Compañer@s de ROGAZ mantienen plantón en las instalaciones de Fonatur, S.A. de C.V. en Zihuatanejo.

LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE ROGAZ SE ENCUENTRAN EN PLANTON EN LAS INSTALACIONES DE FONATUR S.A. DE C.V. Y EL FRENTE DE MASAS SE ENCUENTRA EN ALERTA

El día de hoy 25 de agosto a las 5 de la mañana, mas de 700 personas miembros de organizaciones de pescadores, comerciantes, ambientalistas, entre otros, arribaron a las instalaciones de Fonatur S.A. de C.V., con la intención de cerrar esta empresa que tiene concesionada la explotación y administración de las bahías de Zihuatanejo y Barra de de Potosí en Petatlán. lo cual había sido negado por el Gobierno del Estado. Sin embargo ya los esperaban policías ESTATALES fuertemente armados. Aún así los compañeros se mantienen en plantón indefinido. Alertamos a la opinión pública de cualquier agresión que puedan sufrir nuestros compañeros que se encuentran a un metro de la valla formada por la policía y exigimos solución inmediata a su demanda de que sea cancelada dicha concesión, ya que los compañeros son parte del frente y desde la entrega del Plan de Atención inmediata a las Demandas, este problema le fue planteado al gobernador el 4 de julio del año en curso, quien negó que existiera tal concesión, se ha puesto en la mesa de discusión con el Secretario de Gobierno que no ha querido discutir el tema ni con el frente ni con la representante de Rogaz y ahora protegen a la empresa con su polícia estatal.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Entrevista de Carmen Aristegui a Kerry Kennedy y Abel Barrera

Entrevista de Carmen Aristegui a Kerry Kennedy, Presidenta del "Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy" y Abel Barrera, Director del "Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan". Transmitido por CNN en Español el 5 de Agosto de 2011




¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

El “genocidio cultural” en Guerrero

Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 36

Carta de Kerry Kennedy a sus hijas, al regresar de Guerrero

Queridas Cara, Mariah y Michaela:

Pasé la semana anterior en México con Abel Hernández Becerra, ganador del premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, y su equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, visitando comunidades indígenas de la región de la Montaña, en Guerrero, la zona más pobre del estado más pobre del país.

Ser indígena en Guerrero es como era ser afroestadunidense en Misisipi hace 50 años. La gente apenas subsiste en la miseria, y el hambre es rampante. El racismo tiene una historia larga y perversa y continúa arraigado en el presente. Quienes se atreven a decir la verdad a los que tienen el poder son amenazados, encarcelados, torturados, desaparecidos, violados y asesinados con absoluta impunidad.

Abel y su equipo en Tlachinollan son los líderes de los derechos civiles de nuestros tiempos. Arman a las comunidades con las herramientas del activismo, dan seguimiento a los abusos, confrontan a los perpetradores y siguen adelante pese a constantes amenazas de muerte. Son consejeros legales, abogados en juicios, organizadores de la comunidad, activistas ambientales. El personal de Tlachinollan trabaja con grupos activistas indígenas y campesinos, y propugna un mejor acceso a representación legal, atención a la salud, vivienda, educación, agua entubada, energía eléctrica y otros servicios.

La violencia en aumento relacionada con los recientes esfuerzos del gobierno de México por combatir el narcotráfico condujo a Abel a condenar la militarización excesiva y denunciar abusos. A su vez, él y su equipo han soportado cada vez más amenazas y violencia.

Hablé con Inés, mujer que fue violada por militares mientras dos soldados vigilaban. Con todo en contra, tuvo el valor de denunciar y llevar adelante la acusación contra los perpetradores. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que su caso debía ser transferido de la jurisdicción militar a la civil.

Apenas el mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de México sostuvo el principio de que los casos de abusos de militares contra civiles deben ser transferidos a tribunales civiles. En respuesta, el Ejército Mexicano emitió un comunicado conjunto con la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República (PGR), en el que rebajaba la opinión del más alto tribunal del país a mero “criterio de orientación”. Al no adoptar ninguna acción la procuraduría, el caso se mantiene en la jurisdicción militar, donde ha languidecido durante largos nueve años. (Apenas esta semana, Inés fue informada de que su caso por fin ha sido transferido a la jurisdicción civil. Ahora corresponde a la PGR lograr que los violadores sean llevados ante la justicia.)

