraria/desaparición y tortura a la que fue sujeto Javier Torres Cruz en diciembre de 2008.

3.- Otorgamiento de medidas cautelares a Javier Torres Cruz y sus familiares


Atentamente

Javier Enríquez Sam
Coordinador General CCTI


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Homenaje al camarada Othón Salazar por la sección 9 del SNTE.

El camarada comunista y Maestro Othón Salazar falleció el 4 de Diciembre de 2008, dejando un gran ejemplo de lucha a las nuevas generaciones. La sección 9 del SNTE le rindió un sentido homenaje el día 11 del mismo mes. He aquí tan significativo evento.

Antes, un breve testimonio de un compañero de lucha del Maestro Othón:


Presentación


Prof. Gerardo Peláez. Historiador.


Prof. Gonzalo Martínez Villagrán. Ex-secretario general de la sección 9 del SNTE.


Prof. Iván García Solís. Miembro fundador del Movimiento Revolucionario del Magisterio.


Prof. Francisco Nicolás Bravo Herrera. Secretario General de la sección 9 del SNTE.


Develación de placa y conclusión.



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Tres recomendaciones de Ambulante.


En 1974, el líder comunitario Rosendo Radilla Pacheco -que luchó por mejorar la salud y la educación en Atoyac, Guerrero- desapareció en un retén militar. Este caso no resuelto es un ejemplo paradigmático de las acciones gubernamentales de la guerra sucia, periodo de los años sesenta y setenta en el que los regímenes autoritarios utilizaron la fuerza militar para sofocar a la oposición. Actualmente, México enfrenta cargos ante las cortes internacionales por crímenes de lesa humanidad. 12.511 Caso Rosendo Radilla Pacheco: una herida abierta de la guerra sucia en México entrelaza historias de varios personajes -entre ellos Tita, la hija de Radilla- que perseveran en la lucha por la justicia y el esclarecimiento de los sucesos del pasado.


Aleida Gallangos conoció su verdadera identidad hace apenas cinco años. Sus padres "desaparecieron" en 1975, durante la llamada guerra sucia en México. Ella y su hermano mayor fueron adoptados por familias distintas y perdieron contacto durante casi tres décadas. Desde que descubrió la verdad sobre su pasado, Aleida se ha dedicado a reconstruir su historia familiar y a indagar el destino de su hermano y sus padres biológicos. Trazando Aleida documenta el proceso de búsqueda y reencuentro, e intenta darle rostro, nombre y voz a uno de los numerosos casos de desaparecidos en los setenta.


La polémica salida de Carmen Aristegui de W Radio dejó al descubierto un hecho inquietante: la alternancia política en México no significó el inicio de una nueva era de pluralidad en los medios. El documental explora la manera en que los principales consorcios televisivos y radiofónicos han cedido a la tentación de imitar cierta vena autoritaria priísta. La alarmante persecución de periodistas independientes y la aprobación de reformas que perpetúan el monopolio de los medios sobre la información indican que aún existe un desequilibrio de poderes entre lo político y lo mediático. Voces silenciadas comienza a hilarse a partir de testimonios de periodistas, escritores y académicos que reconstruyen la historia de los movimientos civiles en México y la lucha por la libertad de expresión. A la vez, su premisa es darle voz a aquellos que pelean para que los medios sean un espacio democrático de verdad.

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viernes, 6 de febrero de 2009

¡ARRANCA AMBULANTE ESTE 6 DE FEBRERO!

LA CUARTA EDICIÓN DE LA GIRA A PARTIR DEL 6 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

En conferencia de prensa Pablo Cruz, Diego Luna y Gael García, fundadores de Ambulante, Miguel Rivera, Director de Planeación Estratégica de Cinépolis, Elena Fortes, Directora de Ambulante, Elena Cepeda de León, Secretaria de Cultura del D.F., Samuel Morales, Coordinador de Comunicación y Educación de la Fundación/Colección Jumex, y Marina Stavenhagen, Directora del IMCINE, anunciaron el recorrido de la Gira 2009.

Con un programa formado por 44 documentales mexicanos y extranjeros, Ambulante Gira de Documentales, dará inicio a su cuarta edición el próximo 6 de febrero en la ciudad de México.

Las sedes serán Cinépolis Perisur, Cinépolis Diana, Cinépolis Universidad y Cinépolis Paseo Arcos Bosques, así como la Cineteca Nacional, el Teatro Carlos Lazo de la UNAM, el Cinematógrafo del Chopo, la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, el Museo Carrillo Gil y la Casa Lago, entre otras.

Además de las funciones en distintos cines y centros culturales, habrá una serie de actividades paralelas en universidades, que incluyen mesas redondas y pláticas entre los documentalistas y los alumnos.

El programa consistirá de seis secciones. Como en otros años habrá la Sección Oficial, Dictator's Cut, Injerto y Sonidero; este año se sumará al programa una sección dedicada a Suecia, el país invitado, además de un Homenaje al documentalista francés Raymond Depardon.

Los directores que este año nos acompañarán en la ciudad de México son:
Geoffrey Smith (El cirujano inglés)
Luis Rincón (El árbol olvidado)
Christiane Burkhard (Trazando Aleida)
Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman (Los que se quedan)
Gabriel Hernández y Berenisse Vásquez Sansores (12.511 Caso Rosendo Radilla Pacheco)
María del Carmen de Lara (Voces silenciadas)
Stelios Koul (Confesiones de un sicario económico)
Roberto Hernández (Presunto culpable)
Gabriel Cruz Rivas y Rodrigo Guardiola (Zoé 281107)
Tan Pin Pin (Ciudad invisible)
Althea Thauberger (La muerte y la miseria)
Sebastián Córdova (Otra vida sin domingos)
Ben Russell (Alucinación en blanco y negro, número tres)
Ross Lipman (Los exiliados)

No te pierdas las funciones a las que asistirán nuestros invitados y platica directamente con ellos sobre sus documentales.

Consulta la programación de la ciudad de México en www.ambulante.com.mx o descárgala aquí. Y compra tu cinebono, que por sólo $100 te dará entrada a cuatro funciones de Ambulante en Cinépolis.


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Se cumplen nueve años de la ocupación de la UNAM por la Policía Federal Preventiva.


Elementos de la Policía Federal Preventiva en la toma de las instalaciones universitarias
Foto: Francisco Olvera

El operativo rompió el movimiento de huelga más largo en la historia de la institución


■ El conflicto forzó la salida de Francisco Barnés de Castro, a quien sustituyó Juan Ramón de la Fuente

Laura Poy Solano (La Jornada)


Este viernes se cumplen nueve años del asalto de la Policía Federal Preventiva (PFP) a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para romper la huelga que tenía paralizada a la institución desde 10 meses antes por el intento de las autoridades universitarias de modificar el Reglamento General de Pagos. Con alarde de fuerza, los uniformados rompieron cercos instalados por los grupos estudiantiles y detuvieron a más de 600 activistas agrupados en el Consejo General de Huelga (CGH).

