Comunicado de las Autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui

COMPAÑER@S, ESTA ES NUESTRA PALABRA VERDADERA DE LOS GOBERNADORES, PUEBLOS MAYORES, PUEBLOS BASARIOS, CAPITANES, COMANDANTES, TENIENTES, SARGENTOS, CABOS SECRETARIOS Y LA SIEMPRE FIEL TROPA YOREMIA.

MARIO LUNA ROMERO (SECRETARIO TRADICIONAL DE LA TRIBU YAQUI)

PUEBLO DE VÍCAM, SONORA, MEXICO, TERRITORIO DE LA TRIBU YAQUI. 25 DE AGOSTO 2011.

A TODOS LOS PUEBLOS DEL PLANETA TIERRA
A TODA LA HUMANIDAD
A TODO EL PUEBLO DE MEXICO
A TODOS LOS HERMANOS INDIGENAS
A TODAS LAS FUERZAS DE LUCHA PARTIDARIAS Y NO PARTIDARIAS.

EN ESTOS INSTANTES, EN SUELOS MEXICANOS, EN TIERRAS SONORENSES Y CONTRA EL TERRITORIO YAQUI, SE SIGUE PERPETRANDO EL ATRACO MAS CRIMINAL CONTRA LA TRIBU YAQUI Y LA PRODUCCION DE ALIMENTOS; ACCIONES ORQUESTADOS POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA FELIPE CALDERON Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO GUILLERMO PADRES ELIAS, DANDO CONTINUIDAD A UNA DE LAS GUERRAS MAS LARGAS QUE SE TENGA EN LA HISTORIA, CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MÉXICO Y CONCRETAMENTE CONTRA NUESTRO PUEBLO YAQUI; AL PRETENDER CONSTRUIR EL ACUEDUCTO LLAMADO “INDEPENDENCIA”, QUE QUIERE LLEVAR AGUA DEL NOVILLO UNA DE LAS PRESAS INTERMEDIAS DEL SISTEMA DE LA CUENCA DEL RIO YAQUI QUE INCLUYE: LA PRESA “LA ANGOSTURA” Y “EL OVIACHIC”. ESTO VIOLANDO FLAGRANTEMENTE DISPOSICIONES JUDICIALES, EL CUAL OTORGA PROTECCION A LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES, ATRAVEZ DE UNA MEDIDA CAUTELAR PRECAUTORIA URGENTE OTORGADO POR UN TRIBUNAL AGRARIO A LA TRIBU YAQUI, A FAVOR DE LA DEMANDA DE RESTITUCIÓN DE AGUAS Y UN AMPARO INTERPUESTO POR LOS AGRICULTORES DEL VALLE DEL YAQUI CONTRA LA LICITACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ORDENA PARAR LAS OBRAS OTORGADO POR UN JUZGADO DE DISTRITO Y RATIFICADO POR UN TRIBUNAL COLEGIADO A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL VALLE DEL YAQUI. EL PASADO 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL RATIFICA QUE EL GOBIERNO DE GUILLERMO PADRES SE ENCUENTRA EN DESACATO.

A CAUSA DEL DESACATO Y ABUSO DE AUTORIDAD MOSTRADA POR EL MAL GOBIERNO DEL ESTADO HACE APENAS UNAS HORAS, LA JUEZ OCTAVA DE DISTRITO OTORGA UN PLASO PERENTORIO DE 24 HORAS AL SUPERIOR JERARQUICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE DETENGA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA Y RESTABLESCA EL ESTADO DE DERECHO VIOLENTADO O DE LO CONTRARIO SE UTILIZARA LA FUERZA PUBLICA. OBTENIENDO POR RESPUESTA DOCUMENTADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SU YA ACOSTUMBRADA FRASE “NADA NI NADIE DETENDRA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA”. A LA PAR SE GIRA LA ORDEN DE IMPLEMENTAR TACTICAS DILATORIAS PARA QUE EL ACUSE DE RECIBIDO SE APLASE LO MAS POSIBLE Y POR SUPUESTO APARTIR DE HOY NO SE LE PODRA ENCONTRAR EN SUS OFICINAS.

POR ELLO EL ESTADO MEXICANO QUEDA EXPUESTO ANTE LA OPINION PUBLICA MUNDIAL, NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL Y CONCRETAMENTE FELIPE CALDERON, GUILLERMO PADRES ELIAS, COMO INSTRUMENTOS DEL PODER ECONOMICO DE EMPRESAS EXTRANJERAS, AL OBLIGARLOS A VIOLAR Y DESPRECIAR LAS LEYES MEXICANAS Y CONVENIOS Y TRATADOS MEXICANOS, COMO EL DE LA OIT 169 INSTRUMENTO QUE HICIMOS USO EN NUESTRO CARÁCTER DE AUTORIDADES TRADICIONALES CONTRA EL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, QUE FUE APROBADO A FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO POR PARTE DE LA SEMARNAT (SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES) Y SU SECRETARIO ENCARGADO DE DESPACHO JOSÉ LUIS LUEGUE TAMARGO, VIOLANDO FLAGRANTE LA LEY EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE TERCERA GENERACION, QUE PROTEGE A LOS INDIGENAS EL DERECHO AL TRABAJO Y EL DESARROLLO.