Conocí a dos mujeres cuyos esposos, Raúl y Manuel, presidente y vicepresidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, fueron asesinados luego que denunciaron abusos y crímenes contra la naturaleza cometidos por militares. Esas viudas se preguntan cómo darán de comer a sus hijos. Unos vecinos dieron a una de ellas cinco costales de maíz, con lo cual es difícil que subsistan: necesitarían 2 mil 200 dólares, cifra imposible de reunir en su comunidad, para construir una casa en un lugar donde pudieran conseguir empleo.

Conocí a otro organizador comunitario y abogado por los derechos humanos, quien me dijo que recibió ocho balazos por tratar de que se fincaran responsabilidades por narcotráfico y robo a un miembro de la elite del poder local.

Dos líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM), marido y mujer, se ocultan a causa de las constantes amenazas de muerte que han recibido por demandar castigo a abusos militares.

Quienes se atreven a demandar derechos básicos están en el mayor riesgo. Su valentía hace eco a John Lewis, Rosa Parks y Martin Luther King Jr., defensores y organizadores de Estados Unidos que también pusieron su vida al servicio de los demás. Como esos defensores, los líderes de los grupos indígenas son señalados y atacados.

A la vista de estos ataques, es asombroso el nivel de conformidad con la injusticia que muestran quienes tienen autoridad. En el poblado de Ayutla encontré a un defensor que pasó dos años en prisión por un crimen que no cometió, y fue liberado cuando su impugnador admitió que había fabricado la acusación contra 15 miembros de la OPIM. Pregunté al procurador estatal por qué no retiró los cargos contra tres hombres que aún tenían orden de detención por la misma denuncia falsa. Su falta de interés por la justicia elemental era asombrosa. “Ah, no se preocupe”, me dijo. “No pasarán más de 72 horas en prisión”.

Me alegré cuando el recién electo gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, prometió atender todas las demandas que hicimos, pero nuestro optimismo no duró mucho. Recordé al gobernador que la oficina de Tlachinollan en Ayutla, cerrada durante dos años luego del asesinato de dos defensores locales de los derechos humanos, fue reabierta en junio sólo con la promesa de que el gobernador ofrecería seguridad. Sin embargo, los policías asignados a la oficina se presentaron sólo cuatro días y desde entonces no han vuelto. “¡Esta tarde estarán allá!”, proclamó. Cuando nos fuimos, cinco días después, no había policías a la vista. (Una buena noticia: luego de que el relato de ese encuentro apareció en la prensa nacional, el sábado en la mañana, dos policías aparecieron en la oficina, y siguen asignados a ella desde entonces.)

Inés quería encontrarse cara a cara con el gobernador. “Cómo no”, me dijo él; “yo seré el anfitrión, pediré que vengan las autoridades federales, y también estará Tlachinollan” para asegurar que todos estuvieran de acuerdo en los siguientes pasos a dar en el caso de ella. Cuando Abel llamó para concertar la cita, el secretario del gobernador explicó que éste tenía muchas ocupaciones, pero que él se reuniría con ellos.

Toda esta violencia, duplicidad e impunidad ocurren en el contexto de la horripilante pobreza y marginación de la población indígena en el México rural. En buena parte de la región de la Montaña, como en muchas comunidades indígenas en todo Guerrero, el acceso a los servicios básicos es casi inexistente.

Un hombre al que conocí salió de su casa a la una de la mañana para bajar de la montaña con su esposa y su hijo de dos años, con el fin de llegar a las 8 a la farmacia más cercana para comprar medicina contra la disentería. La farmacia estaba cerrada.

A una comunidad le dijeron que los alumnos tenían que llevar a la escuela sus propias sillas y pupitres, comprar un escritorio para el maestro y pagarle su salario, aunque se supone que el gobierno tiene que proporcionar todo eso. Cuando la comunidad logró satisfacer los requisitos, en vez de enviar un profesor, el gobierno mandó un estudiante de tiempo parcial que también debía hacerse cargo del mantenimiento.