A las seis y media de la mañana de aquel 6 de febrero, la PFP se estrenaba como cuerpo federal del orden público. Si bien existía ya entonces una marcada polarización en el CGH y un natural desgaste del movimiento, la orden de irrumpir en Ciudad Universitaria fue de inmediato censurada por prácticamente todos los sectores universitarios, aun aquellos que en repetidas ocasiones habían reclamado el fin del paro de actividades.

Aunque la intención de modificar el Reglamento General de Pagos (RGP) se había cancelado desde junio de 1999, los estudiantes no levantaron la huelga porque argumentaban que permanecían sin cumplirse otras cinco demandas: derogación de las reformas de 1997 por las cuales se cancelaba el pase automático de bachillerato a licenciatura en la UNAM; eliminar el examen único del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) para el ingreso a la enseñanza media superior; convocar a un congreso universitario democrático y resolutivo; desmantelamiento del aparato policial y anulación de actas y sanciones contra los participantes en el movimiento, y recorrer el calendario escolar para recuperar los días perdidos durante la huelga.

El pago de cuotas, detonante del conflicto

El 20 de abril de 1999 se colocaron las banderas rojinegras en todas las escuelas y facultades de la máxima casa de estudios, con lo que iniciaba la que sería la huelga más larga en toda la historia de la institución. El detonante fue la aprobación, por el Consejo Universitario, de una reforma al RGP que establecía el incremento en las cuotas semestrales con base en el cálculo del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y que de haber entrado en vigencia obligaba a pagar, en ese momento, por inscripción, 510 pesos en el bachillerato y 680 en licenciatura.

La inconformidad de la comunidad estudiantil recibió en un principio el apoyo de la mayoría de académicos y trabajadores administrativos de la institución.

Tuvieron que pasar casi dos meses de iniciada la huelga para que se entablara un proceso de diálogo entre los estudiantes y la Comisión de Encuentro creada por el entonces rector José Francisco Barnés de Castro. En un afán de despresurizar el conflicto, el titular de la UNAM pidió la modificación del RGP y planteó que el pago de las nuevas cuotas semestrales se hiciera de manera “voluntaria”.

La medida no surtió efecto. En los primeros 100 días del conflicto sólo se concretaron cuatro reuniones entre las partes, y se realizaron más de una decena de marchas estudiantiles en defensa de la gratuidad de la educación.

El 27 de julio, los investigadores eméritos de la UNAM Luis Esteva Maraboto, Alfredo López Austin, Alejandro Rossi, Héctor Fix Zamudio, Manuel Peimbert, Adolfo Sánchez Vázquez, Miguel León Portilla, Ruy Pérez Tamayo y Luis Villoro, apoyados por 41 profesores de diversas disciplinas, llamaron al CGH “a dar por terminado el paro y presentar sus planteamientos en los foros de discusión, en la inteligencia de que las propuestas que surjan deberán ser llevadas a los correspondientes órganos de decisión”.

La propuesta fue rechazada por el CGH. Para noviembre se habían agudizado las contradicciones y conflictos al interior del consejo y se vivía un clima de revanchas, carencia de autocrítica, y la presión de los grupos radicales por mantener el paro en aquellas escuelas donde las comunidades se pronunciaban por reanudar actividades.

El 12 de noviembre, Francisco Barnés de Castro renunció a la rectoría de la UNAM, notoriamente rebasado por el conflicto. Cinco días después, la Junta de Gobierno designó a Juan Ramón de la Fuente, entonces secretario de Salud, como nuevo rector. Al asumir el cargo, de inmediato llamó a reanudar el diálogo, empantanado pese a las reuniones que con autoridades y directivos de escuelas y facultades se realizaron en el Palacio de Minería.

Ante esta situación, en enero de 2000 De la Fuente presentó la llamada propuesta institucional para levantar la huelga, que contemplaba dejar definitivamente sin efecto el RGP y la realización de un congreso universitario para analizar el Reglamento General de Inscripciones y Exámenes, que venía de 1997, entre otros puntos. Hay que decir que tras ocho años al frente de la rectoría, De la Fuente no cumplió la promesa de llevar a cabo ese congreso.

Pero esa propuesta fue de nueva cuenta rechazada por el CGH. Ante ello y con el respaldo de intelectuales y académicos, la rectoría convocó a la comunidad universitaria a un plebiscito el 20 de enero, en el cual 87 por ciento de los 150 mil participantes respaldaron la propuesta institucional y pidieron la reanudación de actividades.

Los resultados de esa consulta también fueron desautorizados por los paristas, cuya división interna se hacía cada vez más evidente. Un atisbo de lo que ocurriría cinco días después se presentó el primero de febrero. Ese día, elementos uniformados de la PFP ingresaron a la instalaciones de la Preparatoria 3 (ubicada en Eduardo Molina) luego de un enfrentamiento entre personal de la Dirección General de Protección a la Comunidad de la UNAM e integrantes del Frente Estudiantil Justo Sierra, que dejó un saldo de 37 heridos y 248 detenidos.

Los representantes del CGH se habían enfrascado en una discusión que parecía interminable, el sábado 5. En medio de la discusión sobre si ya era el momento de levantar la huelga (a lo que se oponía un importante sector radical) crecía entre los participantes el rumor de que la PFP estaría por entrar al campus, aunque la mayoría de las versiones consideraban que eso ocurriría hasta el siguiente lunes.

Apenas levantaba el día, unos dos mil 260 uniformados ingresaron a la Ciudad Universitaria.

Los estudiantes detenidos fueron llevados a instalaciones de la PGR ubicadas en la avenida Camarones y acusados de terrorismo y motín.

Hoy, a nueve años de estos hechos, diversos colectivos estudiantiles convocan a una reunión para coordinar una jornada de “reivindicación” del décimo aniversario del inicio de la huelga.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

“Cementerio de Papel”: ¡A romper la taquilla!

Estimados amigos, luego de diversos contratiempos al fin se estrena la película basada en mi novela "cementerio de papel", la cual lleva el mismo nombre, el próximo viernes 6 de febrero en 30 salas de cine del Distrito Federal, como ustedes bien saben, el cine mexicano es el patito feo de la distribución cinematográfica y en este caso se añade que el tema de la película de pronto provoca cierta alergia y entonces si no rompemos la taquilla para este fin de semana lo más seguro es que saquen de cartelera la película, por lo tanto les invito a que apoyen esta propuesta cinematográfica invitando a todos sus amigos, conocidos, familiares, chismosos, incluso hasta los enemigos para romper la taquilla y que la película se mantenga y logre una buena exhibición, como es obvio les solicito que reenvíen esta información entre quienes más puedan, muchas gracias por todo y estamos en contacto.

Fritz Glockner



Reseña:

Tres jóvenes investigan el asesinato de una trabajadora del Archivo General de la Nación. Los jóvenes descubren que se han robado documentación que incrimina a un ex presidente y a un alto ex comandante policíaco involucrados en los crímenes de la Guerra Sucia en México en los años 70. Basada en la novela de FRITZ GLOCKNER.


Promocional:



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jueves, 5 de febrero de 2009

Dialoga Gómez Mont con intermediadores del EPR.

El subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, estableció que "no nos tiembla la mano para buscar a los responsables, sean del orden público o sean del orden privado".