BAJO ESTAS CONDICIONES DE GUERRA DE BAJA INTENSIDAD Y UNA VEZ MAS, CONFABULADOS EL GOBIERNO MEXICANO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SIRVIENDO COMO INSTRUMENTOS E INTERES, DEL GRAN CAPITAL Y SUS TRASNACIONALES, QUIEREN COMETER EL DESPOJO MAS DESCOMUNAL DE LA HISTORIA AL QUITARNOS EL AGUA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, UN BIEN DE LA NACIÓN Y PROPIEDAD DE LA TRIBU YAQUI; ATRAVEZ DEL DECRETO PRESIDENCIAL DE 1940 Y CONVERTIRLO DE UN INSTRUMENTO E INSUMO PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION DE ALIMENTOS; A UN BIEN PRIVADO Y SUJETO A LAS REGLAS DEL MERCADO ESPECULATIVO.

ES POR ELLO QUE LA TRIBU YAQUI Y LA SOCIEDAD CIVIL DE SIETE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADOS EN SUS DIFERENTES ORGANIZACIONES, QUEREMOS HACER VALER LA LEY Y EL ESTADO DE DERECHO, Y CONSTITUIRSE EN FUERZA CIVIL PARA DETENER Y DESMANTELAR EL ACUEDUCTO ATRAVES DE LA DENUNCIA, LA RESISTENCIA Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL PACIFICA E IMPEDIR QUE SE COMETA UNO DE LOS ACTOS MAS INJUSTOS DE LA HISTORIA RECIENTE; EN NUESTRO CARÁCTER DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA TRIBU YAQUI DE VÍCAM Y POTAM, PRIMERA Y SEGUNDA CABECERA DE LA TRIBU YAQUI, NO VAMOS A PERMITIR QUE SE VUELVAN A COMETER MAS INJUSTICIAS CONTRA NUESTRO PUEBLO, HAREMOS HACER VALER NUESTRA RAZON HISTÓRICA COMO PUEBLOS ORIGINARIOS DE ESTAS REGIONES ARIDAS, Y NUESTROS DERECHOS HISTORICOS.

DONDE TODA AUTORIDAD TRADICIONAL Y TODO MIEMBRO DE LA TRIBU YAQUI SE CONSAGRA EN LA DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA.

“LA LUCHA POR LA AUTONOMIA Y AUTODETERMINACION SON PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES DE LA TRIBU YAQUI”

“NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS”

ATENTAMENTE

AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA TRIBU YAQUI.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado del Frente de Masas sobre movimiento en Zihuatanejo contra FONATUR

FRENTE DE MASAS POPULARES DE GUERRERO

COMUNICADO SOBRE EL PLANTON DEL MOVIMIENTO DE PUEBLOS UNIDOS CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA BAHÍA DE ZIHUATANEJO Y BARRA DE POTOSÍ CONTRA LA CONCESIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL A LA EMPRESA FONATUR S.A. DE C.V. EN ZIHUATANEJO

El día de hoy por la madrugada, más de 700 pescadores, comerciantes, ambientalistas, hoteleros y lancheros, así como ciudadanos solidarios, arribaron a las instalaciones de la empresa Fonatur SA de CV, en el puerto de Zihuatanejo, para exigir la cancelación de la concesión que el Ejecutivo Federal por medio de la SCT otorgó a la empresa Fonatur, para la administración portuaria, la cual incluye el recinto portuario del puerto de Zihuatanejo y aguas adyacentes así como la Barra de Potosí ubicada en el municipio de Petatlán, la cual fue publicada el 12 de enero del presente año en el Diario Oficial de la Federación.

Los opositores a esta concesión que participan en el Frente de Masas Populares de Guerrero, le plantearon de manera directa al Gobernador Angel Aguirre Rivero su desacuerdo con esta concesión el mismo día 4 de julio cuando le entregamos nuestro Plan de Atención Inmediata a la Demanda Popular para la Estabilidad Política y Social de Guerrero, después lo abordaron en una audiencia pública en Zihuatanejo y en dos ocasiones más, el Secretario de Gobierno Humberto Salgado Gómez hizo hacer antesala a la dirigente de ROGAZ, Obdulia Balderas, supuestamente para escuchar la demanda para finalmente dejarla plantada.

El via crucis de los opositores a ésta concesión, los ha llevado, además de múltiples reuniones fallidas con los presidentes municipales de José Azueta y Petatlán, pasando a por una serie de funcionarios menores, hasta el Congreso Local y al Congreso de la Unión y después de ver que la mesa de negociación del Frente de Masas Populares con el Secretario de Gobernación, donde se tomaría su caso, se torna cada vez más difícil y lejana, decidieron realizar ésta acción, que no pudo cumplir su objetivo de tomar las instalaciones de FONATUR, porque de manera “milagrosa” aparecieron desde las 3 de la mañana, más de 50 policías estatales fuertemente armados, como resultado de una “filtración” de información.