Para esos niños indígenas no hay libros que les enseñen su lengua nativa, sus tradiciones y su historia, o que muestren a un solo indígena en un papel de modelo a seguir. Las clases se dan en español, y a menudo se hace que los alumnos se avergüencen de su entorno indígena, de su lengua y sus raíces. Como señala Abel, en un contexto de tan extendida pobreza, ese trato equivale a un “genocidio cultural”.

En la parte del estado de Nueva York, donde vivimos, un camino de terracería se considera pintoresco, y allí los precios de los bienes raíces son mucho más altos que los de los que están en caminos pavimentados. Pero la brecha que tomamos de Metlatónoc a Xalpatláhuac nada tiene de pintoresca. Es un camino de un solo carril, de dos kilómetros de largo, y nos llevó una hora completa sortear baches del tamaño de una tina de baño, jorobas elefantinas y lodazales. Las comunidades donde no hay carretera pavimentada tienen escaso acceso a víveres, medicinas, ropa, empleos o materiales de construcción, y llegan a estar aisladas durante meses en la temporada de lluvias. Uno de los momentos más terribles del viaje fue cuando nuestra caravana recibió parte de un deslave, en el que arena y piedras se desprendieron de las muy deforestadas montañas y golpearon como municiones nuestro vehículo.

En Xalpatláhuac, el padre Mario reunió a unos 70 y tantos catequistas que esperaron tres horas nuestra llegada, mientras nos retrasaban las brechas y lodazales. No perdieron el tiempo: cuando llegamos ya tenían una lista de asuntos a tratar con la delegación. El padre Mario describió cada tema, y luego dos o tres miembros de la delegación se pusieron de pie y hablaron de las experiencias y desafíos de su vida cotidiana. Varias personas relataron cómo una casa de la ciudad de México paga menos de 100 pesos mensuales por la electricidad, mientras esa misma casa en las montañas, con tres focos, llega a pagar varios cientos de pesos. Una mujer narró que había comenzado a coser ropa para obtener ingresos, pero el consumo de energía de la máquina de coser era más alto de lo que ganaba con las prendas que cosía.

Muchos otros hablaron de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno en tierras consideradas sagradas por los indígenas, sin que se consultara con las comunidades y mucho menos se les pidiera permiso o se hicieran planes para compartir ganancias con ellas. La degradación ambiental es una preocupación importante.

Otros más hablaron de que se han perdido comunidades enteras a la migración, ya sea dentro de México, hacia los campos agrícolas del norte o hacia Tlapa York, conocida también como Manhattan y Queens, donde muchas familias indígenas de Guerrero se han visto obligadas a buscar trabajo. Las viudas de la migración son abandonadas a su suerte junto con sus hijos. Las comunidades se parten en dos. En los campos, las condiciones son aún más horrendas que en los poblados, pues hombres y mujeres indígenas quedan como sirvientes de sus patrones, y las familias enfrentan robo de salarios, trabajo infantil y asalto sexual.

En este contexto luchan Abel y su equipo todos los días. Aunque parezca increíble, no recuerdo haber encontrado un grupo más alegre de amigos. Trabajan duro, ríen con facilidad y tienen confianza absoluta unos en otros. Es algo asombroso de ver, y un verdadero tributo al espíritu humano. Cuando le pregunté a Abel qué lo sostiene, habló del espíritu de la comunidad que él y sus colegas han aprendido de los pueblos indígenas de la Montaña, los cuales comparten todo lo que tienen y viven en beneficio de las comunidades, sus ríos, sus bosques, sus montes. Las palabras en el muro de Tlachinollan resuenan con verdad: “La Montaña florecerá cuando la justicia habite entre los pueblos me’phaa, na savi, nahuas, nn’anncue y mestizos”.

Cara, Mariah y Michaela, recuerden, por encima de todo, que nuestras vidas son más hermosas cuando la amistad está presente entre nosotros. Éste es el verdadero espíritu detrás de la justicia genuina: que nos interesemos lo suficiente por los demás para procurar que los traten con dignidad, como nosotros queremos ser tratados. Tenemos nuevos amigos en Abel y Tlachinollan, y no veo la hora de compartir esta amistad con ustedes.

Todo mi amor, mamá.

Traducción: Jorge Anaya


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Comité Cerezo México: 10 años de luchar desde los DH por la Verdad, la Justicia y la Memoria.