Notimex / La Jornada On Line

México. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se reunió con la comisión de intermediación entre el EPR y el gobierno federal, a fin de entablar mecanismos y encontrar "la verdad de los hechos" en torno a los dos eperristas "desaparecidos".

El subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, junto con los integrantes de la comisión de intermediación del Ejército Popular Revolucionario (EPR) ofreció una rueda de prensa al término de la reunión realizada en la dependencia, ubicada en Bucareli.

"Estamos en este diálogo para encontrar la verdad de los hechos de los dos desaparecidos -Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez-; en este momento la SG por ningún motivo puede admitir que es una desaparición forzada", precisó el funcionario.

González Uyeda estableció que "no nos tiembla la mano para buscar a los responsables, sean del orden público o sean del orden privado".

Señaló que lo más importante en este diálogo es fortalecer todas las líneas de investigación, tanto jurídicas como políticas que nos permitan dar con la verdad".

"El compromiso de la SG y del propio presidente de la República es que no se van a tolerar y no habrá crímenes de Estado que no reciban la sanción correspondiente", subrayó.

Esta administración respeta y fortalece y fomenta la democracia, "estamos con los valores de la República ante cualquier situación", agregó, y dejó en claro que "por convicción y obligación el gobierno federal estará siempre en la búsqueda de la verdad".

"El gobierno federal no tiene absolutamente nada que ocultar en este caso, estamos plenamente convencidos de que las dependencias del gobierno de la República, actúan con rectitud, apegadas a derecho", afirmó.

Por parte de la comisión, Carlos Montemayor, detalló la importancia de ampliar el diálogo, y adelantó que habrá mesas de trabajo la próxima semana con representantes de la Sedena, Cisen y PGR; en este sentido, hizo votos para que estas reuniones sean ágiles y concretas.

Además, precisó que es la tercera ocasión en que el gobierno mexicano acepta una mediación, por lo que consideró que este encuentro es una oportunidad de diálogo político.

Por su parte, Miguel Angel Granados Chapa consideró que esta reunión es una buena señal, "un ejercicio de honor" para Gómez Mont.

Los integrantes de la Comisión que participaron en esta ocasión son: Carlos Montemayor, Rosario Ibarra de Piedra, Samuel Ruiz García, Miguel Angel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge.



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La intención del gobierno (guerrerense) es desaparecer la agrupación social, señala Máximo Mojica.

Impiden a los acusados de secuestro que se comuniquen desde la cárcel de Tecpan

Claman por la solidaridad de ONG los detenidos de Tierra y Libertad

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (La Jornada Guerrero)

Tecpan, 4 de febrero. Desde la cárcel en la que enfrenta un proceso penal por secuestro y homicidio, Máximo Mojica Delgado, dirigente de la agrupación Tierra y Libertad, llamó a las organizaciones sociales del estado a que protesten por el afán del gobierno estatal por involucrar a las organizaciones y sus líderes con la delincuencia organizada.

Remarcó que es necesario que las organizaciones sociales se unan y protesten contra de casos como el suyo, “yo tengo el temor de que Tierra y Libertad desaparezca, pues esa es la intención del gobierno al hacernos esto, por eso debemos estar unidos y no permitir que callen la voz de la lucha social en Guerrero”.

El acusado y su esposa. María de los Angeles Hernández Flores, asomaron sus rostros por una pequeña ventana con barrotes de acero. Narraron la forma en que después de que los ministeriales que los custodiaban les informaron que serían liberados, fueron trasladados a al penal de esta ciudad.

Relató que les presentaron un oficio, “que más bien parecía la copia de un fax, y nos dijeron que lo leyéramos, que ahí se indicaba que quedaríamos libres, y que nos dejarían en Atoyac; eso fue como a la una de la tarde, por lo que esperamos un buen rato”, y cuando salieron de la casa donde los tenían arraigados “nos estaban esperando con una orden de aprehensión y nos trasladaron aquí, sin pasar por el Ministerio Público”.

Indicó que luego de que los arraigaron ya no sufrieron más torturas físicas, “de ahí para acá ya no”,

Su situación a veces les resulta inexplicable: “¿por qué?, es la pregunta que nos repetimos constantemente, pues no tenemos antecedentes, no cometimos ningún delito y (de) las cosas que nos achacan desconocemos sinceramente el motivo; por los golpes que nos dieron firmamos papeles que dicen cosas que nosotros no hicimos”.

Acusó que “si de algo estamos seguros es que todo esto que se armó en contra nuestra es porque somos parte de una organización de lucha social; esas piedras en el zapato del gobierno molestan mucho, no les gusta que les señalen sus errores, que comúnmente son contra los más pobres”.

A pocos días de ingresar al penal Máximo sonríe y dice que aún están en proceso de adaptación, que han sido tratados bien, sin golpes, sin maltratos –cosas comunes en su detención–, pero interrumpe su esposa y denuncia que “no podemos hablar por teléfono, ya que a pesar de que aquí venden las fichas, cuando nos detuvieron nos quitaron el dinero y no tenemos para compararlas y poder hablar”.

Apenas terminó la frase, un custodio dijo que la visita había terminado.



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Guerrero: A Javier Córdoba también lo torturaron para culpar a Mojica, denuncia el CCTI.

Fue arrestado antes que el profesor cetegista y coacusados

CITLAL GILES SANCHEZ (La Jornada Guerrero)

En el caso de los integrantes de la organización Tierra Libertad, Máximo Mojica Delgado, María de los Angeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma, se reveló que hay otro detenido más, Javier Córdoba Ruiz, a quien también torturaron para culparse y señalar a Máximo Mojica como responsable del secuestro de la maestra Adriana de Jesús Arteaga Arzate.

En entrevista, el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Bertoldo Martínez Cruz, informó que ayer, cuando acudió al careo que se haría entre Mojica, Hernández y Nazario, se enteraron que días antes de que detuvieran al maestro y a los dos coacusados los ministeriales habían arrestado a Javier Córdoba Ruiz

“A él lo detuvieron primero que a todos y lo arraigaron en Tecpan; la policía dice que lo detuvo en Tecpan, pero él dice que lo detuvieron en Teloloapan. Ete caso es nuevo, nosotros no sabíamos que había otro, pero al llegar allá nos encontramos con que ya había otro preso”, indicó.

Martínez Cruz detalló que a Javier Córdoba también se le acusa del secuestro de la maestra; incluso, en una plática que tuvo con él y los abogados, Javier Córdoba denunció que los ministeriales los torturaron, los golpearon en el cuerpo y cara para que se culpara del secuestro y culpara a los miembros de Tierra y Libertad. Martínez Cruz agregó que el CCTI va a tomar su caso.

“Hay todas las evidencias de que su declaración también fue sacada por tortura; de hecho, el ya tiene auto de formal prisión, (está) indefenso y sin nada de abogados y todo golpeado”. A Córdoba lo carearon “con otro muchacho que soltaron, de nombre Efigenio Gervasio Bello, y en ese careo ambos dijeron no conocerse porque en realidad no se conocen”.