El Frente de Masas Populares de Guerrero, reafirma su apoyo incondicional al Movimiento de Pueblos Unidos contra la privatización de la Bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí contra la concesión del gobierno federal a la empresa Fonatur S.A. de C.V., exige al Gobierno del Estado su intervención a favor de esta demanda y la presentación pública del oficio donde le solicita al Gobierno Federal la revocación de ésta concesión.

De igual manera demandamos al Gobernador Angel Aguirre Rivero, que en el marco del diálogo que pueda restablecerse con nuestro Frente, atienda la solicitud de llevar a cabo, a la brevedad, una mesa de trabajo en las instalaciones de FIBAZI en Zihuatanejo, con los miembros del Movimiento de Pueblos Unidos contra la privatización de la Bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí contra la concesión del gobierno federal a la empresa Fonatur S.A. de C.V. y el Frente de Masas Populares de Guerrero.

Por la Comisión de Coordinación:
Minervino Morán
Manuel Olivares
Javier Monroy

Chilpancingo, Gro. a 25 de agosto del 2011


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

12.511 Caso Rosendo Radilla: Herida Abierta de la Guerra Sucia en México

El 25 de agosto de 1974, en un retén militar cerca de Acapulco, fue detenido y desaparecido Rosendo Radilla, estimado líder comunitario, sin que a la fecha se sepa su paradero.

Durante treinta años la familia se ha enfrentado a la ineficacia de la justicia mexicana. Es por esto que, actualmente, el caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal en la materia de nuestro continente.

La desaparición forzada de Rosendo Radilla, es una de las 1200 contabilizadas a nivel nacional durante la época. Casi la mitad ocurrieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero, de donde es originario el señor Radilla.

Este caso es ejemplo de lo sucedido durante los años 60s y 70s, donde el Estado mexicano utilizó una estrategia para acabar con los movimientos sociales y políticos que exigían justicia social. Esta política de Estado ocasionó graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, que hasta el momento permanecen impunes.

Mientras no haya justicia para estos crímenes y no se realicen modificaciones legales que impidan que estos hechos se reproduzcan, estaremos en riesgo de que la historia se repita.




¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

A 37 años de la Desaparicion Forzada de Rosendo Radilla

Hoy se cumplen treinta y siete (37) años de la Desaparición Forzada de don Rosendo Radilla Pacheco a manos del ejército mexicano en ese periodo de “Terror de Estado” aplicado contra los disidentes del estado de Guerrero.

Rosendo Radilla, es uno de los más de 450 detenidos desaparecidos del municipio de Atoyac de Álvarez y más de 650 en todo el territorio de Guerrero.

En todo el país se llevaron -la Brigada Blanca y el ejército federal mexicano- a más de 810 ciudadanos, campesinos la mayoría de Guerrero y otros, muchos de ellos, jóvenes estudiantes de todas las universidades del país, que vieron cerradas las opciones democráticas para lograr cambios estructurales.

Rosendo, fue presidente municipal en Atoyac, promotor de centrales campesinas y de cafeticultores, fue ganadero y muy sensible ante las injusticias. La población de Atoyac le estimaba y respetaba por su gran solidaridad. Cuentan los cronistas del lugar que “fue el único presidente municipal que salió más pobre de como entro”. Promovió el primer hospital, el primer camión de basura, el primer edificio de la primera escuela primaria del lugar y otras obras sociales.
Pero también componía corridos y los cantaba.

Le cantaba a las condiciones de pobreza y miseria, a los movimientos sociales, a Genaro Vázquez, a Lucio Cabañas.

Cuando el ejército lo bajo del autobús, donde iba acompañado de uno de sus hijos, Rosendo pregunto, “por que me detienen?” solo le dijeron que “por componer corridos” y el pregunto que si eso era delito, nuevamente le contestaron “pus no, pero mientras, ya te chingaste”.

AFADEM, después de veinte años de promover por todos los medios políticos y jurídicos la búsqueda de Rosendo y todos los desaparecidos del país, junto con la familia Radilla Martínez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, promovieron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y esta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CoIDH por no haber acceso a la justicia en México.

En meses próximos, octubre-noviembre la PGR, realizara por tercera vez excavaciones en la zona del ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez Rosendo y donde fueron desaparecidos más de cuatrocientos cincuenta (450) ciudadanos de Atoyac por el ejército mexicano.

La búsqueda de Rosendo es, la búsqueda de todos los detenidos desaparecidos de Atoyac; a Rosendo y a todos los desaparecidos, se les llevaron vendados de los ojos y amarrados de pies y manos al interior del cuartel militar y ahí pueden estar, en algún lugar que solo los militares saben con certeza.

Las próximas excavaciones dan muestra de la nula voluntad política del ejecutivo federal de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, conocer la verdad y llevar a juicio a los responsables, como lo ordena la sentencia, pues el Ministerio Publico de la Federación, la Procuraduría General de la Republica, PGR no ha citado a declarar a nadie de los involucrados en las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de personas, protegiendo a los criminales, manteniéndose en la impunidad. Los puntos de excavación son a partir de testimonios de víctimas de desaparición forzada temporal, que narran por donde los llevaron maniatados y vendados de los ojos.

El Estado mexicano, aparenta que cumple con la sentencia de la Corte Interamericana, pero en la práctica no hay verdadera investigación del paradero de Rosendo y los más de cuatrocientos cincuenta (450) Detenidos Desaparecidos de Atoyac.