México DF a 13 de agosto de 2011

El trece de agosto de 2001 fueron detenidos y torturados en México Distrito Federal Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y Pablo Alvarado Flores. Los tres primeros estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el último indígena vendedor en mercados ambulantes.

Con estas detenciones que se llevaron a cabo sin orden de aprehensión e infligiendo tortura contra los detenidos, el gobierno de Vicente Fox pretendía resolver el caso de diferentes explosiones en bancos de la Ciudad de México, que habían sucedido cinco días antes. Sin embargo, en realidad, con dichas detenciones sólo le dio continuidad a su política de violación a los derechos humanos que cobró otras víctimas, entre ellas Digna Ochoa y Plácido, abogada que defendió a los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado, quien fue asesinada el 19 de octubre de 2001.

En aquél año pocas organizaciones creyeron que el caso de los hermanos Cerezo Contreras y el señor Pablo Alvarado sería un caso más de violación a los derechos humanos entre los muchos otros –y de mayor gravedad- que ocurrían en aquel entonces.
La gran mayoría quería creer que la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del 2000 por la presidencia cambiaría las cosas en materia de derechos humanos, pues el Partido Acción Nacional (PAN) y Vicente Fox llegaban a la presidencia con un discurso en el cual se expresaba la voluntad de garantizar el respeto a los derechos humanos e incluso de investigar las violaciones y castigar a los responsables.

Diez años de gobierno del PAN: seis años a cargo de Vicente Fox y cuatro y medio al mando de Felipe Calderón se han encargado de demostrar que el caso de violación a los derechos humanos que dio origen a nuestra organización es sólo uno de una larga -muy larga ya- cadena de graves violaciones a los derechos humanos en el país; que nuestro caso no fue ni es un caso aislado y que esa larga cadena de violaciones a los derechos humanos nos da elementos para pensar que son producto de una política sistemática del Estado mexicano.

Afirmamos que dicha política emana del Estado mexicano porque los gobiernos del PRI actuaron con la misma política de represión por motivos políticos y de control social, con sus particularidades y formas específicas por supuesto, pero que también arrojó víctimas de ejecución extrajudicial, masacres, desapariciones forzadas, tortura y amenazas: la masacre del 2 de octubre de 1968, la del 10 de junio de 1971, la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, la de Acteal, Chiapas en 1997, la del Charco, Guerrero en 1998 etcétera.

Es verdad que en la actualidad la doctrina de “seguridad democrática” haya cobrado más víctimas (es probable que en ningún sexenio priísta haya habido más de 50 mil muertos), también es cierto que la participación de las fuerzas armadas es mayor; que tenemos leyes como la Ley federal contra la delincuencia organizada que viola “legalmente” los derechos humanos de los detenidos o procesados por ese delito, es evidente; que la supuesta práctica extinta de la desaparición forzada ha vuelto con más fuerza, es triste, pero es una realidad. Sin embargo, pensar que ésta es una razón para desear que el PRI regrese al poder es negarse a ver que la mayoría de los mecanismos legales e ilegales de represión política y de control social se comenzaron a establecer con este partido, y que el PAN tan sólo les dio continuidad, los amplió y los adecuó, incluso perfeccionó algunos para imponer a la mayoría de la sociedad los intereses económicos y políticos que ambos (PRI y PAN junto con otros partidos) en esencia defienden en este momento.

Hace diez años no imaginábamos que tendríamos que defender los derechos humanos en un contexto de creciente violencia del Estado y de creciente miseria económica en la gran mayoría de la sociedad; de hecho hace diez años no conocíamos la herramienta de los derechos humanos ni comprendíamos la importancia de la documentación; fue la necesidad la que creó y forjó nuestra organización, ha sido la solidaridad y el trabajo constante la que nos ha permitido mantenernos acompañando diferentes luchas de nuestro pueblo, pero también debemos decir que diez años de luchar desde los derechos humanos nos han enseñado que si bien éstos son una herramienta más que tienen los pueblos para luchar, no es la única.

Nuestro pueblo es sabio y ha creado y utilizado otras herramientas de lucha como la movilización, la difusión, la educación popular y otras más.

Estamos convencidos que en una realidad tan adversa, los defensores y las organizaciones de derechos humanos no podremos realizar con eficacia nuestro trabajo si nos desligamos del movimiento social y si no combinamos nuestras capacidades, conocimientos y experiencia con otros, en aras de alcanzar un objetivo común: superar las causas económicas, políticas y sociales que originan las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos de la gran mayoría de la población.