Posponen careo

Por otra parte, Martínez Cruz señaló que este miércoles estaba programado el careo entre Máximo Mojica, María de los Angeles Hernández y Santiago Nazario, pero se reprogramó para mañana porque hacía falta un abogado del CCTI.

“El careo iba a ser entre ellos, pero tenían que estar tres abogados y nada más estaban dos, entonces mañana vamos a regresar con otro abogado, para hacer el careo, de lo contrario, iba a ser contraproducente para el maestro y las otras dos personas”, explicó.

Agregó que hoy a partir de las 10 de la mañana se va a comenzar con la ampliación de la declaración de los acusados, se pedirá que se haga un interrogatorio a la maestra agraviada, además de que se citará a declarar a los ministeriales que detuvieron a Mojica, Hernández y Nazario.

Martínez Cruz destacó que los abogados que asistirán hoy será Delfino Gálvez de Jesús, probablemente la ex diputada local perredista Adela Román Ocampo y él, pues está autorizado para asistir en el caso.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

AMLO recupera terreno político: NYT

Con la crisis económica su mensaje está resonando en amplios sectores, asegura el diario

De la corresponsalía (La Jornada)

Por la crisis que ha contagiado ahora a México, Andrés Manuel López Obrador está recuperando terreno político con su mensaje crítico de la política económica, y la pregunta ahora es si con ello podrá rehacer y ampliar la coalición política que casi lo llevó a conquistar la Presidencia, reportó ayer The New York Times.

Hace sólo dos años, López Obrador era la principal fuerza en la polarizada política de México, pero el año pasado empezó a opacarse su estrella en el ámbito político. Con la recesión económica su mensaje está resonando de nuevo en amplios sectores del público, indica el Times.

El periódico más importante de Estados Unidos detalló la campaña del tabasqueño para reducir precios e impuestos al consumidor y otorgar mayor asistencia a los pobres, y citó a varios mexicanos de a pie que expresaban simpatía con el mensaje.

El rotativo informa que el mitin de la semana pasada en el Zócalo capitalino fue “significativamente más grande” que los anteriores en los meses recientes.

“No es tan importante si López Obrador es o no el presidente. Lo importante es que cambien las cosas”, afirmó Víctor Baltazar, quien viajó a ese mitin desde Guadalajara y fue entrevistado por el Times.

El diario señaló que las relaciones de López Obrador con el PRD son conflictivas, e informa de la disputa por la dirección del partido. A la vez, señala que analistas políticos en México consideran que el tabasqueño necesita de la estructura y recursos de un partido grande, pero a la vez el sol azteca no puede descartar a su “político más carismático”.

“Ninguno de los líderes actuales del partido tiene una estatura comparable a la suya… como un potencial contendiente presidencial”, reporta el Times.

La corresponsal Elizabeth Malkin comenta que las ambiciones de López Obrador aún no son claras. “Él llama movimiento social a su nueva campaña, y claramente su intención es ser una fuerza con que se tendrá que tratar”.

“Andrés Manuel López Obrador aún no está muerto”, afirma la corresponsal.


He aquí el texto original:

Economic Decline Lifts the Prospects of a Vocal Populist
By ELISABETH MALKIN
Published: February 3, 2009


Andrés Manuel López Obrador, a former presidential candidate, attracted thousands of supporters to a Mexico City rally Jan. 25.

MEXICO CITY — As the year began, the dominant political figure of Mexico’s left appeared to be heading swiftly toward irrelevance.

But Andrés Manuel López Obrador is not dead yet.

Only two years ago, Amlo, as he is known, was the driving force in Mexico’s polarized politics. After he narrowly lost the presidency and led months of street protests charging that it had been stolen from him, politics boiled down to one issue: who was for him and who was against.

Last year, his hold on public attention began to falter. The public, the news media and many of his supporters had simply moved on, letting the turmoil of the 2006 election fade into history.

But there are signs that the efforts of Mr. López Obrador, a former Mexico City mayor, to revive his political career may be gaining traction, as a deepening recession creates opportunities for his brand of economic populism. The question now is whether he can capitalize on that momentum to remake and expand the coalition that brought him to within a hair’s breadth of the presidency.

At a rally last week in Mexico City’s immense central square, the Zócalo, Mr. López Obrador, 55, drew tens of thousands of supporters. Though the crowd paled beside the hundreds of thousands who attended his rallies at the peak of the 2006 presidential campaign, it was significantly larger than that at any of his rallies in the previous year.

Unlike his campaign events, it was conducted without the benefit of his party’s machinery, which used to truck in supporters from around the country, demonstrating a substantial base of hard-core support.

Saying that the economy will only get worse, Mr. López Obrador announced a campaign to press the government to cut wasteful spending, lower consumer prices and taxes, and do more for the poor.

“Our movement must continue demanding a change in economic policy, which has demonstrated its failure,” he said. “The model must be changed. You cannot put new wine in old bottles.”

The words clearly resonated with his poor and working-class base.

“We think he really can change things, so that people have the right to decide,” said Aide Florentino, 27, a member of a small garment cooperative in the rural southern part of Mexico City.

“It’s not important if López Obrador is the president,” said Víctor Baltasar, 49, who traveled to the rally from Guadalajara, where he is a supervisor for the city’s train system. “What’s important is that things change.”

But rising anxiety over the economy may be broadening his appeal. Despite government measures aimed at stimulating the economy and buffering households against the worst effects of the crisis, there is a widespread clamor to do more, from constituencies as varied as business groups and poor peasants and fishermen. That demand could alter the political calculus.

“Mexico is fundamentally a conservative country,” said Federico Estévez, a political analyst at the Autonomous Technological Institute of Mexico. “But in 2009, the cards are different.”
Referring to the left, he said, “I think they’re holding a wild card or a couple of aces.”

With the next presidential election three years off, Mr. López Obrador’s precise ambitions are unclear. He calls his new campaign a social movement and clearly aims to be a force to be reckoned with.

But his relationship with his own party remains fraught. Last year he lost a battle with a rival faction over the presidency of the party, the Party of the Democratic Revolution, or P.R.D., and he no longer holds any official position in the party or in government.

The low point came last fall, when most of the senators from his party broke with him to approve an important energy bill, as his supporters scuffled with police officers in an attempt to block the vote.

To many who had backed his presidential bid, Mr. López Obrador’s street-brawling political style had become a liability.

His campaign to overturn the results of the 2006 election, which he lost by only six-tenths of 1 percent of the total vote to Felipe Calderón, consisted of mass rallies and a tent city that shut major avenues in the capital for weeks. Refusing to concede, even after the country’s highest electoral court ruled in favor of Mr. Calderón, he held a grand public ceremony in which he had himself sworn in as the “legitimate president” of Mexico, a title he continues to claim.

Such antics have damaged the party’s reputation, officials say. Jesús Ortega, the party president, who defeated Mr. López Obrador’s choice for the post, said the party’s polling showed that two-thirds of Mexicans identified the P.R.D. as disruptive.

Moreover, the polls put the party in third place for midterm elections in July, when voters will elect all 500 members of Mexico’s lower house, the Chamber of Deputies. The party is currently projected to win 18 percent of the vote, half its showing in 2006.