El actual gobierno de Felipe Calderón, es cómplice de los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos por los gobiernos anteriores.

Rosendo Radilla Pacheco, ha logrado, aun detenido desaparecido, cambios muy importantes en las leyes mexicanas.

Rosendo Radilla Pacheco y los más de 810 detenidos desaparecidos son los constructores de la democracia insípida que hoy disfrutamos millones de mexicanos y que poco a poco nos van intentando quitar.

Rosendo Radilla Pacheco, vive en los ideales democráticos de todo el pueblo de México.

Sin más por el momento

FRATERNALMENTE

JULIO MATA MONTIEL
Secretario Ejecutivo de AFADEM
y vocal de comunicaciones de FEDEFAM


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Rosendo Justicia

Rosendo Justicia

Donde estés sigues luchando
Proteges al pueblo
Le sigues cantando coplas
Corridos de la lucha
Y tu voz y tu música
Se convierte en nuevas leyes
Las que tendremos que defender

Tal vez, tú no conoces a Felipe Calderón
O a Blake Mora o a Federico Gómez Mont
Ni mucho menos a Maricela Morales.
Pero ellos representan a las instituciones responsables.
Tampoco al Secretario de la Defensa o al director del CISEN actual,
A los asesores norteamericanos de la CIA la DEA,
Todos ellos responsables actuales de que no podamos encontrarte.

Tu desaparición ha hecho que aparezcan nuevas leyes,
Leyes de esperanza, borradas por una realidad.
Tampoco conoces a los más de 10 mil desaparecidos de este sexenio luctuoso
Ni tampoco conoces a los más de 50 mil ejecutados en el sexenio luctuoso
Pero la responsabilidad de luchar por ellos, nos toca a nosotros
Con tu ejemplo, nuestra lucha.

Escribe, coplas, nuevos corridos de todos los desaparecidos,
De los ejecutados en esta guerra absurda, de los daños colaterales,
Rosendo, gracias por tu familia que lucha y lucha
Que sigue caminando contigo
Y que con modestia, han contribuido
A que el Gobierno de México se sentara en el banquillo de los acusados
Y ha sido condenado internacionalmente
Los gobernantes y autoridades de ayer son culpables
Los de hoy son culpables y su complicidad
es la continuidad la historia entre la guerra sucia
y la impunidad del presente.

Tampoco conoces a los poetas y los familiares de las víctimas
Las que caminan y marchan como ríos humanos de lágrimas y dolor
De esperanza y coraje que caminan por la paz con justicia y dignidad,
Pero ellos son parte vida de tu vida y de lucha, de tu canto y palabra
Son palabra que se honra en la acción.

A 37 años de tu detención desaparición y dos años de la Sentencia, el Gobierno de Calderón, los tres poderes de la unión y los tres órdenes de Gobierno, son responsables de que sigas desaparecido, ningún responsable ha dicho nada de lo que sabe al respecto y siguen cavando a ciegas para sepultar las esperanzas de justicia.


--
Dr. Adrián Ramírez López
Presidente

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Participará el INAH en la tercera ronda de búsqueda de los restos de Rosendo Radilla

Encuentran expertos 18 “anomalías”; propuesta de la PGR ante presión de la CIDH

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 17

La búsqueda de los restos del activista Rosendo Radilla Pacheco –desaparecido en 1974– en lo que fuera el cuartel militar 27 de Atoyac de Álvarez, Guerrero, se ampliará, ya que expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Procuraduría General de la República (PGR) hallaron “diversas anomalías” en los resultados de la reciente diligencia de prospección en la zona.

La PGR dio a conocer en un comunicado que estas anomalías no necesariamente revelan que en el subsuelo del lugar haya osamentas, sino que pudieran ser fallas geológicas, rocas, madrigueras de roedores, cimientos, manpostería enterrada, acumulación de raíces u otros depósitos.

Esta situación se presenta días antes de que el gobierno mexicano rinda un nuevo informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Radilla, en el cual el organismo internacional encontró responsable al Estado mexicano de vulnerar los derechos del activista y sus familiares y decretó que en el periodo de la guerra sucia existieron desapariciones forzosas sistemáticas en las que participaron elementos del Ejército Mexicano.

Ante las 18 “anomalías” encontradas, la dependencia federal propuso a los deudos de la víctima y a sus representantes legales de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) iniciar una tercera etapa de excavación en las tres zonas donde se ha buscado, con métodos de excavación minuciosos e instrumental de alta precisión con el propósito de confirmar o desechar la presencia de restos óseos en la región. Estas diligencias se realizarían entre octubre y noviembre próximos.

Al respecto, Sergio Méndez Silva, director del área de defensa de la CMDPDH, indicó en entrevista que pese a la reciente exploración del subsuelo donde presuntamente pueden hallarse los restos de Radilla Pacheco y otras personas de este municipio, en el que más desapariciones forzadas se presentaron durante la llamada guerra sucia, no se pudo definir la posibilidad de que cuerpos estén enterrados en ese lugar.

Aseveró que ésta será la primera vez que el gobierno mexicano, con el apoyo del INAH, realice una excavación con herramientas de alta precisión a fin de que, en caso de encontrarse, las osamentas se analicen científicamente para conocer su identidad.