Sabemos, por experiencia, que el Estado mexicano y sus gobiernos siempre han argumentado no ser los responsables del origen de las causas que dan pie a las graves violaciones de los derechos humanos; sabemos que negarán hasta el cansancio la aplicación de una estrategia de represión política y de control social que se fundamenta en la violación sistemática de los derechos humanos; sabemos que pretenderán engañar a la sociedad y mentir sobre su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y dividir al movimiento social, por ello aceptarán ciertas reformas legales o responsabilidades en casos concretos, con el objetivo de disminuir la presión en su contra; pero también sabemos que si documentamos las violaciones de una manera correcta y si el movimiento social se une, podremos demostrar que mienten, que pretenden engañarnos y, sobre todo, que pretenden que en el fondo toda esta realidad injusta siga igual.

Para terminar, agradecemos profundamente la solidaridad y el cariño de muchas personas y de muchas organizaciones que han hecho posible que nuestro Comité de Derechos Humanos cumpla diez años de existencia y de trabajo, a ellos y a nuestro pueblo, víctima cotidiana de la violación a sus derechos, nos debemos, por ellos seguiremos en el esfuerzo de permanecer congruentes en la lucha que elegimos dar.

A diez años de existencia el Comité Cerezo México, organización de derechos humanos refrenda su compromiso de acompañar las luchas de nuestro pueblo en la búsqueda de condiciones de vida digna; refrenda su compromiso con la lucha por la libertad de todos y cada uno de los presos políticos y de conciencia, y reitera que el único responsable de cualquier atentado en contra de la integridad física, psicológica o en los bienes materiales de cualquier integrante de nuestra organización es el Estado mexicano a través de sus instituciones y personas involucradas en los hechos.


¡Por qué ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista!

¡Presos hoy, libres siempre!

¡Alto a la guerra contra el pueblo!


Comité Cerezo México

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Video de Al Jazzera sobre incursiones militares en la Sierra de Guerrero

El documental está en inglés con los testimonios en castellano

Agradecemos la colaboración del compañero Enrique Victoria




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Murió Rosita W

Quien fuera la encargada del color en Los Supermachos y Los Agachados, la maestra Rosa María Martínez Vargas, dejó este mundo a las 9 horas del jueves 18 de agosto en la ciudad de Cuernavaca.

Lo participan sus familiares y amigos.

Rius



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Desacata el gobierno de Sonora amparos a yaquis

Insiste en hacer el acueducto Independencia

Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Lunes 22 de agosto de 2011, p. 35

El gobierno de Sonora ignoró dos amparos interpuestos por indígenas y campesinos del valle del Yaqui contra la construcción del acueducto Independencia, que –según los afectados– les quitará la mitad de 900 millones de metros cúbicos de agua que son vitales para la agricultura de la región.

Los funcionarios han dicho a autoridades de la tribu yaqui que únicamente se extraerán 75 millones de metros cúbicos; los afectados dudan de esta aseveración, pues en medios locales se ha difundido que la pretensión del gobierno estatal es impulsar desarrollos urbanos, industriales y mineros.

Refirieron que el secretario de Economía del gobierno de Sonora, Moisés Gómez Reyna, ha mencionado su intención de “cambiar de modelo de desarrollo económico (en el sur del estado), sobre todo por la concentración del ingreso en la región”, mayoritariamente agropecuaria.

Ha sostenido que el sector agropecuario sólo contribuye con 1.1 por ciento de los sueldos y salarios, pero no ha dicho que uno de cada dos panes que se consumen en el país son de trigo que se cosecha en el estado y que en las casi 500 mil hectáreas sembradas en la entidad se cosecha 99 por ciento, y tampoco que 14 por ciento de la población de la entidad habita en zonas rurales.

René Enríquez Valenzuela, integrante del grupo de inconformes del distrito de riego 41, sostuvo que el gobierno utiliza como pretexto la necesidad de agua de los habitantes de Hermosillo, pero su intención es privatizar el líquido y entregarlo a maquiladoras, desarrollos mineros, industrias y otras actividades que, según las autoridades estatales, dejan más dinero.