While Mr. López Obrador’s popularity catapulted it in 2006 from the third largest to the second largest party in Congress, the party now stands to lose many of the seats it picked up then.

Mr. Ortega, while shying away from blaming Mr. López Obrador for the decline of the party, made it clear that he wanted to remake its image into that of a party closer to social democratic governing parties in Chile and Brazil, and that street blockades were not in the plans.

“Protests against injustice should not affect citizens’ rights,” Mr. Ortega said. “We have to learn to fight within the limits of the law.”

The party has begun running gauzy television spots asking voters for their forgiveness and declaring its willingness to work with other parties, a pointed contrast with Mr. López Obrador’s campaign of permanent harassment.

Publicly at least, Mr. López Obrador and his party say they have worked through their differences. Analysts say neither one can afford a split. “If the left as a whole doesn’t recoup before the elections on the basis of economic issues alone,” Mr. Estévez said, “then they really have no chance of ever ruling.”

Mr. López Obrador needs the structure and resources a large party provides, analysts said. And the party cannot jettison its most charismatic politician.

“The P.R.D. realizes they can’t give him up,” said Daniel M. Lund, a pollster who has done work for Mr. López Obrador, but not since 2004. “If the P.R.D. breaks with López Obrador, they will go to single digits.”

Where that leaves Mr. López Obrador’s movement is uncertain. Although 2012 is a long way off, none of the party’s current leaders have anywhere near his larger-than-life stature as a potential presidential contender.

What is evident is that while talk of a comeback may be premature, so was writing him off.

“He’s a charismatic, intuitive politician,” said Joy Langston, an analyst with the CIDE, a Mexico City research institution. “He not only knows how to win over the masses but also to govern in a way that continues his popularity. Amlo will never be completely finished.”


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

En el caso Atenco la Corte debe precisar que hubo tortura y violación sexual: ONG.

Reconocen que dictamen de ministro ponente es un avance, pero falta señalar responsables

Víctor Ballinas (La Jornada)

El Colectivo contra la Tortura y la Impunidad en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Todos los Derechos para Todos consideraron que el dictamen del ministro José de Jesús Gudiño “es un avance para hacer justicia en el caso Atenco”, pero es necesario que en el debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quede claro y preciso que hubo “tortura y violaciones sexuales de mujeres”.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, señaló que el reconocimiento de que hubo violaciones graves a los derechos humanos debe ser motivo suficiente para que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, lleven a cabo las investigaciones que hasta hoy, después de dos años de ocurridos los hechos, se han negado a realizar.

Por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad en México, Javier Enríquez destacó que es necesario que en el dictamen que se discuta sobre las graves violaciones a los derechos humanos registradas en Atenco se precise y quede estipulado que “hubo tortura, incluso sexual y sicológica, y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y no sólo abuso de autoridad”.

Por el Centro Pro, su director, Luis Arriaga, resaltó que aunque el dictamen del ministro Gudiño Pelayo habla de “abusos, tratos crueles e inhumanos, uso excesivo de la fuerza, violaciones y tortura, se requiere que en el debate y en el dictamen final se establezca que como violación grave ocurrió tortura contra las mujeres y violaciones sexuales”.

El Centro Pro resaltó en un documento publicado ayer que “con los datos que fueron entregados a la Corte en 2008, se puede establecer con precisión qué integrantes y mandos policiales torturaron física y moralmente a las personas detenidas, incumpliendo con los principios que deben regir el uso de la fuerza pública.

“Producto de tales abusos, en los hechos hubo violaciones graves de garantías, y entre los funcionarios públicos que ejecutaron funciones operativas y de mando, y que están relacionados con los hechos, en los documentos que se entregaron a la Corte se señala a Eduardo Medina Mora, actual titular de la PGR; Miguel Ángel Yunes, actual director del ISSSTE; el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; Wilfrido Robledo, y funcionarios del Instituto Nacional de Migración, del gobierno municipal de Texcoco y elementos de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno”.

Javier Enríquez, del Colectivo contra la Tortura, organización que junto con el Centro Pro lleva la defensa de 11 de las 26 mujeres violadas, y cuyos casos los ha llevado a la jurisdicción internacional, destaca que “en ese dictamen que se discutirá es necesario que se precise la responsabilidad del ex presidente Vicente Fox, y para que haya justicia, que es la demanda central de las mujeres violadas y todos los afectados en Atenco, se requiere subrayar como elemento fundamental que hubo tortura”.

Coinciden las organizaciones no gubernamentales en que el dictamen es un buen inicio, un punto de partida, pero insisten también en que es necesario que se complemente y que en el debate se detalle no sólo los abusos y violaciones graves, sino que se establezcan las responsabilidades o los probables responsables, para que las instituciones de procuración y administración de justicia puedan investigar, lo que hasta ahora no han hecho.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Informe a la SCJN asegura que no cuentan con facultad para definir responsabilidades

Remarca que hacen falta protocolos para el uso de la fuerza pública

Jesús Aranda (La Jornada)

La carencia de un marco normativo (leyes, reglamentos y protocolos) “produce consecuencias negativas en la seguridad pública”, porque entorpece el avance hacia una cultura policial a la altura de una democracia y propicia “un estado de vulnerabilidad de los derechos de las personas que son objeto de acciones de policía y fuerza”, sostiene el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en su informe sobre Atenco.

En el documento acredita la violación grave de garantías individuales ocurrida en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, y añade que para considerar que una intervención de fuerza policiaca sea justificable, “debe estar precedida por acciones o medidas específicas que hayan resultado inexitosas, inútiles y/o ineficaces para el logro de sus fines”.

La fuerza es necesaria, subraya, cuando las alternativas que la excluyen no dieron resultados.

En el documento, Gudiño menciona también que el 3 de mayo por la noche se reunieron el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y sus principales colaboradores, así como el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, y Miguel Ángel Yunes, quien encabezaba el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para delinear el operativo en Atenco.

Al respecto, precisa que la Corte no está facultada para establecer la responsabilidad personal de funcionarios involucrados en la violación de garantías, aunque sí plantea que la resolución que adopte el máximo tribunal sea enviada a los ejecutivos federal y mexiquense, así como a los congresos de la Unión y del estado de México para que tomen nota en cuanto a la necesidad de reglamentar el uso de la fuerza pública.

En otra parte del informe, Gudiño cuestiona al gobierno de Peña Nieto y a Medina Mora por no haber investigado ni sancionado a los responsables de violar los derechos de los manifestantes, que fueron golpeados, vejados y, en algunos casos, agredidos sexualmente.

El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en Atenco justifica “aún más” la aplicación de protocolos de actuación en los que se establezca que los actos de autoridad están acotados por el marco legal, “máxime que se trata de actos que en muchos de los casos, por sí mismos, restringen, así sea que la restricción sea legítima, libertades humanas”, apunta el documento.

La autoridad, se agrega en el texto, debe prevenir situaciones violentas o restrictivas de derechos que, a su vez, generan más actos violentos.