“Esto demuestra la importancia de que exista una ley de víctimas que, entre otras cosas, establezca la existencia de un equipo de expertos mexicanos en tecnología forense que realice este tipo de búsquedas con estándares internacionales”, refirió el abogado.

Subrayó que si bien se trata de un avance en el proceso para encontrar los restos de Radilla, la PGR da a conocer esta noticia ante la inminencia de que la CIDH exiga a México que rinda un segundo informe, a finales de este mes, sobre el caso. Pues con el primero, que se presentó en mayo, la Corte advirtió que el gobierno federal no había cumplido totalmente con su sentencia, salvo en la publicación de la misma en medios de circulación nacional y en el Diario Oficial de la Federación. “Creo que a la administración federal le urge presentar algo más o menos aceptable”. Y agregó que las investigaciones para sancionar a los responsables militares y civiles –incluido el ex presidente Luis Echeverría– continúan siendo deficientes.

Esperan el fin de las lluvias

En su comunicado, la PGR señaló que Jorge Arturo Talavera González, experto en antropología forense del INAH, expuso la necesidad de realizar una nueva excavación. Debido a que en el terreno se localizó un manto freático que eleva su nivel en época de lluvias, “los expertos en antropología física destacaron la importancia de que las excavaciones deban ser practicadas en época de seca para obtener resultados óptimos, certeros y objetivos de acuerdo con los estándares internacionales previstos en el protocolo modelo para la búsqueda de personas desaparecidas por muertes sospechosas, por graves violaciones a los derechos humanos”, señaló la dependencia.

La PGR informó que estas acciones se realizan en cumplimiento a la sentencia de la CIDH por el caso Radilla.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Compañer@s de ROGAZ mantienen plantón en las instalaciones de Fonatur, S.A. de C.V. en Zihuatanejo.

LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE ROGAZ SE ENCUENTRAN EN PLANTON EN LAS INSTALACIONES DE FONATUR S.A. DE C.V. Y EL FRENTE DE MASAS SE ENCUENTRA EN ALERTA

El día de hoy 25 de agosto a las 5 de la mañana, mas de 700 personas miembros de organizaciones de pescadores, comerciantes, ambientalistas, entre otros, arribaron a las instalaciones de Fonatur S.A. de C.V., con la intención de cerrar esta empresa que tiene concesionada la explotación y administración de las bahías de Zihuatanejo y Barra de de Potosí en Petatlán. lo cual había sido negado por el Gobierno del Estado. Sin embargo ya los esperaban policías ESTATALES fuertemente armados. Aún así los compañeros se mantienen en plantón indefinido. Alertamos a la opinión pública de cualquier agresión que puedan sufrir nuestros compañeros que se encuentran a un metro de la valla formada por la policía y exigimos solución inmediata a su demanda de que sea cancelada dicha concesión, ya que los compañeros son parte del frente y desde la entrega del Plan de Atención inmediata a las Demandas, este problema le fue planteado al gobernador el 4 de julio del año en curso, quien negó que existiera tal concesión, se ha puesto en la mesa de discusión con el Secretario de Gobierno que no ha querido discutir el tema ni con el frente ni con la representante de Rogaz y ahora protegen a la empresa con su polícia estatal.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Entrevista de Carmen Aristegui a Kerry Kennedy y Abel Barrera

Entrevista de Carmen Aristegui a Kerry Kennedy, Presidenta del "Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy" y Abel Barrera, Director del "Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan". Transmitido por CNN en Español el 5 de Agosto de 2011




¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

El “genocidio cultural” en Guerrero

Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 36

Carta de Kerry Kennedy a sus hijas, al regresar de Guerrero

Queridas Cara, Mariah y Michaela:

Pasé la semana anterior en México con Abel Hernández Becerra, ganador del premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, y su equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, visitando comunidades indígenas de la región de la Montaña, en Guerrero, la zona más pobre del estado más pobre del país.

Ser indígena en Guerrero es como era ser afroestadunidense en Misisipi hace 50 años. La gente apenas subsiste en la miseria, y el hambre es rampante. El racismo tiene una historia larga y perversa y continúa arraigado en el presente. Quienes se atreven a decir la verdad a los que tienen el poder son amenazados, encarcelados, torturados, desaparecidos, violados y asesinados con absoluta impunidad.

Abel y su equipo en Tlachinollan son los líderes de los derechos civiles de nuestros tiempos. Arman a las comunidades con las herramientas del activismo, dan seguimiento a los abusos, confrontan a los perpetradores y siguen adelante pese a constantes amenazas de muerte. Son consejeros legales, abogados en juicios, organizadores de la comunidad, activistas ambientales. El personal de Tlachinollan trabaja con grupos activistas indígenas y campesinos, y propugna un mejor acceso a representación legal, atención a la salud, vivienda, educación, agua entubada, energía eléctrica y otros servicios.

La violencia en aumento relacionada con los recientes esfuerzos del gobierno de México por combatir el narcotráfico condujo a Abel a condenar la militarización excesiva y denunciar abusos. A su vez, él y su equipo han soportado cada vez más amenazas y violencia.