Explicó que los afectados interpusieron dos amparos y obtuvieron sendas suspensiones; así, el gobierno de Sonora incurre en desacato al continuar con la construcción del acueducto. El juzgado octavo de distrito de Ciudad Obregón dictaminó en favor de los yaquis y agricultores afectados; el gobierno interpuso un recurso de revisión, pero el tribunal colegiado con sede en Hermosillo rechazó la queja y en las próximas dos semanas podría intervenir la fuerza pública para detener la obra.

Apuntó que antes del inicio de la obra los agricultores propusieron al gobierno la instalación de una planta desalinadora con la cual Hermosillo tendría 100 millones de metros cúbicos anuales de agua anuales y no dañaría las actividades agropecuarias del distrito 41. El costo de ese sistema es de 3 mil 300 millones de pesos (al acueducto cuesta 3 mil 800 millones). El gobierno no escuchó a los agricultores y ha puesto en riesgo a 900 mil personas del valle del Yaqui, señaló.

Continuar con la obra sentará un precedente muy peligroso, pues debilitará más la producción de alimentos, que aporta 7 por ciento del total nacional. Sonora es el primer productor de trigo, uva, papa y espárrago y cuarto de alfalfa.


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Reprocha Fodeg insensibilidad de Víctor Aguirre con pobladores de La Laguna, Guerrero

Su postura legitima la militarización, critica Bertoldo Martínez

FERNANDO HERNÁNDEZ ( Corresponsal La Jornada Guerrero)

Iguala, 6 de julio. El vocero del Frente de Organizaciones Democrática del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, calificó como insensibles y sin argumentos las declaraciones del subsecretario de Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaide, en las que hizo referencias a que los habitantes de la comunidad de La Laguna, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, viven de la siembra, trasiego y comercialización de enervantes.

Antes de una reunión con miembros de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN) indicó que las familias que decidieron quedarse en La Lagua porque “los niños aún no concluyen el ciclo escolar 2010-2011”.

“Si esa va a ser la postura del la Secretaría General de Gobierno y de la administración de Ángel Aguirre Rivero entonces se estaría legitimando todo lo que conlleva la militarización como la matanza de El Charco”, puntualizó.

El dirigente social abundó que Aguirre Alcaide ignora la crisis de inseguridad que se vive en la serranía de Coyuca de Catalán, además observó que su postura al respecto: “es insensible y sin argumentos”.

Martínez Cruz aseguró que en la última visita que se realizó a La Laguna se observó que los habitantes “son básicamente niños y mujeres, cuyo único delito es dedicarse a sobrevivir en medio de un cerco militar”.


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Mesa redonda “La Mujer ante la Desaparición forzada y la violación a los Derechos Humanos”

El 6 de marzo de 2010 se realizó en la Ciudad de Morelia, Michoacán la mesa redonda “ La Mujer ante la Desaparición forzada y la violación a los Derechos Humanos”, en el marco de la Jornada Nacional de Mujeres Socialistas , Voces e Historias contra el olvido y la impunidad, impulsada por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

Introducción


Visitadora Regional CEDH Michoacán


Representante del PRD Michoacán


Caso Puebla


Caso Oaxaca


Caso Michoacán


Caso Sucumbíos


Sesión de preguntas y respuestas


In Memoriam Maestro Carlos Montemayor, Danza Contemporánea y Cierre



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El cabildo de Chilpancingo rechaza recomendación de la CODDEHUM sobre la restitución del módulo del TADECO en Chilpancingo.

EL CABILDO DE CHILPANCINGO RECHAZA RECOMENDACIÓN DE LA CODDEHUM SOBRE LA RESTITUCION DEL MODULO DEL TADECO EN LA PLAZA CÍVICA Y OBLIGA A LLEVAR EL CASO A LA CNDH Y A OTRAS INSTANCIAS INTERNACIONALES

Como era de esperarse, el grupo multipartidista que usufructúa el cabildo de Chilpancingo, refrendó su gran sacrificio de levantar el dedo para avalar el capricho de su jefe el Presidente Municipal Héctor Astudillo y “amarrar” sus jugosos y cómodos cobros quincenales y fue así que el pasado 14 de julio del 2011, decidió rechazar la resolución de la Comisión Estatal de Defensa de los derechos Humanos de Guerrero, que recomienda que “…en la sesión de cabildo referida, se sirvan ordenar a quien corresponda, realice las acciones y medidas necesarias para hacer efectiva la restitución de los derechos violados a los CC. Francisco Javier Monroy Hernández y María de Jesús Cisneros Martínez, Coordinador General del Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO) y Presidenta del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrrero, quienes fueron objeto de violación a sus derechos de libertad de manifestación de ideas y a los derechos de los defensores de derechos humanos por el desalojo de que fueron objeto, debiendo informar a esta Comisión de las acciones y trámites hasta dar cumplimiento a lo antes recomendado”.