El dictamen subraya que el uso de la fuerza exige diferenciar distintos momentos para su uso:

El uso de la fuerza no puede ser igual para ejecutar una detención contra manifestaciones sociales pacíficas, contra manifestaciones políticas violentas o contra el crimen organizado. Se trata de diferencias sustanciales que impiden un tratamiento normativo y valorativo homogéneo, subraya.

Los actos de fuerza deben graduarse en función de los hechos, tal como lo han establecido diversos ordenamientos jurídicos internacionales en la materia, que son “válidamente orientadores” acerca de cómo en nuestro régimen jurídico puede, y debe, ejercerse la fuerza pública.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Dictamen de la Corte ratifica las graves violaciones a la ley cometidas en Atenco

Concluye que el uso de la fuerza pública fue desproporcionado, ineficiente e irresponsable

Jesús Aranda (La Jornada)

En San Salvador Atenco, estado de México, fueron gravemente violadas garantías individuales y derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, debido proceso, trato digno de los detenidos y el derecho a la justicia, indica el dictamen elaborado por el ministro instructor de la corte José de Jesús Gudiño Pelayo.

Al darse a conocer ayer la versión abierta –sin datos personales o confidenciales de las víctimas, autoridades y policías que estuvieron involucrados en los hechos violentos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006–, el documento sostiene que el uso de la fuerza pública por parte de la policía del estado de México y de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue ejecutada “de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente”, y que, por tanto, el Estado utilizó a las corporaciones policiacas de manera irresponsable y arbitraria.

El documento de 924 cuartillas que incluye fotografías y gráficas de los hechos, cuestiona la actuación del gobierno del estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, y de la PFP, cuyo titular era el actual procurador Eduardo Medina Mora, por no haber cumplido con su obligación de investigar las agresiones y violencia sexual en contra de los detenidos y por no haber actuado penalmente en contra de los responsables.

La actuación de las autoridades, añade, resulta negativa “pues infunde desconfianza en el Estado y temor en los cuerpos de seguridad pública”. “Desconfianza y miedo que, a su vez, es terreno fértil para la inseguridad, la injusticia y la impunidad, porque quien no cree en sus policías, en sus instituciones de seguridad pública, no denunciará ilícitos y, menos aún, colaborará con la autoridad para evitarlos o esclarecerlos”.

Lo cual, enfatiza, se traduce en impunidad e inseguridad que a todos nos afecta, además de que “inhibe la expresión de protesta, totalmente válida –cuando se ejerce sin violencia, en el marco de la ley– en un país que se precia de ser democrático y respetuoso de las libertades del hombre, entre ellas, la libertad de expresión”.

Gudiño señala que las agresiones perpetradas “resultan graves y muy lamentables, considerando el trasfondo histórico que el uso de la fuerza tiene en nuestro país, y las negativas consecuencias que esto pudiera acarrear en un futuro próximo”.

Los hechos, subraya, dan motivo a que se reafirme un sentir colectivo que rechaza y reprueba en términos absolutos el uso de la fuerza, “cuando lejos de ello, es no sólo una facultad que le asiste, sino a veces incluso un deber hacerlo”.

El documento destaca que si bien era justificado el uso de la fuerza para desalojar la carretera Texcoco-Lechería, la falta de protocolos en el uso de ésta y las omisiones en que incurrió la autoridad al no vigilar la actuación de los uniformados, derivaron en la violación de los derechos de las víctimas. Por ello, convocó a los poderes Legislativo y Ejecutivo a reglamentar el uso de la fuerza pública para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

Asimismo, advierte que “de nada sirve que se reconozcan, en leyes, en tratados, en discursos, que nuestro país admite y respeta los derechos humanos, si cuando son violados, en este caso por agentes del Estado, amén de que no haya sido por orden institucional, las violaciones quedan impunes y a las víctimas no se les hace justicia”, porque no se toman las medidas necesarias para que los responsables sean identificados y reprimidos.

El ministro, cuyo dictamen será discutido en sesión pública el próximo 9 de febrero, se desmarca en dos aspectos únicamente de la recomendación que emitió en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en cuanto a la violación de garantías de los menores de edad que fueron trasladados a un penal para adultos y del joven que murió a consecuencia de un disparo. Gudiño señala que en cuanto a los jóvenes, éstos fueron enviados al Consejo para Menores en un tiempo razonable y que no existen, por otra parte, elementos que demuestren que el disparo provenía del arma de un policía.

Por lo demás, el dictamen concluye que en este asunto se complementaron las atribuciones que tiene la CNDH y la propia Corte para investigar violaciones graves a las garantías individuales.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 3 de febrero frente a las oficinas de la SHCP.

Amigas y amigos.

Me da mucho gusto estar de nuevo en esta asamblea, encontrarnos otra vez, de acuerdo a lo que se decidió en la anterior asamblea en el Zócalo.

Muchas gracias por su asistencia, por su participación.

Tenemos que recordar siempre que nuestro movimiento tiene dos objetivos: Defender al pueblo y defender el patrimonio nacional y, al mismo tiempo, trabajar en la organización para la transformación de nuestro país.

Yo le informo que en este segundo objetivo de ir trabajando en la organización del pueblo, para renovar la vida pública, desde hace dos años, desde enero del 2007, estoy recorriendo todos los municipios del país. Trabajo en la ciudad de lunes a miércoles y de jueves a domingo los dedico a recorrer los municipios del país.

Les informo que ya llevo más de mil 900 municipios visitados, ya nada más nos faltan 110 municipios de régimen de partidos. Vamos a terminar de recorrer los dos mil 38 municipios del país de régimen de partidos a principios de marzo.

Nos van a quedar pendientes, y los vamos a recorrer este año, los más de 400 municipios indígenas, de usos y costumbres, del estado de Oaxaca, los vamos a recorrer todos.

En cada municipio se hacen asambleas informativas y podemos ir hasta el municipio más apartado, como ahora que fuimos a la sierra de Sonora, limítrofe con Chihuahua y allá hay ciudadanos, mujeres y hombres, informados e interesados, conscientes y dispuestos a participar en el movimiento de transformación.

En esas asambleas se le convoca a los que participan a que se apunten como representantes del Gobierno Legítimo de México. Ya hay dos millones 200 mil representantes del Gobierno Legítimo de México.

Tenemos una representación territorial en todos los municipios del país. Este es el trabajo que se ha venido haciendo de organización, que es fundamental. No se puede, como lo hemos dicho en otras ocasiones, enfrentar a una mafia que detenta el poder, si el pueblo no está organizado.

Por eso, tenemos que seguir adelante, en las dos vertientes. En el movimiento para la defensa del pueblo y del patrimonio nacional y la organización para la transformación del país.

Porque si hacemos una sola cosa, si nos dedicamos a cumplir solo un objetivo, si nada más nos dedicamos, como lo hacemos, a defender al pueblo y a defender le patrimonio nacional y no trabajamos en la organización para transformar la vida pública del país, pues no vamos a lograr la renovación que se necesita, porque no olvidemos que hemos escogido para transformar a México la vía pacífica, la vía electoral y eso requiere de mucha organización.