Hablé con Inés, mujer que fue violada por militares mientras dos soldados vigilaban. Con todo en contra, tuvo el valor de denunciar y llevar adelante la acusación contra los perpetradores. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que su caso debía ser transferido de la jurisdicción militar a la civil.

Apenas el mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de México sostuvo el principio de que los casos de abusos de militares contra civiles deben ser transferidos a tribunales civiles. En respuesta, el Ejército Mexicano emitió un comunicado conjunto con la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República (PGR), en el que rebajaba la opinión del más alto tribunal del país a mero “criterio de orientación”. Al no adoptar ninguna acción la procuraduría, el caso se mantiene en la jurisdicción militar, donde ha languidecido durante largos nueve años. (Apenas esta semana, Inés fue informada de que su caso por fin ha sido transferido a la jurisdicción civil. Ahora corresponde a la PGR lograr que los violadores sean llevados ante la justicia.)

Conocí a dos mujeres cuyos esposos, Raúl y Manuel, presidente y vicepresidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, fueron asesinados luego que denunciaron abusos y crímenes contra la naturaleza cometidos por militares. Esas viudas se preguntan cómo darán de comer a sus hijos. Unos vecinos dieron a una de ellas cinco costales de maíz, con lo cual es difícil que subsistan: necesitarían 2 mil 200 dólares, cifra imposible de reunir en su comunidad, para construir una casa en un lugar donde pudieran conseguir empleo.

Conocí a otro organizador comunitario y abogado por los derechos humanos, quien me dijo que recibió ocho balazos por tratar de que se fincaran responsabilidades por narcotráfico y robo a un miembro de la elite del poder local.

Dos líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM), marido y mujer, se ocultan a causa de las constantes amenazas de muerte que han recibido por demandar castigo a abusos militares.

Quienes se atreven a demandar derechos básicos están en el mayor riesgo. Su valentía hace eco a John Lewis, Rosa Parks y Martin Luther King Jr., defensores y organizadores de Estados Unidos que también pusieron su vida al servicio de los demás. Como esos defensores, los líderes de los grupos indígenas son señalados y atacados.

A la vista de estos ataques, es asombroso el nivel de conformidad con la injusticia que muestran quienes tienen autoridad. En el poblado de Ayutla encontré a un defensor que pasó dos años en prisión por un crimen que no cometió, y fue liberado cuando su impugnador admitió que había fabricado la acusación contra 15 miembros de la OPIM. Pregunté al procurador estatal por qué no retiró los cargos contra tres hombres que aún tenían orden de detención por la misma denuncia falsa. Su falta de interés por la justicia elemental era asombrosa. “Ah, no se preocupe”, me dijo. “No pasarán más de 72 horas en prisión”.

Me alegré cuando el recién electo gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, prometió atender todas las demandas que hicimos, pero nuestro optimismo no duró mucho. Recordé al gobernador que la oficina de Tlachinollan en Ayutla, cerrada durante dos años luego del asesinato de dos defensores locales de los derechos humanos, fue reabierta en junio sólo con la promesa de que el gobernador ofrecería seguridad. Sin embargo, los policías asignados a la oficina se presentaron sólo cuatro días y desde entonces no han vuelto. “¡Esta tarde estarán allá!”, proclamó. Cuando nos fuimos, cinco días después, no había policías a la vista. (Una buena noticia: luego de que el relato de ese encuentro apareció en la prensa nacional, el sábado en la mañana, dos policías aparecieron en la oficina, y siguen asignados a ella desde entonces.)

Inés quería encontrarse cara a cara con el gobernador. “Cómo no”, me dijo él; “yo seré el anfitrión, pediré que vengan las autoridades federales, y también estará Tlachinollan” para asegurar que todos estuvieran de acuerdo en los siguientes pasos a dar en el caso de ella. Cuando Abel llamó para concertar la cita, el secretario del gobernador explicó que éste tenía muchas ocupaciones, pero que él se reuniría con ellos.

Toda esta violencia, duplicidad e impunidad ocurren en el contexto de la horripilante pobreza y marginación de la población indígena en el México rural. En buena parte de la región de la Montaña, como en muchas comunidades indígenas en todo Guerrero, el acceso a los servicios básicos es casi inexistente.

Un hombre al que conocí salió de su casa a la una de la mañana para bajar de la montaña con su esposa y su hijo de dos años, con el fin de llegar a las 8 a la farmacia más cercana para comprar medicina contra la disentería. La farmacia estaba cerrada.

A una comunidad le dijeron que los alumnos tenían que llevar a la escuela sus propias sillas y pupitres, comprar un escritorio para el maestro y pagarle su salario, aunque se supone que el gobierno tiene que proporcionar todo eso. Cuando la comunidad logró satisfacer los requisitos, en vez de enviar un profesor, el gobierno mandó un estudiante de tiempo parcial que también debía hacerse cargo del mantenimiento.

Para esos niños indígenas no hay libros que les enseñen su lengua nativa, sus tradiciones y su historia, o que muestren a un solo indígena en un papel de modelo a seguir. Las clases se dan en español, y a menudo se hace que los alumnos se avergüencen de su entorno indígena, de su lengua y sus raíces. Como señala Abel, en un contexto de tan extendida pobreza, ese trato equivale a un “genocidio cultural”.