Como lo habíamos previsto y alertado a la opinión pública, el Presidente Municipal Héctor Astudillo y su grupo “plural” de incondicionales, persiste en eludir con nuevas medidas legaloides y argumentos dolosos y falaces la recomendación de la CODDEHUM, manteniendo su arrogancia, indolencia y cómplice indiferencia hacia nuestra lucha, pues de manera tendenciosa y perversa, llevó a discusión del Cabildo la resolución de la CODDEHUM en términos de si se reinstala o no “la vendimia del Tadeco” en la Plaza Cívica y no la intervención del gobierno municipal para dar solución al motivo que fundamenta el conflicto: la justicia para los ciudadanos guerrerenses victimas de desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales.

Aunque obviamente no fuimos invitados a presenciar la “sesuda” decisión de tan “probo” “cuerpo colegiado”, contamos con una copia del acta de la sesión mencionada y saltan a la vista las argumentaciones falaces y tendenciosas de los representantes de las fuerzas vivas del municipio, por lo menos en lo que corresponde a nuestro Módulo:

a) Mienten cuando dicen que hubo dialogo con nosotros.- A pesar de que el día 23 de febrero, dos días antes del desalojo de nuestro Módulo, solicitamos una audiencia con Héctor Astudillo, hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna a esta solicitud y nunca fuimos convocados a las reuniones realizadas con él por parte de los artesanos y comerciantes, salvo a las tres que se realizaron sus representantes en las oficinas de la CODDEHUM. Nunca hemos dialogado con Héctor Astudillo y ha sido tal su cerrazón y encono en contra nuestra, que hasta la fecha no sabemos cuál ha sido el destino de nuestro materiales, equipo, mobiliario, fotografías de nuestras víctimas y mantas que le daban forma a nuestro Módulo. ¿Cuál es el miedo de dialogar con nosotros?

b) Es falso que el pueblo de Chilpancingo es solidario con la decisión del desalojo de nuestro Módulo.- Contamos con más de tres mil firmas de apoyo a nuestra presencia crítica a la política de los malos gobiernos en materia de justicia y seguridad pública y solidaria con las víctimas de la violencia social. La solidaridad de las organizaciones sociales de Chilpancingo y de toda la entidad con nosotros ha sido manifiesta, a pesar de que a muchos ciudadanos los inhibe el miedo de la violencia social que el propio ayuntamiento perversamente utiliza a su favor.

c) El objeto del Módulo es denunciar la injusticia e impunidad y no el comercio.- Héctor Astudillo insiste en señalar que en el Módulo se realiza una actividad comercial pero no dice nada acerca de lo que está haciendo su mal gobierno para resolver el problema de la inseguridad y por hacer justicia a las víctimas de la violencia social en Chilpancingo, que es su responsabilidad y que si cumpliera su trabajo, nuestra lucha y nuestro Módulo no tendrían razón de ser. Se muerde la lengua cuando dice que en el desalojo se respetaron los derechos humanos, sabiendo que nos despojo de un instrumento de información, expresión, manifestación, reunión, solidaridad y financiamiento de nuestra lucha por la justicia y contra la impunidad.

En las “brillantes” y dolosas intervenciones en contra de TADECO y el Comité de Familiares en la sesión de cabildo del 14 de julio por parte de los ediles María del Socorro Modragón Sosa, José Luis García Ramírez, Salustio García Dorantes, Mayra Morales Tacuba, Antonio Gaspar Beltrán, Julián de la Rosa Peláez, Yuridia Bello Calvo y su jefe Héctor Astudillo, nunca se mencionaron los nombres de las víctimas y las circunstancias en que se dieron los casos de desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales que se reclaman en el Módulo, menos los que corresponden a ciudadanos chilpancinguenses; tampoco los problemas y necesidades que tienen ahora los familiares de las víctimas y menos aún cuál ha sido la intervención del Cabildo ante los casos en donde ha estado implicada la policía municipal y que se ha planteado ante las instancias de justicia estatal y federal sobre éstos problemas a favor de las víctimas y de sus familiares.