Lo mismo, si nos dedicamos nada más a organizar para la transformación y dejamos sin protección al pueblo y no defendemos el patrimonio nacional, cuando se den los cambios que se tienen que dar, porque más temprano que tarde va a triunfar este movimiento, cuando haya un verdadero gobierno del pueblo, ya no vamos a tener de qué echar mano, porque éstos son muy voraces y están decididos a seguirse quedando con los bienes de la nación, con los bienes del pueblo, aunque arruinen a nuestro país.

Por eso es muy importante tener claro hacia dónde vamos, entre todos fijamos éstos objetivos, yo les diría que vamos bien, logrando poco a poco que se vaya consolidando nuestro movimiento.

El día de hoy, ustedes escucharon a los compañeros que tuvieron la responsabilidad, el encargo, de hablar sobre los asuntos fundamentales de esta asamblea.

La verdad que los tres que tomaron la palabra, Mario, el compañero Almazán y el licenciado Muñoz Ledo, lo hicieron de manera excelente, con mucha claridad.

Esto me ayuda a mí, porque ya no tengo que profundizar en cosas que los tres compañeros han dejado en claro.

Yo sólo les informo que hoy envié una carta a los congresistas, a los legisladores, tanto a diputados federales, como a senadores. Una carta que les quiero leer y luego les quiero hacer una propuesta.

La carta dice así:

Señoras y señores legisladores:

Desde hace tiempo, hemos venido insistiendo en que se tomen medidas de fondo, no demagógicas, para reorientar el presupuesto público y proteger al pueblo ante el agravamiento de la crisis económica.

Como es sabido, el presidente espurio no ha hecho realmente nada importante para frenar el desempleo, la carestía, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad y la violencia.

Ustedes también ignoraron la propuesta que les hicimos el 28 de septiembre de 2008, desde el Zócalo de la Ciudad de México, en el sentido de que el Congreso convocara a la celebración de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sectores económicos y sociales del país para llevar a cabo un plan anticrisis.

Asimismo, no tomaron en cuenta el Programa para la Defensa de la Economía Popular que les propusimos el 4 de noviembre, cuando estaba por aprobarse la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 2009.

Por esta razón y dada la gravedad del asunto, de nueva cuenta les volvemos a insistir en que se deben tomar medidas urgentes para cambiar la política económica, empezando por reorientar el gasto público y destinar fondos al desarrollo económico y social del país.

En primer término, les recordamos que en las últimas dos administraciones (de 2001 a 2008), el gasto público corriente ha crecido en términos reales, 72 por ciento, muy por encima del crecimiento de la economía (20.9 %), y del crecimiento del gasto total (64 %).

Tan sólo entre 2006 y 2008, el gasto corriente del sector público se incrementó en 437 mil millones de pesos, al pasar de un billón 321 mil millones a un billón 758 mil millones. Dicho de otra manera: si durante este periodo, el gasto corriente sólo hubiese aumentado en la misma proporción a la economía del país, hoy habrían 233 mil millones de pesos disponibles.

Como ustedes bien saben, una importante cantidad de este gasto corriente se destina a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos de los tres poderes de gobierno.

Hay quienes ganan, en términos reales, hasta 600 mil pesos mensuales y tienen servicios médicos privados, fondos de ahorro especial, bonos discrecionales y otras prebendas. Además, mucho dinero del presupuesto se destina a proteger a banqueros y a grandes empresarios, se derrocha y se va por el caño de la corrupción.

Por eso, insistimos en nuestro planteamiento de reducir, de inmediato, el gasto corriente y destinar estos fondos aminorar los efectos de la crisis económica que nos afecta desde el año pasado.

De otra manera, México no podrá enfrentar el aumento del desempleo, la pérdida de ingreso disponible de la gente, la caída del consumo de alimentos y bienes necesarios y la falta de recursos y oportunidades para trabajadores y empresas.

De manera específica, el ahorro de 200 mil millones de pesos que proponemos, se puede lograr reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; las percepciones, también a la mitad, de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores; suprimir las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia; cancelar las pensiones millonarias a los expresidentes de México; eliminar la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario; reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras partidas.

Todo ello, acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.

A partir de la aplicación de un plan de austeridad republicana y ahorrando en una primera etapa 200 mil millones de pesos, se pueden tomar las siguientes medidas:

1. Apoyos al campo para la producción de alimentos

En el presupuesto del 2009 se contemplan 16 mil 800 millones de pesos para el Procampo. Este monto no es suficiente para apoyar la producción de alimentos, además, los recursos están llegando tarde, cuando ya se realizó la siembra, obligando a los productores a tomar crédito de los proveedores de insumos, como semillas y fertilizantes, por los que llegan a pagar hasta el 30 por ciento de lo que reciben del programa.

Con frecuencia también tienen que pagar al personal de la ventanilla para que les liberen los fondos, dando hasta 500 pesos por un cheque de 3 mil 300 pesos.

Es indispensable hacer a un lado la absurda política de comprar los alimentos afuera, cuando podemos producir en el país lo que consumimos, generando empleos y atemperando el fenómeno migratorio.

Nuestra propuesta es comenzar con apoyos adicionales por 20 mil millones de pesos para los productores y la exigencia de que el gobierno espurio libere los recursos con prontitud.

2. Impulsar el crédito a la pequeña y mediana empresa

Se requieren cuando menos 40 mil millones de pesos para la banca de desarrollo con el objeto de garantizar créditos a las pequeñas y medianas empresas. Cabe aclarar que el fondo de 50 mil millones de pesos que está ejerciendo el gobierno espurio, supuestamente para este propósito, se está dedicando realmente a apoyar a las grandes empresas en sus emisiones de papel comercial, como Cemex, Coppel, Soriana y Comercial Mexicana.

De ahí la necesidad de tener una partida destinada a las empresas medianas y pequeñas.

3. Reducir los precios de la electricidad, la gasolina, el gas y el diesel en beneficio de consumidores y empresas

Nuestra propuesta contempla disminuir las tarifas de los consumidores de energía eléctrica, con un costo de 15 mil millones de pesos.

Asimismo, para la reducción de precios de gasolina y gas en 10 por ciento, y de diesel en 15 por ciento, se requieren 35 mil millones de pesos.

Debe entenderse que abaratar estos energéticos tiene dos efectos positivos. Uno es el aumento real en el ingreso de la gente y otro es la reducción de la inflación, lo que daría pie a bajar las tasas de interés de su nivel actual, reduciendo con ello costos de crédito para el consumidor y para toda la economía.

4. Más presupuesto para salud, alimentos, becas a estudiantes y apoyo a desempleados

Es urgente destinar recursos para adultos mayores, más recursos para adultos mayores, para madres solteras, para personas con discapacidad, para comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.

Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repetimos ahora, hay dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la alimentación y el derecho a la salud y es obligación del Estados garantizarlos.

5. Derogar el IETU

No hay mejor manera de apoyar a las empresas y dar un alivio a la carga fiscal de los trabajadores que eliminar este impuesto injusto que causa gravámenes superiores a la capacidad de pago de los contribuyentes, al no permitirles la deducción de la nómina, las pérdidas cambiarias o el pago de intereses por la deuda.