En la parte del estado de Nueva York, donde vivimos, un camino de terracería se considera pintoresco, y allí los precios de los bienes raíces son mucho más altos que los de los que están en caminos pavimentados. Pero la brecha que tomamos de Metlatónoc a Xalpatláhuac nada tiene de pintoresca. Es un camino de un solo carril, de dos kilómetros de largo, y nos llevó una hora completa sortear baches del tamaño de una tina de baño, jorobas elefantinas y lodazales. Las comunidades donde no hay carretera pavimentada tienen escaso acceso a víveres, medicinas, ropa, empleos o materiales de construcción, y llegan a estar aisladas durante meses en la temporada de lluvias. Uno de los momentos más terribles del viaje fue cuando nuestra caravana recibió parte de un deslave, en el que arena y piedras se desprendieron de las muy deforestadas montañas y golpearon como municiones nuestro vehículo.

En Xalpatláhuac, el padre Mario reunió a unos 70 y tantos catequistas que esperaron tres horas nuestra llegada, mientras nos retrasaban las brechas y lodazales. No perdieron el tiempo: cuando llegamos ya tenían una lista de asuntos a tratar con la delegación. El padre Mario describió cada tema, y luego dos o tres miembros de la delegación se pusieron de pie y hablaron de las experiencias y desafíos de su vida cotidiana. Varias personas relataron cómo una casa de la ciudad de México paga menos de 100 pesos mensuales por la electricidad, mientras esa misma casa en las montañas, con tres focos, llega a pagar varios cientos de pesos. Una mujer narró que había comenzado a coser ropa para obtener ingresos, pero el consumo de energía de la máquina de coser era más alto de lo que ganaba con las prendas que cosía.

Muchos otros hablaron de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno en tierras consideradas sagradas por los indígenas, sin que se consultara con las comunidades y mucho menos se les pidiera permiso o se hicieran planes para compartir ganancias con ellas. La degradación ambiental es una preocupación importante.

Otros más hablaron de que se han perdido comunidades enteras a la migración, ya sea dentro de México, hacia los campos agrícolas del norte o hacia Tlapa York, conocida también como Manhattan y Queens, donde muchas familias indígenas de Guerrero se han visto obligadas a buscar trabajo. Las viudas de la migración son abandonadas a su suerte junto con sus hijos. Las comunidades se parten en dos. En los campos, las condiciones son aún más horrendas que en los poblados, pues hombres y mujeres indígenas quedan como sirvientes de sus patrones, y las familias enfrentan robo de salarios, trabajo infantil y asalto sexual.

En este contexto luchan Abel y su equipo todos los días. Aunque parezca increíble, no recuerdo haber encontrado un grupo más alegre de amigos. Trabajan duro, ríen con facilidad y tienen confianza absoluta unos en otros. Es algo asombroso de ver, y un verdadero tributo al espíritu humano. Cuando le pregunté a Abel qué lo sostiene, habló del espíritu de la comunidad que él y sus colegas han aprendido de los pueblos indígenas de la Montaña, los cuales comparten todo lo que tienen y viven en beneficio de las comunidades, sus ríos, sus bosques, sus montes. Las palabras en el muro de Tlachinollan resuenan con verdad: “La Montaña florecerá cuando la justicia habite entre los pueblos me’phaa, na savi, nahuas, nn’anncue y mestizos”.

Cara, Mariah y Michaela, recuerden, por encima de todo, que nuestras vidas son más hermosas cuando la amistad está presente entre nosotros. Éste es el verdadero espíritu detrás de la justicia genuina: que nos interesemos lo suficiente por los demás para procurar que los traten con dignidad, como nosotros queremos ser tratados. Tenemos nuevos amigos en Abel y Tlachinollan, y no veo la hora de compartir esta amistad con ustedes.

Todo mi amor, mamá.

Traducción: Jorge Anaya


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comité Cerezo México: 10 años de luchar desde los DH por la Verdad, la Justicia y la Memoria.

México DF a 13 de agosto de 2011

El trece de agosto de 2001 fueron detenidos y torturados en México Distrito Federal Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y Pablo Alvarado Flores. Los tres primeros estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el último indígena vendedor en mercados ambulantes.

Con estas detenciones que se llevaron a cabo sin orden de aprehensión e infligiendo tortura contra los detenidos, el gobierno de Vicente Fox pretendía resolver el caso de diferentes explosiones en bancos de la Ciudad de México, que habían sucedido cinco días antes. Sin embargo, en realidad, con dichas detenciones sólo le dio continuidad a su política de violación a los derechos humanos que cobró otras víctimas, entre ellas Digna Ochoa y Plácido, abogada que defendió a los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado, quien fue asesinada el 19 de octubre de 2001.

En aquél año pocas organizaciones creyeron que el caso de los hermanos Cerezo Contreras y el señor Pablo Alvarado sería un caso más de violación a los derechos humanos entre los muchos otros –y de mayor gravedad- que ocurrían en aquel entonces.
La gran mayoría quería creer que la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del 2000 por la presidencia cambiaría las cosas en materia de derechos humanos, pues el Partido Acción Nacional (PAN) y Vicente Fox llegaban a la presidencia con un discurso en el cual se expresaba la voluntad de garantizar el respeto a los derechos humanos e incluso de investigar las violaciones y castigar a los responsables.