Por ello repudiamos el acuerdo del cabildo del mal gobierno de Chilpancingo del 14 de julio pasado y por ello seguiremos denunciando su carácter faccioso, su complicidad por omisión en los casos que reclamamos justicia y su carácter antidemocrático y antipopular, claramente al servicio de los grupos de poder económico que seguirán usufructuando para su beneficio los servicios y el comercio en la ciudad de Chilpancingo en contubernio con esa clase política que solo destaca en la lucha por el poder y el botín que les significa el ayuntamiento de Chilpancingo. Ahora, llevaremos nuestra denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las instancias internacionales correspondientes y llamaremos a la solidaridad con nuestra lucha a las organizaciones sociales que a lo largo y ancho del país, al igual que nosotros, han emprendido una digna lucha contra la inseguridad pública y la impunidad y pugnan por una paz con justicia y dignidad

Al cabildo de Chilpancingo y a su jefe Astudillo les reiteramos que no tendrán paz mientras a nuestros desaparecidos y asesinados no se les haga justicia y que a los cargos que pretendan brincar en su loca carrera oportunista por mantenerse en el poder y seguir viviendo del erario público, la memoria de nuestras víctimas los perseguirán. Ante las enfermizas declaraciones del Director de Gobernación Jorge Adame Alarcón y el Secretario del Ayuntamiento Joel Eugenio Flores, en el sentido de que “ya nos chingaron”, les respondemos que podrán solazarse con los materiales que nos despojaron y hasta destruirlos como “botín de guerra”, pero no podrán borrar de su conciencia que junto a la memoria de nuestros amigos y familiares desaparecidos y asesinados, estará siempre presente su indolencia, su soberbia y su complicidad.

A muchos de éstos malos “representantes populares” los veremos pronto en campañas políticas, “seguramente con recursos bien habidos” y prerrogativas que saldrán de los bolsillos de nuestro malogrado pueblo e incluso de los familiares de las víctimas que hoy reclamamos. Ya veremos si fructifica su proselitismo político, después de abonar con tan “patrióticas decisiones” su taimado currículum y maquillar su imagen con la sangre de las víctimas y el dolor de sus familiares.

Finalmente nos preocupa el tono y el sentido de la intervención del regidor Antonio Gaspar Beltrán en la sesión de cabildo mencionada, cuando señala que le “gustaría conocer el trasfondo de ésta recomendación” (de la CODDEHUM) y agrega más adelante que …”creo que el contenido de la recomendación aparte de que está fuera de tiempo, sus propósitos que hay escondidos en ésta recomendación a mi me parecen insanos…”, pues cuestiona y pone enentredicho la probidad de la CODDEHUM y de su propio Presidente, haciendo evidente que como dice el dicho popular “el león cree que todos son de su condición”. De nuestra parte reconocemos la labor de la CODDEHUM y sabemos que contaremos con su intervención imparcial y apegada a los principios de los derechos humanos en las acciones que seguiremos llevando a cabo.

Es evidente que la guerra de los malos gobiernos contra el pueblo no solamente se libra con masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, con la criminalización y la represión, también con la denostación, la mentira, la indolencia, la impunidad y el pisoteo de sus derechos.

Por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos, seguiremos exigiendo la presentación con vida de nuestros desaparecidos, esclarecimiento y castigo a los culpables de los asesinatos y la libertad de los presos políticos. Seguiremos exigiendo respeto a nuestros modos y formas de lucha, en especial la restitución de nuestro Módulo como una herramienta para la difusión y sostenimiento de nuestras actividades de apoyo a los familiares de las víctimas de la violencia social y haremos valer nuestros derechos de reunión, manifestación, expresión, información, cultura y a la ciudad a pesar de grupos facciosos enquistados en las oficinas de los malos gobiernos como el de Chilpancingo.

Chilpancingo, Gro. a 21 de agosto del 2011


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