Para los trabajadores ha representado un aumento de la carga fiscal que les es retenida y que golpea sobre todo a la clase media. Esta acción tendría un costo de 50 mil millones de pesos, según las estimaciones de recaudación de la Secretaría de Hacienda. El año pasado recaudaron por este impuesto 46 mil millones de pesos.

En suma, el costo estimado de los programas de emergencia económica y social, que proponemos, en una primera etapa, para enfrentar la crisis es el siguiente:

PROGRAMA MONTO (mdp)

Apoyo a productores de alimentos 20,000
Crédito a empresas pequeñas y medianas 40,000
Reducción de electricidad, gasolina, gas y diesel 45,000
Bienestar social 45,000
Derogación del IETU 50,000
TOTAL 200,000
Esta cantidad sale del ahorro al reducir el gasto corriente del gobierno.

Adicionalmente, es urgente que el Congreso tome la decisión de proteger los fondos de pensiones de los trabajadores, cuya pérdida asciende a 60 mil millones de pesos, mientras las administradoras financieras privadas han obtenido utilidades de 11 mil millones de pesos.

Esto es lo que estamos proponiendo.

Termina la carta así:

Señoras y señores legisladores:

Es el momento de cambiar, en definitiva, la política económica que sólo atiende a los privilegiados de siempre y ha llevado a la bancarrota al país.

También les recomendamos, por el bien de México, que construyan acuerdos en el Poder Legislativo, no sólo para reorientar el presupuesto sino para solicitar la remoción del actual secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien ha demostrado su incapacidad para enfrentar los retos que exige la actual crisis económica.

Téngase en cuenta que este funcionario sólo sabe aplicar fórmulas simplistas de un modelo que ha hundido al país y ha fracasado por completo.

Tiene que renunciar Carstens porque no tiene capacidad, aprendió en la corriente, en la escuela neoliberal, algunas fórmulas, formas, para justificar el pillaje en beneficio de unos cuantos, a costa del sufrimiento de la gente.

Y todo esto ya fracasó, está demostrado que ese modelo no funciona y él no sabe de otra cosa y, como aquí lo explico, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

Tiene que mandarse un mensaje claro a toda la sociedad, al pueblo, inclusive tiene que haber un mensaje de confianza a inversionistas.

La economía tiene dos principios básicos: Una ley, que es la de la oferta y la demanda, y un principio fundamental, que tiene que ver con la confianza.

¿Ustedes creen que como está la situación del país, no todo el pueblo, porque nosotros, la mayoría, ya sabemos que estos son empleados de los potentados y no les tenemos ninguna confianza, pero inclusive los propios inversionistas creen que les pueden tener confianza en el manejo de la economía, a Carstens?

Lo estamos viendo. Si no pueden detener la devaluación del peso. Hoy llegó a estar en 14.70 el peso con relación al dólar y no parece detenerse esta devaluación, si no hay un mensaje claro de confianza a los inversionistas, no vamos a lograr que haya estabilidad económica y financiera en el país.

Se van a terminar las reservas, porque diariamente le tienen que estar inyectando recursos, para supuestamente estabilizar la paridad peso-dólar y no lo han conseguido y no lo van a lograr, porque no se trata nada más de un asunto económico o financiero.

Se trata de un asunto de confianza y, como no hay un mensaje claro del gobierno usurpador, pues predomina la especulación en el mercado y en todo el país.

Por eso es indispensable la renuncia de Carstens, por el bien del país.

No pasemos por alto que estamos ante una nueva realidad, ya no se puede estar aplicando la política que una y otra vez ha fracasado, los llamados paradigmas de la economía, del modelo neoliberal, se hicieron añicos y se requieren planteamientos nuevos, distintos, formular nuevas políticas.

Esta es una nueva realidad y se necesita, repito, una nueva política económica y una visión diferente para enfrentar la crisis. Es decir, repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

De modo que así terminamos este escrito:

Señoras y señores legisladores.

Tienen todavía la oportunidad de actuar a la altura de las circunstancias y reivindicarse como verdaderos representantes populares.

Estamos viviendo momentos decisivos y el Congreso está llamado a jugar un papel fundamental, porque como aquí se dijo, no hay capacidad en el que está usurpando la Presidencia de la República, no existe capacidad, no sólo no tiene autoridad moral, sino que se ha revelado como todo un inepto y, por encima de su incapacidad e ineptitud, nosotros tenemos que cuidar el interés general, tenemos que cuidar a México, tenemos que cuidar a nuestro país.

No queremos que se desmorone nuestra Patria, queremos salvar a México. Ese es el propósito principal de nuestro movimiento.

Por eso, el Congreso tiene que entrar al quite en estos momentos difíciles para la Nación y de ahí la propuesta que les quiero hacer.

Tenemos que reunirnos, como lo acordamos en el Zócalo, el próximo martes 17 de febrero, para protestar por cobros excesivos de luz. Va a haber una jornada nacional, ¿qué les parece si en el caso –y esta es la propuesta—del Distrito Federal, ese acto que tiene que ver con las tarifas altas de luz y cobros excesivos, lo hacemos para buscar la respuesta a este escrito, frente al Congreso?

Que en los estados se haga frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad o las oficinas de Luz y Fuerza y nosotros lo hacemos frente al Congreso, para ir por la respuesta a este escrito y, desde luego, también ahí vamos a tratar el tema de los cobros excesivos de luz y vamos a seguir insistiendo en la disminución de las gasolinas, del diesel, del gas y en nuestros planteamientos.

¿Cómo ven?

Yo estoy seguro que si ahora, miren cuántos somos. Somos muchos, yo estoy seguro que el día 17 va a llegar mucha más gente, van a participar más ciudadanos.

Primero, sería a la misma hora, a las cinco de la tarde. ¿Les parece?

El martes a las cinco de la tarde. Vamos a estar a esta hora, porque muchos compañeros trabajan y para que puedan acompañarnos.

¿Les parece así? ¿Nos ayudan a invitar y a decirle a la gente que ahora lo vamos a hacer frente al Congreso, porque así lo ameritan las circunstancias?

¿Estamos de acuerdo? Levantemos la mano.

Nos vamos a encontrar de nuevo el martes 17, a las cinco de la tarde, en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Ahí vamos a estar.

Voy a entregar este documento a diputados y senadores del Frente Amplio Progresista, para que mañana nos ayuden a distribuirlo entre otros legisladores, aunque ya formalmente enviamos este documento a los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de diputados y de senadores y les pedimos, de manera respetuosa, hagan llegar esta carta a todos los legisladores.

De todas formas, vamos a entregar esta carta a los legisladores del Frente Amplio Progresista, para que ellos entreguen este documento a todos los legisladores, diputados y senadores, porque ante el vacío de poder que hay actualmente en el país, el Congreso está llamado a jugar un papel fundamental, para enfrentar la crisis y detener este proceso de decadencia, que nos está afectando a todos y que puede agravarse, si no se actúa de inmediato.

Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Nos sentimos muy fortalecidos, todos.

¿Verdad que nos sentimos muy bien? Porque va muy bien nuestro movimiento.

Y, como decía el presidente Juárez: Vamos a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda.

Muchas gracias.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!