Diez años de gobierno del PAN: seis años a cargo de Vicente Fox y cuatro y medio al mando de Felipe Calderón se han encargado de demostrar que el caso de violación a los derechos humanos que dio origen a nuestra organización es sólo uno de una larga -muy larga ya- cadena de graves violaciones a los derechos humanos en el país; que nuestro caso no fue ni es un caso aislado y que esa larga cadena de violaciones a los derechos humanos nos da elementos para pensar que son producto de una política sistemática del Estado mexicano.

Afirmamos que dicha política emana del Estado mexicano porque los gobiernos del PRI actuaron con la misma política de represión por motivos políticos y de control social, con sus particularidades y formas específicas por supuesto, pero que también arrojó víctimas de ejecución extrajudicial, masacres, desapariciones forzadas, tortura y amenazas: la masacre del 2 de octubre de 1968, la del 10 de junio de 1971, la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, la de Acteal, Chiapas en 1997, la del Charco, Guerrero en 1998 etcétera.

Es verdad que en la actualidad la doctrina de “seguridad democrática” haya cobrado más víctimas (es probable que en ningún sexenio priísta haya habido más de 50 mil muertos), también es cierto que la participación de las fuerzas armadas es mayor; que tenemos leyes como la Ley federal contra la delincuencia organizada que viola “legalmente” los derechos humanos de los detenidos o procesados por ese delito, es evidente; que la supuesta práctica extinta de la desaparición forzada ha vuelto con más fuerza, es triste, pero es una realidad. Sin embargo, pensar que ésta es una razón para desear que el PRI regrese al poder es negarse a ver que la mayoría de los mecanismos legales e ilegales de represión política y de control social se comenzaron a establecer con este partido, y que el PAN tan sólo les dio continuidad, los amplió y los adecuó, incluso perfeccionó algunos para imponer a la mayoría de la sociedad los intereses económicos y políticos que ambos (PRI y PAN junto con otros partidos) en esencia defienden en este momento.

Hace diez años no imaginábamos que tendríamos que defender los derechos humanos en un contexto de creciente violencia del Estado y de creciente miseria económica en la gran mayoría de la sociedad; de hecho hace diez años no conocíamos la herramienta de los derechos humanos ni comprendíamos la importancia de la documentación; fue la necesidad la que creó y forjó nuestra organización, ha sido la solidaridad y el trabajo constante la que nos ha permitido mantenernos acompañando diferentes luchas de nuestro pueblo, pero también debemos decir que diez años de luchar desde los derechos humanos nos han enseñado que si bien éstos son una herramienta más que tienen los pueblos para luchar, no es la única.

Nuestro pueblo es sabio y ha creado y utilizado otras herramientas de lucha como la movilización, la difusión, la educación popular y otras más.

Estamos convencidos que en una realidad tan adversa, los defensores y las organizaciones de derechos humanos no podremos realizar con eficacia nuestro trabajo si nos desligamos del movimiento social y si no combinamos nuestras capacidades, conocimientos y experiencia con otros, en aras de alcanzar un objetivo común: superar las causas económicas, políticas y sociales que originan las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos de la gran mayoría de la población.

Sabemos, por experiencia, que el Estado mexicano y sus gobiernos siempre han argumentado no ser los responsables del origen de las causas que dan pie a las graves violaciones de los derechos humanos; sabemos que negarán hasta el cansancio la aplicación de una estrategia de represión política y de control social que se fundamenta en la violación sistemática de los derechos humanos; sabemos que pretenderán engañar a la sociedad y mentir sobre su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y dividir al movimiento social, por ello aceptarán ciertas reformas legales o responsabilidades en casos concretos, con el objetivo de disminuir la presión en su contra; pero también sabemos que si documentamos las violaciones de una manera correcta y si el movimiento social se une, podremos demostrar que mienten, que pretenden engañarnos y, sobre todo, que pretenden que en el fondo toda esta realidad injusta siga igual.

Para terminar, agradecemos profundamente la solidaridad y el cariño de muchas personas y de muchas organizaciones que han hecho posible que nuestro Comité de Derechos Humanos cumpla diez años de existencia y de trabajo, a ellos y a nuestro pueblo, víctima cotidiana de la violación a sus derechos, nos debemos, por ellos seguiremos en el esfuerzo de permanecer congruentes en la lucha que elegimos dar.

A diez años de existencia el Comité Cerezo México, organización de derechos humanos refrenda su compromiso de acompañar las luchas de nuestro pueblo en la búsqueda de condiciones de vida digna; refrenda su compromiso con la lucha por la libertad de todos y cada uno de los presos políticos y de conciencia, y reitera que el único responsable de cualquier atentado en contra de la integridad física, psicológica o en los bienes materiales de cualquier integrante de nuestra organización es el Estado mexicano a través de sus instituciones y personas involucradas en los hechos.


¡Por qué ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista!

¡Presos hoy, libres siempre!

¡Alto a la guerra contra el pueblo!


Comité Cerezo México

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!